Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 57012
Causa Nº C5-57012
Con fecha 21 de diciembre de 2021, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G. G. Y OTRO C/GALENO ARGENTINA S.A S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) Causa N º C5-57012" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA- GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental con fecha 12 de Noviembre de 2020 dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda, en las condiciones que de allí surgen.
Dicha sentencia ha sido apelada por la parte actora, la co demandada Instituto Médico Constituyente SA, la co demandada A., el co demandado R. y las citadas en garantía Seguros Médicos SA y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.
Los recursos se concedieron libremente.
Llegadas las actuaciones a esta instancia, el recurso de la actora fue fundado con la expresión de agravios de fecha 3 de Junio de 2021, replicada con los escritos de fecha 18 de Junio de 2021 (A.), 24 de Junio de 2021, a las 16:23 (Galeno Argentina SA); . 27 de Junio de 2021 (Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.) y 28 de Junio de 2021 (R.).
El de la co demandada Instituto Médico Constituyente SA se fundó con el escrito de fecha 5 de Mayo de 2021, replicado con el de fecha 24 de Junio de 2021 (a las 13:08) .
El de la co demandada A. lo fue con el escrito de fecha 3 de Junio de 2021, replicado con el de fecha 24 de Junio de 2021 (a las 13:08).
El del co demandado R. lo fue con el escrito de fecha 4 de Junio de 2021, replicado con el de fecha 24 de Junio de 2021 (a las 13:08) .
El de la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. se fundó con el escrito de fecha 8 de Junio de 2021, replicado con el de fecha 24 de Junio de 2021 (a las 13:08).
Finalmente, el recurso de la citada en garantía Seguros Médicos SA fue declarado desierto con fecha 15 de Junio de 2021, resolución hoy firme.
En cuanto al contenido de las expresiones de agravios, tenemos que la parte actora se queja del rechazo de la demanda contra Galeno Argentina SA y la imposición de costas a su parte y de los montos fijados por daño psíquico y moral en favor de los progenitores de V..
La demandada Instituto Médico Constituyente SA cuestiona el progreso de la demanda; habla extensamente de la prueba pericial rendida en autos, de la patología que padecía V., de la necesidad de operar las hernias inguinales y de los tratamientos que le fueron dispensados, sosteniendo que no hubo falta de seguridad de su parte en ese sentido. Luego pasa a quejarse de las sumas fijadas por daño psicológico, tratamiento, daño moral, gastos y de la tasa de interés.
La co demandada A. ataca el fallo por cuanto se admitió la demanda a su respecto, habla de la carga de la prueba, de la valoración de la pericial y sostiene que se ha abusado de la prueba presuncional. Denuncia que se omitió la valoración de la pericial en anestesiología. Sostiene que su obligación es de medios y no de resultado, dice que ello fue desvirtuado en la sentencia y se queja, además, por considerar inacreditado el nexo causal entre el resultado y su accionar. Subsidiariamente se queja de los montos indemnizatorios, sostiene que la sentencia debió haber aplicado el art. 1069 del Código Civil y, por último, desliza algún cuestionamiento sobre la tasa de interés.
El del co demandado R. se queja de la atribución de responsabilidad a su respecto. Habla, en tal sentido, de las actividades por él realizadas, destacando que la bradicardia se produjo con el procedimiento quirúrgico ya finalizado, argumentando ampliamente en tal sentido, explayándose en relación a la responsabilidad médica, sus requisitos, la valoración de la pericial y la prueba de presunciones. También habla de su rol en el acto quirúrgico e introduce la cuestión de la vinculación entre los distintos profesionales, poniendo énfasis en la actuación de la anestesista y su independencia. Se queja de los montos fijados, denunciando que los mismos han sido mayores que los reclamados en la demanda, objetando posteriormente la cuantía de cada uno de ellos. Finalmente se queja de los intereses: primero peticiona que los mismos corran desde la fecha del fallo y, subsidiariamente, que lo sea desde la fecha de mora, considerando como tal la de la última notificación de la demanda. También cuestiona la fecha de inicio para los intereses sobre el rubro gastos futuros. Por último pide que, al sentenciar, se tenga en cuenta lo prescripto por el art. 505 del Código Civil.
Y la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. cuestiona el fallo en cuanto hizo lugar a la demanda por considerar acreditada la mala praxis médica, haciendo referencia a la prueba pericial rendida en autos, sosteniendo que no solo se probó la ausencia de culpa de los médicos intervinientes sino que ademas se demostró la corrección de los tratamientos. Seguidamente se queja de la actualización del límite de cobertura dispuesto, sosteniendo que no se trata de un seguro obligatorio, marcando la diferencia con la doctrina de la SCBA que allí se invoca, destacando incluso la falta de petición de la parte actora en este sentido. Subsidiariamente denuncia un error en la sentencia al determinar la forma de actualización del límite, señalando que ello debió haber sido determinado pericialmente, en la forma que allí se describe. Luego cuestiona los montos fijados sosteniendo que exceden lo peticionado liminarmente y que en el escrito de demanda no se supeditó lo pretendido a lo que pudiera surgir de la prueba rendida en el proceso. Destaca, asimismo, que esto tiene importancia a la hora de determinar la forma de pago de capital e intereses en los términos de los arts. 110 y 111 de la ley 17.148. Luego cuestiona que se haya admitido el rubro daño moral a favor de los padres, considerando que debía haberse admitido la falta de legitimación a su respecto y subsidiariamente objeta el monto fijado para ellos. Por último pide que, para el caso que se verificase modificación alguna de las sumas indemnizatorias, y se fijaren valores vigentes al momento del dictado de la sentencia de segunda instancia, la aplicación del interés tasa 6 % desde la fecha del hecho se extienda hasta el referido momento.
A los términos de cada una de esas expresiones de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Por otro lado, tenemos que con fecha 22 de Junio de 2021, la Asesoría ha contestado la vista conferida, peticionando la confirmación de la sentencia.
Finalmente, y cumplidos todos los trámites procesales pertinentes, con fecha 8 de Julio de 2021 se llamaron "autos para sentencia", providencia que adquirió firmeza, procediéndose posteriormente al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Circunscripta, así, la cuestión a decidir, cabe efectuar algunas aclaraciones preliminares.
La primera es que, en líneas generales, todas las expresiones de agravios cumplen con los requisitos del art. 260 del CPCC; esto sin perjuicio de lo que, posteriormente, indicaré con alguna de ellas en particular y respecto de cuestiones puntuales.
La segunda es que la sentencia de la instancia previa ha fallado el caso con apoyatura en las reglas legales vigentes al momento de acontecer los hechos (Código Civil), siguiendo el mismo temperamento que esta Sala ha adoptado (por aplicación de lo previsto en el art. 7 del CCyCN) y, al respecto, no existe crítica ni objeción alguna de las partes (arts. 260, 266 y ccdtes. CPCC).
Efectuadas estas dos aclaraciones, debo referirme ya a la cuestión de la responsabilidad atribuida en el fallo.
Y para ello voy a recordar algunos conceptos sentados con anterioridad.
Decía, al respecto, en la causa 56.773, R.S. 23/10, que: " la Suprema Corte de Justicia Provincia ha definido a la responsabilidad profesional como aquella en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone (Ac. 31.702 fallo del 22-12-1987; Ac. 39.597 fallo del 13-9-1988; entre muchísimas otras), constituyendo parte especial de la responsabilidad en general, sometida a los mismos principios que esta (Sup. Corte Bs. As. Ac. 31.702 fallo del 22-12-1987; Ac. 38.114 fallo del 25-10-1988; Ac. 45.177 fallo del 30-4-1991; entre otros).-
La relación médico-paciente, por lo general (y este caso no es la excepción), tiene carácter contractual (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil, p. 498; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, T VIII, p. 284).-
En tal contexto obligacional, se ha decidido que la responsabilidad médica se asienta sobre la idea de culpa, que debe ser demostrada a través del hecho que la prestación a cargo del profesional ha sido cumplida de una manera deficiente, con omisión de las diligencias que la naturaleza de su desempeño impone y que el juicio de reproche, atribuyendo imprudencia, impericia o negligencia, solo podrá resultar a través de la atenta ponderación del carácter de la obligación asumida y las circunstancias particulares de cada caso, y luego de confrontar la actuación real, con la exigibilidad de una conducta y la previsibilidad del resultado a la acción u omisión del profesional médico (C. 2º Civ. y Com. La Plata, sala 2º, ca. 92802 “Sclavi, Luis Néstor c/ Fisco de la provincia de Buenos Aires s/ Ds. y ps.”, fallo del 11-4-2000 y ca. 102339 “Levin, Osvaldo y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ds. y ps.”, fallo del 29-3-2005).-
La culpa médica fluye, de este modo, de la confrontación entre la conducta obrada y la debida por el médico de la categoría o clase a la que pertenezca el profesional (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 1 º, ca. 77559 “Wilson, Nolan c/ Clínica Privada s/ Ds. y ps.”, fallo del 26-11-1998).-
Así entonces, la Corte local expresará que cuando el profesional médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (Sup. Corte Bs. As. Ac. 76.198 fallo del 7-2-2001; Ac. 75.676 fallo del 19-2-2002; Ac. 79.009 fallo del 23-12-2002; entre otros).-
Rige, entonces, el art. 512 del Código Civil.-
Afinando un poco las pautas, y a la hora de juzgar responsabilidades, comparto la doctrina jurisprudencial que ha señalado que el Tribunal debe colocarse ex ante y no ex post facto: lo que debe tomarse en consideración no es un paciente dañado, tratando de reconstruir para atrás el iter de su evolución en forma inversa al acaecimiento de los hechos, sino que quien pretende formarse un juicio debe colocarse en el día y hora en que los profesionales debieron tomar una decisión, ver cuál era entonces el cuadro del enfermo, cuales eran lo elementos con que contaban o podían contar los galenos; así, y salvo casos groseros, lo que se debe juzgar es si la acción que realizaron y la decisión que tomaron, estaba dentro de los cánones adecuados a lo que vieron, pudieron, o debieron percibir en ese momento (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2 º, ca. 125501 “Gimenez, Juan Manuel c/ Hospital Interzonal General de Agudos s/ Ds. y ps.”, fallo del 28-8-2003).-
Además, es bueno tener en cuenta que, según pacífica y reiterada jurisprudencia, la obligación de los médicos es, en principio, de medios y no de resultado (Sup. Corte Bs. As. Ac. 91.215 fallo del 5-4-2006 y C96.833 fallo del 13-2-2008).-
Esto quiere decir que aunque el resultado del tratamiento no fuere el esperado no genera responsabilidad si no está probada suficientemente alguna conducta considerada reprochable (Sup. Corte Bs. As. Ac. 81.491 fallo del 16-7-2003 y C90.459 fallo del 26-12-2007).-
La naturaleza de la prestación así lo impone, el resultado no puede asegurarse por el médico: no debe perderse de vista que la ciencia médica tiene sus limitaciones y que en el tratamiento de las enfermedades existe siempre un alea que escapa al cálculo riguroso o las previsiones más prudentes y, por ende, obliga a restringir el campo de la responsabilidad; el facultativo no puede comprometerse a salvar la vida del paciente o a curarlo de su enfermedad; su obligación finca en poner al servicio del enfermo el caudal de conocimientos científicos que el título acredita y prestarle la diligente asistencia profesional que su estado requiere (C. 2º Civ. y Com. La Plata, sala 3º, ca. 106066 “Delgado, Cleria Elvira c/ Cisilino, Edgardo y otros s/ Ds. y ps.”, fallo del 12-4-2006 y ca. 106974 “D., B. A. c/ A., J. C. y otros s/ Ds. y ps.”, fallo del 27-3-2007).-
Resumiendo: la responsabilidad médica es parte de la responsabilidad civil en general, requiriendo la configuración de sus mismos presupuestos; la obligación del médico generalmente deriva de una fuente contractual, tratándose de una obligación de medios, no de resultado.-
(...)
Es lugar común discurrir, en este tipo de procesos, sobre cuestiones atinentes a la carga de la prueba.-
Es sabido que las normas sobre carga de la prueba son reglas de juicio (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría general de la prueba., T 1, p. 424; C. Nac. Civ., sala M, 12/10/1990, “Caja Nacional de Ahorro y Seguros v. Floro, Próspero E.”, JA 1992-IV, síntesis; C. Nac. Com., sala B, 22/04/1991, “Cifeba S. A. c.Tutelar Cía. Financiera S. A.”, LL 1991-C, 339 ), a las que debe acudir el órgano jurisdiccional para el caso de ausencia de prueba, pues -en el supuesto de existir prueba suficiente- es irrelevante entrar a considerar quien tenía la obligación (mejor, la carga) de arrimarla al proceso (QUEVEDO MENDOZA, Efraín I., Carga y valoración de la prueba: Precisiones, JA 1998-III-630).-
Ello así, solo en el caso en que -luego de valorar la prueba- llegue a la conclusión de que alguno de los hechos invocados no ha llegado a acreditarse, es que deberé ponerme a analizar la cuestión de la carga probatoria, su reparto y la eventual aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas ".
Ahora bien, a veces las cuestiones de responsabilidad médica nos enfrentan a un problema anterior al de la carga -y cuestión probatoria- que se refiere, mas puntualmente, a la forma en la que fueron afirmados los hechos.
Recordemos que el art. 330 del CPCC en su inciso 4 erige, como uno de los requisitos para el escrito de demanda, la explicación clara de los hechos.-
Es lo que se llama carga de la afirmación .-
Ahora bien, no podemos perder de vista que -en cuestiones de responsabilidad médica- la carga de la afirmación no puede observarse de manera tan rígida como sucede en otras áreas; ello así porque convergen en el punto no solo cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de percepción, por parte del paciente, del desarrollo de los hechos, sino también con temas que hacen a la especialización científica, a lo que se suma -incluso- la diversidad de posición de ambas partes en lo que hace al dominio de las fuentes probatorias (no solo las reales -vgr. historias clínicas y documentación- sino también las personales -testigos que hubieran intervenido en los actos médicos-).-
Evoco, entonces, un precedente de la casación local (Sup. Corte Bs. As., C 101224, "Dillon, Bernardo Alfredo c/Aparicio, Julio César y otros s/Daños y perjuicios", fallo del 26/08/2009) donde la Corte abordó el tema de la carga de afirmación.-
Allí el Dr. de Lázzari en su voto, luego de reseñar los términos de la demanda, expresa que " parece lógico ese modo de reflejar la plataforma fáctica de la litis. Es que el paciente carecía de elementos concretos que le permitiesen identificar la mecánica del daño con total minuciosidad. Sólo tenía a su alcance su propia experiencia personal previa a la operación, (...), y posterior a la misma (...) Esta ha sido la caracterización de los hechos, ciertamente condicionada por las particularidades del caso, desde que el afectado francamente ignora qué es exactamente lo que ha sucedido en la intimidad del quirófano. Solamente tiene a la vista el desenlace final, que en su opinión lo autoriza a imputar responsabilidad a los demandados en tanto la consecuencia (...) se exteriorizó después de la intervención ".
Existen, incluso, otros antecedentes provinciales que han detectado adecuadamente el problema de la carga de la afirmación en estos procesos y relajado las exigencias en este sentido (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 4/4/2000, "González, Mercedes B. v. Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios"; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 27/5/2003, "Martínez, Liliana B. y otro v. Fernández Gallardo, María del C. y otro s/daños y perjuicios").-
Además, y aquí cabe otra precisión mas, la Suprema Corte también tiene dicho que, en materia de responsabilidad médica, la actitud de los galenos no puede limitarse a la mera negativa sino que tienen que colaborar con el esclarecimiento de la verdad (Sup. Corte Bs. As., Ac. 82.684, fallo del 31/3/2004) lo que, desde mi punto de vista, no puede circunscribirse solo a lo probatorio sino que ha de imbrincarse también en el ámbito de las afirmaciones.
Entonces, y como se ve, la cuestión de la carga de la afirmación inicial en este tipo de procesos adquiere sus ribetes, bastante particulares por cierto.
A todo esto deben sumarse algunas consideraciones mas, vinculadas con la documentación de las acciones médicas y la Historia Clínica.
Como lo hiciera en la causa nro. 9099 (R.S. 146/18) es necesario recordar que -según lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia- “la falta de información y claridad en cuanto al diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc., de la enfermedad del paciente crea una presunción de verdad sobre su conducta antiprofesional (conf. causas C 82.684, "Abdelnur de Molina", sent. de 31-III-2004; C. 96.308, "González", sent. de 30-IX-2009)” (Sup. Corte Bs. As., 21/3/2018, “"García, Rodolfo Ricardo y otro contra Vasallo, Gabriela y otros. Daños y perjuicios").
La jurisprudencia ha dicho que “ la historia clínica resulta una documentación trascendente en la relación médico-paciente, obrando o debiendo obrar en ella todos los antecedentes del mismo y su estado actual, la ficha de anamnesis, los estudios ordenados y realizados, el diagnóstico, la terapia a realizar, su evolución y los resultados logrados, la medicación suministrada y en caso de cirugía el correspondiente protocolo quirúrgico donde debe constar detalladamente la integración del equipo quirúrgico, el parte anestésico, los estudios complementarios, la ubicación del paciente dentro del establecimiento asistencial y el personal médico y para médico que lo ha atendido. Ella demuestra sin duda las condiciones de calidad de los cuidados médicos o de la correcta asistencia facultativa, de allí la exigencia de su completividad y permanencia, interpretándose su incompleta o su mala confección como una presunción hominis de culpa, inferencia ésta que a su vez podría encerrar una presunción de causalidad ” (C. Civ. y Com. San Martin, sala 2ª, 17/2/2005, “Muzzupapa, Margarita Julia c/Rodríguez, Rolando Javier y otro s/Daños y perjuicios”).-
Es que -en casos como este- la situación de desnivel es bien clara: el paciente, anestesiado en la mesa de operaciones y con pocas posibilidades de s
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