Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 128260
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja incoada por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC; Ac. 4068) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 128.260 "CICOZZI MARÍA ESTER C/ BANCO SUPERVIELLE S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) "
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°21 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda incoada por la señora María Ester Cicozzi contra el Banco Supervielle S.A. y Prisma Medios de Pago S.A., a fin de lograr la reparación de los daños que alegó haber sufrido con motivo de los débitos de sumas de dinero que se le habrían efectuado en concepto de créditos que -según adujo- no solicitó ni recibió sus importes (v. sent. de fecha 29-II-2024 en arch. adj. a la queja de 19-V-2024).
A su turno, la Sala I de la Cámara Segunda de Apelación del fuero departamental declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la actora al considerarlo extemporáneo, por haber sido deducido luego de transcurrido el plazo previsto al efecto en el ordenamiento ritual para los procesos sumarísimos (v. resolución interlocutoria de 11-IV-2024, adunada a la queja cit.).
Frente a ello, la accionante articuló un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 29-IV-2024, obrante en arch. adj. al escr. electr. de 19-V-2024), cuya denegatoria -fundada en la insuficiencia del valor del agravio- (v. resol. de fecha 7-V-2024, también adj.), motivó la interposición de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de 19-V-2024).
II. Al respecto, cabe recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que el recurso establecido en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial debe atacar necesariamente los fundamentos que diera el tribunal de grado para desestimar el conducto revisor intentado, a fin de que la queja tenga la suficiencia necesaria para ser considerada en esta sede (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 292 CPCC; conf. doctr. causas C. 120.140, "Villafañe", resol. de 11-II-2016; C. 121.914, "Bijarra", resol. de 8-XI-2017; C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018; C. 123.240, "Donadio", resol. de 8-V-2019; C. 124.200, "Artico", resol. de 25-XI-2020; C. 124.485, "Rivas", resol. de 2-III-2021; C. 125.234, "Rodríguez", resol. de 10-VIII-2022 y C. 125.880, "Freccero", resol. de 19-II-2024).
En la vía de hecho que se considera, la impugnante se limita a expresar, muy brevemente y sin mayor desarrollo, que el recaudo ponderado por el Tribunal de Alzada debe ceder frente al pleno ejercicio del derecho constitucional del consumidor de accionar ante la justicia y que lo contrario vulnera el derecho de gratuidad contemplado en la normativa tuitiva específica. Asimismo, alude a la doctrina del exceso ritual manifiesto y afirma que las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso deben guiar a la interpretación más favorable al acceso a la jurisdicción (v. escr. electr. de 19-V-2024, cit.).
Así, lo reseñado no satisface cabalmente la carga técnica mencionada, toda vez que denota una mera discrepancia, sin hacerse cargo de rebatir de manera específica y contundente los fundamentos de la resolución denegatoria (v. presentación electrónica de 23-II-2024), lo que resulta insuficiente para evidenciar el desacierto de la mentada decisión (conf. doctr. C. 125.363 "Bello", resol. de 24-VIII-2022; C. 125.963, "Hernández", resol. de 19-XII-2022; C. 127.642, "Franco", resol. de 28-XI-2024 y C. 128.319, "Lupacchini", resol. de 12-III-2025).
Finalmente, debe destacarse que de acuerdo a los términos del fallo atacado y el marco procesal descripto, tampoco se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que no obstante alegarse la supuesta afectación de la garantía constitucional -acceso a la justicia-, lo cierto es que no se observan argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 124.413, "Campora", resol. de 29-XII-2021; C. 126.324, "Tadich", resol. de 9-VI-2023; C. 129.145, "Gil", resol. de 28-III-2025; C. 125.363 y C. 125.880, cits.).
Lo expuesto conlleva a la desestimación de la vía de hecho intentada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 292, CPCC).
Se impone, asimismo, reputar inoficioso a los fines regulatorios el escrito que contiene el carril traído ante este Superior Tribunal (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 122.675, "Lencinas", resol. de 5-XII-2018; C. 123.273, "Verkuyl", resol. de 3-VII-2019 y C. 124.310, "Malaplat", resol. de 2-III-2021; C. 124.200, 125.234, C. 124.485 y C 125.880, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja incoada por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC; Ac. 4068) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:38:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:52:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2025 13:20:12 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/12/2025 12:39:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2025 15:10:14 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2025 12:14:03 hs. bajo el número RR-977-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia