Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 28778
CORONEL GASTON ARIEL C/ MACEDA MARIO DANIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
MO-28778-2011
R.S. 63/2020
Con fecha 16 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CORONEL GASTON ARIEL C/ MACEDA MARIO DANIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa Nº MO-28778-2011 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 419/430?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION : el Señor Juez Doctor JORDA , dijo:
I. Apelan la sentencia de autos la parte actora y la citada en garantía; la primera de las nombradas expresa agravios a través de la presentación electrónica referenciada en la providencia de fs. 444, mientras que la aseguradora hace lo propio por medio de la presentación, de igual naturaleza, aludida a fs. 445.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Gastón Ariel Coronel contra Mario Daniel Maceda y Viviana Rosa Galli y, en consecuencia, condena a los últimos mencionados a abonarle al primero la suma de $ 285.000, con más intereses calculados según la tasa pasiva digital que pague el Banco de la Provincia de Bs. As. desde la fecha del hecho-13 de abril de 2011-y hasta el efectivo pago. Asimismo les impone las costas del juicio y hace extensiva la condena a Orbis Compañía Argentina de Seguros.
III. El demandante se disconforma con el pronunciamiento de grado respecto a la entidad dineraria asignada a su reclamo en concepto de incapacidad sobreviniente. Como sustrato de tal queja alude a que, tal como se aprecia en el peritaje médico, ha sufrido una minoración física de importante magnitud que, en su inteligencia, justifican fijar un quantum reparatorio de mayor entidad. Por igual motivo-exigüidad- objeta la suma establecida para el rubro daño psicológico, del que predica ese carácter en orden a que considera desacertada la valoración de la dimensión del padecimiento que ha experimentado. También objeta la entidad dineraria establecida en la sentencia para el ítem daño moral. Para ello sostiene que se ha omitido ponderar el abrupto cambio de vida y el profundo dolor que padece a raíz del accidente que protagonizara.
A su tuno la aseguradora objeta la procedencia del rubro incapacidad sobreviniente, argumentando al respecto que ello se advierte si se repara en que el demandante no fue asistido médicamente el día del hecho, ni tampoco se le prescribió el uso de protectores cervicales ni de tratamiento médico alguno. A lo que añade que tampoco la mecánica del hecho podría haber causado las lesiones afirmadas. En subsidio, cuestiona por excesivo el monto sentenciado. De igual manera, por estimarlo excesivo, discrepa con el importe fallado en concepto de daño moral. En este sentido manifiesta que el accidente fue poco importante y que el demandante no experimentó lesiones de tal consideración que justifiquen una suma tan abultada. Asimismo impugna, igualmente por estimarla elevada, la cifra establecida en concepto de gastos médicos. Para sostener tal queja sustancialmente refiere que el accionante sólo tuvo que adquirir dos medicamentos y no tuvo necesidad de someterse a ningún tratamiento médico. Por último se agravia de la tasa de interés estipulada, afirmando para ello que la aplicación de aquella, sobre un capital actualizado, produce una distorsión económica.
IV. Me abocaré inicialmente a examina los agravios relacionados con la procedencia del rubro incapacidad sobreviniente y, eventualmente, con la cuantía fijada para el mismo.
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente, encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en lo que Eduardo Zannoni conceptualiza como la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (ver su obra, El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Bs. As. 2005, pg. 168, mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física y/o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
La pericia médica establece que el demandante padece, a raíz del accidente que protagonizara, cervicobraquialgia por mecanismo de aceleración-desacelaración, con contractura muscular dolorosa, persistente y pérdida de lordosis. Asimismo especifica que tal cuadro conlleva una incapacidad, del tipo parcial y permanente, que porcentualiza en un 8 % de la Tv (Ver pericial médica de fs. 363/367).
Como se dijo la citada en garantía, en pos de restar eficacia al peritaje médico, introduce en su expresión de agravios objeciones al dictamen. Empero se advierte que ha abdicado de canalizar tales cuestiones por la vía adjetiva específica, el pedido de explicaciones contemplado en el artículo 473 del Código Procesal, que hubiera permitido dilucidar los aspectos que cuestiona con indispensables basamentos científicos.
Va de suyo entonces que tal voluntaria renuncia, amén de no poder ser subsanada en esta instancia, tampoco habilita a calificar de desacertada la valoración de la pericia concretada en la sentencia en recurso.
En efecto, enseña Hernando Devis Echandía que el Juez es libre de valorar los informes periciales mediante las reglas de la sana crítica. Es decir que su ponderación debe ser guiada en sus conocimientos personales y en las normas generales de la experiencia (aut. cit. “Compendio de la Prueba Judicial”, tomo II, Rubinzal Culzoni editores, Santa Fe, 1984, pg. 134).
Mediante la aplicación del criterio antes expuesto, no encuentro objetable la eficacia acreditativa asignada en el decisorio al dictamen de mentas. Pues aquel ha sido desarrollado en base al método lógico deductivo, con aplicación de las técnicas científicas generalmente aceptadas, como idóneas para un correcto esclarecimiento y consecuente determinación de las afecciones sufridas por el accionante como así también las consecuencias de las mismas (arg. artículos 384 y 474 del Código Procesal; conf. SCBA Acuerdos 41.770, 55.555, 71.889 entre otros).
A lo expuesto debe adunarse que en la historia clínica 26991126/2 ,labrada en Hospital Interzonal de Agudos Profesor Güemes el mismo día del ilícito, surge que el reclamante fue atendido por molestias cervicales; constatándose la existencia de una rectificación cervical (ver instrumento de fs. 284/284 vta.).
Las disquisiciones apuntadas por la parte demandada en torno a los alcances de la dolencia peritada, se aprecian como discrepancias subjetivas (que, reitero, no fueron puestas a consideración del perito médico) y que, por ostentar un carácter meramente especulativo, no gozan de entidad suficiente para descalificar la apreciación judicial del dictamen referenciado (arg. artículos 384, 473, 474 y concordantes del Código Procesal, su doc).
Descartada entonces la improcedencia del rubro en análisis, abordaré las quejas asociadas a la cuantía fallada.
En las lides de la cuantificación dineraria, como también vengo afirmando, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en si mismo es la integridad física y/o psíquica genéricamente considerada (conf. mi voto, Sala III, causa 8323, entre muchas otras).
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”. Las indemnizaciones tabuladas, son por esencia propia del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil. Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. ( arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
Con tales directrices de análisis la correlación de las lesiones físicas sufridas, con sus circunstancias personales acreditadas -32 años al momento del hecho, divorciado con un hijo, estudios primarios, trabaja como repartidor de soda y vive en la ciudad de Ituzaingó- y con el monto del salario mínimo vital y móvil fijado por la resolución del 2019-2- del CNEPYSMVYM me convencen que la suma justipreciada en la sentencia recurrida, resulta razonable. Por tal razón he de propiciar su confirmación (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal; ver expediente 28.781 sobre beneficio de litigar sin gastos, por cuerda, pericial médica de fs. 363/367 e historia clínica de fs. 283/284)
El demandante tacha igualmente de insuficiente el importe fijado para su reclamo en concepto de daño psicológico. Por su parte la parte demandada, no objeta ni la procedencia del rubro ni la cuantía.
El daño psicológico está representado por las alteraciones, experimentadas en la personalidad de la víctima, usualmente exteriorizadas en diversa sintomatología tales como depresiones, fobias o cualquier otra afectación que dificulta la interacción de la persona en su medio social; resultando requisito indispensable para su configuración el carácter irreversible de las secuelas de tal orden (arg. 1068 del Código Civil, su doc, conf. mi voto en la Sala I de esta Cámara, causa 4092/10 entre otros antecedentes).
En la especie la perito psicóloga Silva González dictamina que, como consecuencia del ilícito, el demandante sufrió un período agudo de estrés que, por su persistencia se hace crónico, y que dicho cuadro se traduce en un daño psíquico, el que porcentualiza en un 5 %. Asimismo estima una evolución favorable, realización de tratamiento mediante, con remisión parcial/total de la crisis (arg. artículo 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial de psicología, fs.371/384).
Ahora bien en lo que atañe específicamente a su cuantía, la ponderación del cuadro dictaminado, las circunstancias personales ya referenciadas y la eventualidad de la remisión del cuadro, me convencen acerca de la razonabilidad del importe fijado. Por tal motivo he de propiciar su confirmación (artículos 165 y concordantes del Código Procesal).
Se encuentra cuestionada, tanto por exigua como por elevada, la suma fijada para el ítem daño moral.
Para precisar la conceptualización del daño moral, como vengo sosteniendo, estimo acertado subrayar que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo, es el criterio de la alteración o pérdida de “la armonía vital del individuo” (arg. artículos 1078 del Código Civil, su doc., mis votos, Sala I causa 57.175 , Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros)
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso.
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona, antes de la ocurrencia del accidente, apuntando a la concesión de satisfacciones sustitutivas (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil).
Ahora bien la razonable cuantificación monetaria del rubro en examen, demanda la ponderación genérica del contexto vital de la víctima como las demás circunstancias del caso. Sin que tal expresión dineraria deba guardar una relación aritmética con la extensión, o las particularidades, que tenga el daño físico. Ello, en orden a la disímil teleología que tiene cada uno de estos rubros. (conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728,).
En tal sentido, y de modo específico, la consideración de: la edad del accionante al momento del hecho ilícito-32 años-del contexto socioeconómico en el que se desenvuelve su existencia (que ya he reseñado), del tipo de lesión sufrida (cervicalgia) y la inexistencia de tratamientos médicos ulteriores, me convencen de que el importe fijado es elevado (arg. artículos 1078 y concordantes del Código Civil; 165, 384 y concordantes del Código Procesal, ver pericial médica de fs. 363/367 e historia clínica de fs. 263/264). Por este motivo propongo la admisión de la queja traída por la citada en garantía y, en consecuencia, la reducción a la suma de pesos $56.000.
La aseguradora se queja, por estimarla excesiva, de la cifra fijada para el rubro gastos médicos.
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma, expresamente, alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende, es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto; por cuanto y en los términos del artículo 1068 del mentado Código constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable ,y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos (conf. mi voto en Sala II, causa 5847 entre muchas otras).
Asimismo constituye, a mi juicio, un criterio determinante para su consideración el examen de la relación de necesariedad que exhiban tales erogaciones, con la índole y las particularidades de los padecimientos sufridos (arg. artículos 901, 1086 y concordantes del Código Civil, su doc.).
A partir del análisis de la historia clínica 26.991126/2, agregada a fs. 283/284, y de la pericial médica de fs. 363/367 se advierte que el demandante sólo sufrió una cervicalgia, sin que se haya demostrado la necesidad-mucho menos la realización-de someterse a algún tratamiento médico (arg. artículos 375,384 y concordantes del Código Procesal).
Frente a tal panorama fáctico el importe fijado en el decisorio de primera instancia-$ 5.000-se aprecia como desproporcionado. Por este motivo, propongo su disminución a la suma de $ 1.500 (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Por último, examinaré el agravio traído por la aseguradora relativo a la especie de tasa de interés fijada.
A partir del voto emitido en la causa 68.355 de la Sala I de esta Excma. Cámara civil y Comercial la apreciación de la actual realidad económica, bajo el prisma del derecho constitucional a la reparación integral, me convencieron acerca de la pertinencia de aplicar la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones a 30 días. Dicho temperamento fue adoptado en consonancia con la doctrina acuñada en el tópico por la Suprema Corte de Justicia provincial (causa “Cabrera”, el 15 de junio de 2016, C. 119.176).
Empero la actual configuración del escenario ecónomico me ha llevado a evaluar la razonabilidad de las soluciones propiciadas en los términos aludidos. Ello, más allá, de que en mi opinión los pronunciamientos dictados por el Superior- causas 120.536 y 121.134 - no traducen un prístino abandono de su criterio delineado en la materia referenciada.
En efecto, como lo he señalado en la causa 41.260 de esta Sala II, si a la cuantificación de los rubros resarcitorios, que ostentan el carácter de obligación de valor, se efectúa a valores actuales la aplicación de la tasa pasiva más alta, desde la fecha del acto ilícito, torna irrazonable el monto que se justiprecia. Duplicando, o incluso triplicando en muchos casos el monto de condena; al punto que los accesorios superan en demasía el importe del capital.
Ello obedece esencialmente al hecho de que la tasa pasiva bancaria contiene componentes, tales como la consideración de la pérdida del valor adquisitivo del dinero por el fenómeno inflacionario, los gastos operativos, y las exigencias del encaje bancario (ver, en este sentido, el voto del Ministro Soria en la causa B. 63.460).
Vengo sosteniendo que la funcionalidad de los intereses moratorios se encuentra circunscripta a la reparación del daño que sufre el acreedor, a raíz de no contar con el dinero desde el nacimiento del crédito; y no a enjugar la eventual pérdida de poder adquisitivo, a la que estaría expuesto el monto de la condena como consecuencia del proceso inflacionario (arg. artículos 622, 623 y concordantes del Codigo Civil; 7 y 10 de la ley 23.928, su doc.; miv votos, Sala II, causa 55546, Sala III, causa 41.190 entre muchos otros).
Así las cosas si la teleología de los intereses moratorios no es otra que resarcir la privación del uso del capital de condena fijado a valores actuales, aplicar la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho ilícito equivale a conceder un plus resarcitorio-una suerte de “sobre indemnización”- que a la postre no es otra cosa que consagrar una solución que colisiona con el principio de razonabilidad económica (arg. artículos del Código Civil y Comercial).
La realización del derecho a la reparación integral, de raigambre constitucional, debe lograrse por medios legítimos, adecuados y proporcionales; de modo que aquella no puede ser fruto de meros cálculos aritméticos, desvinculados de la realidad económica en la que se inserta su ejercicio (arg. artículos 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional; conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 313:896; 327:508, entre otros).
En la especie se aprecia que el pronunciamiento en recurso ha fijado, como monto total de la condena la suma de $ 946.000; importe éste cuantificado al momento de su emisión.
La aplicación de la tasa pasiva más alta-al momento la denominada BIP- conlleva prácticamente duplicar el capital de mentas (ver “cálculos de intereses en línea”, www.scba.gov.ar ).
Va de suyo, conforme a las directrices conceptuales esbozadas anteriormente, que dicho resultado deviene desproporcionado, prescindente de la realidad económica y conculcatorio de la proscripción del enriquecimiento sin causa (arg. artículos 953, 1071 y concordantes del Código Civil; 726, 9, 10 del capítulo 3 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial, su doc.).
Por otra parte la solución esbozada se ha tornado imperativa a raíz de que la Excma. Cámara de Apelación ,en pleno, la ha receptado mediante el dictado del Acuerdo Extraordinario 839/20 (arg. artículo 37, inciso f) de la ley 5827)
En consecuencia he de prop
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