Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 130026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja incoada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 130.026 "GONZÁLEZ RICARDO ANTONIO Y OTRO/A C/ BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANÓNIMA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco de un reclamo de daños y perjuicios promovido por Ricardo Antonio González y Natalia Camila Arro Quijanes contra el Banco Hipotecario S.A., confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, rechazara la medida cautelar solicitada por los accionantes a fin de cancelar anticipadamente el crédito contratado y desafectar la hipoteca sobre el inmueble (v. resols. de 3-V-2024 y 28-XI-2024).
Para así resolver, el Tribunal de Alzada expuso que el recaudo consistente en la acreditación de la verosimilitud del derecho no se encontraba configurado. Señaló que, al contestar la demanda, la entidad bancaria controvirtió no sólo los hechos invocados en el escrito de inicio y la documentación acompañada en esa oportunidad, sino la propia legitimación activa de la coactora Arro Quijanes. En ese contexto, encontrándose sometido a debate y prueba lo expuesto por los demandantes, los elementos aportados resultaban insuficientes para adoptar una medida como la solicitada (v. resol. de 28-XI-2024).
Frente a ello, la parte accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 12-XII-2024), el que fue denegado con sustento en la falta de definitividad del auto impugnado (v. resol. de 16-XII-2024). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 26-XII-2024 y sus archivos adjuntos).
II. Al respecto, cabe señalar en primer lugar que este Tribunal ha sostenido que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no revisten carácter de definitivas en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas C. 123.641, "Terzolo", resol. de 4-III-2020; C. 124.376, "Breglia", resol. de 8-VI-2021; C. 125.569, "Catini", resol. de 29-XII-2022; C. 126.409, "Russo", resol. de 29-IX-2023 y C. 127.174, "Garciarena", resol. de 5-VI-2024).
Por otra parte, se recuerda que esta Corte ha dicho en forma reiterada que, para cumplir con la exigencia del art. 292 del ordenamiento procesal, el impugnante debe atacar los fundamentos que diera el tribunal anterior en grado al desestimar el remedio articulado, a fin de que la queja tenga la suficiencia necesaria para ser considerada por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; conf. doctr. causas C. 122.018, "Municipalidad de Luján", resol. de 7-III-2018; C. 124.019, "Hernández", resol. de 19-VIII-2020; C. 124.310, "Malaplat", resol. de 2-III-2021; C. 125.309, "Alsina", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.227, "Cabral", resol. de 5-IV-2023 y C. 127.290, "Baldoni", resol. de 4-VII-2024).
En el caso, la vía directa presentada ante esta instancia no cumple con dicha carga técnica, desde que en ella no se atacan adecuadamente los argumentos de la Cámara para denegar la vía extraordinaria deducida en los términos del art. 278 citado. En efecto, la parte recurrente no se hace cargo de rebatir de manera específica y contundente el fundamento por el que se denegó el carril extraordinario -falta de definitividad de la resolución impugnada-, resultando insuficiente a tales fines la mera manifestación de su discrepancia con el mérito de lo juzgado. En el recurso de hecho incoado, se limita a alegar en líneas generales que el fallo le causa un gravamen irreparable, presentando agravios relativos a la desestimación de la medida cautelar requerida, cuestionando la imposición de costas y la forma en la que se valoraron los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, sin referirse concretamente al motivo en el que se sustentó la desestimación (v. escrito electrónico de 26-XII-2024, apartado III).
De esta manera, las argumentaciones traídas resultan insuficientes para atacar la decisión denegatoria que, por lo demás, se corresponde con el principio general de la no definitividad de las resoluciones dictadas en materia de medidas cautelares (conf. doctr. causas C. 124.140, "Banco Santander Rio S.A." resol. de 10-III-2021; C. 124.748, "Municipalidad de San Isidro", resol. de 15-III-2022; C. 125.180, "Valles", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.989, "Franco", resol. de 9-II-2023 y C. 126.266, "Ciaccia", resol. de 9-VI-2023) y determinan, en definitiva, el rechazo de la queja intentada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 292, CPCC).
Se impone, asimismo, reputar inoficioso a los fines regulatorios el escrito que contiene el recurso deducido ante esta Corte (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 124.310, cit.; C. 125.263,"Tillous", resol. de 23-XI-2022 y C. 127.388, "Merlo", resol. de 28-X-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja incoada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2025 13:23:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:16:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:31:52 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2025 14:17:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/05/2025 13:08:56 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/05/2025 13:58:18 hs. bajo el número RR-321-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia