Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 7404 2021
Obligación tácita de seguridad – Deficiente prestación del servicio médico independientemente de la falta de mala praxis del médico demandado – principio de congruencia
Expte. n°: JU-7404-2021 T., R. A. C/ M., J. L. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)
En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-7404-2021 caratulada: "T., R. A. C/ M., J. L. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I. En fecha 12/8/2024, el Juez titular del juzgado de primera instancia n° 1, Dr. Fernando Horacio Castro Mitarotonda, dictó sentencia, por la que receptó la pretensión deducida por R. A. T. contra J. L. M. y "La Pequeña Familia S.A.", condenando a estos últimos a pagar a aquel, la suma de $ 6.240.000, comprensiva de las siguientes indemnizaciones: de $ 800.000 por gastos médicos, de $ 3.400.000 por incapacidad sobreviniente, de $ 240.000 por daño psicológico y de $ 1.800.000 por daño moral. Dispuso que todas estas sumas actualizadas en base al CER y al IPC, se le apliquen intereses al 6% anual. Hizo extensiva la condena a "TPC Compañía de Seguros S.A.", en la medida de la cobertura. Impuso las costas a la demandada, excepto las correspondientes a los desestimados reclamos indemnizatorios por los rubros lucro cesante y daño punitivo, que se las cargó al actor, y finalmente, difirió la regulación de honorarios profesionales.
De tal modo, el sentenciante de origen se expidió acerca de la pretensión encaminada a la indemnización de los daños que alegó haber padecido el accionante, a causa de la deficiente actuación profesional que le atribuyó al demandado, desplegada en la clínica de la persona jurídica codemandada.
II. Contra este pronunciamiento, interpusieron sendas apelaciones: en fecha 15/8/2024, J. L. M. y la Dra. María Clarisa Barri como apoderada de "La Pequeña Familia S.A."; en fecha 15/8/2024, el Dr. Santiago Andrés Ves Losada, en carácter de apoderado del actor; y en fecha 20/8/2024, la Dra. Natalia Rodríguez, en representación de la citada en garantía.
III. Concedidos libremente dichos recursos, el expediente fue remitido a esta Cámara, donde, previa radicación, la parte actora y la parte demandada adjuntaron las correspondientes expresiones de agravios, en fechas 7/11/2024 y 12/11/2024.
IV. En la primera de dichas presentaciones, los Dres. Santiago Andrés Ves Losada y Gustavo Armando Farina, en representación del actor, impugnaron: las indemnizaciones concedidas por incapacidad sobreviniente y daño moral, el rechazo del reclamo por daño punitivo, y la delimitación de la extensión de la condena a la citada en garantía.
V. En presentación de fecha 12/11/2024, el médico demandado y la persona jurídica codemandada, impugnaron: la condena que les fue impuesta, las indemnizaciones concedidas por incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos terapéuticos y de traslado; y el límite de cobertura establecido.
VI. En fecha 21/11/2024 se declaró desierta, por falta de fundamentación, la apelación de la citada en garantía, y simultáneamente se corrió traslado de las expresiones de agravios presentadas por las partes actora y demandada, quienes lo contestaron en fecha 28/11/2024, solicitando cada una la desestimación de la apelación de la otra; luego de lo cual, previa desestimación de la prueba documental ofrecida por la demandada, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a la presente causa en condiciones de resolver.
VII. En tal labor, paso al tratamiento de los distintos agravios.
A) Comienzo por el tratamiento de los agravios dirigidos por el médico y la persona jurídica codemandados, contra la responsabilidad que les fue atribuida.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante de origen, luego de encuadrar el presente caso en el régimen establecido en el artículo 1768 del Código Civil y Comercial, y previa valoración de las pruebas pericial médica y testimonial, tuvo por configurada la responsabilidad del médico demandado, haciendo hincapié en que quedó probado el daño sufrido por el actor, a causa de la existencia en su cuerpo, de un fragmento del tubo siliconado de drenaje quirúrgico, que, al romperse durante su extracción realizada 48 horas después de la cirugía de próstata, le quedó alojado en el espacio retro púbico.
Expuso que la existencia de ese cuerpo extraño en el organismo del actor, comporta un supuesto de culpa médica, ya que demuestra que ha existido descuido o negligencia en la práctica.
Sostuvo que la responsabilidad del demandado proviene de su actuación como jefe de cirugía, por no haber realizado correctamente su tarea de ejecución o supervisión, al no haber aplicado los conocimientos científicos propios de su especialidad, de acuerdo con las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, dado que quedó un objeto extraño en el cuerpo del paciente, como consecuencia de la práctica a la que fue sometido.
Asimismo, tuvo por configurada la responsabilidad de la persona jurídica codemandada, derivada de la violación del deber de seguridad a su cargo.
ii. Que el médico demandado impugnó la condena que le fue impuesta.
Dijo que el actor le imputó mala praxis culposa por acto propio, por haberle dejado, en la cirugía de próstata, un cuerpo extraño en su abdomen.
Continuó diciendo que, en ese marco litigioso planteado por el actor, la única materia respecto de la cual el órgano judicial estaba funcionalmente habilitado para dictar sentencia, es el acto propio culpable, consistente en el olvido del catéter en el cuerpo del actor, producido durante el acto quirúrgico.
Agregó que quedó demostrado que el catéter no fue extraído en el acto quirúrgico, sino dos días después, por un tercero ajeno; con lo cual, quedó demostrada la inexistencia del hecho material al que el actor le atribuyó la causación del daño; razón por la cual, la demanda debió ser rechazada.
Siguió argumentando que, sin embargo, el sentenciante, en una palmaria violación del principio de congruencia procesal, lo condenó por una razón absolutamente diferente a la planteada por el actor, considerando que el ejecutor material del olvido del catéter, estaba en relación de dependencia a su respecto.
Añadió que el sentenciante, en una decisión manifestamente extrapetita, aplicó un sistema de responsabilidad diferente, que no fue objeto de debate en este proceso.
Afirmó que no hubo autoría material de su parte, respecto al acto propio al que se le atribuye la causación del perjuicio reclamado, por lo que la pretensión debe rechazarse.
Expuso que, tal como surge claramente de la pericia médica, la rotura del catéter no se produjo durante el acto médico quirúrgico por él practicado, sino con posterioridad, en el postoperatorio, cuando se le retiraron al actor, los drenajes que le fueron puestos para drenar colecciones líquidas.
Sostuvo que quien extrajo el drenaje no bajo su dependencia, por lo que no puede condenárselo como jefe del equipo médico de urología de la clínica.
Manifestó que no quedó probado que él fuera el jefe de dicho servicio médico, pero aunque hipotéticamente lo hubiera sido, tampoco sería principal respecto del Dr. N., que era un médico residente y, como tal, con vínculo exclusivo con la clínica; por lo que, se trata de un tercero por el que no debe responder.
iii. Que la Dra. Barri impugnó la responsabilidad atribuida a su mandante "La Pequeña Familia S.A."
Dijo que, según los términos de la demanda, el hecho ejecutado por el Dr. M. generaría la responsabilidad refleja de la clínica, por incumplimiento de su obligación de garantía asumida respecto de la prestación diligente de dicho profesional.
Sostuvo que, por ello, para que surja la responsabilidad de la clínica, debe necesariamente haberse demandado y condenado al autor material del hecho generador del daño, es decir, debió haber existido incumplimiento del Dr. M., lo que no ocurrió.
b]1. Abordando el primero de dichos agravios, cabe señalar que del dictamen del perito médico Alberto Raúl Mac Donnell, surge que en fecha 12/12/2019, el actor fue operado de la próstata, por el médico demandado; intervención en la que se le colocó un tubo de drenaje quirúrgico, para evitar acumulación de sangre o líquido. Dicho tubo se extrajo 48 horas después de la cirugía, extracción en la que se produjo su rotura, quedando inadvertidamente un segmento del mismo, en el tejido celular retro púbico del actor. La rotura del tubo fue un incidente sobreviniente a su extracción, no advertido por el personal médico auxiliar o de enfermería que la realizaron (ver dictamen de fecha 8/3/2023).
De acuerdo a lo dictaminado por el perito médico, de cuyas conclusiones no encuentro motivo válido alguno para apartarme, por estar fundadas en los conocimientos propios de su incumbencia profesional, y además, no fueron impugnadas por ninguna de las partes (arts. 384 y 474 CPCC); tengo por probado que el demandado no dejó en el cuerpo del actor, un segmento del tubo de drenaje que debió haber sido retirado al finalizar la cirugía de próstata; sino que dicho tubo se rompió, al momento de su extracción practicada dos días después de dicha cirugía; rotura que no fue advertida por el profesional que se encargó de la extracción
La parte actora no atribuyó al médico demandado, la ejecución del acto de extracción del tubo de drenaje, ni tampoco quedó probado que el mismo hubiera realizado tal práctica.
Por el contrario, el asiento colocado en la historia clínica del actor en fecha 14/12/2019, del que surge, entre otras anotaciones, el retiro de los tubos de drenaje por bajo débito serohemático, fue firmado por el médico C. N.; rúbrica que hace presumir fundadamente que el mismo realizó tal extracción.
Tal presunción quedó corroborada con la declaración testimonial de dicho médico, quien dijo que él "...realizó el control postoperatorio, la curación de la herida y la extracción de los drenajes, a las 48 horas..." (ver audiencia videograbada de fecha 15/3/2023, el entrecomillado encierra dichos textuales").
Valorando, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, las mencionadas pruebas documental y testimonial, tengo por acreditado que la defectuosa extracción de los tubos de drenaje no fue realizada por el médico codemandado (arts. 384, 385 y 456 CPCC).
Como lógico corolario de lo expuesto precedentemente, emerge que se erige como un obstáculo insalvable para la configuración de la responsabilidad subjetiva del médico demandado, su falta de autoría (arts. 1721, 1724 y 1768 CCyC).
Es que, si el demandado no fue autor del acto lesivo, no puede asignársele la responsabilidad emergente del mismo.
Tampoco puede asignársele responsabilidad como jefe del equipo médico que trató al paciente.
En primer lugar, cabe señalar que el actor no le asignó ese rol al demandado, ni tampoco quedó probado que el mismo lo hubiera ejercido.
Es más, aun dando hipotéticamente por cierto que el demandado era el jefe del equipo médico que intervino en la cirugía de próstata, no podría tenerse automáticamente por demostrado que la dirección y control que tal rol le confiere, se hubiera extendido respecto de la extracción del tubo de drenaje, práctica realizada por el médico N. dos días después.
En consecuencia, por todo lo expuesto precedentemente, concluyo en que, receptando el agravio en tratamiento, corresponde modificar la sentencia apelada, y consiguientemente, desestimar la pretensión interpuesta por R. A. T. contra J. L. M. (arts. 1721, 1724 y 1768 CCyC; 163 inc. 6º, 384 y 474 CPCC).
b]2. Pasando al tratamiento del agravio de la persona jurídica demandada, comienzo por señalar que el incumplimiento de la obligación tácita de seguridad que le endilga el actor, tiene su fundamento en la deficiente actuación del médico codemandado.
En este caso, si bien quedó descartada la mala praxis de dicho médico, en cambio, quedó probado el defectuoso funcionamiento del servicio postoperatorio del servicio de urología, ya que, como quedó dicho, el profesional que se encargó de la extracción del tubo de drenaje quirúrgico, no advirtió la rotura de ese elemento y la indebida permanencia de un segmento del mismo, en el cuerpo del actor.
Esta deficiencia del servicio postoperatorio, compromete la responsabilidad de la persona jurídica codemandada, por el incumplimiento de su obligación tácita de seguridad respecto de la correcta prestación del mismo (arts. 961 y 1710 CCyC).
Es que, más allá de la correcta actuación del médico demandado, existe certeza de que la causa del daño está dentro de la organización empresarial de la persona jurídica codemandada.
Cabe aclarar que la atribución de responsabilidad basada en la deficiente prestación del servicio postoperatorio, no implica la violación del principio de congruencia, más allá de que dicha causa no fue identificada con precisión en la demanda.
Es que el actor, al momento de interponer la demanda, carecía de elementos que le permitieran identificar la mecánica del daño con total minuciosidad.
Sólo tenía la certeza de que había sido operado nuevamente para la extracción del segmento del tubo de drenaje que le había sido colocado durante la realización de la cirugía de próstata.
Por ello, no pudo determinar con precisión el acto médico en el que se incurrió en dicha omisión, ya que, por entonces, ignoraba lo sucedido durante su permanencia en el quirófano.
De haber acudido a la historia clínica, la dificultosa lectura del registro asentado en desprolija anotación manuscrita en fecha 14/12/20219 (en el que consta la extracción del tubo de drenaje), hubiera conspirado contra la adquisición del conocimiento del verdadero curso de los hechos. Dicho registro sólo se tornó asequible con el auxilio del dictamen pericial médico.
En consecuencia, la parte actora cumplió con la carga de afirmación de los hechos, del modo en que estaba en condiciones de hacerlo al momento de interponer la demanda; cumplimiento que, como anticipé, descarta la violación del principio de congruencia (art. 163 inc. 6° CPCC; conf. SCBA, sent. del 26/8/2009 recaída en la causa C. 101.224, "D, B. A. c/ A, J. C. y otros s/ Daños y perjuicios").
Y en base a esa exposición de los hechos, la persona jurídica accionada tuvo la posibilidad de defenderse, invocando el eximente de responsabilidad sustentado en el caso fortuito, por la inevitabilidad de la rotura del tubo de drenaje al momento de su extracción; eximente cuyo rechazo no fue objeto de agravios.
De lo expuesto precedentemente, emerge que la desestimación del agravio en tratamiento, se impone, y consiguientemente, se confirma la responsabilidad atribuida a la persona jurídica codemandada (arts. 961 y 1710 CCyC).
B) Continúo por el tratamiento de los agravios dirigidos contra las indemnizaciones concedidas al actor.
1. Empiezo por los agravios vertidos por ambas partes contra la indemnización fijada por el daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante de origen, apoyándose en el dictamen del perito psicólogo, tuvo por acreditada la incapacidad psíquica del actor, y consiguientemente, fijó la indemnización correspondiente en la suma de $3.400.400; importe que abarca tanto el daño patrimonial padecido desde el día del hecho hasta el de la emisión de la sentencia apelada, como el daño patrimonial posterior, que fue determinado por medio de la aplicación de una fórmula matemático actuarial.
ii. Que los Dres. Ves Losada y Farina cuestionaron por insuficiente dicha indemnización, manifestando que el sentenciante, para determinarla, sólo tuvo en consideración el 15% de incapacidad estimado por el perito psicólogo, sin contemplar la lesión a la integridad física que sufrió el accionante.
Dijeron que la circunstancia de que el actor no presente secuelas físicas incapacitantes, no significa la inexistencia del daño a su integridad física, que tiene raigambre constitucional y debe ser indemnizado.
Continuaron argumentando que, a todo evento, la indemnización en revisión, es insuficiente, ya que no reviste ningún tipo de razonabilidad, teniendo en cuenta la situación económica actual.
iii. Que la Dra. Barri solicitó la revocación de la indemnización en revisión, manifestando que el actor no sufrió incapacidad laborativa alguna.
Sostuvo que el sentenciante, basándose en el dictamen pericial psicológico, concedió esta indemnización, considerando anómalamente al denominado daño psíquico como un rubro autónomo.
Agregó que la concesión de la indemnización bajo análisis, importa una indebida duplicación del rubro, al haberse también indemnizado el daño moral.
Finalmente, a todo evento, solicitó que se atenúe el importe indemnizatorio fijado por este rubro.
b]1. Adelanto que el agravio de la parte actora no puede prosperar, puesto que quedó pericialmente descartada la existencia de secuelas de índole física que, originando una minusvalía de las potencialidades personales del accionante, sea susceptible de acarrear una frustración de sus utilidades económicas.
Es decir, no habiendo las lesiones físicas acarreado secuelas incapacitantes en el actor, bien ha sido desestimada la incidencia de las mismas en la indemnización de la incapacidad sobreviniente, que sólo es de orden psíquica (art. 1746 CCyC).
Por otra parte, la indemnización bajo análisis, es el resultado de la correcta valoración de las circunstancias particulares del damnificado, quien tenía 59 años de edad al momento del accidente, por entonces ya estaba jubilado, y no acreditó la realización de ninguna actividad productiva.
b]2. La misma suerte negativa ha de correr el agravio expuesto por la demandada.
El perito psicólogo dictaminó que el actor quedó afectado por un trastorno adaptativo crónico de tipo ansioso, generador de un daño psíquico del orden del 15% (ver dictamen de fecha 5/3/2023).
Con dicho dictamen pericial, del que no tengo motivos válidos para apartarme, por estar fundado en los conocimientos propios de la incumbencia profesional del experto (arts. 384 y 474 CPCC), quedó probada la incapacidad sobreviniente alegada, ya que del mismo se extrae que el actor, como consecuencia del hecho de autos, padece una disminución de sus aptitudes psíquicas, susceptible de producir una merma en su productividad, la que indudablemente constituye un daño patrimonial.
Es que cabe presumir fundadamente que el trastorno de ansiedad va a interferir negativamente en las actividades económicas valorables no remuneradas a desarrollar por el actor, en interés personal o familiar, las cuales, si bien no reportan ingresos económicos de manera directa, sí lo hacen indirectamente (precio sombra).
Por otra parte, queda descartada cualquier duplicidad entre las indemnizaciones de la incapacidad psíquica y del daño moral, ya que la lesión causante de aquella, sólo se configura ante una alteración patológica de la personalidad y no ante las meras perturbaciones emocionales que configuran este último.
2. Continúo por el tratamiento de los agravios vertidos por ambas partes contra la indemnización fijada por el daño moral.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante de origen, haciendo hincapié, en las secuelas incapacitantes detectadas pericialmente, fijó la indemnización en revisión, en la suma de $ 1.800.000.
ii. Que los Dres. Ves Losada y Farina cuestionaron por insuficiente dicha indemnización, manifestando que la misma no abastece el principio de reparación integral.
Sostuvieron
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.