Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131931
En la ciudad de La Plata, a los 20 días del mes de Septiembre de 2022 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BREGAR ANA LIA C/ IPENSA S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) " (causa: 131931 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia del 26/4/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En la sentencia apelada se analizó si existió alguna infracción en la atención profesional que el médico co-demandado Dr. Gulayin le dispensó a la actora.
La sentenciante consideró que la discusión central radica en establecer si al realizarle una cinecoronariografía el Dr. Gulayin lesionó (cosió dice la actora en su demanda) la arteria.
Con base en la pericia médica, tuvo por probado que a la actora, en el sanatorio IPENSA, le realizaron una cinecoronariografía diagnóstica el 25/2/2010 y otra terapéutica el 4/3/2010 con angioplastía y stent farmacológico en la arteria descendente anterior; que el 4/5/2010 se practicó una angioresonancia magnética de miembro superior derecho y el 10/6/2010 una evaluación por especialista en cirugía vascular y un eco doppler arterial de miembro superior derecho y que las prácticas fueron adecuadas a la condición clínica de la paciente.
En cuanto al interrogante planteado acerca de las razones de la disminución del flujo sanguíneo en el miembro superior derecho, explicó que se debió a una estenosis de la arteria humeral distal, esto es a una complicación local descripta hasta en un 3 % de los casos de cateterismos realizados por vía humeral, más frecuente en pacientes del sexo femenino y obesas -ambas predisponentes presentes en la actora- y en base a la pericia médica estimó que no es un error en la realización del procedimiento, sino una complicación local en el acceso vascular; y que es probable que se haya tratado de una lesión progresiva que fue resuelta en forma programada alrededor de 9 meses después de la cinecoronariografía ¹ diagnóstica; a través de un by pass húmero-humeral en el Hospital Italiano de La Plata.
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1. La cinecoronariografía es un estudio invasivo, que se realiza mediante la introducción de uno o varios catéteres al sistema vascular para diagnosticar, mediante la instilación de un medio de contraste radio-opaco, lesiones de las arterias coronarias y determinar la significancia de las mismas y su tratamiento posterior (v.gr. revascularización con angioplastia o a través de una cirugía con “by pass”).
Aclaró, con relación a la eventual evolución, que la angioresonancia fue realizada 2 meses después de la cinecoronariografía por lo cual resulta difícil determinar si la lesión era significativa desde el primer día o fue progresando por fibrosis de la cicatriz en la arteria en ese tiempo.
Frente a las preguntas de la parte actora que referían supuestas "costuras de las venas", el perito indicó que ello no era correcto por cuanto ninguna intervención se había realizado en las venas del brazo.
Conforme ello, entendió que el estudio encomendado por el médico de la cabecera de la Sra. Bregar -Dr. Sánchez Viamonte- y cumplido por el médico demandado, cinecoronariografia, fue adecuado por cuanto el diagnóstico obtenido daba cuenta de una importante obstrucción arterial; y que no es cierto, como se señaló al momento de demandar, que el mismo no haya podido ser realizado. Fue justamente por su resultado y de los datos allí obtenidos que se programó la angioplastía trasluminal coronaria que se realizó una semana después (conf. H.C. IPENSA y estudios incorporados por la actora fs. 10 y 11 y pericia médica).
Agregó que, en términos similares, el Dr. Elías Sisu -médico que intervino en la angioplastía- en su declaración testimonial señaló la posibilidad de complicaciones al suturar la arteria luego del estudio de cinecorononariografía, dependiendo de la calidad de la arteria.
Y que con posterioridad a estas prácticas, el Dr. Gulayin indicó una angiorresonancia magnética de miembro superior cumplida el 4/5/10 (ver fs. 17 incorporada a la demanda) y el Dr. Salomon un eco-doppler de miembro superior derecho del 10/6/10 (fs. 24 doc. con la demanda). Éste último declaró en la audiencia de vista de causa -AVC- del 19/12/19, que si bien no recordaba acabadamente el caso, si evaluó que esa práctica habría sido pedida por él y conforme el resultado, correspondía una solución quirúrgica (00:47:19 y 00:48:31).
En función de lo expuesto dijo que el factor de atribución subjetivo y causa no se configuran en el caso y decidió rechazar la demanda promovida por la Sra. Bregar.
1.2. Contra esa forma de decidir apeló la parte actora, cuyos agravios fueron contestados.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que se encuentra firme y consentida.
II. Los agravios. Su tratamiento.
2. la actora cuestiona el rechazo de la demanda, sobre la base de existencia de negligencia en el actuar del médico interviniente, conforme se analizará a continuación.
III. Análisis de los agravios.
3.1. Normativa aplicable.
3.1.1. Siendo que la actuación médica que motiva la demanda ocurrió bajo la vigencia del Código Civil -esto es antes del 1/8/2015, fecha en que entró en vigencia en nuevo Código Civil y Comercial de la Nación conforme leyes 26.994 y 27.077-, la responsabilidad se rige -tal como lo destaca la sentenciante de origen- por la normativa vigente al momento del hecho, con lo que no se aplica al respecto el nuevo código (arts. 3, 499, 505, 514, 901, 902, 903, 904, 905, 1066, 1067, 1068, 1069, 1083, 1086, 1109,1113 y cctes., Código Civil; 7, C.C.C.N.).
3.2. Análisis de los agravios.
3.2.1. Liminarmente corresponde destacar que la expresión de agravios analizada globalmente y en forma amplia -por estar en juego el derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.)-, supera el test de admisibilidad, sin perjuicio de que parte de sus agravios puedan ser insuficientes (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Sentado ello, seguiré el orden en que formula sus agravios la recurrente.
3.2.2. En sus consideraciones previas, la actora realiza una serie de apreciaciones que no constituyen una crítica puntual y concreta del pronunciamiento apelado, por lo que no corresponde abrir juicio sobre su pertinencia (arts. 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1 y 384, C.P.C.C.).
3.2.3. En el punto III, formula sus agravios, y como PRIMER cuestionamiento, expresa que no se han interpretado correctamente los escritos constitutivos ni la prueba producida en autos.
A continuación considera a través de diferentes argumentaciones que el médico demandado debió probar que la “obstrucción de arteria femoral” que padeció la actora se produjo por impericia o negligencia del Dr. Gulayin, dice que ese obrar culposo surge con evidencia -aunque no indica cual es la evidencia concreta que así lo demuestra- y que ello no ha sido desvirtuado con la prueba de autos -cuando de la pericia surge que la actuación del Dr. Gulayin no es jurídicamente reprochable-.
Luego, en el punto “d”, vuelve sobre la obstrucción que considera originada en las practicas llevadas a cabo por el Dr. Gulayin (que considera que fue recién detectada en el Hospital Italiano), aunque prescinde del contenido de la pericia al respecto (omitiendo criticar lo expresado por el perito, que ha formado la convicción del juez y ha sido referido en los antecedentes).
En similares términos se expresa luego, cuando alude a la reducción del flujo sanguíneo -isquemia- que tuvo la actora, argumentando que el demandado debió probar su origen, lo cual se desentiende de los fundamentos de la sentencia y no pasa de ser una mera discrepancia subjetiva con lo resuelto (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Cabe añadir a los fundamentos de la sentencia reseñados en el punto 1.1 -con fundamento en la prueba pericial médica de autos- que la coronariografía realizada a la actora permitió diagnosticar una lesión obstructiva del 75 al 80% en el tercio medio de la arteria Descendente Anterior, rama principal de la arteria Coronaria Izquierda; que a la semana siguiente los Dres. Guillermo Oscos y Elías Sisu le realizan por vía Femoral una angioplastia programada exitosa y sin complicaciones; y que la estenosis distal de la arteria Humeral se trató de una complicación local descripta en la literatura entre el 0,4% y el 3% de los cateterismos instrumentados por esta vía, que fue resuelta posteriormente en el mes de noviembre del mismo año con un By Pass venoso Húmer-humeral en el Hospital Italiano de La Plata (arts. 163, 164, 384 y 474, C.P.C.C.).
Luego, la recurrente alude a la culpa, como factor de atribución, aunque no indica una conducta concreta reprochable y probada que pueda encuadrar en dicho concepto. Insiste en que el demandado debió probar que no hubo culpa de su parte -sin traer argumentos concretos que permitan aplicar la carga dinámica probatoria-, que la sutura efectuada por el Dr. Gulayin tuvo como consecuencia la pérdida de flujo sanguíneo -aunque sin soporte probatorio- y que ello posteriormente fue salvado por el by pass efectuado en el Hospital Italiano -cuando tal “by pass” no salvó un error del médico demandado-, todo lo cual no es atendible (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Da relevancia a lo que surge de la Historia Clínica del Hospital Italiano (agregada a fs. 2/21), de que la actora presentaba una “lesión estenótica severa… que le provoca una claudicación de miembro superior derecho severa”, y considera que ello no fue analizado en autos, ni ponderado por el perito actuante, cuando de la lectura de la pericia que obra en autos y de los fundamentos del fallo expuestos en el punto 1.1 surge todo lo contrario. En este sentido, el perito expresó que la estenosis de la arteria Humeral fue progresando con el paso del tiempo, siendo evaluada en los primeros tres meses en el sanatorio IPENSA con estudios complementarios e interconsulta de especialista y luego resuelta con un By Pass Humero-humeral en el Hospital Italiano.
Cuestiona el contenido de la pericia médica, sobre la base de su imparcialidad -aunque no indica cuál es el fundamento concreto y valedero de dicha calificación- y de que no ha tenido en cuenta lo que surge de la Historia Clínica del Hospital Italiano, todo lo cual no es verdad y se desmerece a partir de la mera lectura de la pericia y de lo anteriormente expresado (arts. 163, 164, 384 y 401, C.P.C.C.). Por ello la crítica que se realiza cae en el vacío y no pasa de ser una mera discrepancia subjetiva sin sustento válido (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
A mayor abundamiento destaco que la recurrente realiza un análisis parcial y antojadizo del contenido del informe pericial e Historia Clínica obrante en autos, cuando sostiene que la “obstrucción” fue producto de negligencia médica, ya que tal circunstancia no emerge de la pericia, ni de los demás elementos de prueba de autos. En función de dicha pericia -que forma la convicción del suscripto- no es válido concluir que el accionar del médico tratante haya sido negligente. Habida cuenta lo expuesto, los fundamentos de la sentencia para rechazar la demanda -que han sido referidos en el punto 1.1- no han sido idóneamente rebatidos, por lo que el disenso de la recurrente no pasa de ser una mera discrepancia subjetiva con lo resuelto, sin sustento en las constancias de autos (arts. 163, 164, 260, 261, 375, 384 y 474, C.P.C.C.; 3, 512, 901, 902, 903, 904, 905 y 906 Cód. Civil).
3.2.4. Después alude a la dificultad de la prueba (punto “b”), a través de argumentaciones que por no constituir una crítica puntual y concreta de los fundamentos del fallo, que hacen que la queja en este aspecto quede desierta (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Sobre la dificultad probatoria insiste en los puntos siguientes, donde solicita la inversión de la carga de la prueba, la aplicación de la carga dinámica en la materia y la aplicación de presunciones sobre la responsabilidad del demandado, aunque omite indicar cuales son los indicios que permiten arribar a ello. Solo dice que si la obstrucción no estaba antes de la intervención quirúrgica del Dr. Gulayin, es evidente que se debió a la mala praxis del mismo, con lo cual se desentiende de los fundamentos del fallo y cae en insuficiencia (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
3.2.5. Cambiando lo argumentado en la demanda, dice que no se ha reclamado porque no se hubiera llevado a cabo la cinecoronariografía, sino porque la sutura que se le efectuó fue la que provocó la pérdida de funciones del brazo, y que ello se solucionó con la atención recibida en el Hospital Italiano. Agrega que el suturar mal no está en el 3% de incidencias de necrosis sobre pacientes obesas, ya que la sutura de la arteria es un hecho mal efectuado, lo cual desentiende de los fundamentos del fallo -que consideró que las prácticas realizadas fueron las adecuadas a la condición clínica de la paciente- y al no surgir de autos la “mala sutura”, no pasa de ser una mera discrepancia subjetiva con los fundamentos del fallo (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Se reitera que de las pericias realizadas -que han sido referenciadas- surge la actuación dentro de las reglas del arte (arts. 163, 164, 260, 261, 384 y 474, C.P.C.C.; 3, 512, 901, 902, 903, 904, 905 y 906, Código Civil).
En consecuencia, en este punto tampoco es procedente la crítica que formula la recurrente (arts. 163, 164, 260, 261, 384 y 474, C.P.C.C.).
3.2.6. Luego sigue insistiendo en la culpa sobre la base de la presencia de lesiones, y pruebas que las confirman, olvidando que tiene que surgir de autos que tales lesiones tienen origen –nexo causal- en el actuar defectuoso del galeno demandado (arts. 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
No es ocioso destacar que muchos de los cuestionamientos que se realizan sobre los fundamentos de la sentencia prescinden del contenido de la prueba pericial y remiten a su modificación y/o a una nueva pericia de la especialidad, lo cual no es atendible, por el principio de preclusión que impide retrotraer la causa a estadios superados -como el de la prueba- si no hay causas que así lo justifiquen (arts. 163, 164, 255, 375, 384, 472, 473, 474 y 482, C.P.C.C.).
Tampoco tienen sustento los demás agravios vertidos, que sólo importan poner la propia argumentación por sobre la del juez, que esta apoyada en la prueba pericial y demás constancias de autos (arts. 163, 164, 260, 261, 375, 384 y 474, C.P.C.C.).
3.2.7. En definitiva, la recurrente no brinda elemento de convicción alguno que permita apartarse de las conclusiones del juez en orden a que no se ha podido acreditar en autos que el Dr. Gulayin haya actuado con imprudencia, impericia o negligencia en la ocasión, y se ha probado que dicho galeno al tratar a la actora lo hizo conforme a las reglas de la medicina, lo cual encuentra respaldo en la prueba pericial, cuyas bases científicas no han sido idóneamente cuestionadas (arts. 3, 512, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1068, 1109 y concs., Cód. Civil; 163, 164, 260, 261, 375, 384 y 474, CPCC).
3.3. Sobre la responsabilidad médica.
3.3.1. No es ocioso destacar -más aún frente al perfil de los agravios- que la responsabilidad médica constituye parte especial de la responsabilidad profesional y al igual que ésta se halla sometida a los mismos principios que la responsabilidad en general. Ello quiere decir que cuando el profesional médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia ², falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (arts. 512, 902 y 909, Código Civil -hoy 1721, 1724, 1725, 1726 y 1727, C.C.C.N.-; conf. SCBA, Ac. 31.702, 22/12/87, “Ac. y Sent." 1987-V, 355; Ac. 39.597, 13/9/88, “Ac. y Sent.” 1988-III, 373; Ac. 38.114, 25/10/88, "Ac. y Sent." 1988-IV, 79; Ac. 40.456, 15/8/89; Ac. 43.540, 9/4/91; Ac. 45.177, 30/4/91, "Ac. y Sent." 1991-
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2. La culpa puede presentarse bajo tres facetas distintas: como “negligencia”, cuando se omite cierta actividad que hubiera evitado el resultado dañoso, como “imprudencia”, cuando por el contrario se obra precipitadamente, sin prever por entero las consecuencias en que puede desembocar esa actitud irreflexiva, y en fin, con especial referencia a los profesionales, como “impericia”, con desconocimiento de las reglas y métodos pertinentes, ya que es obvio que todo individuo que ejerce una profesión debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos propios de la misma, y obrar con la previsión y diligencia necesarios con ajuste a aquellos y a las circunstancias del caso (Trigo Represas, Félix A., “Nuevas reflexiones sobre la responsabilidad civil de los médicos”, L.L. 1984-C, 586).
I, 574; Ac. 46.039, 47/8/92, "Ac. y Sent." 1992-II, 654; Ac. 44.440, 22/12/92; Ac. 50.801, 21/12/93, DJBA 146-156; Ac. 55.133, 22/8/95; Ac. 58.840, 5/9/95, "Ac. y Sent." 1995-III, 434; Ac. 56.949, 9/4/96; Ac. 55.404, 25/3/97, "Ac. y Sent." 1997-I, 555; Ac. 59.937, 25/11/97; Ac. 62.097, 10/3/98; Ac. 66.276, 12/5/98, E.D. 182-224; Ac. 65.802, 13/4/99; Ac. 71.581, 8/3/2000; Ac. 73.652, 2/8/2000, L.L.B.A. 2001-194; Ac. 76.592, 13/6/2001; Ac. 75.676, 19/2/2002; Ac. 69.059, 29/10/2003; Ac. 76.152, 17/12/2003; Ac. 87.859, 20/4/2005; C. 100.254, 16/12/2009; C. 104.543, 22/12/2010; C. 99.658, 22/12/2010; C. 107.455, 29/6/2011; C. 106.311, 17/8/2011; 102.658, 5/10/2011; C. 107.189, 21/3/2012; C. 116.047, 13/11/2012; C 106.780, 26/2/2013; c. 115.771, 2/5/2013; C. 116.561, 22/5/2013; C. 107.948, 16/7/2014; C. 118.280, 4/3/2015; C. 119.259, 8/4/2015; C. 118.230, 15/7/2015; C. 101.694, 21/9/2016; C. 120.128. 8/3/2017; C. 121.608, 8/8/2018; C. 110.232, 26/2/2021; C. 120.051, 21/6/2018).
Afirmaba Ulpiano, en el derecho romano (Dig. 1, 18, 6, 7), que “así como no se debe imputar al médico el evento de la muerte, se le debe imputar lo que ha cometido por impericia”. Y era así, porque desde la más remota antigüedad el médico rendía cuenta de sus faltas como tal ante la ley, siempre que lesionaba el interés ajeno (Mosset Iturraspe, “Responsabilidad civil del médico”, ed. Astrea, Bs. As., 1979, pág. 67).
En ese orden de ideas, la responsabilidad profesional sólo aparece si puede establecerse la conexión causal adecuada entre una acción u omisión (obrar antijurídico) y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 511, 512, 520, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 929, 1068, 1109 y 1113, Código Civil -hoy arts. 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1739, 1753 y 1768, C.C.C.N.-; conf. SCBA, Ac. 44.440, 22/12/92; Ac. 55.133, 22/8/95; Ac. 65.802, 13/4/99; Ac. 76.198, 7/2/2001; Ac. 80.065, 9/6/2004; C. 91.749, 18/4/2007; C. 100.819, 25/3/2009; C. 93.918, 4/11/2009, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de la doctrina-) ³
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Ello impone confrontar lo realizado por el profesional con lo que debió realizar, lo previsto, con lo que debió prever 4, teniendo como piso de marcha los conocimientos técnicos que debieron ser aplicados de acuerdo al estad actual de avance de la medicina y sin perder de vista las particulares circunstancias del caso (conf. Chaia, Rubén, “Prueba de la culpa médica”, DJ 24/5/2006, 288, TR L.L. AR/DOC/1626/2006).
Así, la falta de éxito del acto médico no conduce necesariamente a la obligación de resarcir al damnificado, pues el mé
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.