Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132743
Sentencia Definitiva
Causa N° 132743; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº11 - LA PLATA
BORDON JUAN DE LA CRUZ C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.ESTADO(EJERC.PROF.FUNCIONARIOS)
En la ciudad de La Plata, a los veintinueve días del mes de Noviembre de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132743, caratulada: "BORDON JUAN DE LA CRUZ C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.ESTADO(EJERC.PROF.FUNCIONARIOS)" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 5 de agosto de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada por Juan de la Cruz Bordón contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires por daños y perjuicios, condenándola a abonarle la suma de PESOS UN MILLON DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($1.019.888) en el término de 10 días de quedar firme o consentido el decisorio, con más sus intereses calculados a la tasa de interés pasiva digital (BIP) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, hasta su efectivo pago; impuso las costas a la demandada vencida (art. 68 CPCC) y postergó la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para la oportunidad prevista por el art. 51 de la Ley 14.967 y los correspondientes a los peritos Médico y Psicólogo hasta la oportunidad en que se establezcan los emolumentos de los abogados (v. proveído del 05/08/2022).
2. Contra esta forma de decidir se alzan en apelación el actor (presentación electrónica del 10 de agosto de 2022) y la demandada (presentación electrónica del 11 de agosto de 2022); concedidos los recursos (proveído del 30 de agosto de 2022), éstos fueron fundados en tiempo y forma en esta instancia (presentaciones electrónicas del 5 de septiembre de 2022 Bordón y del 15 de septiembre de 2022 Fiscalía de Estado); corrido el pertinente traslado fue contestado por ambas partes (presentaciones electrónicas del 22 y 27 de septiembre de 2022 respectivamente). Luego se llamó Autos para Sentencia (proveído del 27 de septiembre de 2022).
3. Al actor lo agravia que la sentencia haga referencia al arma de fuego encontrada en su casa, considerando que lo importante en este proceso es que el resultado del allanamiento fue negativo, en tanto no se secuestró ningún elemento vinculado con el hecho investigado.
A partir de ello concluye que el Fiscal y Juez actuantes no contaron con elementos imputativos suficientes que justifiquen el dictado de la prisión preventiva de la que fue objeto.
Califica de evidente el direccionamiento de la investigación policial hacia su persona y el aval que tuvo de parte de los funcionarios judiciales en el caso.
Destaca que el arma supuestamente secuestrada en su domicilio no sólo no fue reconocida por las víctimas, además no fue peritada en su funcionamiento y no se lo procesó por su tenencia cuando su sola posesión implica la tipicidad del art. 189 bis ap. 2 del Código Penal.
Insiste que en el caso no se halló ningún elemento que justificara su privación de la libertad.
Aduna que la orden de allanamiento y su resultado no pueden constituir jamás una prueba o indicio en su contra.
Lo agravia que la sentencia apelada, en su visión, contradice la realidad cuando afirma que desde que se dictó la prisión preventiva hasta que la Fiscal de Juicio se expidió se incorporaron nuevos elementos de prueba mas ellos no fueron suficientes para conmover al juez de garantías. Resalta que contrariamente, ningún elemento se agregó en contra suya durante el proceso.
Alega que su detención fue ilegal y se duele que en la sentencia apelada se tome en cuenta el lapso que transcurre desde el dictado de la prisión preventiva (7/09/15) y no desde la efectiva detención (5/08/2015).
Denuncia error lógico en la valoración de la prueba dado que al momento de cuantificar el perjuicio patrimonial se omitió considerar que él trabajaba efectuando instalaciones sanitarias en su calidad de plomero-gasista y que tenía un ingreso importante proveniente de tal actividad compartida con su padre, circunstancia debidamente probada mediante la declaración de testigos.
Reclama que la prueba pericial médica producida no fue destinada a acreditar una disminución de su capacidad laboral, sino a las consecuencias del encierro sufrido, vigentes aun varios años después de haber sido liberado. A partir de esta alegación, califica la interpretación de esos exámenes como inadecuados y erróneos.
Se disconforma del monto indemnizatorio otorgado por resultarle bajo, casi insignificante.
Acusa a la sentencia apelada de constituir un silogismo en el cual la conclusión no se deriva de las premisas.
Alega que la sentenciante no hizo alusión alguna a la testimonial rendida, adunando que el tipo de tareas que realizaba se desarrollan en la informalidad por lo que no resulta posible acreditar los ingresos.
En relación al monto reconocido, califica la sentencia como violatoria del derecho de igualdad ante la ley, comparando la indemnización que se le otorga con los $12.000.000 reconocidos a la artista cuyo nombre artístico es Nacha Guevara por el exilio que sufrió durante la dictadura militar.
Finalmente, pone en crisis la desestimación de la prueba de inspección ocular de la Unidad Penitenciaria donde estuvo alojado a efectos de que la sentenciante tome cabal conocimiento del lugar de detención en el que estuvo alojado que es el más antiguo del país y el más superpoblado.
A su turno, la demandada descalifica la sentencia apelada porque -desde su óptica- incurre en groseros yerros, violando elementales principios procesales como congruencia, debido proceso, cosa juzgada, preclusión, arbitrariedad, escándalo jurídico, fallo incierto y sentencia ultra petita , entre otros.
Alega que el decisorio readecua de oficio la demanda iniciada por error judicial cuando en el caso planteó la falta de servicio. Agrega que los errores alegados por el actor no fueron demostrados.
Da cuenta que Bordón al iniciar su reclamo omitió considerar que los Fiscales y Jueces de la Jurisdicción penal tienen la obligación de corroborar la existencia de antecedentes de los investigados/imputados por la comisión de un delito, a fin de verificar la probabilidad de fuga y el posible entorpecimiento del proceso penal.
Destaca que la presunción de inocencia no se destruye con la denuncia, procesamiento o acusación y que el sacrificio especial al que refiere en su sentencia el Juez de grado, no ha sido invocado en el escrito constitutivo, de manera que resulta claramente extra petita , razón por la que debe ser desestimada.
Revela que ese sacrificio es al que todos los ciudadanos estamos sometidos, ante la existencia o presunción de la comisión de un delito, más aún cuando existen indicios vehementes o prueba suficiente de la participación en el mismo.
Refiere que la cosa juzgada penal no puede ser revisada en esta sede, a modo de generar un verdadero escándalo jurídico, como en el que ha incurrido la sentenciante.
Alega que la circunstancia que durante el trámite del juicio oral, el Tribunal considerase que no había elementos suficientes de prueba, ni que el Fiscal hubiere corroborado certeramente la participación de Bordón en el hecho delictivo, de ninguna manera constituye un error judicial, ni su reconocimiento por parte de la jurisdicción penal, y mucho menos una falta de servicio en la administración de justicia tal como lo ha resuelto la juzgadora en forma absolutamente errónea.
Reitera que la ausencia del requerido juicio de revisión resulta de vital importancia, por cuanto su no deducción importa que la sentencia absolutoria pasó en autoridad de cosa juzgada, firme y consentida por el actor.
Expone que en el caso no se demostró que la sentencia absolutoria fuera portadora de un error manifiesto o inexcusable, menos aun de falta de servicio, siendo ello uno de los requisitos que determinan que todos los fundamentos de la sentencia resultan desatinados.
Se agravia de la falta de ponderación de la normativa que rige la materia, como asimismo de la doctrina fundada por la Suprema Corte de Justicia para casos análogos, utilizando la Jueza de primera instancia únicamente “pautas interpretativas subjetivas” que nada aportan a la resolución de la contienda, a más de resultar violatorias de lo dispuesto en el art. 1777 CCyC. sig. y concordantes, que le impiden al Juez civil revisar lo actuado en sede penal.
Afirma que la Juez equivocadamente realizó el juicio de revisión que el actor no dedujo y por vía de una interpretación a todas luces errónea, en base a una supuesta falta de servicio, condenando a su parte a abonar una indemnización improcedente.
Refiere que el art. 10 de la Ley 23.054 dispone que para que exista error debe haber una sentencia que así lo juzgue y que la sentenciante se aparta de la causa penal y su resolución, asegurando que allí se ha probado que el actor no agotó las herramientas procesales en la búsqueda de una solución justa (pedido de revisión y posterior nulidad) y además consintió la resolución de la que se agravia tardíamente.
Da cuenta que en el fallo “Balda” citado en el decisorio como argumento se establecieron los requisitos para la procedencia del error judicial, pero a pesar de ello, en el mismo se analizó la falta de servicio y con base en ello funda su sentencia.
Dice que tampoco lo resuelto en cuanto a la falta de servicio utilizada en la sentencia recurrida, surge del fallo analizado.
Subsidiariamente se duele de la cuantía indemnizatoria en concepto de daño moral por entender que el mismo carece de causalidad.
Agrega que debe valorarse la gravedad objetiva del detrimento al damnificado.
Finalmente, reclama la desestimación de los gastos psicológicos.
4. A fin de mantener un orden metodológico del recurso, he de abordar primeramente las quejas de Bordón relativas a la denegación de la prueba de reconocimiento judicial y el elíptico pedido de producción en esta instancia.
Ésta es una medida que puede disponerse en la Alzada en algunos de los supuestos contemplados en el artículo 255 incisos 2, 3 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial.
Su concesión reviste carácter excepcional, pues las situaciones que autorizan a proceder de tal forma, son señaladas en la ley de modo limitativo y -dentro de las hipótesis planteadas- la procedencia de la medida debe encararse con criterio estricto para no producir dilaciones en el proceso, ni desequilibrar la igualdad de las partes o reabrir cuestiones sobre procedimientos precluidos.
Ahora bien, analizada la petición encuentro que la prueba denegada en la instancia y solicitada por el accionado en su recurso no resulta relevante para el desarrollo del presente.
Ello en virtud a que no necesita el Juez del reconocimiento visual de las instalaciones carcelarias para conocer en profundidad el sistema carcelario y el establecimiento penitenciario en el cual el actor fue alojado durante la detención objeto de este proceso.
Por ello, considero que las razones expuestas por el agraviado carecen de fundamento suficiente para disponer lo peticionado conforme las constancias antes referenciadas y que no se verifica circunstancia alguna que merite apartarse de lo resuelto por el Juez de grado en este aspecto.
En consecuencia, se desestima la solicitud de apertura a prueba en esta instancia (arts. 255, 375, 382, 461 CPCC).
5. En vista a los fundamentos del recurso, adelanto que debe estarse a los hechos por los cuales se ha articulado la demanda (elementos causales de la pretensión esgrimida en los cuales se funda el objeto de la misma -sentencia de condena por daños y perjucios-).
Se agrega que al vencer los dos años sin haber resuelto su situación procesal “se produjo la inacción de los órganos judiciales” a partir de lo dispuesto por el art. 147 CPP (fs. referidas ap. IV.5), dando cuenta de la legislación al respecto (v. fs. referidas, ap. IV. 10), detallando el plazo por el que estuvo privado de la libertad (3 años, 7 meses y 21 días, conforme fs. referidas ap. IV. 11) e insistiendo sobre la excesiva duración injustificada del proceso penal (fs. referidas ap. IV. 12).
Sobre la legitimidad de la medida de detención, si bien se hace una somera referencia (v. fs. referidas, ap. III), es lo cierto que no lo incluye expresamente a la hora de fundamentar el reclamo, advirtiéndose que este extremo es expresamente incluido, desarrollado y fundado al momento de expresar sus agravios en esta instancia (v. presentación electrónica del 5 de septiembre de 2022).
A partir de allí, adquiere andamiaje la queja de la demandada en dirección a que la legitimidad de la detención no fue parte determinante del reclamo iniciado por Bordón, sino que la petición se centró en la acusación de exceso en la prisión preventiva.
Es decir que la calificación de arbitraria de la detención no formó parte del thema decidendum (cuestión sobre la que el Juez debe pronunciarse respetando el principio de congruencia) y por lo tanto cabe concluir que, más allá del resultado final de esta contienda, el tratamiento efectuado por la sentencia de grado en esa dirección excedió los términos propuestos en la traba de la litis, al modificar la causa alegada de la pretensión articulada y ello conlleva la transgresión del citado principio.
Por los mismos motivos y en virtud al cumplimiento del principio de congruencia las quejas del legitimado activo que versan sobre esa circunstancia no han de tener favorable andamiaje (arts. 330, 354 inc. 1, CPCC; 18, Constitución Nacional).
Esto último en virtud a que “Las atribuciones de los tribunales de apelación se encuentran doblemente acotadas. De un lado, por la estructura de la relación procesal -básicamente, explicitada por el contenido de las pretensiones deducidas en la demanda y su contestación- y, del otro, por los agravios desplegados en los recursos que deben resolver” (SCBA, Ac. 90299, sent. del 24/05/2006; SCBA, C 99848, sent. del 11/11/2009).
6. Existen distintos encuadres posibles para el reclamo de los daños y perjuicios con sustento en la tramitación de una causa penal. Así, se ha accionado por el gravamen provocado al disponer medidas privativas de la libertad, por la prolongación o duración excesiva del proceso o por retardo de justicia.
Llegado a este punto, he de destacar que si bien comparto con la demandada recurrente -como lo desarrollé en el apartado anterior de este voto- la crítica al fallo en cuanto a que éste abordó la temática únicamente desde la perspectiva del error judicial, lo cierto es que -por los fundamentos que paso a exponer- comparto el resultado condenatorio al que llegó la sentencia atacada.
Ello basado en la prolongación de la privación de la libertad mediante la prisión preventiva.
Cabe recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre que no corresponde responsabilizar al Estado por la actuación legítima de los órganos judiciales. “Los daños que pueden resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, en la medida en que no deriven de un ejercicio irregular del servicio prestado, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia” (Fallos: 321:1712; confr. causa P.209.XXXII "Porreca, Héctor c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", del 19/12/2000; esta Sala con anterior integración en causas 108.946, sent. del 24/04/2008, RSD 62/2008; 112.355, sent. del 24/06/2010; esta Cámara 2da., Sala 3era., causa 113.546, sent. del 15/09/2011, RSD 87/2011; e.o.).
Sin embargo, consideró procedente el resarcimiento cuando durante el trámite de un proceso la actuación irregular de la autoridad judicial determinó la prolongación indebida de la prisión preventiva efectiva del procesado y ello le produjo graves daños que guardaban relación de causalidad directa e inmediata con aquella falta de servicio (Fallos: 322:2683; conf. esta Sala causa 123592, sent. del 16/10/2018).
Señaló también en esa oportunidad que "para denegar la libertad provisional a un procesado aún no condenado, no bastan las fórmulas genéricas ni la sola referencia a la imposibilidad de gozar de una eventual condenación condicional, a la gravedad del delito imputado o a las características personales del procesado, sino que a fin de que la prolongación de la detención sea razonable, es necesario que los jueces penales precisen las diversas circunstancias
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.