Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5663
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5663-25 caratulada "I. S. L. C/ R. R. R. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)", Expte. 63.146 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda instaurada por S. L. I. y condenó a R. R. R. y a S. M. S. A., esta última en los términos del seguro contratado, a abonar a la parte actora dentro de los diez días de notificada la presente, la suma de quince millones dieciseis mil quinientos sesenta y dos pesos con 05/100 ($ 15.016.562,05), con más sus intereses calculados a partir de la fecha de la mora (03/04/2019), los que habrán de liquidarse en la forma establecida en el apartado IV. Aplicó las costas a la parte demandada y a la citada en garantía y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos.
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación interpuesto por la parte actora (5-5-2025), por el demandado R. R. R. (29-4-2025) y por la citada en garantía S.M. S. A. (29-4-2025), concedidos libremente respectivamente.
Elevados los autos a esta Alzada con fecha 8-5-2025 se ordenó expresar agravios a la parte actora, quien los fundó el 16-5-2025, lo mismo hizo a su turno la parte codemandada el 29-5-2025 y la citada en garantía el 16-5-225, cuyos traslado fueran contestados solo por la parte demandada el 26-6-2025 y por la citada en garantía el 1-7-2025.
En fecha 3-7-2025 se llamo autos para sentencia, providencia que, firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
1. Agravios parte actora: Achaca diversos puntos, a saber: una incorrecta interpretación de la pruebas periciales rendidas en la causa que llevaron al magistrado a excluir la culpa en el obrar del galeno; la fijación del porcentaje del 25% de incapacidad cuando la perito había dictaminado un 35%; la afirmación del sentenciante que consideró no probada la actividad laboral del actor y su ingreso; la suma dada en concepto de incapacidad sobreviniente que estima desproporcionada con el daño; la estimación de la renta constante para calcular el daño; el rubro daño moral y su cuantificación; la afirmación de que no se ha producido prueba sobre la edad del actor al momento del acaecimiento del daño.-
2. Agravios codemandado R. con el patrocinio letrado del Dr. Martín Santinelli: 1) Solicita se decrete la nulidad de lo actuado desde la contestación de demandada, denunciando violación del debido proceso mencionado que esta es la primera oportunidad procesal entre la renuncia del patrocinio efectuada el 30/4/2025 y el desprendimiento de la competencia del juez, motivando el pedido en los supuestos intereses contrapuestos entre la aseguradora y su parte en punto a la misma representación procesal. Señalando que la aseguradora opuso como defensa el límite de cobertura de la póliza sin que se le diera traslado conculcando a su decir el derecho de defensa en juicio.-
En relación a los agravios expone los siguientes puntos: a) errónea valoración probatoria que no tiene en cuenta la inexistencia de nexo causal entre la conducta del demandado y el daño causado así como falta de nexo causal entre la acción del galeno y la omisión de consentimiento informado. b) Subsidiariamente tacha de inexactos los parámetros para la cuantificación de la incapacidad sobreviniente y del daño moral.
3. Agravios S. M. S.A. mediante el apoderado Tomas Carricart achaca la responsabilidad endilgada al galeno señalando que se funda en la falta de instrumentación del consentimiento informado remarcando que se trata del "instrumento" más no de la información que dice haber proporcionado el galeno al paciente de modo suficiente, completo y claro.-
Señala que una vez despejado el tema del "instrumento", el aquo hizo total omisión de la información que le fuera aportada a la actora y quien aún así eligió hacerlo, extrayéndolo de afirmaciones del libelo de demanda y haciendo el quejoso una interpretación de los mismos.-
De todo esto extrae que no existe obligación de informar por escrito y que existen elementos objetivos que exponen que el paciente fue debidamente informado del procedimiento al que iba a ser sometido.
Y de las complicaciones señala que se ha invertido el onus probandi en relación a los riesgos y del procedimiento terapéutico.
Subsidiariamente plantea agravios contra la cuantificación del monto dado por incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos farmacéuticos-
4. A su turno lucen agregados electrónicamente los escritos de respondes de agravios, los que ratifican la postura de cada uno de los litigantes.-
5. Entrando a resolver la pretensión fue motivada sobre los hechos relatados por el actor quien describe " que el 13 de marzo de 2019 concurrió por primera vez al consultorio del Dr Ruffini a fin de realizar una consulta por dolores en la zona ciática que venía sufriendo desde mediados del año 2017.-Refiere que se le había diagnosticado síndrome piriforme causado por un compromiso radicular L4 derecho, de tipo cronico, de grado leve (comprensión de la raíz nerviosa L4 derecho) y que la ciatalgia era provocada por el síndrome piriforme.-Relata que el demando ratificó ese diagnóstivo, contando para ello con el estudio electromiográfico que le realizara la Dra Coscia en fecha 13/12/2018 por indicación del Dr Kitroser que era el neurocirujano que hasta entonces lo atendía.-Enfatiza que el demandado nunca le indicó la realización de otros estudios.- Y que le suministró metilprednisolona y otra medicación analgésica, y ante la falta de resultado, un tratamiento bloqueo o infiltración que mejoraría sus dolores.-Afirmando que el galeno no le solicitó el consentimiento informado ni le explicó sobre los riesgos o contraindicaciones.- Relata que el 3/04/2019 en el consultorio del accionado se realizó el tratamiento dirigido a ojo por el profesional y que durante el procedimiento de manera súbita y violenta sufrió el adormecimiento total y completo del pie derecho y de la parte externa de la pierna derecha desde la rodilla hacia abajo.-Aduna que el médico restó importancia a esos síntomas diciendo que pasarían con el correr de las horas, cosas que no ocurrió, comunicándose con el mismo quien lo citó a su consultorio para el 4/4/2019 debiendo concurrir diariamente hasta el 9/4/2019 y que en esas ocasiones el galeno le aplicó suero con vitaminas para lograr despertar el nervio muerto, aplicaciones que no dieron resultado por lo que dejó de tener contacto con el galeno y cayó en un profundo estado depresivo".-
Cuenta haber retomado la consulta con el Dr Kitroser para tratar el cuadro provocado por R. y que el neurocirujano le indicó un nuevo estudio electromiográfico llevado a cabo el 11/6/2019 que permitió determinar que "como consecuencia de un procedimiento médico negligentemente realizado (sin ultrasonido ni ecografia para localizar el músculo y sin ser dirigido radiocoia) la intección intramuscular en el gluteo provocó daño severo en el nervio ciático provocando abundante denervación (pérdida de la inerversión nerviosa debido a una lesión nerviosa que ocasionó interrupción total de la via del impulso nervioso y escasa función del órgano, achacando al galeno R. dichos daños tanto físico como síquicos.
Todo esto fue controvertido por la parte demandada, tanto el médico como la compañía aseguradora.-
El aquo admite el reclamo explicando que no se ha podido acreditar el obrar culposo del médico como causa del daño ( luego de meritar el dictamen pericial), más considera probado la omisión del consentimiento informado al paciente por parte del galeno actuante, achacándole dicha conducta omisiva. Subsume el caso dentro de la normativa de la responsabilidad contractual en el que se da un supuesto de incumplimiento del deber de obtener el consentimiento informado (art. 59 del CCCN) expresando que se ha dado una violación de la libertad del paciente a quien debió hacérsele saber exactamente las ulterioridades del tratamiento para, sobre la base de ese conocimiento, inclinarse por concretarlo o no.-Extendiendo dicha responsabilidad a la citada en garantía en cuanto S. M. S.A e reconociera que contaba con cobertura por los hechos motivantes de la demanda y que deberá responder de modo concurrente y dentro de los límites convenidos por los daños generados por el demandado.-
Justamente la queja pretende la revisión de lo decidido cuestionando ambas partes el punto de la responsabilidad elegido -el actor reprochando que no se halla asentado sobre la culpa del galeno- y la parte demandada achacando que se haya aplicado la normativa contractual, señalando que no se ha probado que la relación causal entre la conducta del galeno y la falta de consentimiento informado haya provocado el daño.-
Sobre la base de estas quejas daré tratamiento en forma conjunta a la cuestión traída.-
I. Liminarmente he de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha definido a la responsabilidad profesional como aquella en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone (Ac. 31702, Ac. 39.597 ente muchos otros) constituyendo parte de la responsabilidad en general, sometida a los mismos principios que ésta (Sup. Corte Ac. 31.702, Ac. 38.114 Ac. 45.177 entre otros).-
En tal contexto se ha decidido que la responsabilidad médica se asienta sobre la idea de culpa, que debe ser demostrada a través del hecho que la prestación a cargo del profesional ha sido cumplida de manera deficiente, atribuyendo impericia, imprudencia o negligencia, y que sólo podrá resultar de la atenta ponderación del carácter de la obligación asumida y las circunstancias particulares del caso, y luego de confrontar la actuación real, con la exigibilidad de una conducta y la previsibilidad del resultado o la acción u omisión profesional (Cfr. Cam. Civ. Com. La Plata sala 2 Causa 92802).
"Específicamente recobra importancia repasar que la obligación del médico es de carácter contractual, configurándose con la concurrencia de los siguientes requisitos a) obligación preexistente, o sea la que asume el médico en virtud de un compromiso previo de naturaleza contractual o legal; b) falta médica, que debe ser estríctamente profesional y cuyo elemento esencial es la antijuridicidad; c) daño ocasionado, o sea que como consecuencia de la falta cometida se produzca un daño en el cuerpo o la salud del paciente d) relación causal entre el acto del médico y el daño ocasionado e) imputabilidad, la conducta debe jugar dentro de las condiciones de discernimiento, intención y libertad y según se den los presupuestos exigidos por el art. 512 del Cód. Civil ("Yungano Bolado, Poggi Bruno "Responsabilidad profesional de los médicos" pag. 134 y sigs").-
Luego de esta introducción conceptual -sobre la que luego volveré al tratar el capítulo atinente a la responsabilidad- me adentraré ahora en el primer nivel de análisis que ha configurado un punto de crítica de la doliente, esto es, que no hubo consentimiento informado y que ello provocó una relación causal entre el hecho y el daño.-Y la estructuración de la responsabilidad decidida por el operador sobre este presupuesto.-
Adelantando opinión he de señalar que es posible asentar la responsabilidad sobre la omisión del cumplimiento de un deber específico por parte del galeno cual es la obligación de información adecuada.-
En forma preliminar el consentimiento informado (CI) se define como "la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados para, a continuación, solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos" (Dr. Alberto Ferreres "El consentimiento informado en la práctica quirúrgica" Ed Ah-Hoc.).
La ley 26.529 conceptualiza en el art. 5 al consentimiento informado como la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a las premisas que la norma menciona en varios incisos.-
Estableciendo el artículo 6 la obligatoriedad en cuanto toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente, o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.193, con los requisitos y con el orden de prelación allí establecido. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. (Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012).-
En el artículo 7 y atinente a su instrumentación se prevé que el consentimiento será verbal con las siguientes excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito:
a) Internación;
b) Intervención quirúrgica;
c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;
d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley;
e) Revocación.
f) En el supuesto previsto en el inciso g) del artículo 5° deberá dejarse constancia de la información por escrito en un acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes en el acto. (Inciso incorporado por art. 4° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012).-
Entonces el consentimiento informado constituye la declaración de voluntad efectuada por un paciente, por la cual, luego de brindársele suficiente información referida al procedimiento o intervención quirúrgica que se le propone como médicamente aconsejable, éste decide prestar su conformidad y someterse a tal procedimiento o intervención (CC0002 AZ 61478 S 03/05/2018 Carátula: "H. E. C/ C. S. S. Y O. S/ medida cautelar-daños y perjuicios ").
Ahora bien, la instrumentación del consentimiento informado está expuesta a interpretaciones conflictivas y vulnerables, porque también es cierto como apunta el autor citado que es "difícil predeterminar cuanta información necesitará un paciente razonable para tomar la decisión informada acerca del procedimiento propuesto".-
En la especie la afirmación del actor de que no existió consentimiento informado no ha sido neutralizado por la parte demandada, puesto que su afirmación vertida en los agravios pretendiendo lo contrario ha quedado huérfana de toda acreditación.
Y en ese marco de la carga dinámica de las pruebas que no clasifica el imperativo en virtud de la calidad de actor y demandado sino de aquel que se encuentre en mejores condiciones de alcanzarla, es dable señalar que la parte demandada tampoco ha satisfecho el imperativo de su propio interés (art. 375 del CPCC) en consonancia con esta doctrina, esto es que el paciente supo, eligió y decidió esa alternativa quirúrgica con conocimiento cabal de los riesgos . En este tipo de prácticas ambulatorias el deber de información debe ser anticipado, concreto y contundente, en tanto no existe con anterioridad una serie concatenada de actos y consultas que permitan inferir que llegó a ese práctica sabiendo lo que le esperaba o los riesgos que asumía, sino que por el contrario por su propia naturaleza de ambulatoria es cuando se torna más relevante la exigencia del consentimiento prestado por el paciente que aquí ciertamente no fue probado por la parte demandada (art. 375 del CPCC y su doctrina).
El análisis ahora lleva a preguntarme si puede asentarse la responsabilidad médica en la omisión de ese recaudo tal como fue decidido por el juez de grado.- Y mi respuesta es afirmativa.-
Es que claramente la omisión del consentimiento informado configura un vulneración del deber de informar que es un aspecto fundamental de la mala praxis médica. Para que esto ocurra, debe materializarse algún riesgo típico sobre el cual el paciente no fue informado, y debe haber sufrido un daño como consecuencia de esa omisión.-
Se desprende perfectamente la relación causal entre esa omisión del deber de información y el resultado dañoso, puesto en crisis por la accionada, puesto que de haber sido ilustrado detalladamente sobre los riesgos y consecuencias de la práctica quirúrgica otra quizás hubiera sido la decisión del paciente.-
Tampoco se ha probado la presencia de excepciones al principio del deber de informar tales como aquellas situaciones previstas específicamente por la ley que alude a Emergencias: En situaciones de urgencia, donde hay riesgo inminente para la vida del paciente, el médico puede actuar sin consentimiento previo. Incapacidad del paciente: Cuando el paciente no puede expresar su voluntad, se requiere el consentimiento de sus representantes legales, pero aún así la información debe ser brindada en forma clara.
Es dable preguntarse entonces que implica la omisión del consentimiento informado: Es un deber del médico brindar al paciente información detallada sobre el diagnóstico, la terapéutica, los riesgos, las alternativas de tratamiento y los cuidados postoperatorios.
Pero el consentimiento informado además de configurar un deber del médico es un derecho del paciente que en la especie también aparece vulnerado por la conducta omisiva del galeno.- En tanto como derecho tiene la potestad de decidir sobre su propio cuerpo y salud. Asunción de riesgos: Al no solicitar el consentimiento informado, el médico asume los riesgos que podrían derivarse de la intervención.
En la especie es dable puntualizar que las prácticas ambulatorias generalmente requieren consentimiento informado, ya que es un requisito legal para toda actuación médica en Argentina, y en la mayoría de los casos, el paciente debe otorgar su conformidad después de recibir información sobre el procedimiento, sus riesgos y beneficios. Este consentimiento puede ser verbal o escrito, pero debe ser formalizado con un registro en la historia clínica, y solo se requiere que sea por escrito para procedimientos de riesgo o invasivos.
El deber del médico está previsto en la Ley 26.529 establece la obligatoriedad del consentimiento informado para todos los actos médicos, tanto en el ámbito público como privado. y aquí claramente la conducta del galeno vulneró uno de los deberes impuestos legalmente configurándose su responsabilidad por el hecho dañoso del paciente.-
¿Cuándo se requiere consentimiento escrito?
Procedimientos riesgosos: Se debe obtener por escrito para intervenciones quirúrgicas, tratamientos invasivos, estudios de diagnóstico o terapéuticos de riesgo, o cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo la salud del paciente.
Tampoco se ha probado que haya prestado u obtenido consentimiento verbal luego de ser informado cabalmente de las complicaciones que podía padecer a consecuencia de la práctica quirúrgica realizada en el consultorio.-
Habiendo motivado entonces la responsabilidad sobre la vulneración del deber especifico del médico de informar, entiendo que el encuadre normativo y fáctico logrado por el operador de grado es correcto y se confirma desde aquí (arts. 1708, 1709, 1716, 17171721, 17261727
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.