Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 129023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 129.023 "DADANTE MARCOS JOSÉ C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas y de las disponibles en el Portal de Mesa de Entradas Virtual -MEV-, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda por nulidad y daños y perjuicios por incumplimiento contractual entablada por Marcos José Dadante contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires y condenó a este último a abonar la suma de $800.000 y a reintegrar los montos debitados de la cuenta sueldo del actor. Asimismo, el Tribunal de Alzada modificó las sumas otorgadas en conceptos de daño moral y daño punitivo, elevándolas a $1.800.000$ y $2.900.000, respectivamente, con más los intereses que indicó (v. fallo de 31-V-2023, disponible en la MEV y sent. 2-VII-2024, en archivo adjunto).
Frente a lo así resuelto, el Banco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 6-VIII-2024, en arch. adj.), el que fue denegado con fundamento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 29-VIII-2024, en arch. adj.). Ello motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 9-IX-2024 y sus archivos adjuntos).
II. Ingresando en su estudio, se observa que en el recurso de hecho el impugnante no desconoce lo señalado por la Cámara en torno al valor del agravio, sino que a fin de superar el recaudo del monto mínimo para recurrir exigido por el art. 278 del ordenamiento procesal (texto según ley 14.141 y Ac. 4155/24) esgrime la existencia de cuestión federal y gravedad institucional (v. apdo. V del rec. de hecho).
En ese contexto, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los planteos invocados para superar aquel valladar formal (conf. doctr. causas Q. 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331,"Orona", resol. de 16-IV-2019; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020 y C. 124.422, "Toloza", resol. de 8-VI-2021; C. 125.182, "Tucci", resol. de 15-III-2022; C. 126.552,"Podestá", resol. de 27-XI-2023).
No obstante ello, y de forma liminar, debe recordarse que este Tribunal tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020 y C. 124.226, "Valea", resol. de 20-IV-2022; C. 126.552, cit.).
En lo concerniente al planteo sobre la existencia de cuestión federal con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada de los precedentes "Strada", y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478), debe destacarse que este carece de asidero. Como es sabido, el criterio referido condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa a la circunstancia de que ellas no sean aplicadas para limitar el trámite de embates que porten agravios federales.
En el caso, de acuerdo con los términos del fallo atacado, no se vislumbra -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que si bien se alega la supuesta afectación de garantías constitucionales, lo cierto es que no se han brindado argumentos suficientes que permitan avizorar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48; causas C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018; C. 123.891, "L. P.", resol. de 2-IX-2020 y C. 124.240, "Protegiendo al consumidor P.A.C.", resol. de 8-VI-2021 y C. 127.724 "Protegiendo al Consumidor P.A.C.", resol. de 10-IX-2024).
Es oportuno agregar que la mera denuncia de la doctrina de la arbitrariedad no constituye una razón facilitadora del acceso que eventualmente pudiera corresponder a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (doctr. causas C. 119.523, "Raimundi", resol. de 15-VII-2015; C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 14-VIII-2019; C. 124.163, "Morbiducci,", resol. de 4-XI-2020; C. 126.552, cit.).
En cuanto a la gravedad institucional que se denuncia, se ha sostenido en forma reiterada que tal extremo se encuentra íntimamente vinculado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características aludidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. doctr. causas C. 123.376, "Fernández", resol. de 31-III-2021; C. 126.898, "Icedream S.R.L.", resol. de 24-IV-2024; C. 127.642, "Franco", resol. de 28-XI-2024; C. 129.614, "Marcos", resol. de 20-V-2025), resultando inconducentes los motivos brindados por la parte impugnante.
Por lo demás, respecto de la invocación de la facultad prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- a fin de soslayar el recaudo del valor establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, no se advierte que en el caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por la mentada norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando aquella limitación (conf. doctr. causas C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020; C. 124.856, "Soriano", resol. de 15-III-2022; C. 126.312, "F.M.E.", resol. de 5-IV-2023; "Israel Silicaro", resol. de 24-IV-2024 y C. 127.248, "Santos", resol. de 20-XII-2024).
En consecuencia, y no habiéndose acreditado con los argumentos expuestos ninguna circunstancia que justifique apartarse del límite pecuniario exigido por el art. 278 del Código de rito, el recurso extraordinario deducido resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:38:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:52:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2025 13:20:19 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/12/2025 12:39:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2025 15:10:15 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2025 12:14:05 hs. bajo el número RR-979-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia