Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 31597
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia apelada, admitiendo los rubros lucro cesante y daño psicológico por las sumas de $205.000 (doscientos cinco mil pesos) y $500.000 (quinientos mil pesos) y elevando la suma fijada en concepto de daño moral a la de $200.000 (doscientos mil pesos).
Costas de Alzada, al demandado (art. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad
Causa Nº MO-31597-2014
Con fecha 23 de diciembre de 2021, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "GUZMAN GOMEZ BLANCA ROSA C/ SARCHI HERNAN PABLO S/DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) Causa N º MO-31597-2014" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO - JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 10 Departamental con fecha 28 de Junio de 2021 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la actora como el demandado.
El recurso de la actora se concedió libremente y el del demandado fue denegado (ver proveído del 7 de Septiembre de 2021).
La actora presentó sus agravios con fecha 12 de Octubre de 2021, los que fueron replicados con fecha 22 de ese mismo mes y año.
3. Cumplidos los pasos procesales pertinentes, con fecha 2 de Noviembre de 2021 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediendo a sortear el orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Cuestiona la actora la suma fijada en concepto de daño moral, y la desestimación de los rubros daño psíquico y lucro cesante.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
A fin de dar respuesta a la cuestión planteada debo señalar, de todo comienzo, que la expresión de agravios satisface las exigencias del art. 260 del CPCC.
Por lo demás, no es objeto de cuestionamiento el temperamento asumido por la sentenciante de la instancia previa, en cuanto falló el caso con apoyatura en las normas vigentes al momento de suceder los hechos materia de decisión (art. 7 CCyCN).
Efectuadas estas aclaraciones, voy a ocuparme de los agravios.
Comienzo con la desestimación del rubro lucro cesante
Dijo esta Sala en las causas 24.626, R.S. 120/1990, 40.056 R.S. 15/99, entre varias otras, que el lucro cesante es la ganancia o utilidad que se vio privado de obtener el acreedor a raíz del acto ilícito.
Implica entonces una falta de ganancia o acreditación patrimonial que el acreedor habría podido razonablemente obtener de no haberse producido el hecho dañoso.
Ahora bien, en el caso, es cierto que en el convenio celebrado el 18 de Febrero de 2009 se consignó una quita de la suma de u$s2.000, pero sin indicar que era solo a efectos conciliatorios y sin decir nada en cuanto a qué sucedería si la deudora no cumplía .
Luego, la deudora no cumplió y tuvo que iniciarse la ejecución, pero la quita se tuvo por operada y ya se tuvo que reclamar detrayendo ese monto (ver fs. 5/6 de la ejecución que corre por cuerda) y, especialmente, fs. 212/214 de la nueva ejecución que tuvo que iniciarse (expediente 41456/2014 que corre por cuerda); lo cual, incluso, generó mayores dilaciones para avanzar con el cobro de la deuda.
Consecuentemente, entiendo que el detrimento patrimonial a la actora está suficientemente demostrado y, por ello, el rubro lucro cesante ha de prosperar por la suma de $ 205.000 (doscientos cinco mil pesos) .
Trato ahora lo relativo al daño psicológico, que ha sido desestimado.
Para dar respuesta al reclamo de las partes en el punto resulta menester memorar que el daño psicológico es la lesión del funcionamiento cerebral.
Y que las alteraciones o secuelas en dicha esfera, sean totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad, pues toda disminución de la integridad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse, a la merma de las aptitudes psíquicas del individuo, lo que por sí constituye un daño resarcible (el suscripto en causa 28.511 R.S. 89/1.992, entre muchas otras).
La prueba esencial, en la especie, es la pericial y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado.
Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Dicho esto tenemos la pericia psicológica de fs. 173/176.
La pericia emana de profesional competente, está suficientemente fundada y no existen datos (objetivos) que la contradigan (arts. 384 y 474 del CPCC).
La experta nos refiere que la actora, por las razones que allí esgrimen, padece una incapacidad del 12% como derivación del hecho de autos, requiriendo incluso un tratamiento psicológico.
Expuesto ello, debo señalar que no coincido con la Sra. Jueza de Grado en cuanto se apartó de la pericia, siendo que -a mi modo de ver- existiendo un dictamen técnico y fundado, no son necesarias pruebas corroborantes, mas aun si no hay datos (objetivos) que la contradigan.
Con lo cual, entiendo que no ha quedado demostrado el daño y la incapacidad de la actora.
Ahora, en lo que hace a su cuantificación, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $35.000 por punto de incapacidad.
Con todo, computando la evolución de las variables económicas desde el momento en que comenzamos a utilizar aquella pauta hasta la actualidad, hemos comenzado a trabajar, a partir de este mes, con un valor referencial de $50.000 por punto de incapacidad.
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).
Sobre este piso de marcha, teniendo en cuenta la incapacidad informada, los padecimientos y la sintomatología descripta por la experta y las condiciones personales de la actora, entiendo que el rubro debe prosperar, por la suma de $500.000 (quinientos mil pesos) .
Finalmente he de tratar las quejas atinentes al daño moral.
Abordando los agravios, es hora de recordar que el daño moral resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88, idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).-
Por otro lado, en reiteradas ocasiones, hemos dicho que el rubro tiene carácter eminentemente resarcitorio para la víctima y no sancionatorio para el victimario (esta Sala en causa nro. 42.001 R.S. 364/01, 47.522 R.S. 447/03).-
Decíamos en la causa nro. 44.628 (R.S. 637/01) que si el dinero que se paga por el daño moral no tuviera carácter indemnizatorio, faltaría el fundamento necesario para que la víctima lo percibiera y que encarando la reparación del daño moral como pena, se incurre en el defecto de enfocar el problema desde el punto de vista del autor, únicamente, al cual se le impondría la sanción de reparar el agravio causado, pero quedaría sin justificar la razón en virtud de la cual la víctima recibiría el importe de esa sanción ejemplar y que entre los objetivos de la pena prevenir, punir o enmendar, no está ciertamente el de enriquecer el bolsillo del perjudicado; en base a ello se señalaba que para constituir el derecho de la víctima a cobrar el importe de la reparación, es imprescindible recurrir a la idea del resarcimiento por lo que la reparación del daño moral es eminentemente satisfactoria.-
Sentado ello, computando la índole misma del hecho dañoso, las cuestiones descriptas que configuraron la responsabilidad profesional, con las lógicas preocupaciones, angustias e incomodidades para quien ha entablado la presente demanda como consecuencia de dichas conductas y las razones expuestas en el rubro anterior, entiendo que la suma fijada aparece reducida (art. 165 del CPCC), por lo que propondré que se eleve a la suma de $200.000 (doscientos mil pesos) .
Si mi propuesta es compartida se deberá modificar la sentencia apelada, admitiendo los rubros lucro cesante y daño psicológico por las sumas de $205.000 (doscientos cinco mil pesos) y $500.000 (quinientos mil pesos) y elevando la suma fijada en concepto de daño moral a la de $200.000 (doscientos mil pesos).
Con costas de Alzada al demandado (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE MODIFICA la sentencia apelada, admitiendo los rubros lucro cesante y daño psicológico por las sumas de $205.000 (doscientos cinco mil pesos) y $500.000 (quinientos mil pesos) y elevando la suma fijada en concepto de daño moral a la de $200.000 (doscientos mil pesos).
Costas de Alzada, al demandado (art. 68 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios para su oportunidad
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2021 12:24:07 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 12:33:07 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 12:36:25 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 23/12/2021 12:59:35 hs. bajo el número RS-174-2021 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia