Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 8717
Causa Nº MO-8717-2013
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G. L. N. Y OTRO/A C/ VITAS S A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) Causa N º MO-8717-2013" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 6 Departamental con fecha 5 de Abril de 2021 dictó sentencia, haciendo parcialmente lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Los recursos fueron concedidos libremente.
a) El de la parte actora se fundó con la expresión de agravios de fecha 16 de Junio de 2021, replicada con el escritos del 1 de Julio de 2021.
b) El de la co demandada Instituto Médico Constituyentes S.A fue fundado con la expresión de agravios de fecha 14 de Junio de 2021, replicada por la parte actora el 30 de ese mismo mes y año.
c) El del co demandado F. con la de fecha 18 de Junio de 2021, replicada por la parte actora el 30 de ese mismo mes y año.
e) El de la co demandada AMTA fue fundamentada con el escrito que nos fuera elevado por el Juzgado de origen con fecha 15 de Junio de 2021, replicado por la parte actora el 30 de ese mismo mes y año.
f) En cuanto a las aseguradoras, Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. fundó su recurso con el escrito de fecha 15 de Junio de 2021.
g) Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada lo hizo con la expresión de agravios de fecha 21 de Junio de 2021, replicada por la parte actora el 30 de ese mismo mes y año.
h) Y Federación Patronal Seguros S.A. con la de fecha 22 de Junio de 2021 (a las 8.13hs.).
Reseñadas, así, las apelaciones, explicitaré, a continuación, los motivos de agravio de cada recurrente:
a) La parte actora se queja de las sumas fijadas en concepto de daño y tratamiento psicológico.
b) La co demandada Instituto Médico Constituyentes cuestiona que se haya admitido la demanda, de las sumas fijadas para el daño y tratamiento psicológico, de la establecida para el daño moral y pretende la aplicación de una única tasa de interés, del 6% anual.
c) El del co demandado F. de la admisión de la demanda a su respecto, de los montos fijados en concepto de daño moral, daño psíquico y gastos de sepelio, de la tasa de interés establecida y de la fecha desde que se dispuso computar los mismos.
e) La co demandada AMTA de la forma en que se impusieron las costas ante el rechazo de demanda a su respecto, pretendiendo que le sean impuestas a la actora en su totalidad.
f) Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. cuestiona la sentencia por cuanto se consideró inoponible el límite de cobertura y los alcances que se le da a la misma en el fallo, luego se queja de la admisión de la demanda contra sus aseguradas, objetando -sobre el final- los montos establecidos para resarcir el daño moral, el daño psíquico y su tratamiento.
g) Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada se queja de la forma en que se impusieron las costas frente al rechazo de la demanda contra su asegurada, pretendiendo que le sean impuestas a la actora o en su defecto a quienes fueron condenados.
h) Y Federación Patronal Seguros S.A. de que en el fallo no se haya precisado la medida del seguro invocada, de la omisión de especificas en la extensión de la imposición de costas el pago proporcional que le corresponde a su parte y de las sumas fijadas en concepto de daño moral, daño psíquico, gastos de tratamiento y de sepelio.
A los términos de cada fundamentación recursiva cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Cumplidos los pasos procesales pertinentes, con fecha 2 de Septiembre de 201 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que adquirió firmeza; con fecha 23 de Diciembre de 2021 se decretó la suspensión del llamamiento, ordenándose una medida de prueba oficiosa, la cual se materializó (ver presentación de fecha 27 de Abril de 2022), escuchándose a las partes a su respecto (ver escritos de fecha 3 y 6 de Mayo de 2022), reanudándose con fecha 12 de Mayo de 2022 aquel llamamiento de "autos para sentencia", en decisión al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, debo señalar -antes que nada- que todas las expresiones de agravios, en líneas generales y salvo lo que destacaré en relación a algunos aspectos particulares de las mismas, satisfacen las exigencias del art. 260 del CPCC.
Por otro lado, es necesario destacar también que no es objeto de cuestionamiento la decisión de fallar el caso a la luz de la preceptiva vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica orientación a la que -desde esta Sala- hemos adoptado en reiteradas ocasiones en virtud de lo establecido por el art. 7 del CCyCN.
Zanjadas estas dos cuestiones preliminares, debemos ir al tratamiento de los agravios.
Debo referirme primeramente a la cuestión de la responsabilidad atribuida en el fallo.
Y para ello voy a recordar algunos conceptos sentados con anterioridad.
Decía, al respecto, en la causa 56.773, R.S. 23/10, que: " la Suprema Corte de Justicia Provincia ha definido a la responsabilidad profesional como aquella en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone (Ac. 31.702 fallo del 22-12-1987; Ac. 39.597 fallo del 13-9-1988; entre muchísimas otras), constituyendo parte especial de la responsabilidad en general, sometida a los mismos principios que esta (Sup. Corte Bs. As. Ac. 31.702 fallo del 22-12-1987; Ac. 38.114 fallo del 25-10-1988; Ac. 45.177 fallo del 30-4-1991; entre otros).-
La relación médico-paciente, por lo general (y este caso no es la excepción), tiene carácter contractual (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil, p. 498; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, T VIII, p. 284).-
En tal contexto obligacional, se ha decidido que la responsabilidad médica se asienta sobre la idea de culpa, que debe ser demostrada a través del hecho que la prestación a cargo del profesional ha sido cumplida de una manera deficiente, con omisión de las diligencias que la naturaleza de su desempeño impone y que el juicio de reproche, atribuyendo imprudencia, impericia o negligencia, solo podrá resultar a través de la atenta ponderación del carácter de la obligación asumida y las circunstancias particulares de cada caso, y luego de confrontar la actuación real, con la exigibilidad de una conducta y la previsibilidad del resultado a la acción u omisión del profesional médico (C. 2º Civ. y Com. La Plata, sala 2º, ca. 92802 “Sclavi, Luis Néstor c/ Fisco de la provincia de Buenos Aires s/ Ds. y ps.”, fallo del 11-4-2000 y ca. 102339 “Levin, Osvaldo y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ds. y ps.”, fallo del 29-3-2005).-
La culpa médica fluye, de este modo, de la confrontación entre la conducta obrada y la debida por el médico de la categoría o clase a la que pertenezca el profesional (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 1 º, ca. 77559 “Wilson, Nolan c/ Clínica Privada s/ Ds. y ps.”, fallo del 26-11-1998).-
Así entonces, la Corte local expresará que cuando el profesional médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (Sup. Corte Bs. As. Ac. 76.198 fallo del 7-2-2001; Ac. 75.676 fallo del 19-2-2002; Ac. 79.009 fallo del 23-12-2002; entre otros).-
Rige, entonces, el art. 512 del Código Civil.-
Afinando un poco las pautas, y a la hora de juzgar responsabilidades, comparto la doctrina jurisprudencial que ha señalado que el Tribunal debe colocarse ex ante y no ex post facto: lo que debe tomarse en consideración no es un paciente dañado, tratando de reconstruir para atrás el iter de su evolución en forma inversa al acaecimiento de los hechos, sino que quien pretende formarse un juicio debe colocarse en el día y hora en que los profesionales debieron tomar una decisión, ver cuál era entonces el cuadro del enfermo, cuales eran lo elementos con que contaban o podían contar los galenos; así, y salvo casos groseros, lo que se debe juzgar es si la acción que realizaron y la decisión que tomaron, estaba dentro de los cánones adecuados a lo que vieron, pudieron, o debieron percibir en ese momento (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2 º, ca. 125501 “Gimenez, Juan Manuel c/ Hospital Interzonal General de Agudos s/ Ds. y ps.”, fallo del 28-8-2003).-
Además, es bueno tener en cuenta que, según pacífica y reiterada jurisprudencia, la obligación de los médicos es, en principio, de medios y no de resultado (Sup. Corte Bs. As. Ac. 91.215 fallo del 5-4-2006 y C96.833 fallo del 13-2-2008).-
Esto quiere decir que aunque el resultado del tratamiento no fuere el esperado no genera responsabilidad si no está probada suficientemente alguna conducta considerada reprochable (Sup. Corte Bs. As. Ac. 81.491 fallo del 16-7-2003 y C90.459 fallo del 26-12-2007).-
La naturaleza de la prestación así lo impone, el resultado no puede asegurarse por el médico: no debe perderse de vista que la ciencia médica tiene sus limitaciones y que en el tratamiento de las enfermedades existe siempre un alea que escapa al cálculo riguroso o las previsiones más prudentes y, por ende, obliga a restringir el campo de la responsabilidad; el facultativo no puede comprometerse a salvar la vida del paciente o a curarlo de su enfermedad; su obligación finca en poner al servicio del enfermo el caudal de conocimientos científicos que el título acredita y prestarle la diligente asistencia profesional que su estado requiere (C. 2º Civ. y Com. La Plata, sala 3º, ca. 106066 “Delgado, Cleria Elvira c/ Cisilino, Edgardo y otros s/ Ds. y ps.”, fallo del 12-4-2006 y ca. 106974 “D., B. A. c/ A., J. C. y otros s/ Ds. y ps.”, fallo del 27-3-2007).-
Resumiendo: la responsabilidad médica es parte de la responsabilidad civil en general, requiriendo la configuración de sus mismos presupuestos; la obligación del médico generalmente deriva de una fuente contractual, tratándose de una obligación de medios, no de resultado.
Amén de ello, y en cuanto a la responsabilidad de la Clínica, debo memorar que -en la causa nro. 19976-2010, R.S. 217/2018- indicaba que:
" como los establecimientos asistenciales se valen de la actividad ajena de los médicos para el cumplimiento integral de su obligación, habrán de responder por la culpa en que incurran sus sustitutos, auxiliares o copartícipes, en razón de la irrelevancia jurídica de la sustitución, ya que al acreedor no le interesa que el cumplimiento sea efectivizado por el propio deudor o por un tercero del cual este se valga para sus fines; y de la equivalencia de comportamiento del obligado y de sus sustitutos, que determina que el hecho de cualquiera de ellos se considere como si proviniese del propio deudor (conf. Ac. 43.518 del 16-7-91; Ac.5.585,sent. Del 15-11-94).-
Se concluye de las doctrinas reseñadas que la prueba de la culpa del médico es indispensable para lograr la condena de la clínica. En concordancia con ello ha dicho esta Corte que si no media culpa en el médico actuante no cabe responsabilizar al establecimiento asistencial con base en su "obligación de seguridad" porque la existencia de aquella (la culpa del médico) es la demostración de la violación de ese deber de seguridad (conf.Ac.43.518) (arts. 512,902,909,1109 del C. Civil) ".-
Por otro lado, en la causa nro. 56.773, antes citada, se señalaba que:
" es lugar común discurrir, en este tipo de procesos, sobre cuestiones atinentes a la carga de la prueba.-
Es sabido que las normas sobre carga de la prueba son reglas de juicio (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría general de la prueba., T 1, p. 424; C. Nac. Civ., sala M, 12/10/1990, “Caja Nacional de Ahorro y Seguros v. Floro, Próspero E.”, JA 1992-IV, síntesis; C. Nac. Com., sala B, 22/04/1991, “Cifeba S. A. c.Tutelar Cía. Financiera S. A.”, LL 1991-C, 339 ), a las que debe acudir el órgano jurisdiccional para el caso de ausencia de prueba, pues -en el supuesto de existir prueba suficiente- es irrelevante entrar a considerar quien tenía la obligación (mejor, la carga) de arrimarla al proceso (QUEVEDO MENDOZA, Efraín I., Carga y valoración de la prueba: Precisiones, JA 1998-III-630).-
Ello así, solo en el caso en que -luego de valorar la prueba- llegue a la conclusión de que alguno de los hechos invocados no ha llegado a acreditarse, es que deberé ponerme a analizar la cuestión de la carga probatoria, su reparto y la eventual aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas ".
Ahora bien, a veces las cuestiones de responsabilidad médica nos enfrentan a un problema anterior al de la carga -y cuestión probatoria- que se refiere, mas puntualmente, a la forma en la que fueron afirmados los hechos.
Recordemos que el art. 330 del CPCC en su inciso 4 erige, como uno de los requisitos para el escrito de demanda, la explicación clara de los hechos.-
Es lo que se llama carga de la afirmación .-
Ahora bien, no podemos perder de vista que -en cuestiones de responsabilidad médica- la carga de la afirmación no puede observarse de manera tan rígida como sucede en otras áreas; ello así porque convergen en el punto no solo cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de percepción, por parte del paciente, del desarrollo de los hechos, sino también con temas que hacen a la especialización científica, a lo que se suma -incluso- la diversidad de posición de ambas partes en lo que hace al dominio de las fuentes probatorias (no solo las reales -vgr. historias clínicas y documentación- sino también las personales -testigos que hubieran intervenido en los actos médicos-).-
Evoco, entonces, un precedente de la casación local (Sup. Corte Bs. As., C 101224, "Dillon, Bernardo Alfredo c/Aparicio, Julio César y otros s/Daños y perjuicios", fallo del 26/08/2009) donde la Corte abordó el tema de la carga de afirmación.-
Allí el Dr. de Lázzari en su voto, luego de reseñar los términos de la demanda, expresa que " parece lógico ese modo de reflejar la plataforma fáctica de la litis. Es que el paciente carecía de elementos concretos que le permitiesen identificar la mecánica del daño con total minuciosidad. Sólo tenía a su alcance su propia experiencia personal previa a la operación, (...), y posterior a la misma (...) Esta ha sido la caracterización de los hechos, ciertamente condicionada por las particularidades del caso, desde que el afectado francamente ignora qué es exactamente lo que ha sucedido en la intimidad del quirófano. Solamente tiene a la vista el desenlace final, que en su opinión lo autoriza a imputar responsabilidad a los demandados en tanto la consecuencia (...) se exteriorizó después de la intervención ".
Existen, incluso, otros antecedentes provinciales que han detectado adecuadamente el problema de la carga de la afirmación en estos procesos y relajado las exigencias en este sentido (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 4/4/2000, "González, Mercedes B. v. Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios"; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 27/5/2003, "Martínez, Liliana B. y otro v. Fernández Gallardo, María del C. y otro s/daños y perjuicios").-
Además, y aquí cabe otra precisión mas, la Suprema Corte también tiene dicho que, en materia de responsabilidad médica, la actitud de los galenos no puede limitarse a la mera negativa sino que tienen que colaborar con el esclarecimiento de la verdad (Sup. Corte Bs. As., Ac. 82.684, fallo del 31/3/2004) lo que, desde mi punto de vista, no puede circunscribirse solo a lo probatorio sino que ha de imbrincarse también en el ámbito de las afirmaciones.
Entonces, y como se ve, la cuestión de la carga de la afirmación inicial en este tipo de procesos adquiere sus ribetes, bastante particulares por cierto.
A todo esto deben sumarse algunas consideraciones mas, vinculadas con la documentación de las acciones médicas y la Historia Clínica.
Como lo hiciera en la causa nro. 9099 (R.S. 146/18) es necesario recordar que -según lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia- “la falta de información y claridad en cuanto al diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc., de la enfermedad del paciente crea una presunción de verdad sobre su conducta antiprofesional (conf. causas C 82.684, "Abdelnur de Molina", sent. de 31-III-2004; C. 96.308, "González", sent. de 30-IX-2009)” (Sup. Corte Bs. As., 21/3/2018, “"García, Rodolfo Ricardo y otro contra Vasallo, Gabriela y otros. Daños y perjuicios").
La jurisprudencia ha dicho que “ la historia clínica resulta una documentación trascendente en la relación médico-paciente, obrando o debiendo obrar en ella todos los antecedentes del mismo y su estado actual, la ficha de anamnesis, los estudios ordenados y realizados, el diagnóstico, la terapia a realizar, su evolución y los resultados logrados, la medicación suministrada y en caso de cirugía el correspondiente protocolo quirúrgico donde debe constar detalladamente la integración del equipo quirúrgico, el parte anestésico, los estudios complementarios, la ubicación del paciente dentro del establecimiento asistencial y el personal médico y para médico que lo ha atendido. Ella demuestra sin duda las condiciones de calidad de los cuidados médicos o de la correcta asistencia facultativa, de allí la exigencia de su completividad y permanencia, interpretándose su incompleta o su mala confección como una presunción hominis de culpa, inferencia ésta que a su vez podría encerrar una presunción de causalidad ” (C. Civ. y Com. San Martin, sala 2ª, 17/2/2005, “Muzzupapa, Margarita Julia c/Rodríguez, Rolando Javier y otro s/Daños y perjuicios”).-
Es que -en casos como este- la situación de desnivel es bien clara: el paciente, anestesiado en la mesa de operaciones y con pocas posibilidades de saber lo que está sucediendo; el galeno, cumpliendo su función, con una serie de deberes emergentes de su condición y faena profesional; y -por supuesto- este desnivel es aun mayor cuando se trata de un niño, de muy corta edad.
Por otro lado, y en cuanto a la prueba pericial, cabe señalar que la valoración de la fuerza probatoria de los dictámenes periciales médicos no escapa a las reglas de la sana crítica, y se encuentra inescindiblemente asociada a que sus conclusiones exhiban consistencia con los antecedentes incorporados en los actuados (arg. artículos 383, 474 y concordantes del Código Procesal; 1726 y concordantes del Código Civil y Comercial, su doc.; conf., mi voto, Sala III, causa 10.611, entre otros.)
Así bien so
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