Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 140942
En la ciudad de La Plata, a los 21 días del mes de Octubre de 2025, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: “DI YORIO JORGE LUIS Y OTRO/A C/ SANATORIO GENERAL SARMIENTO CLINICA PRIVADA SRL S/ DAÑOS Y PERJ.RESP. PROFESIONAL” (causa: 140942), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra ¿Es justa la apelada providencia del 11 de Agosto de 2025?
2da ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
Mediante la providencia del 11/08/2025, el Juez de la anterior instancia intimó a la codemandada “Sanatorio General Sarmiento Clínica Privada S.R.L.” para que en el término de 5 (cinco) días efectuara el depósito previo contemplado en el art. 29 de la ley 13.133, aplicable -a su criterio- conforme a los fundamentos de la sentencia condenatoria dictada; bajo apercibimiento de tener por desistido el recurso de apelación interpuesto contra dicho pronunciamiento definitivo.
Contra ese proveído, se alzó la aludida coaccionada a través del recurso de reposición con apelación en subsidio deducido el 13/08/2025.
En la resolución del 14/08/2025 fue rechazado el primero de los remedios, y concedido el segundo; habiendo sido contestado el traslado del memorial allí mismo conferido por la parte actora en el escrito del 25/08/2025.
Con fecha 08/10/2025 el Fiscal de Cámaras dictaminó que debía rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 13.133; y a su vez, desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la referida quejosa “Sanatorio General Sarmiento Clínica Privada S.R.L.” contra la sentencia definitiva, en virtud del incumplimiento de la carga del depósito prescripto en dicha norma, al momento de la deducción de la vía impugnativa.
La apelante se agravió respecto del condicionamiento de la concesión del recurso de apelación impetrado contra la sentencia definitiva dictada, al cumplimiento del depósito previo prescripto por el art. 29 de la ley 13.133.
Adujo que de esta manera se impedía la garantía de revisión del referido pronunciamiento de mérito en la segunda instancia; lo cual conllevaría a que quedara firme la condena al pago de un monto ostensiblemente excesivo y desproporcionado.
Destacó que los coautores no habían fundado su pretensión en la ley de defensa del consumidor, por lo que el proceso no se había regido por dicha normativa.
Afirmó que sin perjuicio de que en la aludida sentencia se hubiera considerado aplicable la normativa consumeril a un caso de mala praxis, la apelación debía ser concedida con efecto suspensivo y sin obligación de depósito de importe alguno, tal como había sido establecido para el resto de los codemandados condenados.
Planteó la inconstitucionalidad del mencionado art. 29 de la ley 13.133, y la violación de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia Provincial sobre el particular.
Argumentó que la exigencia del depósito previo vulneraba su derecho de defensa en juicio, ya que equivalía al cumplimiento anticipado de la sentencia atacada; como así también el debido proceso legal, al imponerse el pago de una suma excesiva, injusta y desproporcionada, para acceder a un recurso ordinario, evitándose de este modo la revisión del pronunciamiento por la Alzada.
Añadió que el citado precepto resultaba violatorio del principio de igualdad, dado que el ordenamiento procesal no exigía el recaudo del depósito previo para la concesión de un recurso ordinario por parte de los demás coaccionados condenados; y asimismo de la garantía de la inviolabilidad de la propiedad.
Inicialmente, se valora que resulta ajustada a derecho la aplicación del art. 29 de la ley 13.133 respeto de la codemandada condenada “Sanatorio General Sarmiento Clínica Privada S.R.L.”; toda vez que -para la lógica del juzgador- la normativa consumeril ha sido dirimente para la atribución de su responsabilidad mediante la sentencia definitiva de primera instancia dictada con fecha 16/07/2025, es decir que ésta tiene relación directa e inmediata con el pleito.
Es que en el aludido pronunciamiento de mérito, el juzgador ponderó que el daño cuya reparación fue reclamada por los coactores, tuvo origen en una relación de consumo regida por el derecho privado y alcanzada por la normativa tuitiva específica.
En segundo término, sabido es que el control de razonabilidad de una disposición legal debe realizarse siempre teniendo presente que la declaración de su inconstitucionalidad (o de su inaplicación concreta a un caso) constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, por configurar un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como “ultima ratio” del orden jurídico (conf. CSJN Fallos: 286:76; 300:1087; 333:447; 341:1511, entre otros). Sin embargo, tal tarea, por resultar la base lógica del análisis jurídico, ha de ser el punto de partida de la tarea judicial (art. 1 Cód. Civ. Com.)
Por ende, no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera (conf. CSJN Fallos: 249:51; 264:364; 288:325; 328:1416; 339:323), o no exista alternativa de mantenerla dentro del sistema normativo, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (conf. CSJN Fallos: 14:425; 147:286; 335:2333; 340:1795; conf. SCBA LP C 121614 S 26/02/2021).
En suma, corresponde así decidirlo cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, de modo que requiere de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio determinado y específico (conf. CSJN Fallos: 299:291; 338:1444; 339:1277; 340:669; e.o.).
Sobre esa base, se adelanta que no puede ser de recibo el agravio constitucional expresado por la recurrente respecto del mentado art. 29 de la ley 13.133.
A ese respecto, debe señalarse primeramente que el recaudo procesal previsto por el referido precepto (depósito previo) no resulta en nada extraño al ordenamiento jurídico local, pues se observa la presencia de una reglamentación similar en el marco de los procesos derivados de las relaciones de trabajo (art. 56 ley 11.653 -replicado en el art. 83 de la ley 15.057-), en los que -también por la especial vulnerabilidad de los sujetos involucrados- se acude a análogos condicionamientos, en procura de fines que lucen semejantes (arts. 1, 2 y cctes. Cód. Civ. Com; conf. SCBA LP 122789 S 24/02/2021, SCBA LP C 121614 S 26/02/2021).
En este sentido, ha de destacarse que la fijación del requisito de depósito previo para la concesión del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia condenatoria y favorable a la pretensión traída por el usuario o consumidor, constituye una carga procesal establecida por una norma local y sujeta a las resultas del juicio; cuya finalidad es la de asegurar al consumidor la posibilidad de hacer efectivo y sin dilaciones su crédito, respecto del cual el fallo recurrido conforma una fuerte presunción favorable (conf. juris. cit.).
De esta manera, se presenta como una razonable medida impuesta en salvaguarda del interés colectivo comprometido y de la celeridad procesal, que posee una naturaleza y finalidad distinta del depósito que prescribe el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. prec. ref.).
Esto es, se trata de un resorte destinado a la más eficiente y efectiva protección específica de los usuarios y consumidores, a quienes constitucional y legalmente se les ha dotado de ciertas adicionales prerrogativas -con finalidad tuitiva- dispuestas en favor de grupos tradicionalmente postergados (arts. 28, 33, 42, 75 inc. 22 y cctes. Const. Nac; 10, 11, 15, 38 y cctes. Const. Pcia. Bs. As; 1.092 a 1.122 Cód. Civ. Com; 1, 2, 3, 36, 37, 65 y cctes. ley 24.240).
En ese carril, la Suprema Corte de Justicia Provincial concluyó que el depósito previo en cuestión no constituye la ejecución condicional de la sentencia o una pena, ni un pago anticipado; sino una mera carga procesal establecida para la tutela judicial más efectiva del consumidor y usuario (conf. juris. cit.).
Ciertamente, se trata de una exigencia económica (para admitir la revisión de lo decidido) dirigida a beneficiar a usuarios y consumidores, garantizándoles el cumplimiento inmediato de la sentencia (v.gr. cobro inmediato de los créditos reconocidos judicialmente a su favor), aunque no se encuentre firme, sea actual y provisoriamente o futura y definitivamente; sin necesidad de acudir a adicionales medidas ejecutorias o conminatorias, por encontrarse el dinero depositado en una cuenta judicial (arts. 202 inc. 2, 212 inc. 3 y cctes. CPCC; 25, 29 y cctes. ley 13.133).
Desde otroángulo, se advierte que en aras de la referida tutela diferenciada diseñada para dar una preferente protección al consumidor y usuario como parte vulnerable de este tipo de relación jurídica; la disposición cuestionada asimismo pretende -en cierto modo- desincentivar los recursos de apelación que puedan poseer una finalidad dilatoria, al imponerles una mayor onerosidad.
Con relación al derecho de defensa en juicio, dicha garantía exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley; por lo que su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento, a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés colectivo de obtener una garantía eficaz (conf. SCBA LP 122789 S 24/02/2021, SCBA LP C 121614 S 26/02/2021).
De ahí que, dada la preferente y tuitiva finalidad que patentiza el citado art. 29 de la ley 13.133, no se aprecia que su empleo, en los términos indicados, afecte la defensa en juicio de la apelante; a quien no se le ha impedido ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido legalmente con anterioridad a los hechos de la causa.
Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido históricamente que la doble instancia judicial no es requisito constitucional para la efectividad de la garantía de defensa en juicio (conf. CSJN Fallos: 318:514; 319:699; 320:2145; 322:2488; 324:2554; 330;1036; entre otros).
El Máximo Tribunal de Justicia de la Pcia. de Bs. As. ha transitado la misma senda interpretativa (causas Ac. 38.021, "Bernal de Aquino", resol. de 24-III-1987; L. 36.483, "Mignone", sent. de 24-X-1989; Ac. 78.703, "Sampayo", resol. de 30-VIII-2000); toda vez que la doble instancia no integra dicha garantía (doctr. causas Ac. 41.159, "Skerj de Venturín", sent. de 12-XII-1989 y Ac. 50.993, "Vittar", sent. de 30-VIII-1994), sino que se encuentra establecida como tal exclusivamente para el proceso penal (causas Ac. 91.691, "Loponte", resol. de 8-VI-2005; L. 96.363, "Fernández", sent. de 25-XI-2009; L. 119.569, sent. de 28-VIII-2019).
No obstante ello, el depósito previo contemplado en el mentado precepto legal, no afecta el acceso a la segunda instancia ordinaria; pues su exigencia no resulta ineludible, dado que deben aceptarse razonables situaciones excepcionales que autoricen su eximición, a fin de evitar que el pago en cuestión se traduzca en un real menoscabo de los derechos del impugnante.
En efecto, ha de reconocerse la posibilidad de que se verifiquen ciertas circunstancias de excepción, frente a las que el depósito pueda ser dispensado, ante la demostración de la objetiva e incausada imposibilidad por parte del recurrente de realizar el pago (conf. SCBA LP 122789 S 24/02/2021, SCBA LP C 121614 S 26/02/2021).
Así, constituyen supuestos de excepción a la regla general prescripta por la norma bajo análisis: 1) la desproporcionada magnitud del monto del depósito previo con relación a la capacidad económica del impugnante (conf. CSJN Fallos: 247:181; 250:208; 261:101; 291:455; 287:101; 291:455; 295:240; 296:40; 307:196; 310:908; 312:2490; e.o.); y 2) la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dicha erogación (conf. CSJN Fallos: 320:1847; SCBA prec. cit.).
En tales hipótesis, es necesaria una clara invocación del extremo y el ofrecimiento de la prueba respectiva, correspondiendo al magistrado interviniente sustanciar la prueba tendiente a acreditar dicha alegada imposibilidad.
A su vez, el indicado precepto legal tampoco afecta la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas condiciones (conf. SCBA LP 122789 S 24/02/2021, SCBA LP C 121614 S 26/02/2021).
Sobre el particular, el Cimero Tribunal de Justicia Nacional ha explicado que el principio de igualdad ante la ley consiste en el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (conf. CSJN, Fallos: 320:2145; 322:2701; 324:3269).
En ese carril, debe repararse en que en la sentencia definitiva dictada en la causa, se calificó a la apelante como proveedora; y por ende se encuadró a la relación existente con los coautores como de consumo.
Por consiguiente, siendo que allí se atribuyeron las responsabilidades de los codemandados condenados por diversas causas (obligación concurrente); no se verifica que la carga del depósito previo impuesta sólo a la quejosa resulte contraria a dicho principio de igualdad.
Por último, se observa que la quejosa no explicó concretamente la manera en que la norma impugnada vulnera el derecho de propiedad.
En ese sendero, se impone remarcar que quien alega la inconstitucionalidad de una norma, tiene el deber de demostrar con fundamentos sólidos de qué manera aquélla contraría preceptos constitucionales (conf. SCBA LP A 76136 RSD-76-2022 S 13/09/2022), dado que las deficiencias argumentales constituyen una omisión que no puede ser suplida por el Tribunal (conf. SCBA LP B 55766 S 04/06/2014, SCBA LP I 72120 RSD-105-19 S 29/05/2019).
Por tanto, no se advierte la incompatibilidad denunciada, dado que la agraviada no desarrolló argumentos que resulten suficientemente concluyentes para justificar un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerado -se insiste- como “ultima ratio” del orden jurídico (conf. SCBA LP B 65011 RSD-24-17 S 29/03/2017, SCBA LP A 77531 RSD-41-2025 S 04/06/2025).
En síntesis, el art. 29 de la ley 13.133 -en los términos señalados- no conculca derechos o garantías consagradas en la Constitución nacional o provincial, resultando compatible con el art. 15 de esta última, ni derechos o garantías establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impide deducir el recurso de apelación, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa que constituye -por su finalidad- una razonable medida precautoria impuesta en salvaguarda del interés social comprometido y de la celeridad procesal, poniendo al consumidor en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en el litigio (conf. SCBA LP 122789 S 24/02/2021, SCBA LP C 121614 S 26/02/2021).
Por otra parte, es dable subrayar que la Corte Interamericana ha aseverado que "habiendo empleado en forma simultánea y conjunta los distintos criterios hermenéuticos establecidos en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, de una interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana, de buena fe, acorde con el sentido natural de los términos empleados, se desprende...que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales" (Opinión Consultiva OC-22/16, Serie A n° 22, párr. 70, con las precisiones que se establecen en el párr. 120).
Esta interpretación, aplicable al caso examinado, resulta igualmente decisiva para concluir en la inadmisibilidad de la postulación de la quejosa (conf. SCBA LP C 122789 S 24/02/2021, voto del Dr. Soria).
Como corolario de todo lo antes expuesto, cuadra desestimar el reproche constitucional realizado por la apelante en torno al art. 29 de la ley 13.133; sobremanera que ella únicamente alegó que la exigencia del depósito previa se erigía como un valladar insalvable que le impedía acceder a la jurisdicción, pero sin que hubiera probado la desproporción del monto correspondiente, ni su falta inculpable de los medios necesarios para su pago, todo lo cual sella la suerte adversa del intento revisor en este aspecto (arts. 18, 28, 33, 42 y cctes. Const. Nac; 10, 11, 15, 38 y cctes. Const. Pcia. Bs. As; 1, 2, 3, 1.092, 1.094 y cctes. Cód. Civ. Com; 1, 2, 3, 65 y cctes. ley 24.240; 163, 164, 260, 266, 270, 375, 384 y cctes. CPCC).
En tercer lugar, se verifica que al momento de la interposición del recurso de apelación contra la sentencia definitiva por parte de la coaccionada “Sanatorio General Sarmiento Clínica Privada S.R.L.” (18/07/2025), aún no se encontraba abierta la cuenta judicial respectiva; dado que la orden a tal fin, recién fue dispuesta en oportunidad del proveimiento de aquél (11/08/2025).
De este modo, atento la imposibilidad material de dar satisfacción al depósito previo prescripto por el citado art. 29 de la ley 13.133 al tiempo de la deducción de la vía impugnativa por la clínica recurrente; cabe confirmar la providencia del 11/08/2025 objeto de embate, en cuanto al plazo de 5 (cinco) días allí conferido para el cumplimiento de tal carga.
Finalmente, teniéndose en cuenta el efecto suspensivo que se infiere haber sido otorgado a la apelación impetrada de manera subsidiaria con fecha 13/08/2025 aquí analizada (ver punto 3 del proveído del 14/08/2025); se impone establecer que el plazo para depositar el capital y los intereses de condena, comenzará a computarse inmediatamente luego de que la presente resolución adquiera firmeza; sin que quepa hacerlo en cuanto a las costas, en función del diferimiento de la regulación de los honorarios (art. 51 ley 14.967), y dado que -sin desconocerse la postura adoptada por la Suprema Corte de Justicia Provincial en el precedente “Andersen”-, la interpretación del referido art. 29 de la ley 13.133 debe ser en el sentido más favorable para la admisión del recurso.
En virtud de lo expuesto y con el alcance descripto, voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo: Por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhiero a la solución propuesta; y, en consecuencia, también voto por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada providencia del 11/08/2025 en cuanto al plazo de 5 (cinco) días allí conferido para el cumplimiento del depósito previo contemplado en el art. 29 de la ley 13.133 por parte de la codemandada “Sanatorio General Sarmiento Clínica Privada S.R.L.” (comprensivo únicamente del capital y de los intereses de condena); el cual comenzará a computarse inmediatamente luego de que la presente resolución adquiera firmeza (arts. 18, 28, 33, 42 y cctes. Const. Nac; 10, 11, 15, 38 y cctes. Const. Pcia. Bs. As; 1, 2, 3, 1.092, 1.094 y cctes. Cód. Civ. Com; 1, 2, 3, 65 y cctes. ley 24.240; 163, 164, 260, 266, 270, 375, 384 y cctes. CPCC).
Respecto a las costas de Alzada, postulo que se impongan a la recurrente, dado que reviste la objetiva condición de vencida (arts. 68 y 69 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo: Por idénticos motivos, voto en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, fundamentos expuestos y oído que fuera el Fiscal de Cámaras, se confirma la apelada providencia del 11/08/
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