Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123413
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.413 "CAMDERROS LIDIA MARTA Y OTRO C/ FRANCES ADMINISTRADORA DE INVERSIONES SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (SIN RESP. ESTADO)"
I. La parte actora deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que rechazó -con costas- el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 68 y 289, CPCC; v. sent. de 29-XII-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 14-II-2022 y su archivo adjunto identificado como "-+Interpone+Recurso+Extraordinario+Feder").
En el caso, en lo que interesa destacar y en el marco de una acción de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda incoada por las señoras Lidia Marta Camderros y Nora Graciela Baccega contra BBVA Banco Francés SA y Francés Administradora de Inversiones S.A., al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sent. de 21-V-2019).
II.1. En la vía ahora intentada, las impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, tutela judicial, razonabilidad y de los consumidores y usuarios (arts. 18, 28 y 42, Const. nac.; v. págs. 2/5, 10, 13, 15, 21/24 y 33/35, adjunto cit.).
II.2. Sostienen que la decisión en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho vigente y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas -en particular las pruebas pericial y testimonial- y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente, según su entender- que había sido insuficientemente fundado. Afirman que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas y la ley de defensa al consumidor, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y citan, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 342:2255; 340:1311; 329:5074; 307:146; 327:608, entre otros).
En tal sentido, aducen que el fallo atacado, por un lado, contradice la sentencia anterior de este mismo Tribunal de fecha 29-XI-2017 y, por el otro, omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en el recurso de inaplicabilidad de ley -que ahora reproducen- referidos a la falta de información por parte de las demandadas y la consecuente responsabilidad que les cabía por su actuar, el modo -equívoco, según su modo de ver- en que se interpretó y aplicó la ley de Defensa a los Consumidores y Usuarios -en especial sus arts. 3, 4 y 40- y la incorrecta utilización del principio de la carga dinámica de la prueba. Y aseguran que, contrariamente a lo expuesto, dichos agravios resultaban suficientes para demostrar el absurdo del fallo de la Cámara y, en consecuencia, refutar las razones allí dadas (v. págs. 10/35, adjunto cit.).
II.3. Cuestionan, asimismo, la forma en que fueron impuestas las costas (v. págs. 35/37, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 22-IV-2022), el mismo fue contestado por el apoderado de BBVA BANCO FRANCES S.A. y por el representante de FRANCES ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. (v. escritos electrónicos de fecha 9-V-2022).
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, la denunciada vulneración de la ley 24.240 y la forma en que fueron impuestas las costas) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros)
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por las impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de autocontradicción, falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -ponderados en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que las recurrentes se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo las agraviantes con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 10/35, adjunto cit. y sent. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de debido proceso, defensa en juicio, tutela judicial, razonabilidad y de los consumidores y usuarios (arts. 18, 28 y 42, Const. nac.; v. págs. 2/5, 10, 13, 15, 21/24 y 33/35, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20 y modif.).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/09/2022 11:56:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2022 13:34:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/12/2022 11:09:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/02/2023 13:36:00 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2023 13:07:58 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/02/2023 13:33:27 hs. bajo el número RR-1-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia