Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131828
Sentencia Definitiva
Causa N° 131829; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº27 - LA PLATA
AGUILAR PATRICIA MARCELA C/ CAJA POPULAR DE AHORROS PCIA DE TUCUMAN S/ DAÑOS Y PERJ.-RESP EST.-POR USO DE AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)
En la ciudad de La Plata, a los veinte días del mes de Octubre de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131829, caratulada: "AGUILAR PATRICIA MARCELA C/ CAJA POPULAR DE AHORROS PCIA DE TUCUMAN S/ DAÑOS Y PERJ.-RESP EST.-POR USO DE AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)" , y su acumulada 131828, "AGUILAR PATRICIA MARCELA C/ REY HECTOR EDUARDO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 4 de febrero de 2022 (04/02/2022, 15:31:12) con sus aclaratorias (04/02/2022, 18:01:30 y 23/02/2022 11:40:42)?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia dictada en fecha 4 de febrero de 2022 (y luego sus aclaratorias) hizo lugar a la demanda promovida por Patricia Marcela Aguilar y Lourdes Josefina Gallardo contra Héctor Eduardo Alejandro Rey y Mata SRL haciéndola extensiva en forma solidaria a la Provincia de Buenos Aires y en la medida del seguro, a la citada en garantía Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (arts. 68 y 77 del C.P.C.C. y 118 de la ley 17.418); condenó a pagar a la Sra. Aguilar la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2.100.000,00) y a la Sra. Gallardo la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($3.300.000,00), en ambos casos en el plazo de diez (10) días de quedar firme el decisorio, con más los intereses a devengarse desde la fecha del hecho dañoso (04/04/1999) y hasta la fecha de la sentencia, a una tasa pura del 6% anual y de ahí en adelante y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva digital, en cuanto tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (arts. 163 y 165 del CPCC; arts. 3, 772, 1740, 1748 CCCN), todo ello bajo apercibimiento de ejecución; impuso las costas a los demandados y la citada en garantía y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 del Decreto- Ley 8904/77 (v. sistema Augusta prov. de 04/02/2022 15:31:12 y aclaratorias del 04/02/2022 18:01:30 y 23/02/2022 11:40:42).
2. Esta forma de decidir llega apelada por las actoras (presentación electrónica del 7 de febrero de 2022), por la demandada Caja Popular de Ahorros Provincia de Tucumán (presentación electrónica del 10 de febrero de 2022) y por Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (presentación electrónica del 14/02/2022 en “Aguilar, Patricia Marcela c/ Rey, Héctor Eduardo y otros s/ daños y perjuicios”), recursos que fueron concedidos libremente (proveídos del 25 de febrero de 2022, 23 de febrero de 2022 y 23 de febrero de 2022 en causa “Aguilar c/ Rey s/ daños y perjuicios” respectivamente); las actoras desistieron del suyo en fecha 17 de mayo de 2022; los restantes apelantes los fundaron en esta instancia (presentaciones electrónicas del 6 de junio de 2022 Caja Popular y 27 de junio de 2022 Provincia de Buenos Aires); corrido el pertinente traslado estos fueron contestados por las legitimadas activas (presentaciones electrónicas del 14 de junio de 2022 y 12 de julio de 2022). Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 4 de agosto de 2022).
3. La Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán se agravia por el elevado monto de las indemnizaciones que dispone la sentencia apelada.
Reclama que, para cuantificar la reparación en favor de la esposa del causante el Juez de grado prescinde de sus circunstancias personales, entre ellas, el hecho que obtuvo la pensión previsional.
Respecto de Lourdes Josefina Gallardo aduce que las sumas otorgadas son superiores a las asignadas a su madre por las mismas causas y circunstancias, basándolo sólo en la edad de ésta al momento del accidente.
Deduce que el Juez decidió sobre la base de sus propias y libres convicciones, apartándose del sistema de valoración de la prueba que establece Código Procesal Civil y Comercial (en adelante denominado CPCC). Reclama que se haga conforme a las reglas de la sana crítica, las que imponen hacer un análisis razonado de los hechos, siguiendo las reglas de la lógica, de la experiencia y del buen sentido y el entendimiento humano.
Agrega que se omitió expresar los fundamentos y las razones de la justipreciación a la hija del infortunado alterando severamente la proporción razonable con los que asigna a su progenitora.
Por su parte, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires se agravia de la atribución responsabilidad que se le endilga.
Entiende que la obligación que les pesa es concurrente o “in solidum” por tratarse de aquellas donde cada uno de los obligados responden por causas diferentes.
En este sentido, alega que el sentenciante debió haber especificado cuál fue la incidencia causal que tuvo en el resultado dañoso el obrar y/u omisión de cada uno de los codemandados.
Funda su queja en el art. 901 y siguientes del Código Civil (en adelante denominado CC) mediante la cual se adopta la teoría de la causalidad adecuada.
Agrega que, según esa teoría, entre las diversas condiciones que coadyuvan a un resultado no todas son equivalentes sino que son de eficacia distinta y que sólo cabe denominarse jurídicamente “causa” a la condición que es apta e idónea para provocar el resultado.
Reclama que el Juez debió atenerse a lo que normalmente acaece según el orden normal, ordinario de los acontecimientos conforme lo dispuesto por los arts.902 y 904 del CC, todos extremos que la sentencia apelada descarta.
Al referiste a la posibilidad de concausalidad reitera que la causa no versa sobre intervención conjunta de sujetos, denominada causalidad conjunta, sino que se trata de una obligación concurrente o “in solidum” parcial, toda vez que teniendo la obligación de indemnizar identidad de acreedor, pluralidad de deudores y diversa causa por la que deben responder cada uno de ellos en vez de haber identidad de objeto, tienen en parte un mismo objeto.
Esgrime que la falta del Estado Provincial importa una omisión simple que, por sí sola, carece de la determinación causal para producir el resultado dañoso y que el responsable total del siniestro es el conductor del camión que era profesional en su quehacer.
Destaca que de la propia declaración del demandado Rey en sede penal se desprende que éste fue el culpable y que como profesional debió prever el incidente.
Se queja del diferimiento de esta discusión a un proceso posterior de repetición dado que generará inconvenientes surgidos de la limitación que deriva del principio de intangibilidad de la cosa juzgada.
Se duele asimismo del monto otorgado a las actoras por daño moral por violar el prudente arbitrio judicial.
Aduna que en estas actuaciones no hay prueba que demuestre que las accionantes padecen algún perjuicio o incapacidad psíquica que pueda calificarse como grave.
Concluye que los montos otorgados por la sentencia de grado se traducen en un enriquecimiento sin causa de las actoras.
4. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento -4 de abril de 1999- (arts. 3, CC; 7, CCCN).
5. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia de los agravios opuesto por la actora en el traslado del memorial de ambas codemandadas (presentaciones electrónicas de fecha 14 de junio y 12 de julio de 2022).
Al respecto, ha de decirse que la fundamentación de los recursos (presentaciones electrónicas del 6 de junio y 27 de junio de 2022) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizaron con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
6. Razones de orden metodológico ameritan tratar primeramente las quejas de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en lo tocante con la asignación que responsabilidad que se le endilga.
Abordando esa labor, encuentro que los argumentos esgrimidos por la apelante no logran conmover las conclusiones a las que aborda el Juez apelado en su sentencia (v. apartados IV.2, IV.2 -numeración reiterada- y IV.3 del decisorio).
Véase que luego de desarrollar el marco fáctico, legal y las probanzas producidas en esta causa, concluye que el accidente sucedió a partir de la responsabilidad solidaria del Estado Provincial por la falta de iluminación y señalización de la rotonda (lo que la convirtió en un “elemento causal”) y la conducta del conductor en su carácter de profesional en la materia.
En lo tocante con la actitud del chofer previo al accidente considero que no puede afirmarse válidamente que la “aparición repentina” de una rotonda en el trazado de una vía de circulación como la Ruta 65 revista el carácter de imprevisible e irresistible como para excluir la responsabilidad objetiva que le cabe. Es que por su condición de profesional debe prever con mayor diligencia y exactitud las vicisitudes que pueden producirse en el tránsito tales como giros, rotondas, frenadas o maniobras bruscas de quienes circulan por delante, cruce imprevisto de animales, etc. Todo ello a partir de una necesaria derivación de lo dispuesto por el art. 902 del Código Civil.
Dable es estimar entonces que al tratarse, insisto, de un conductor profesional, debió transitar a una velocidad moderada y una distancia que le permitiera visualizar a tiempo la aparición de la rotonda sin señalizar, o bien realizar alguna maniobra que disminuya los riesgos y los daños a la postre acaecidos, máxime cuando se encuentra acreditado que las condiciones climáticas ese día no eran las óptimas (v. IPP 3492/1999 acompañada como prueba y que tengo ante mí, acta de procedimiento policial fs. 2 y vta., declaración del imputado fs. 26 y vta; art. 384 CPCC).
En este sentido, nuestro máximo Tribunal Provincial tiene dicho “El hecho de ser el conductor demandado, profesional, lo obliga a tener un mayor cuidado en la conducción del vehículo (conf. arts. 909 CC y 51 inc. 3 Ley 11.430). Debió asumir la eventualidad de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, pueden presentarse de manera más o menos imprevista” (SCBA LP C 117867 Sent. del 01/07/2015, Juez Hitters SD; C100922 sent. del 22/04/2009 Juez Negri SD).
Por lo expuesto concluyo entonces que la responsabilidad del conductor del camión se impone (arts. 902, 1113 Código Civil y 384 CPCC).
Ahora bien, esta circunstancia no exonera de modo alguno la responsabilidad concurrente del Estado Provincial por su conducta omisiva.
Es que a partir del análisis de la prueba producida se erige con claridad la relevancia causal que también tuvo en la producción del accidente la ausencia total de señalización anunciatoria (vertical u horizontal como líneas o flechas sobre el asfalto) y la nula iluminación de la ronda en donde se produjo el fatídico vuelco.
Viene al caso destacar que ambas deficiencias se encuentran constatadas a fs. 33 de la IPP antes referenciada en el informe efectuado por el Oficial Principal Marcelo Saúl Ariguel el que fue a su vez replicado en el auto de sobreseimiento en la misma causa (v. fs. 76/79 de proceso referido).
Allí se constató que “…se constituye en la intersección de las Rutas Provinciales sesenta y cinco y cuarenta y seis con el fin de efectuar una inspección ocular del lugar para determinar el funcionamiento de la luminaria, presencia de carteles indicadores o altura del cordón. Acto seguido y tras efectuar una minuciosa inspección del lugar se constata que para la distribución del tránsito en este sector existe una rotonda que cuenta con una cantidad aproximada a las veinte columnas de alumbrado público con focos a gas de mercurio; ese alumbrado por las noches no funciona, reinando la oscuridad en horarios nocturnos. Se efectúa un recorrido hacia Baigorria por Ruta sesenta y cinco y al regresar hacia la rotonda se advierte que no existen carteles indicadores de la presencia de la misma como así tampoco carteles que indiquen reducción de la velocidad. Solamente existe muy cercano a una garita un cartel indicador que dice Junin-Arenales-Bragado”.
La responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias dañosas derivadas de sus comportamientos omisivos y negligentes, tienen particular repercusión en todo lo vinculado con el poder de policía, poder local conforme nuestro sistema constitucional que en el caso, frente al deber primario y sustancial de cuidar la vida y seguridad de los gobernados.
Aquí no cabe duda alguna que éste ha sido mal o deficientemente ejercido, dada la situación de peligrosidad evidente en la que se encontraba el lugar en donde se produjo el hecho a partir de la ausencia de iluminación y señalización (arts. 512, 902, 1109, 1113 del Código Civil; 384 CPCC).
Llegado a este punto, ha de recordarse que la relación causal es un elemento del acto ilícito que vincula el daño directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva. Es el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar (conf. Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", pág. 217, nro. 580, 3ra. ed. Abeledo-Perrot).
Esto es, el daño constituye el elemento unificador del acto aunque concurran a producirlo varios copartícipes con sus respectivos factores de atribución (culpa y/o riesgo).
Nuestra Suprema Corte de Justicia provincial tiene dicho que las obligaciones solidarias, que forman parte de la categoría de las obligaciones conjuntas, se caracterizan porque existen dos o más acreedores o dos o más deudores en una misma obligación. O sea que los vínculos que ligan a los acreedores plurales o a los deudores plurales nacen de una sola fuente. Esta es una característica común a todas las obligaciones conjuntas y se la denomina "unidad de causa": el deber de prestar a todos los deudores o la pretensión de todos los acreedores deriva del mismo hecho o título justificante. Si no fuera así no podría hablarse de una sola obligación, sino de obligaciones distintas derivadas de fuentes distintas (conf. Ac. 47.902, S 7/02/1995 en D.J.B.A., 148-188, J.A., 1996-I-523, "Acuerdos y Sentencias", 1995-I-9; Ac. 75189, 28-03-2001, DJBA 160, pág. 210).
Por su parte, el art. 1109 del Código Civil dispone que la responsabilidad pesa sobre todos los coautores o copartícipes del cuasidelito, sin consideración al grado de culpabilidad de cada uno de ellos -cuestión a dirimir exclusivamente entre los corresponsables- pudiendo ser indistintamente demandados por la totalidad de la deuda, aunque sin perjuicio de la pertinente acción de reintegro que pudiera caber (Trigo Represas-Cazeaux, "Derecho de las Obligaciones", T. 4, pág. 357, seg. ed., Ed. Platense, 1976; SCBA Ac. 51687 sent. del 1/10/96, "Mesa de Ocampo c/ Lobos s/daños y perjuicios"; Ac. 75.189 sent. del del 28/06/2001 "Ortiz de Franco c/ Serrano s/daños y perjuicios"; Ac. 77.121 Sent. 27/12/2001).
También se ha señalado que las responsabilidades concurrentes -obligaciones in solidum - no excusan total ni parcialmente la de un deudor, sin perjuicio de la acción que ulteriormente pueda ejercer contra el otro responsable, citado como tercero, para obtener su contribución en la deuda solventada (conf. SCBA, Ac. 82.640 del 30/6/04).
En el caso en estudio, se evidencia la existencia de un vínculo de solidaridad entre los copartícipes del hecho dañoso, nacido en la circunstancia de haber concurrido ambos a la causación del ilícito, fuente de su obligación de resarcir. Agrego que tanto en los supuestos de coparticipación conjunta -en los que el daño proviene de la conexión accidental de culpas distintas- como en los de intervención acumulativa o concurrente, la responsabilidad es solidaria por aplicación de lo normado por los arts. 1081 y 1109 del Código Civil. Y que, en la doctrina citada de nuestro superior tribunal, no se aprecian distinciones de tratamiento según sea culposa u objetiva la imputación de esa responsabilidad.
Pues bien, lo desarrollado hasta aquí -más allá de las consecuencias y características de la solidaridad por culpa concurrente mediante la cual los actores tendrán derecho a percibir de los accionados el total de lo concedido por esta sentencia de cualquiera de los sentenciados pues se trata de una obligación in solidum (conf. CC0000 NE causa 6615 sent. del 19/09/2006 y doctrina allí citada)- no obsta en modo alguno a determinar el grado de responsabilidad que cupo a cada uno de los partícipes o culpables, extremo que la apelante Fiscalía de Estado reclama en su expresión de agravios.
Al respecto, evidencio que el actuar del conductor profesional, quien omitió circular con el cuidado y precaución necesarios para visualizar a tiempo la presencia de una rotonda de importantes dimensiones (v. el detalle efectuado a fs. 33 en la IPP referida) es la principal causa por la que se produjo el siniestro, coadyuvando la conducta omisiva del Estado Provincial a partir de la omisión de señalizar e iluminar debidamente la traza de ese tramo de la Ruta.
En virtud a ello, dejo propuesto al acuerdo que se le asigne un 70% de responsabilidad en cabeza del codemandado Rey y un 30% en cabeza del Estado de la Provincia de Buenos Aires por su conducta omisiva, modificándose de este modo la sentencia de grado en cuanto a su indeterminación en este punto (arts. 512, 902,1081, 1109, 1113 Código Civil; 384 CPCC).
7. Superadas las quejas sobre la condena de causalidad, cabe abordar los relativos a los montos indemnizatorios, los que fueron puestos en crisis por ambos apelantes.
Para establecer la cuantía ante la afectación de la chance por la supresión de la vida humana no es imprescindible una prueba concreta -compleja en muchos casos-, siendo suficiente contar con los elementos indispensables para que la reparación pueda estimarse en equivalencia a la pérdida realmente sufrida, conforme a un criterio de apreciación subjetivo y objetivo, en forma integral (SCBA. ED., t° 72 p. 129), tanto más aún si se tiene presente que los índices referidos a los cálculos de probabilidad de vida y apoyo económico que la víctima hubiera podido prestar son inciertos y aleatorios, resultando injurioso pensar que ese semejante constituye una inversión económica, como cualquier bien material (SCBA., Ac. 22.190).
La vida humana no tiene por sí misma un valor pecuniario ni cabe tasarla en dinero, porque no está en el comercio ni integraba el patrimonio de los sobrevivientes; y que el daño patrimonial indirecto que éstos pueden alegar, se ciñe a los bienes económicos que hubieran seguido obteniendo de proseguir incólume aquél bien personal; pues la vida en sí es inconmensurable económicamente y lo valioso en ese sentido se refiere a los bienes materiales que el hombre crea u obtiene mientras vive, y que implican una ventaja pecuniaria también para otros, si de alguna manera son sus destinatarios (conf. Zavala de González, Matilde "Resarcimiento de daños, v. 2b, pág. 45, parág. 8, Hammurabi).
“La vida humana no tiene un valo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.