Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 67145
Causa nº: 2-67145-2021
"P., C. N. C/ MANCINI, JUAN CARLOS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) (54) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los cuatro días del mes de noviembre de Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes , con la presencia del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “P., C. N. c/ Mancini Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios. Resp. Profesional” (causa n° 67.145) , habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1 ª- ¿Son procedentes los recursos de apelación planteados contra la sentencia definitiva dictada del 9/11/2020?
2 ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. C. N. P. interpuso demanda de daños y perjuicios por mala praxis contra los médicos Juan Carlos Mancini, Pablo Javier Lenarduzzi y Miguel Ángel Maisano, y la Obra Social de la Unión de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (OSUTHGRA), en concepto de los daños derivados de tres intervenciones quirúrgicas a las que se vio sometida tras un inicial diagnóstico de prolapso genital e incontinencia de orina al esfuerzo ; intervenciones que culminaron en la pérdida de su riñón derecho . La sentencia apelada hizo lugar a la demanda respecto de los accionados Mancini, Lenarduzzi y OSUTHGRA, y la rechazó respecto de Maisano. Rechazó asimismo la citación como tercero responsable de la Agremiación Médica de Tandil, y, en suma, ordenó a los condenados abonar a la actora una indemnización total de $1.980.000 más intereses .
En lo tocante a los hechos, relató la accionante en su demanda (fs. 99/135 vta.), que tras la imposibilidad de retener orina ante algún esfuerzo y padecer fuertes dolores al mantener relaciones sexuales, consultó al Dr. Mancini, quien le diagnosticó incontinencia urinaria al esfuerzo (en adelante I.U.E.), y le propuso someterse a una intervención quirúrgica que, según le informó, sería sencilla, sin ningún riesgo en particular, y con un posoperatorio de 24/48 hs. Refirió que en ningún momento fue sometida por el Dr. Mancini a estudios de diagnóstico, ni se requirió, a ese momento, su evaluación por un especialista en uroginecología. Narró que el 27/5/09 , tras un diagnóstico al ingreso según historia clínica de prolapso genital e I.U.E , se le practicó la Cirugía de Burch en la Nueva Clínica Chacabuco de Tandil, con el Dr. Mancini como cirujano principal y el Dr. Maisano como 1er ayudante . Relató que en la historia clínica no hay constancia de que durante esa primera intervención se haya constatado la indemnidad de los uréteres; ni se haya practicado una cistoscopia intraoperatoria, para descartar lesiones en la vejiga y determinar la permeabilidad ureteral. Tras detallar los distintos partes de enfermería y del Dr. Mancini durante los siete días de internación (desde el 27/5/09 al 2/6/09, pese a que la internación posoperatoria ordinaria es de 24/48 hs), puso de relieve que durante esos días, se le colocaba y se le sacaba la sonda vesical en reiteradas ocasiones, sin ser siempre evaluada en persona por el Dr. Mancini, el que reiteradamente daba indicaciones por teléfono. Agregó que nunca se realizó una interconsulta con especialistas en la materia, para que evaluaran la posible existencia de complicaciones postoperatorias, y que luego de la intervención no se le realizaron más estudios que una ecografía ginecológica y un urocultivo, no evaluándose la función renal mediante ecografía, laboratorio, tomografía computada etc. Relató que el alta tras la primera intervención, se le otorgó cuando aún orinaba con dificultad, estaba imposibilitada de mantenerse en pie por más de quince minutos, y tenía un fuerte dolor lumbar.
Agregó que a los quince días de la primera intervención , ante un malestar generalizado con altos niveles febriles, consultó telefónicamente al Dr. Mancini quien la convocó al consultorio, y el 12/6/09 le indicó la realización de una ecografía. Luego, el 16/6/09 le indicó la realización de una tomografía computada, y al día siguiente, a los pocos minutos de habérsela realizado, recibió un llamado del Dr. Mancini para que concurra urgente a su consultorio, comunicándole allí el mencionado que debía internarse urgente pues se había detectado una obstrucción . Así entonces, al día siguiente (18/6/09) se la internó otra vez en la Nueva Clínica Chacabuco, y se presentaron el Dr. Mancini acompañado por el Dr. Pablo Lenarduzzi , indicándole éste que era conveniente realizar una nefrostomía, pues era probable que producto de una obstrucción existieran pérdidas de orina hacia el interior del organismo. Así, el 19/6/09 se le practica la nefrostomía, que consiste en colocar un catéter para lograr el drenaje del riñón obstruido hacia el exterior. Narró que el día 22/06/09 , el Dr. Lenarduzzi le indicó nefrostograma, visualizándose stop a nivel de uréter distal derecho, por lo que se indicó exploración abdominal para el 23/06 por diagnóstico preoperatorio de obstrucción uréter distal (diagnóstico luego confirmado en la intervención). Agregó que el 23/06/09 el Dr. Lenarduzzi le informó la necesidad de una nueva cirugía, atento encontrarse el uréter acodado por un punto y ser necesaria su liberación. Así es que el mismo día, se realizó por el Dr. Lenarduzzi (con el Dr. Mancini como 1er ayudante) la segunda intervención quirúrgica (una laparotomía exploradora cf. fs. 177) , consignándose en el parte quirúrgico que “se identifican puntos de operación de Burch en ligamen de Cooper derecho y se extraen los mismos” . Tras una buena evolución, el 26/06 se le retiró la sonda vesical y se le dió el alta médica con antibióticos y con una nefrostomía, sin indicársele los cuidados específicos que ello requería.
Relató luego la accionante que al cabo de más de cuatro meses de tener colocado el catéter de nefrostomía, el 15/10/09 se internó de urgencia nuevamente por indicación del Dr. Lennarduzzi, con diagnóstico de infección urinaria complicada. Luego de relatar los avatares presentados para controlar la infección, refirió la accionante que el 1/11/09 el Dr. Lenarduzzi le manifestó que se le debía realizar otra operación para exploración abdominal por diagnóstico de estenosis pielo-ureteral, para solucionar el problema del catéter. Así, al otro día, el 2/11/09 , se le practicó la tercer intervención quirúrgica , por el Dr. Lennarduzzi con el Dr. Gorini como 1er ayudante, detectándose un “ importante proceso fibrótico a nivel del hilio renal”, producto del cual se le practicó una nefrectomía (extirpación) del riñón derecho, de la que recién tomó conocimiento a los tres días. El 6/11/09 se le otorgó el alta.
En síntesis, la accionante sostuvo que en la primer intervención se produjo la lesión (acodamiento) del uréter , lo que atribuyó a la negligencia del Dr. Mancini que no efectuó estudios previos o intraoperatorios para apreciar la ubicación de los uréteres y evitar lesiones. Cuestionó el recurso a la técnica de Burch empleada en la primer intervención quirúrgica, y concluyó que luego de producida la lesión intraoperatoria ella no fue detectada inmediatamente, omitiéndose culposamente el recurso a técnicas y medios de diagnóstico existentes al efecto. Sostuvo que si el Dr. Mancini hubiera detectado a tiempo la obstrucción en el uréter provocada por un punto, ella no hubiera tenido las graves consecuencias del caso.
En relación con la segunda intervención, entendió que el alta también le fue dada prematuramente, pues la colocación del catéter de nefrostomía es un tratamiento meramente paliativo, y no se controló su evolución y buscó un tratamiento definitivo. El catéter, refirió, permaneció en su cuerpo durante cuatro meses, finalizando con la previsible extirpación de su riñón derecho. Incluso, señaló más adelante la Sra. P., tras las numerosas intervenciones descriptas, hoy cuenta con un riñón menos, cicatrices en su cuerpo, una depresión grave y la misma incontinencia de esfuerzo que antes . En punto a los daños, reclamó la suma de $151.266,35 en concepto de la incapacidad física del 50% estimada por la pérdida de un riñón; $50.000 por daño psicológico; $28.800 por gastos futuros en tratamiento psicológico; $20.000 por gastos médicos futuros, y $300.000 por daño moral.
II. La sentencia apelada , luego de referir las bases dogmáticas del caso y los antecedentes fácticos emergentes de la historia clínica, destacó que el empleo de la técnica de Burch en la primer intervención no es susceptible de generar responsabilidad per se , pues, a diferencia de lo pretendido por la actora , es una técnica aceptada en la materia (acorde el informe pericial del médico urólogo Arroyo, fs. 874; y el informe del perito ginecólogo Amestoy, fs. 975/979). Sin embargo, advirtió en la actuación de los Dres. Mancini y Lenarduzzi “sucesivos incumplimientos de sus deberes asistenciales” , que demuestran que los daños sufridos por la actora obedecieron a su impericia y negligencia. Ello en razón no sólo de que la actora continúa con incontinencia urinaria (cf. pericia médica a fs. 876, punto 43), sino que sufrió la extirpación de su riñón derecho sin presentar patologías renales previas.
En punto a las obligaciones incumplidas por los galenos, concluyó que el Dr. Mancini no otorgó a la actora información sanitaria por escrito en relación con la incontinencia de orina al esfuerzo y el tratamiento prescripto, impidiéndole informarse adecuadamente (máxime cuando la accionante padecía también cistocele leve, rectocele cicatrizal de segundo grado e histerocele leve), y realizar interconsultas en punto a otros tratamientos alternativos a la técnica de Burch, como el abordaje vaginal por cinta mediouretral. Entendió que tal incumplimiento importa una fuerte presunción en contra del mencionado. Recordó la obligatoriedad del consentimiento informado al que alude el art. 5 de la Ley 26.529, y en relación con el actuar imputable al Dr. Mancini, añadió que la obstrucción ureteral fue provocada por su propio error quirúrgico y luego fue tardíamente detectada. Consideró tal extremo acreditado en virtud de la vaguedad de las explicaciones brindadas por el mencionado al contestar demanda (a fs. 504), y de la falta de claridad de la historia clínica al respecto, en incumplimiento del art. 15 inc. f de la Ley 26.529. Por otra parte, ponderando la alegación del Dr. Mancini de que la obstrucción del uréter es una complicación de las posibles en el tipo de cirugía y que en el caso se debió a que los órganos prolapsados producen modificaciones en la anatomía (llamadas “cambio de domicilio de órganos”), entendió que ello debió ser especialmente considerado por el médico, quien en vez de esperar a la curación de la infección urinaria, debió descartar cualquier otra complicación, realizando los estudios necesarios.
Por su parte, en relación con el demandado Lenarduzzi , destacó que los consentimientos informados cuyas copias obran a fs. 360 y 363 –desconocidos por la accionante- no abastecen mínimamente los recaudos del art. 5 de la Ley 26.529, pues son formularios preimpresos con una autorización genérica, y una referencia manuscrita al pie de la práctica a realizar, sin aclaración alguna que permita su comprensión por el lego. Valoró además como presunción contraria al demandado Lenarduzzi, el hecho de que en su contestación de demanda no haya brindado acabada explicación respecto de las causas de la obstrucción ureteral, limitándose a transcribir la historia clínica. Tuvo en cuenta también que desde la intervención del mencionado en el tratamiento de la actora, la salud de ésta sólo empeoró, sin que el mencionado haya demostrado que ello sucedió pese a su obrar diligente, o, desde otra perspectiva, que ello no obedeció a su obrar negligente.
Seguidamente, el decisorio rechazó la demanda incoada contra Miguel Maisano; consideró responsable a la obra social demandada OSUTHGRA con sustento en la obligación tácita de seguridad; y rechazó la citación como tercero responsable de la Agremiación Médica de Tandil (formulada por la antedicha obra social); todo lo cual llega consentido a esta instancia. Así, con argumentos que en su caso referiré al abordar los agravios relativos a los rubros indemnizatorios, condenó a los accionados Mancini, Lenarduzzi y OSUTHGRA a abonar a la actora una indemnización total de $1.980.000 ($800.000 por incapacidad física, $300.000 por daño psíquico, $80.000 por gastos médicos futuros y $800.000 por daño moral), más intereses a una tasa pura del 6% anual hasta la fecha del decisorio, y de allí en adelante, en caso de mora en el pago, a la tasa pasiva digital del Banco Provincia, en cuanto tasa pasiva más alta. Las costas se impusieron a los demandados Mancini, Lenarduzzi y O.S.H.U.T.G.R.A., en su carácter de vencidos, a excepción de las correspondientes a la demanda rechazada contra Maisano que se impusieron a la actora, y las correspondientes a la citación del tercero rechazada, que se impusieron a la codemandada citante.
III. Contra la aludida decisión definitiva, plantearon recurso de apelación los condenados Mancini y Lennarduzi (escrito del 18/11/2020), y la accionante (por escrito del 14/12/2020).
1. En su expresión de agravios del 3/6/2021, el Sr. Mancini sostiene que la decisión recurrida no fundamenta adecuadamente la responsabilidad a él atribuida. Esgrime que si bien el consentimiento informado es un derecho del paciente para su adecuada y libre determinación, su eventual incumplimiento no acarrea, sin más, responsabilidad por mala praxis. Entiende que la sentencia omite precisar cuál fue la acción o conducta reprochada, y referir el vínculo de causalidad con los daños. Añade que la sentencia ha prescindido y valorado arbitrariamente la prueba reunida en autos, pues la pericia ginecológica del 12/2/2020 llevada a cabo por el ginecólogo Dr. Juan Santiago Amestoy, refirió, en lo que importa al hilo argumental del recurso, que las causales posoperatorias de una obstrucción ureteral pueden ser varias, como el cambio de la anatomía pelviana por el prolapso; procesos inflamatorios vinculados a infecciones urinarias recurrentes o a infecciones del tracto genital; adherencias y fibrosis del post operatorio; todas hipótesis que pueden generar alteración en el trayecto de la vía urinaria, y que, sostiene más adelante, no son atribuibles a una acción u omisión de su parte. Agrega que acorde el citado galeno, en el posoperatorio no era posible definir la causa de la obstrucción, dado que la paciente presentaba diuresis positiva (por el riñón y uréter contralateral con correcto funcionamiento); y que, además, el prolapso, que altera la anatomía del uréter distal, y los procesos inflamatorios recurrentes por infecciones urinarias, dificultan el diagnóstico temprano. Destaca que el citado experto también refirió que no siempre es tan sencillo en una pelvis distorsionada por prolapso, definir la causa de la obstrucción ureteral ni la zona de acodamiento. Refiere que la sentencia apelada no define adecuadamente cuáles son las probanzas que ha considerado para atribuirle responsabilidad, y que sólo se funda en una presunción extraída de la existencia de una obstrucción ureteral y de la falta de consentimiento informado. Argumenta que resulta inaudito que la sentenciante se fundamente en la aparición de una complicación propia del tratamiento, así como en la falta de una formalidad que no hace al tratamiento brindado. Subsidiariamente, se agravia de las sumas en que fueron cuantificados los rubros indemnizatorios, mediante argumentos que, en su caso, oportunamente referiré.
2. Por su parte, el condenado Lenarduzzi también esgrime en su expresión de agravios del 3/6/2020 , que la decisión apelada no fundamenta suficientemente la responsabilidad a él endilgada. Estima que no sólo que los consentimientos informados acompañados en autos son válidos –a diferencia de lo entendido por la sentenciante-, sino que además, el hecho de que se considere que no cumplen todas las formalidades exigibles, no es argumento suficiente para determinar la existencia de mala praxis. Agrega que la actora no refirió no haber sido informada de los procedimientos que iban a practicársele; y que la sentencia no determinó cuál es la conducta reprochada a su parte, en qué consiste la mala praxis, y cuál es el vínculo de causalidad con los daños sufridos por la accionante. Agrega, en iguales términos que el Sr. Mancini, que la sentencia ha prescindido y valorado arbitrariamente la prueba reunida en autos, y se remite a las afirmaciones del perito Amestoy, en relación con las posibles causales posoperatorias de una obstrucción ureteral, y las dificultades que se presentaron en el caso para determinar la causa de la obstrucción y efectuar un diagnóstico temprano. Subsidiariamente, se agravia por excesivas de las sumas en que fueron cuantificados los rubros indemnizatorios admitidos, mediante argumentos que, en su caso, oportunamente referiré.
3. A su turno, por presentación del 1/06/21, la accionante critica por insuficiente la suma de $800.000 en que se cuantificó la reparación por incapacidad sobreviniente, con fundamentos que eventualmente también aludiré en la instancia oportuna.
Corrido traslado de las expresiones de agravios, contestó la actora por escrito del 24/6/2021. Llamados los autos para sentencia por proveído del 15/07/2021; firme esa providencia y practicado el sorteo de ley, se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
IV. En primer término, cabe destacar que para valorar la responsabilidad médica aquí comprometida, resulta aplicable el Código Civil vigente al tiempo de los hechos (art. 7 CCCN), sin perjuicio del valor de doctrina interpretativa reconocido al actual Código Civil y Comercial (cf. esta Sala, causas n° 60474, "José, Claudio Fernando...”, del 10/03/16; nº 60346; “Di Tomaso, Graciela...”, del 10/05/16; n° 61694, “Denisio Soria, Nicolás Luciano...” , del 31/08/17; nº 63267, "LDC Argentina S.A….”, del 06/09/2018; nº 65.594, “Bazar Avenida c/ San Martín…”, del 06/08/20, entre otra tantas).
Asimismo, recuerdo que en materia de mala praxis médica, tiene sentado el Superior Tribunal provincial que “la responsabilidad profesional es aquélla en la que se incurre al faltar a los deberes especiales que la actividad impone y, por lo tanto, para su configuración juegan los elementos comunes a la responsabilidad civil en general. Ello quiere decir que cuando el médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta de ese modo a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (art. 512, C.C.)” (S.C.B.A., Ac. C 107.189, "Lamas, José Jorge Aguirre…”, del 21/3/2012; Ac. C 102.658, "C., A. I. contra Municipalidad de Merlo y otros…”, del 5/10/2011; Ac. C 117906, “Herrero Ducloux, María Inés y otros…”, del 26/03/2014, citados por esta Sala en la sent. única dictada el 09/10/14 en las causas 58009, "Ward Romina Vanesa c/ Cemeda S.A. ….”; nº 58010, "Ward Romina Vanesa c/ Neonatología Olavarría S.A….”; y nº 58011, "Ward Romina Vanesa c/ Goitía María Susana..”; en igual sentido, esta Sala causa n° 64112, “C. C. E. y otros c/ Sanatorio Azul S.A. y Otros...”, del 22/10/2020; n° 65.983 “I., A. S....”, del 31/03/2021).
Tradicionalmente, como se refiere en la instancia anterior, se ha calificado la obligación del médico como una obligación de medios y no de resultado, sujeta a l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.