Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 133726
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución de fecha 16/12/2022. Las costas de Alzada se imponen por su orden atento al modo en que se resuelve y la falta de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 69, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N°133726; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº10 - LA PLATA
SOSA ENRIQUE ANTONIO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ.RESP. ESTADO (EJERC.PROF. FUNCIONARIOS)
La Plata, 9 de marzo de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de tratar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 19/12/2022, contra la resolución de fecha 16/12/2022. El medio de impugnación se concedió el mismo 19/12/2022 y se presentó el memorial de agravios el 22/12/2022, hallándose la causa en estado de resolver.
2. La señora jueza de grado se declaró incompetente para entender en la causa, disponiendo que -firme el decisorio- se remitiera la misma a la Receptoría General de Expedientes a los fines que se sortee al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Departamental, ello con fundamento en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -SCBA- en causa Ac. 76.853, sent. del 12/05/2021, entre otros precedentes y normativa que cita (ver decisorio atacado del 16/12/2022).
3. En ajustada síntesis, se duele el accionante por entender que los hechos base del reclamo articulado en la demanda de ningún modo caen dentro de las denominadas “funciones administrativas” del Estado ni tampoco del “error judicial”, refiriendo en apoyo de su postura antecedentes jurisprudenciales y citas doctrinarias, además de argumentar en torno a las razones por las que correspondería entender en las presentes actuaciones al fuero en lo civil y comercial.
Expresa que en esta causa solicita el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la "falta de servicio" del Poder Judicial, pues se trata de la aplicación de una "medida cautelar" privativa de libertad que ha superado el tiempo razonable.
Denuncia absurdo en la interpretación de los hechos y arbitraria aplicación de la ley para declinar la competencia.
Sostiene que el fallo se basó en preceptos legales y jurisprudenciales que no se corresponden con la naturaleza del reclamo articulado y la responsabilidad estatal endilgada, ya que -asevera- no se trata de un caso aprehendido por la materia contencioso administrativa.
Alega en torno a la interpretación de las leyes y cita fallos al respecto.
Afirma que la medida cautelar (prisión preventiva) es típica función jurisdiccional que nada tiene de administrativa; que no se trata de un "error judicial" en una condena firme a una pena privativa de la libertad y el condenado obtuviera una sentencia favorable a raíz de una acción de revisión, lo que constituye el presupuesto legal que la norma determinó expresamente para la competencia de los tribunales contencioso administrativa (art. 83 CCA); que la jueza de grado valoró absurdamente los hechos descritos en la demanda y los interpretó como una situación analogable a un supuesto de error judicial, pues en realidad se trata de una falta de servicio de justicia, de negligencia del Estado en su función jurisdiccional, en la que dictó una medida cautelar (no una sentencia condenatoria) y la mantuvo mucho más allá del plazo razonable.
Transcribe pasajes de la demanda a los fines de ilustrar los fundamentos por él expuestos en los capítulos IV (competencia) y VII (factor de atribución de responsabilidad) -donde especifica que no se trata de un supuesto de “error judicial” sino de “falta de servicio de justicia”-.
Insiste en que arbitrariamente se aplica la ley para un supuesto no regulado por ella y que cita jurisprudencia de cuyo análisis surge que no es analogable al caso particular (ver memorial del 22/12/2022).
4. Abordando la tarea revisora, cuadra remarcar que en el reciente fallo del Cimero Tribunal dictado en causa B 76853 "W., L. E." con fecha 12/05/2021 (RSI-177-21) -acertadamente citado por la señora jueza de la instancia anterior en el pronunciamiento apelado-, por el voto de la mayoría (integrada por los doctores Soria, Pettigiani y Torres, con la adhesión también del doctor Genoud), se resolvió -realizando un previo replanteo del enfoque de la cuestión- que en tanto “...se busca hacer efectiva la responsabilidad del Estado por el alegado obrar disfuncional de órganos jurisdiccionales, corresponde declarar que la litis pertenece a la competencia contencioso administrativa (arts. 166, in fine, Const. prov; 1, 12 inc. 3, y, fundamentalmente, 2 inc. 4, CCA)...”.
Para así fallar, luego de dejar establecido que la decisión de los litigios centrados en el denominado “error judicial” queda confiada a la justicia administrativa, hizo hincapié en que ”...el nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994) se ha inclinado por la doctrina publicista en lo que al instituto de la responsabilidad del Estado atañe (cfr. CSJN Fallos: 329:759)... [citando que] ...sus artículos 1764 a 1766 preceptuaron que: (i) las disposiciones sobre responsabilidad civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria; (ii) la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda y (iii) los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.
A su vez, agregó que “...Esta posición fue acompañada por el criterio sentado por este Tribunal, cuya jurisprudencia sistemáticamente resolvió contiendas de competencia a favor del fuero contencioso administrativo para conocer en pretensiones que, no obstante hallarse fundadas en normas de derecho privado, tenían por objeto un resarcimiento a cargo del Estado con sostén en la falta de servicio o en el alegado desempeño irregular de sus órganos (cfr. causas B. 73.750, “Villalta”, resol. de 2-IX-2015; B. 73.820, “Vargas”, resol. de 21-X-2015; B. 73.921, “Casella”, resol. de 22-XII-2015; B. 74.544, “Villanueva”, resol. de 7-VI-2017; B. 74.768, “De Almeida”, resol. de 28-VI-2017; B. 74.782, “Troche”, resol. de 12-VII-2017; B. 75.761, “Piedrabuena”, resol. de 13-III-2019 y B. 75.549, “Navarro”, resol. de 20-III-2019) ...”.
Para concluir que “...En semejante contexto, independientemente de cualquier distingo teórico en punto a la índole de la función estatal en que se origina el conflicto, tratándose de asuntos regidos por el derecho administrativo, los jueces que deben entender en ellos son aquellos a los cuales la Constitución de la Provincia les ha otorgado una jurisdicción exclusiva para dirimirlos en virtud de su especialización material (cfr. arts. 166 in fine, Const. prov. y 6, CCA; doctr. causas B. 75.663, "Morera", resol. de 23-XI-2020; B. 76.359, "Marino", resol. de 23-XII-2020 y B. 76.724, "A., A. E.", resol. de 1-III-2021) ...”.
Es decir, más allá del esfuerzo que trasunta la tesitura del apelante tendiente a sostener que su reclamo no se basa en un “error judicial” sino en una “falta de servicio”, ello -en la actualidad y conforme el último criterio de la Suprema Corte de Justicia provincial- no incide en la determinación del fuero competente, desde que al endilgarse responsabilidad al Estado por el alegado obrar disfuncional o desempeño irregular de órganos jurisdiccionales -compatible con la falta de servicio invocada-, de cualquier modo queda sellada la competencia de la justicia contencioso administrativa.
Dicha postura mayoritaria no resultó aislada, sino que configuró la resultante de diversos precedentes votados con anterioridad en el mismo sentido (conf. SCBA, causas B 76724 “A., A. E.”, RSI-42-21 del 01/03/2021; B 76359 “Marino” RSI-480-20 del 23/12/2020; B 76105 “L., B. N.”, RSI-481-20 del 23/12/2020; B 75902 “Rodriguez”, RSI-482-20 del 23/12/2020; B 75663 “Morera”, RSI-378-20 del 23/11/2020).
Consiguientemente y toda vez que se ha sostenido por la SCBA en las causas aludidas que en lo tocante al conocimiento y decisión de las pretensiones resarcitorias, los artículos 1, 2 inciso 4, 12 inciso 3, 50 inciso 6 y concordantes del Código vigente en la materia (ley 12.008, con sus reformas), han expandido el ámbito anterior de la jurisdicción contencioso administrativa, para abarcar toda la gama de casos relativos a la responsabilidad patrimonial de la Provincia así como de los restantes entes estatales y locales -por su actuar o su omitir, mediando una conducta lícita o por razón de su ilicitud-, es que la denunciada negligencia del Estado en su función jurisdiccional (que le atribuye el actor a raíz de haberse dictado una medida cautelar que se mantuvo mucho más allá del plazo razonable) recae en la órbita de competencia del fuero en lo contencioso administrativo departamental.
A mayor abundamiento, nótese que los votos de la doctora Kogan y del doctor de Lazzari, citados expresamente en el memorial de agravios por el actor apelante, en la causa B 75663 "Morera" (del 23/11/2020), fueron emitidos en minoría en las aludidas actuaciones, habiendo hecho mayoría el voto en sentido contrario de los doctores Soria, Pettigiani y Torres, con más la postura del doctor Genoud, quien varió su criterio anterior por los fundamentos allí indicados, motivado -entre otras circunstancias- por la necesidad de dirimir oportunamente las cuestiones de competencia como la aquí planteada y de sentar una doctrina sobre el punto, ya que los casos de responsabilidad patrimonial del Estado derivados del ejercicio de la función jurisdiccional habían sido resueltos de distinta manera, ello a fin de aventar la incertidumbre generada no sólo en los justiciables sino también en los órganos jurisdiccionales inferiores.
En virtud de todo lo anterior, la parcela de los agravios que hace referencia a un supuesto absurdo en la interpretación de los hechos y arbitraria aplicación de la ley para declinar la competencia queda así sin sustento fáctico ni jurídico alguno y, por ende, corresponde -atento las consideraciones precedentes- la confirmación del decisorio puesto en crisis (arts. 166, Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 2 inciso 4, 12 inciso 3, 50 inciso 6, de la ley 12.008 y modif.; 260, 266, 272, Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-).
POR ELLO, se confirma la apelada resolución de fecha 16/12/2022. Las costas de Alzada se imponen por su orden atento al modo en que se resuelve y la falta de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2023 07:18:39 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/03/2023 08:10:28 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 09/03/2023 08:28:39 hs. bajo el número RR-84-2023 por TARANTO HUGO DAMIAN.
Fin de la sentencia