Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65983
Causa nº: 2-65983-2020
"I. A. S. C/ CLINICA Y MATERNIDAD MARIA AUXILIADORA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. RESP. PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los treinta y un días del mes de marzo de Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, encontrándose en uso de licencia el Dr. Jorge Mario Galdós (arts. 47 y 48 Ley 5827) con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “I. A. S. c/ Clínica y Maternidad María Auxiliadora y otro/a s/ Daños y perjuicios. Resp. Profesional” (Excluido Estado) (causa n° 65.983), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Peralta Reyes, Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª- ¿Son procedentes los recursos de apelación planteados contra la sentencia definitiva dictada el 12/03/2020?
2ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I. La sentencia definitiva de la anterior instancia, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios por mala praxis médica que interpuso A. S. I. contra el médico anestesiólogo Dr. Jorge Horacio Capilla y la Clínica y Maternidad Privada María Auxiliadora S.A., ordenando que se reparen los daños por aquél invocados, producto de las secuelas incapacitantes derivadas de la anestesia raquídea que se le aplicó previo a ser intervenido quirúrgicamente el día 20/12/14 , para la extracción de un cálculo renal enclavado a nivel del uréter distal.
Relató el accionante en su demanda (fs. 47/59) que tal intervención quirúrgica de urgencia obedeció a haberse detectado que en el riñón izquierdo poseía un lito óseo (cálculo) en descenso hacia la vejiga, y que al aplicársele la anestesia raquídea sintió un fuerte pinchazo, y un dolor agudo hasta la punta del pie derecho. Relató que luego de dos horas de la intervención se descompensó, le colocaron oxígeno y llamaron al médico de guardia, y que no sentía las piernas. Que pasó toda la noche sin poder levantarse y a la mañana siguiente llegó el urólogo Dr. Molina (quien lo había intervenido quirúrgicamente) y le dio el alta, indicándole que podía tardar unos días en sentirse mejor, retirándose en silla de ruedas y en una ambulancia hasta su hogar. Relató que el 22 de diciembre su médica de cabecera constató que no tenía ninguna sensibilidad en las piernas, glúteos y zona genital, recetándole vitaminas y calmantes, y que también concurrió el urólogo que le indicó que continúe con lo prescripto por su médica. Ese mismo día se comunicó telefónicamente con el anestesista demandado Dr. Capilla y le explicó lo sucedido desde la intervención, motivo por el cuál éste lo citó inmediatamente a la clínica y le indicó que continúe con la medicación recetada y que esperara unos días para ver como evolucionaba. Lentamente recuperó la sensibilidad, pero no tenía fuerza para levantarse, dejó la silla de ruedas y alquiló un andador para movilizarse; el que continúa utilizando. Refirió el accionante los numerosos estudios que se le efectuaron (resonancias de columna lumbar y dorsal, RMI col. toráxica, resonancia de cerebro, electromiograma, urodinamia, RMI col. dorsal y lumbar; ver fs. 49 vta. y 50), y explicó que el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constató una lesión medular ASIA D, secuela de anestesia raquídea NSM s1, con vejiga e intestino neurogénico (causal de incontinencia). Refirió como daños físicos permanentes y sustanciales derivados de los hechos descriptos, la dificultad grave para deambular, impotencia sexual e incontinencia urinaria, sumado a las variadas consecuencias de índole patrimonial y extrapatrimonial de ellos derivadas.
II. La sentencia apelada destacó que acorde la perito médica Dra. Pizzella se trata de “un paciente portador de una lesión raquimedular crónica, en contexto de haber recibido anestesia raquídea ante un cuadro de cólico renal izquierdo con urolitiasis obstructiva, que requirió litotricia endoluminal de urgencia. (…) Se interpreta que el actor ha sufrido un accidente anestésico con un daño neurológico irreversible y permanente por síndrome de cola de caballo, con secuelas incapacitantes . Se trata de una complicación o efecto adverso poco frecuente con una incidencia baja, con una evolución poco predecible, pudiendo revertir espontáneamente en forma total o parcial en la mayoría de los casos, existiendo casos en los que el déficit neurológico es permanente. El diagnostico de esta entidad es clínico y su confirmación es imagenológica; el tratamiento debe ser instaurado en forma precoz, y se basa en la administración de corticoides y la fisioterapia intensa . En este caso ha sido tratado a varios días del evento y la rehabilitación fue retrasada”. Subrayó el decisorio que si bien acorde la perito “en el parte anestésico no se informa ninguna complicación, la misma pudo haber sido desapercibida al momento del acto quirúrgico, pero la misma ha sido bien manifestada por el paciente en el post-operatorio mediato cuando presenta en la habitación todas las manifestaciones clínicas bien descriptas. (…) el actor sale de la clínica sin condiciones de alta, en silla de ruedas. Es obvio que existía una complicación y que lamentablemente la evolución del paciente no había sido realmente favorable. El paciente en esas condiciones ameritaba ser evaluado con estudios diagnósticos previos al alta (TAC, RNM de columna urgente) con indicación de corticoide o terapia inmediata, no habiéndose debido otorgar su alta médica. ” Puso de relieve la sentencia que acorde acorde la experta, “el inicio del tratamiento ha sido tardío, debiendo haberse implementado urgentemente, al momento del inicio de los síntomas, en el post-operatorio y repito, previo al alta.” (el destacado es propio).
En ese marco, concluyó el decisorio apelado que si bien el síndrome de cola de caballo es una complicación o resultado adverso no querido, “lo que aquí ocurrió es que ante ésta situación el tratamiento debió ser instaurado en forma precoz, y se basa en la administración de corticoides y de fisioterapia intensa, cosa que no ocurrió, sino que el tratamiento fue suministrado por la médica clínica del actor. Recuérdese que el actor fue dado de alta al día siguiente de la operación, que lo hizo en silla de ruedas con la sintomatología alegada y sin tratamiento adecuado.”
En ese cuadro fáctico, recordó la sentencia que el art. 22 de la Ley 17.132 atribuye el control del acto anestésico al médico anestesista en todas sus fases (prequirúrgica, intraquirúrgica y posquirúrgica); y consideró que, conforme lo dicho, “aparece con claridad ausencia total de control post-quirúrgico, por parte del anestesista, o al menos éste no acreditó que no fuera así.”
Trajo a colación jurisprudencia y doctrina conforme la cual el anestesista se desempeña con autonomía científica y técnica, sin subordinación al cirujano, y, sobre esa base dogmática, estimó que “el actuar negligente por parte del Dr. Jorge Horacio Capilla (ausencia total de control post-quirúrgico), lo hacen responsable del daño que padece el actor.”
Asimismo, estimó responsable por incumplimiento del deber objetivo de seguridad a la Clínica María Auxiliadora S.A. donde se llevó a cabo el acto quirúrgico, en razón de que, conforme la jurisprudencia de la Suprema Corte que cita, si media culpa en el médico interviniente cabe responsabilizar al establecimiento asistencial con base en su obligación de seguridad. Finalmente, con argumentos que en su caso referiré al abordar los agravios de las partes respecto de los rubros indemnizatorios, condenó al anestesista, a la clínica accionada, y a la citada en garantía, a abonar al accionante la suma de $1.500.000 en concepto de incapacidad psicofísica, $500.000 en razón del daño moral y $300.000 por lucro cesante.
III. Contra la aludida decisión definitiva, plantearon recurso de apelación en tiempo y forma todas las partes.
1. El demandado Dr. Capilla y la citada en garantía , SMG Compañía Argentina de Seguros S.A., sostienen en sus idénticas expresiones de agravios del 7/10/2020, que ni los estudios de imágenes (resonancias de columna dorsal y lumbar, y cerebral) ni el electromiograma de miembros inferiores realizados al actor, son compatibles con una lesión o daño medular. Ello pues, argumentan, en todos los estudios por imágenes la médula espinal es de características normales y solo se evidencian cambios degenerativos y un angioma vertebral, lesiones que nada tienen que ver con el procedimiento anestésico realizado. Añaden que el certificado expedido por el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 26/04/2016, que indica que el paciente presenta una lesión medular ASIA D con neuropatía sensitivomotora S1, vejiga e intestino neurogénico, como secuela de la anestesia raquídea, es de más de un año después de la anestesia raquídea realizada por el Dr. Capilla, mientras que los estudios de imágenes y el electromiograma realizados al actor durante los primeros meses posteriores a la anestesia, no evidenciaron lesión medular alguna. Por ello, entienden que no puede asegurarse la relación de causalidad. Por otra parte, niegan que se haya verificado ausencia de control posquirúrgico y/o demora en la indicación del tratamiento, acorde a los síntomas que el actor presentada. Ello pues al momento del alta médica, que no fue dada por el Dr. Capilla sino por el médico urólogo, no se hizo mención alguna a un déficit motor ni a la pérdida del control de esfínteres, y la sintomatología presente en ese momento era compatible con una radiculopatía o con un síndrome de irritación transitoria, lesiones posibles en relación con la anestesia raquídea. Agregan que la afirmación de la perito de que el tratamiento con corticoides fue efectuado luego de una semana del hecho, contradice las constancias de la causa. Ello en tanto el actor fue dado de alta el 21 de diciembre, y el 22, ante la consulta sobre la continuación de la parestesia, se le indicó terapia con corticoides. Es decir, sostienen, no se demoró una semana como erróneamente se indica en la sentencia, sino solo un día. Reiteran que los síntomas a los cuales la perito atribuye mayor grado de incapacidad - disfunción de esfínteres, incontinencia urinaria y disfunción sexual- no fueron manifestados por el actor con posterioridad inmediata a la intervención, ni al momento del alta.
Esgrimen que conforme la pericia médica, el actor presentaba preexistencias que podrían ser las causas de la sintomatología indicada, como la hipertrofia prostática y los cólicos renales de larga data, desde los 28 años. La tomografía de abdomen, añaden, muestra divertículos en el intestino. Más aún, agregan, del resumen de historia clínica acompañada por el actor surge que la primera constancia de dichos síntomas, data del 30/06/2015, es decir casi 7 meses después de la operación, pues el actor continuó presentando episodios de cálculos renales y obstrucción de la vía urinaria, propio de su patología de base.
Subsidiariamente, se agravian de las sumas en que fueron cuantificados los rubros indemnizatorios, mediante argumentos que, en su caso, oportunamente referiré.
2. Por su parte, el accionante -en su expresión de agravios del 08/10/2020- así como la clínica demandada -en la suya del 09/10/2020-, cuestionan exclusivamente lo resuelto respecto de los rubros indemnizatorios, así es que aludiré a sus críticas en la instancia pertinente.
Corrido traslado de las expresiones de agravios, contestaron el demandado Capilla (escrito del 27/10/2020), la citada en garantía (por presentación de igual fecha) así como el accionante, con fecha 28/10/2020. Llamados los autos para sentencia por proveído del 26/11/20; firme esa providencia y practicado el sorteo de ley, se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
IV. 1. Anticipo que a mi criterio debe confirmarse el acogimiento de la acción resarcitoria efectuado en la sentencia apelada.
En primer término, cabe destacar que para valorar la responsabilidad médica aquí comprometida, resulta aplicable el Código Civil vigente al tiempo de los hechos (art. 7 CCCN), sin perjuicio del valor de doctrina interpretativa reconocido al actual Código Civil y Comercial (cf. esta Sala, causas n° 60474, "José, Claudio Fernando...”, del 10/03/16; nº 60346; “Di Tomaso, Graciela...”, del 10/05/16; n° 61694, “Denisio Soria, Nicolás Luciano...” , del 31/08/17; nº 63267, "LDC Argentina S.A….”, del 06/09/2018; nº 65.594, “Bazar Avenida c/ San Martín…”, del 06/08/20, entre otra tantas).
En materia de mala praxis médica, tiene sentado el Superior Tribunal provincial que “la responsabilidad profesional es aquélla en la que se incurre al faltar a los deberes especiales que la actividad impone y, por lo tanto, para su configuración juegan los elementos comunes a la responsabilidad civil en general. Ello quiere decir que cuando el médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta de ese modo a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (art. 512, C.C.)” (S.C.B.A., Ac. C 107.189, "Lamas, José Jorge Aguirre…”, del 21/3/2012; Ac. C 102.658, "C., A. I. contra Municipalidad de Merlo y otros…”, del 5/10/2011; Ac. C 117906, “Herrero Ducloux, María Inés y otros…”, del 26/03/2014, citados por esta Sala en la sent. única dictada el 09/10/14 en las causas 58009, "Ward Romina Vanesa c/ Cemeda S.A. ….”; nº 58010, "Ward Romina Vanesa c/ Neonatología Olavarría S.A….”; y nº 58011, "Ward Romina Vanesa c/ Goitía María Susana..”; en igual sentido, esta Sala causa n° 64112, “C. C. E. y otros c/ Sanatorio Azul S.A. y Otros...”, del 22/10/2020).
Tradicionalmente, como se refiere en la instancia anterior, se ha calificado la obligación del médico como una obligación de medios y no de resultado, sujeta a lo reglado por los artículos 512, 902 y 909 del Código Civil . Como lo destacó esta Sala en la recién citada causa n° 64.112, a la luz de las distintas hipótesis de prestación de un servicio que contiene el actual 774 CCCN (cuyo valor de doctrina interpretativa ya señalé), también hoy se considera que en la mayoría de los casos la prestación comprometida en el contrato de servicios médicos (art. 1252 CCCN) consiste en “realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito” (art. 774 inc. a CCCN). Por ello, se señala que la regla es que “ la obligación es de mera diligencia y el juzgamiento de la responsabilidad es en base a la culpa ” (Ricardo Luis Lorenzetti, Responsabilidad Civil de los Médicos, 2ª ed. act. y amp. con la colab. de Galdós Jorge M., Rubinzal Culzoni, Bs. As., 2016, T. II, pág. 54). Ello pese a que no se no se excluyen supuestos de responsabilidad medical objetiva (arts. 774 incs. b y c, y 1768 CCCN; ver Lorenzetti, ob. cit., Responsabilidad Civil de los Médicos, T. II, pág. 173).
En línea con lo anterior, el art. 104 del Código de Ética de la Confederación Médica de la República Argentina , prevé que “Todos los pacientes tienen derecho a una atención médica de calidad humana y científica. El médico tiene la responsabilidad de prestarla, cualquiera que sea la modalidad de su práctica profesional y se compromete a emplear los recursos de la ciencia médica de manera adecuada a su paciente, según el arte médico, los conocimientos científicos vigentes y las posibilidades a su alcance ” (el resaltado es propio).
En el marco de esa obligación asumida, “la regla es que en la medicina no sólo no hay garantía de eficacia, sino que está prohibido prometerla, porque se considera un acto ética y jurídicamente disvalioso (…) El propósito de curar que guía al médico tendrá mayor o menor éxito según el conjunto de elementos con que cuente para definir su curso de acción (…) debiendo computarse los progresos de la ciencia, la tecnología y su disponibilidad en el caso concreto (…) . ” (Lorenzetti, ob. cit., T. I, págs. 578 y 579; citado por esta Sala en la referida causa n° 64.112, sent. del 22/10/2020). “El médico compromete una obligación de hacer cuyo contenido varía en función de una serie de parámetros: la costumbre y el standard de conducta exigible; la ética; la ciencia médica; el compromiso asumido frente al paciente; la presencia de bienes como la vida y la salud; los recursos comprometidos en el caso y el margen de error. “ (Lorenzetti, ob. cit., T. II, págs. 72 y 73). Como se ha dicho también, “para evaluar la responsabilidad del profesional es necesario establecer el contenido y el alcance de la obligación comprometida. Ello permite: a) determinar el incumplimiento de la obligación (arts. 1716, 1750 y 1768, CCyC); b) fijar el factor de atribución subjetivo u objetivo, aplicable al caso (arts. 1721, 1722, 1723, 1724, y 1768, CCyC)” .
(esta Sala, causa cit. n° 64.112 con cita de Galdós Jorge Mario y Valicenti Ezequiel, “Responsabilidad de los profesionales liberales. Servicios y obras. Obligaciones de medios (mera diligencia) y de resultado (concreto o eficaz), en “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, Ricardo Luis Lorenzetti (Dir.), Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018, Tomo XII-C, pág. 134).
2. En lo que específicamente concierne a la especialidad del anestesiólogo, se ha dicho que “en ciertas actividades, como la del anestesiólogo (…) es imposible aplicar la teoría de las obligaciones de medio (…) sin antes determinar a qué etapa de la prestación nos estamos refiriendo. A guisa de ejemplo; si el médico no acude a la visita preanestésica y no obtiene el consentimiento informado del paciente (salvo en casos de urgencia, claro está) puede que incumpla una obligación de resultado, pues es deber del galeno la obtención del mismo, empero si aún obtenido el consentimiento, existe una lesión en el acto anestésico, no parecería adecuado manifestar que se incumplió con una obligación de resultado sino que habrá que indagar si los medios adecuados se correspondían con los fines propuestos, si existían riesgos y escudriñar en el adecuamiento o no a las reglas del arte.” (…) se afirma que cuando más accesibles sean los recursos técnicos para el común de los galenos y más completo sea el arsenal de conocimientos que posean las partes en el acto galénico habrá mayor accesibilidad del resultado y por ende más cerca se estará de la posibilidad de curación y de la obtención del resultado. Se debe estar entonces a la accesibilidad objetiva del resultado mediato para desentrañar la naturaleza del débito profesional. Va de suyo que en esta accesibilidad del resultado el alea juega un papel fundamental. Esta tarea en cuanto investigación de una conducta en particular nunca podrá efectuarse apriorísticamente (…) sino en el caso concreto. (…) Y es en este punto donde recobra interés los caracteres (…) de la practica anestésica; en tanto es un acto complejo y extraordinario la accesibilidad del buen resultado no es tan cercana, es decir, la presencia de un fuerte alea en esa práctica es un rasgo tipificante y con ello, aparece como justo calificar a esta obligación (…) de medios y no de resultado .” (Milton Hernán Kees, La responsabilidad del médico anestesista , Revista Jurídica de Daños, 06-04-2015, IJ-LXXVI-447, puede consultarse en www.pensamientocivil.com.ar; con cita de Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los contratos; en igual sentido, Eugenio Llamas Pombo, Responsabilidad civil del anestesiólogo , en Revista de Derecho de Daños, Dirs. J
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