Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 105481
En la ciudad de La Plata, a los once días del mes de Noviembre de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “CAJA DE SEGUR.SOC.PARA PSICOL.PCIA.BS.AS. C/BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (SIN RESP. ESTADO)", (causa nº 105481), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:1ra.
¿Es justo el apelado decisorio de fs. 2091/2097?2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO: I. En el aludido pronunciamiento la Sra. Juez de la instancia precedente hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada por la Caja de Seguros Sociales para Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires contra el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, y condenó a este último a pagar al actor, en el plazo de 10 días de firme el decisorio, la suma de U$S 442.250, con más el interés a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días hasta el 18/08/2008 y a partir de allí y a hasta su efectivo pago, la tasa pasiva plazo fijo digital.
Dicha sentencia fue apelada por la actora y por la demandada (ver fs. 2098 y 2100 respectivamente).II. A fs. 2113/2123, corren los agravios de la parte demandada quien en primer lugar, se queja porque la sentenciante aplica las prescripciones de la Ley de Defensa del Consumidor cuando dicho debate jamás fue propuesto por la contraria y ni siquiera ha sido sustanciado, los cual revela su ostensible inconducencia para calificar el veredicto como Justo.Amén de ello aclara que dicha ley no resulta de aplicación en autos donde la actora es un ente creado por una ley provincial que de manera alguna puede ser equiparado a alguien que adquiere o utiliza servicios como "destinatario final"; es más, sostiene que La Caja de Previsión para Psicólogos es un ente altamente especializado y creado, entre otras cosas, (ver Ley 12.163) para la inversión de fondos de sus afiliados, (art. 44 inc. c, de dicha ley), lo cual lo convierte en un especialista en fondos públicos, siendo que tales recursos tienen por destinatario final a la comunidad de psicólogos de la Pcia.
De Buenos Aires, quienes recibirán del ente los beneficios y prestaciones previsionales del caso, subsidios, préstamos, planes de turismo, etc. (art. 46 ley citada), de lo que se sigue que la actora no es un consumidor, sino que -por el contrario- es un intermediario financiero con alto nivel de especialización.Ello así solicita se revoque la sentencia que en modo alguno tiene anclaje normativo en las leyes 24.240 y 13.133. Desde otroángulo, considera que el decisorio omite analizar las numerosas constancias de autos que puntualmente reseña y que de haber sido consideradas hubieran determinado un resultado diametralmente opuesto a lo decidido, ya que afirma existen circunstancias con aptitud para romper el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, aclarando que el último ingreso a la caja de seguridad fue el 22.08.2003 y no el 20.03.03, como lo afirma la sentenciante de grado.
Por lo demás, considera que la omisión o falta de tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas constituye una lesión de rango federal, razón por la cual formula la reserva del caso. A mayor abundamiento, considera que la iudex a quo interpreta indebidamente la prueba rendida, dándole alcances que la misma claramente, no revela y además, aplica una tasa en pesos para una operación en dólares. Agrega que no puede descartarse la participación de Reartes en el hecho, pues el último peritaje caligráfico que se hizo al Sr. Reartes le atribuyó autoría de las firmas obrantes en el Registro de Ingreso del banco, extremo que coincide con los dichos del empleado González, quien dice haberlo visto el 20.03.03; máxime cuando la a quo tampoco analizó la pericia realizada sobre el video que demostraría que el Sr.
Reartes estaba a varios kilómetros del lugar el día de los hechos, de la que surge que no sería factible corroborar que hubiera sido filmada ese día y a esa hora. Además, entiende que el hecho no se habría producido de no haber mediado la conducta negligente o dolosa de Reartes, pero nada de ello valora la Jueza, como mínimo, para sopesar responsabilidades. Formula una analogía con la ley de cheques y concluye en que, como los testigos son contestes en que quien compareció al banco el 20/3/03 fue Reartes, que no existe una pericia concluyente en torno a la falsedad de las firmas de esta persona, siendo que cuando se comenzó a indagar al respecto, prescribió la acción en relación al nombrado, que tampoco había mediado aviso de robo u extravío de la llave, siendo que tales obligaciones resultan impuestas en el contrato; siendo que el principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, siendo que el Sr.
Vilchez se hizo de las llaves en ocasión de sus funciones, pues sin ello jamás habría accedido a las mismas y como Vilchez era dependiente del actor; considera que la parte actora debe responder por el hecho de su dependiente y no el Banco. A todo evento entiende que existe un interrupción del nexo causal pues aún cuando la versión del desfalco perpetrado por un empleado infiel de la Caja constituye una línea de investigación razonable dentro del ámbito de la Justicia Criminal, si somos estrictos hay un dato fáctico que no puede ser soslayado, pues si bien es cierto que Reartes y Molina sostienen que el día 22.08.2003 ingresaron al Sector de Cajas de Seguridad del Banco y advirtieron que no quedaba un solo dólar en el cofre N° 273 que alquilaba la actora, lo cierto es que esa versión queda absolutamente desvirtuada desde el momento en que ese día los mentados Reartes y Molina podrían haber retirado el dinero en cuestión.
Señala que los nombrados ingresaron portando un maletín a las 13.08.45 hs. y su estancia en el sector se extendió hasta las 13.31.08 horas (y no hasta las 13.15 horas como señala el registro manual del banco), tiempo suficiente como para hacerse del dinero que se dice obraba en dicha caja de seguridad, máxime cuando por la capacidad del maletín el faltante podía caber en el mismo, conforme emerge del informe técnico elaborado a fs. 1489. Sostiene que dichas circunstancias no fueron siquiera consideradas por la a quo, pues considera que el "último" ingreso fue el del día 22/08/2003, ocasión en la que Reartes y Molina abrieron el cofre N° 273 sin problemas y accedieron al contenido de la Cajuela, ocasión en la que podrían haber retirado el dinero ya que para ello solo se requería un maletín (que portaban) y cuatro minutos (que tuvieron) y ocurre que nadie revisó lo que llevaban los actores en dicho maletín, lo que viene a significar que cualquier arqueo, ingreso, etc, anterior a dicha fecha queda sin efecto, ya que el nexo causal queda roto desde el momento en que los titulares de la Caja ingresaron y abrieron el cofre.Por otra lado considera que la pericia contable no fue contundente en cuanto a la demostración de la existencia de los fondos y su origen lícito y, en lo que se refiere a una supuesta negligencia endilgada al banco, relativa a dejar entrar solo a una persona puesto que estaba estipulado que fueran dos, como aludían los registros de firma, ya que se ha omitido valorar que la falta de una de las firmas no es en sí misma determinante de incumplimiento alguno del Banco y mucho menos factor necesario para que se haya accedido al contenido de la caja no existiendo nexo causal entre esta omisión y el efectivo acceso al recinto y/o caja; por cuanto alega, una sola persona también podría haber vaciado y llevarse el dinero del cofre.Por último se agravia de la tasa de interés que el decisorio contempla pues, aduce que el dinero perteneciente a la actora que habría estado atesorado en un cofre no rindió un solo dólar en concepto de interés, por lo que considera no cabe la aplicación de accesorio alguno, pero además, no puede contemplarse aquella prevista para operaciones en pesos, tal como lo dispone la sentencia.
Pide se aclare tal circunstancia.La parte actora contesta el mentado recurso a fs. 2130/2137, sosteniendo que, con respecto a la inaplicabilidad de la ley de defensa del consumidor, por no haber sido alegada por la actora en su demanda, tal premisa no puede ser admitida, primero porque en la demanda no se ha invocado norma específica alguna, pero además, en el alegato sí se hizo mérito de lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 19, 40 y concordantes de la ley 24.240, afirmando que la relación jurídica existente entre las partes, es un típico contrato de consumo, con lo cual su aplicación al caso, en modo alguno puede ser impugnada, ni mucho menos catalogada de “inconducente” para la resolución del caso, en los términos y por los argumentos expuestos por la recurrente, los que solicito sean rechazados.
A todo evento, las prescripciones de la ley 24.240, completadas en nuestra provincia a través de la ley 13.133, y ambas derivadas de los artículos 42 de la Constitución Nacional, y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, han sido declaradas, en su artículo 65, de orden público, y por ende de aplicación oficiosa por la Jurisdicción. En cuanto al resto de los agravios, la recurrente le reprocha a la Juez no haber tratado ninguna de las defensas esgrimidas en el escrito de contestación a la demanda; pero tal afirmación –considera- resulta falsa ya que la iudex a quo se detuvo expresamente en las cuestiones esenciales con las que se conformó su plataforma fáctica, a partir de la cual se estableció la responsabilidad de la accionada de autos, desestimándose así las inadmisibles excusas que pretendió introducir el Banco accionado, para cubrir las notorias e inaceptables fallas de seguridad en que incurrió.
Agrega que el fallo reafirmó la circunstancia no controvertida, de que el único ingreso válido a la caja de seguridad por parte de la Caja de Psicólogos, era de orden plural. Esto es, que se exigía la presencia simultánea no menos de dos de las tres personas autorizadas y jamás una sola. Amén de ello, el fallo reafirmó que el día en que se perpetró el robo, 20 de marzo de 2003, ingresó al área de las cajas fuertes una sola persona que dijo ser y llamarse Jorge E. Reartes –Tesorero de la Caja de Psicólogos-, con el agregado de que, la firma que se estampó por quien penetró en las cajas de seguridad, es apócrifa, esto es, no pertenece a quien se le pretendió endilgar (el Sr. Reartes), quien –para más- se encuentra probado que en ese momento se hallaba en Lomas de Zamora.
Agrega que en estas circunstancias, que se hubieran usado o no las llaves “correctas” para acceder a la caja de seguridad, no modifica en nada la responsabilidad atribuida, pues el usuario tiene el legítimo derecho a que jamás un tercero acceda a su caja particular de ningún modo. Esto es, ni con llaves correctas, ni con llaves “incorrectas”, ni de ninguna otra manera; pues el contrato de caja de seguridad bancaria, es un contrato de resultado, conforme el cual el banco se compromete a mantener indemne el contenido que el usuario resguarda en su cofre existente en las instalaciones de la entidad, y a cambio de ello percibe una retribución por tal servicio; citando jurisprudencia que avala su postura.Considera que las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones, y violaciones a las más básicas y elementales reglas de seguridad, impiden que el banco se exima total o parcialmente de sus responsabilidades consecuentes.
Con el agravante de que siendo el banco accionado, quien se hallaba en perfectas condiciones para proveer una prueba decisiva de la cuestión, a través de la presentación de las filmaciones que se realizaban en el ámbito de las Cajas de Seguridad del banco en que ocurrió el saqueo, a fin de identificar a la o las personas que lo practicaron, no lo hizo en momento alguno, violando la regla de la buena fe procesal. Y en todo caso, omitiendo el imperativo de su propio interés, cual era el de arrojar la máxima cantidad posible de información para la dilucidación del caso. Que por último, la demandada pretende salvar sus responsabilidades, a través de una nueva y también inadmisible hipótesis especulativa, esto es que, en verdad, no fue que el 20 de marzo de 2003, personas no identificadas se llevaron los dólares que estaban en la caja de seguridad perteneciente a la Caja, sino que los que se llevaron el dinero, fueron las dos personas, el presidente y el tesorero de la actora, que ingresaron al sector el 22 de agosto de 2003.
Considera que la imaginación de la demandada en pos de eludir sus responsabilidades es frondosa, porque en primer lugar, está plenamente aceptado que “alguien o algunos”, es decir personas desconocidas, jamás identificadas, entraron en la Caja de Seguridad de la Caja el 20 de marzo de 2003; también está probado, que quien o quienes entraron en la caja de seguridad ese día, no era ninguna de las tres personas que se encontraban autorizadas para hacerlo. Que por ello, resulta completamente inaceptable la insólita pretensión de la demandada, en punto a sostener que en realidad la suma oportunamente resguardada en la caja, fue introducida en el maletín que portaban el 22/8/2003 los Sres. Molina y Reartes, quienes razonablemente lo llevaban con el propósito –probado en el proceso- de retirar una cantidad apreciable de la suma de dinero que se encontraba allí guardada.
No obstante ello, esgrime que las autoridades de la entidad si tenían alguna duda al respecto, bien pudieron proceder, en el mismo momento en que fueron alertadas del despojo, con la revisión del maletín que portaba el Sr. Molina. Aclara que, en esa emergencia el banco no lo hizo, ni solicitó hacerlo a autoridad alguna, por lo que aun cuando pretenda introducir una inverosímil duda en la cuestión, la omisión que se señala, en todo caso sólo al demandado de autos perjudica, pues nadie puede alegar su propia torpeza.También señala que, en cuanto a la cantidad de dinero extranjero existente en la cajuela saqueada, su existencia se encuentra debidamente comprobada con las pruebas producidas en autos, de carácter documental, testimonial y pericial contable, con lo que corresponde repeler la cuestión planteada.Por lo demás, entiende que la ley 25.345 carece por completo de vinculación con el caso de autos, en primer lugar porque su aplicación no ha sido requerida, ni siquiera fue invocada, en el escrito de contestación a la demanda; con lo cual la pretensión de introducir ahora la temática vinculada a la citada norma, vulnera irremediablemente el principio de congruencia, pero además porque la adquisición de dólares estadounidenses que hizo la Caja de Previsión, es indudablemente una operación genuinamente comprobada en este proceso y la demandada no es el tercero que prevé el artículo 1 de la citada ley, y su pretensión procurada sobre el argumento aquí atendido, resulta completamente irrazonable.
Eventualmente, y siendo la primera oportunidad de que dispone, en tanto se trata de una cuestión introducida por la demandada recién en esta instancia de apelación, planteo la inaplicabilidad al caso de la ley 25.345, así como su inconstitucionalidad, por los argumentos de la Corte Federal que expone, específicamente por no respetar la norma el principio de razonabilidad. Con respecto a la tasa de interés, reitera la aplicación al caso de la tasa de interés activa, tal lo expuesto en su expresión de agravios. Al respecto es del caso destacar que, a fs. 2150/2159, obran los agravios de la parte actora quien se queja de los intereses que el decisorio contempla pues provoca a la Caja un grave perjuicio patrimonial, ya que la opción adoptada no atiende la naturaleza de la relación jurídica que une a las partes, pues la tasa que la demandada debe abonar al usuario dañado por su incumplimiento, es la correspondiente a la actividad comercial bancaria, es decir la que corresponde a las transacciones entre comerciantes, conforme lo edictan los artículos 7 (acto de comercio), 8 inc. 3, 565 y concs. del Código de Comercio, y analógicamente los artículos 52 del decreto-ley 5965/63, y 41 de la ley 24.452, todos ellos aplicables al caso de autos vía lo normado por el art. 7 del CCCN.Ello así, y conforme se demuestra con las liquidaciones que aportó junto con el memorial, la tasa requerida es cuantitativamente superior a la tasa de la sentencia apelada.
Asimismo considera que las nuevas normas no tienen efecto retroactivo, y como los referidos intereses, comenzaron a devengarse hallándose vigente la norma del art. 565 del Código de Comercio, la que al igual que los artículos 52 del decreto-ley 5965/63, y 41 de la ley 24.452, determina que no habiéndose establecido entre las partes la cuantía de los accesorios, éstos serán los que cobran los bancos públicos. Que dicha norma -565- del Código de Comercio, es de naturaleza claramente supletoria, pues establece una presunción que resulta aplicable, solamente para el supuesto de que las partes no hayan establecido una tasa de interés específica; motivo por el cual considera que el fallo es errado en su propósito de compensar “la indisponibilidad de fondos reclamada”, cuando seguidamente determina sin fundamento legal alguno, y sin cita que abastezca sus afirmaciones en cuanto a la existencia de supuestos “parámetros reglamentarios” del B.C.R.A., que el decisorio apelado no enunció, y a una Doctrina Legal que el mismo fallo no precisó, que se aplique al capital mandado pagar, la tasa pasiva del Banco de la Provincia.
Y ello así, por cuanto omitió la aplicación recta de la ley que gobierna el caso, cual es la norma del art. 565 del Código de Comercio, con violación evidente del artículo 7 del CCCN, pues las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, siendo ella claramente la situación de autos. Con lo cual, y siendo el art. 768 del CCCN una norma de claro carácter supletorio, entiende no es admisible que la Jurisdicción omita, por disposición de pura autoridad, la recta aplicación de las normas vigentes hasta el 1 de agosto de 2015, que eran las que gobernaban el contrato desde su inicio, y en particular al momento de la mora del deudor, y en adelante. Pide se revoque el fallo apelado, en el aspecto que motiva el presente recurso, y se condene al banco accionado, a pagar a mi mandante el capital por el que prosperó la demanda, con más la tasa que cobra el banco oficial en sus operaciones de préstamos a treinta días (tasa activa), desde la mora, y hasta la fecha del efectivo pago.
Subsidiariamente y para el supuesto en que el Tribunal no admitiera la imposición de la tasa activa, requiere se establezca la tasa de interés del 7.5% anual, conforme lo establece S.C.B.A., para los casos de condenas al pago de deudas en moneda extranjera, a partir del caso de la Corte Federal “Longobardi" (fallo de la CSJN, fecha 18-XII-2007); o en su defecto, establezca la tasa de interés pura del orden del 6% anual, conforme se decidiera con carácter de Doctrina Legal de la S.C.B.A., a partir del fallo “Nidera S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, causa C. 121.134, fallo del 3/5/2018 (publicado en JUBA 160606), para el supuesto de obligaciones a las que corresponda aplicar la denominada tasa de interés “pura”.
Que a fin de agotar las perspectivas colocadas a la consideración del Tribunal, señala que resulta una falacia, la de dar por verdadero que el valor intrínseco de la moneda extranjera, permaneció íntegro a través de la década y media en que la Caja de Previsión se mantuvo privada
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.