Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134258
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso interpuesto y se confirma, en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, la sentencia apelada. Las costas se imponen a la actora en su condición de vencida.
YAN
En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de Agosto de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "GONZALEZ JOSE NESTOR C/ MUÑOZ DELFIN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. POR RESP. DEL ESTADO POR SUS AGENTES O FUNCION " (causa: 134258 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva de fecha 5/10/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones se dictó sentencia de primera instancia que: 1) Desestimó la excepción de prescripción opuesta por Delfín Muñoz; 2) Rechazó la demanda interpuesta contra la Provincia de Buenos Aires (Hipódromo de La Plata e Instituto Provincial de Lotería y Casinos) y Provincia Seguros S.A. como citada en garantía; 3) Hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por José Néstor González contra Delfín Muñoz, a quien condenó a pagar la suma total de $ 5.292.000, más intereses; y 5) Impuso las costas de la demanda desestimada conta la provincia de Bs. As. y la citada en garantía, a la actora en su condición de vencida; y las emergentes del rechazo de la excepción de prescripción y admisión de la demanda contra Delfin Muñoz a este último en su condición de perdidoso.
1.2. Apeló la actora, quien expresó agravios, los cuales fueron contestados.
1.3. Se llamaron autos para sentencia, providencia que está firme y consentida.
II. Los agravios. Su análisis.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el hecho dañoso ocurrió el durante la vigencia del Código Civil, la responsabilidad y obligación de resarcir el daño se rigen por la normativa vigente al momento del hecho, esto es el código precitado (arts. 3, 43, 505, 514, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1066, 1067, 1068, 1069, 1073, 1074, 1078, 1083, 1086, 1109, 1113 y cctes., Código Civil; 7, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
2.2. La actora cuestiona el rechazo de la demanda contra la Provincia de Buenos Aires, a través de agravios que analizados con un criterio amplio permiten superar el test de admisibilidad, sin perjuicio de su insuficiencia respecto de algunos temas puntuales (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
A tal fin, en lo sustancial, sostiene que
a) La Provincia de Buenos Aires al momento del hecho se encontraba a cargo de la administración del Hipódromo de La Plata y del Instituto Provincial de Loterías y Casinos y resulta la autoridad de aplicación de las normas que rigen la actividad hípica; y que es responsable por la agresión sufrida por el actor por considerar que responde a una “falta de servicio”.
Este argumento es insuficiente ya que el agresor no es un dependiente de la provincia demandada, ni está a cargo de la misma, ni existen elementos que puedan identificar la “falta de servicio” endilgada, para lo cual la existencia de lesiones es insuficiente, ya que la responsabilidad no es objetiva y en necesario que se pruebe la existencia de una relación causal suficiente (arts. 43, 901, 902, 903, 904, 905. 906, 1109 y 1113, Código Civil; 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
b) Por otra parte, considera que es el estado el que debe acreditar que prestó el servicio, lo cual no es correcto ya que -tal como se dijo- la responsabilidad de la provincia en este caso no es objetiva, sino subjetiva, donde el interesado debe probar la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar (arts. 43, 512, 902, 909, 1072, 1109, 1113 y cctes. Código Civil; 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
c) Dice que el hecho ilícito se produjo en el predio o inmueble en el cual se desarrolla una actividad hípica, y que en el caso de autos no había acceso al público sino a las personas vinculadas con entrenamiento y vareo de caballos.
Aquí, el recurrente pierde de vista que antes había dicho que la lesión se produjo en oportunidad que estaba vareando un caballo y por una persona que dijo ser cuidador de caballos de carrera (ver fs. 2 de la causa penal), esto es, que no es ajeno a la actividad, por lo que la queja sobre el ingreso de extraños al predio no es de recibo. Tampoco lo es la pretendida aplicación de la normativa que protege a los espectadores de los espectáculos deportivos y la responsabilidad objetiva de dimana de dicha norma.
No surge de autos cómo es que la demandada pudo impedir la agresión del demandado Delfín Muñoz, ni surge omisión de los empleados de seguridad en dicho sentido (arts. 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
Y si bien se acreditaron las lesiones, y que el agresor fue el Sr. Muñoz, el deber de seguridad del estado predicado en abstracto -que no se discute respecto de los espectadores y/o concurrentes a los espectáculos deportivos- resulta insuficiente, ya que no corresponde extenderlo a todas las actividades desplegadas como para inferir que la mera existencia de una lesión de un vareador, por un tercero ajeno, importa una falta de servicio (arts. 43, 512, 901, 902, 903, 904, 905, 909, 1072, 1109, 1113 y cctes. Código Civil; 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.). En este sentido el recurrente no logra demostrar una relación causal suficiente (arts. 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
c) Expresa que hubo omisión del deber de seguridad con base en que para ingresar al Hipódromo se debe pasar un control en el cual se procede a identificar a las personas y revisarlas para que no porten armas de fuego, blancas u objetos de agresión, lo cual pierde de vista que el agresor era una persona vinculada a la actividad -la que lleva a suponer que no hubo una falta en el ingreso-, que utilizó el cuchillo que da cuenta la fotografía de fs. 33 de la causa penal y cuya presencia en el lugar no es irrazonable ni constituye un elemento que -más allá de su innegable peligrosidad- es extraño para quienes pasan gran parte del día allí, ya que por sus características suele tener un uso doméstico. Tampoco sirve el argumento de que la provincia es dueña y/o guardián del predio donde ocurrió la agresión, ya que no se observa relación causal suficiente (arts. 43, 512, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 909, 1072, 1109, 1113 y cctes. Código Civil; 1, 2 y 3, C.C.C.N.; 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
Entonces, lo firmado en orden al ejercicio de un deficiente poder de policía o “culpa in vigilando” cae en el vacío, y no sirve para esgrimir una omisión en el deber de vigilancia de la provincia demandada (arts. 43, 901, 902, 903, 904, 905, 906 y 1109, Código Civil; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
d) Por ello no se observa contradicción alguna en la jurisprudencia citada por el sentenciante de origen, ni existen elementos que permitan considerar que el Sr. Muñoz no es un tercero por quien no deba responder la provincia demandada (arts. 43, 1109 y 1113, Código Civil; 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
e) Cuando el recurrente dice que la resolución del “a quo” adolece de gravísimos defectos interpretativos, no completa dicha afirmación trayendo argumentos ni elementos probatorios de peso que permitan sustentarla, por lo que la crítica ensayada en insuficiente en ese punto (arts. 163, 164, 385 y 384, C.P.C.C.).
Tampoco la jurisprudencia invocada permite extender la responsabilidad al Estado provincial.
f) Es importante destacar que no se ha probado en qué circunstancias ocurrieron las lesiones, ya que si bien el actor dijo que fue agredido por el Sr. Muñoz cuando variaba un caballo, lo cierto es que no se ha probado que ello ocurriera durante tal circunstancia (u otra). Sólo se sabe que ocurrió en el hipódromo, lo cual es insuficiente para responsabilizar al Hipódromo y/o a la Provincia. La ausencia de una relación causal adecuada hace que los agravios de la actora sean insuficientes, ya que se desentienden de los fundamentos del fallo apelado (arts. 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.).
g) Lo antedicho denota la inexistencia de las múltiples irregularidades que denuncia el actor, lo cual lleva a confirmar lo resuelto en orden a la ausencia de responsabilidad sobre la demandada Provincia de Buenos Aires en calidad de propietaria, administradora y explotadora del Hipódromo de La Plata.
Cuando el recurrente cita la doctrina sentada en el caso “Vadell”, pierde de vista que en dicha causa se dijo que “Todo aquel que cumple con la obligación de prestar un servicio de índole público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular. Ello encuentra su fundamento en el art. 1112 del Código Civil que alude a los funcionarios públicos que no cumplen sino de una manera irregular las funciones que le son impuestas legalmente” (CSN, "Vadell, Jorge Fernando c/Buenos Aires, Provincia de s/Daños”, del 8/12/84), lo cual no se aplica en el caso de autos.
Por ello, el recurso interpuesto por la actora no puede prosperar en esta parcela (arts. 163, 164, 260, 261, 330. 354, 375 y 384, C.P.C.C.; 3, 901 y siguientes y 1113, Código Civil).
Si por las consideraciones anteriores no se justifica responsabilizar a la Provincia o al Hipódromo, el alcance del seguro que ésta pueda haber contratado carece de relevancia, lo que diluye los agravios de la demandada en orden a que se debió contratar un seguro más amplio que el contratado (arts. 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.).
2.3. En función de ello, se desestiman los agravios vertidos y se confirma, en cuanto ha sido motivo de recurso y agravios, la sentencia apelada (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Atento el acuerdo logrado, corresponde confirmar la sentencia apelada, en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de segunda instancia se impongan a la actora en su condición de vencida (arts. 68 y 384, C.P.C.C.).
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se rechaza el recurso interpuesto y se confirma, en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, la sentencia apelada. Las costas se imponen a la actora en su condición de vencida. REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia