Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143686
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la apelada resolución del 19/06/2026. Costas de Alzada en el orden causado.
VISTOS: CONSIDERANDO:
Mediante la resolución del 19/06/2026, la Jueza de la anterior instancia dispuso la acumulación del presente proceso al juicio “Giusso Jerómino y otro/a c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ pretension indemnizatoria” - Expte. LP - 42700 - 2020 (N°52456), de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°3 Departamental.
Para así decidir, tuvo en cuenta que ambas acciones derivaban del mismo hecho dañoso, por lo que existía un riesgo de dictado de sentencias contradictorias o de imposible cumplimiento por efecto de la cosa juzgada.
Asimismo, ponderó que la relación procesal se había trabado primero en el aludido expediente N°52456.
Contra ese pronunciamiento, se alzó el letrado Sebastián Marcelo Iñigo (como apoderado de las aquí coactoras Agustina Velado y Luciana Velado) a través del recurso de apelación interpuesto y fundado el 29/06/2026; cuyo traslado del memorial conferido el 16/07/2026, no fue replicado por las codemandadas “Instituto Privado de Neuromedicina S.A.” y Silvia Raquel Etcheverry, ni por las citadas en garantía “Federación Patronal Seguros S.A.U.” y “Noble Compañía de Seguros S.A.”.
Con fecha 26/08/2026, el Fiscal de Cámaras Departamental aconsejó la revocación del decisorio atacado.
2.1. El apelante adujo que la regla de inapelabilidad consagrada en el art. 191 del Código Procesal se circunscribe a los supuestos de acumulación de procesos que tramitan dentro de un ámbito común de competencia en razón de la materia, de acuerdo con lo normado por el art. 188 inc. 2.
Agregó que el presente caso configura una declinación de competencia con remisión a un fuero diverso, por lo que encontrándose comprometido el orden público, la resolución impugnada resulta susceptible de revisión por la Alzada.
2.2. Refutó que se encuentren reunidos los recaudos previstos en el aludido art. 188 inc. 2 del Código de rito, dado que la presente causa versa sobre una controversia entre particulares regida exclusivamente por el derecho privado.
Asimismo, remarcó que el Estado provincial no forma parte de este litigio.
Sostuvo que en el proceso al que se ordenó acumular el presente juicio, interviene como demandado el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, circunstancia que determina la competencia exclusiva y excluyente del fuero contencioso administrativo.
También señaló que los expedientes no pueden sustanciarse por los mismos trámites en razón de los distintos regímenes procesales existentes; es decir, el Código Procesal Civil y Comercial (decreto-ley 7425/68) y el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (ley 12.008).
Igualmente, negó la existencia de un riesgo real de que se dicten sentencias contradictorias, toda vez que las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon cada fallecimiento son independientes.
Por otro lado, postuló que la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense es estricta en torno a la competencia contencioso administrativa.
En ese sentido, afirmó que el Máximo Tribunal de Justicia local ha resuelto que la exclusión de las controversias entre particulares del conocimiento del fuero contencioso administrativo obsta a la acumulación de procesos, puesto que no concurre el recaudo de la competencia por razón de la materia.
A su vez, recalcó que tres pronunciamientos anteriores habían rechazado la acumulación en causas vinculadas por el mismo suceso -el incendio ocurrido en el Instituto Privado de Neuromedicina-, cuyos fundamentos consideró plenamente aplicables al presente supuesto.
Por último, argumentó que el envío de estas actuaciones al fuero contencioso administrativo compromete la economía procesal que el propio decisorio pretende tutelar, en virtud de la probable generación de un conflicto negativo de competencia.
3. Tratamiento de los agravios.
3.1. Violación de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia provincial. Resolución apelable.
Inicialmente, cabe destacar que la resolución impugnada resulta apelable por contrariar la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia provincial (arts. 161 incs. 2 y 3 ap. “a”, 163 y 171 Const. Pcia. Bs. As; 279 inc. 1 CPCC; 31 bis ley 5827).
En efecto, el Máximo Tribunal de Justicia local afirmó que el art. 166, párrafo final, de la Constitución Bonaerense consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados; en tanto que el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
En ese sendero, sostuvo que con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (conf. SCBA LP B 74261 RSI-894-16 I 26/10/2016, SCBA LP B 75473 RSI-484-18 I 17/10/2018, SCBA LP B 75792 RSI-217-19 I 22/05/2019, SCBA LP B 76550 RSI-479-20 I 23/12/2020, SCBA LP B 77839 P RSI-611-22 I 10/06/2022, SCBA LP B 78726 RSI-17-24 I 14/02/2024, SCBA LP B 80991 RSI-598-26 I 29/06/2026, entre muchas otras).
Por otra parte, aseveró que el art. 188 del Código Procesal Civil y Comercial establece tres requisitos para que sea procedente la acumulación de acciones: a) que los procesos se encuentren en la misma instancia; b) que puedan sustanciarse por los mismos trámites; c) que sean de la competencia del mismo juez.
Añadió que, a su vez, dicho precepto dispone en su primer párrafo que este instituto será aplicable cuando hubiese sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo previsto en el artículo 88 y, como regla general, toda vez que la sentencia que haya de dictarse en un proceso pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros; principio reiterado en el último párrafo del art. 188 (conf. SCBA LP B 72444 I 10/07/2013).
Por tanto, concluyó que si el conflicto se origina por la alegada vinculación entre un proceso radicado ante la justicia contencioso administrativa y otro en el que se demanda a dos particulares en virtud de una relación regida por normas del derecho privado, la exclusión de este tipo de controversias del conocimiento de los órganos del fuero en lo Contencioso Administrativo, conforme lo dispuesto por los artículos 166 de la Constitución provincial, 1, 4 inc. 1° del Código Procesal Contencioso Administrativo y lo establecido en el inciso 2° del artículo 188 del C.P.C.C., obsta a la acumulación de procesos requerida, en tanto no concurre el recaudo de la competencia por razón de la materia para entender en todos ellos (conf. SCBA LP B 72444 I 10/07/2013, SCBA LP B 75828 RSI-325-19 I 10/07/2019).
En síntesis, ante la posibilidad de hallarse comprometida la competencia contencioso administrativa, el Cimero Tribunal Jurisdiccional ha sido particularmente estricto a la hora de escrutar la concurrencia de los presupuestos de procedencia de la acumulación de acciones, contemplados en el citado art. 188 del C.P.C.C.
Por ese motivo, ha resuelto en sentido negativo cuando no advirtió un peligro cierto respecto del dictado de pronunciamientos contradictorios. Por ejemplo, al discutirse en una de las causas conexas la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva basado en la teoría del riesgo -doctrina causa B. 72.444, "Enosur", res. del 10/07/2013-, o por existir una clara divergencia en razón de la materia entre ambos pleitos -doctr. causa B. 73.756, "Victoria", res. del 28/10/2015- (conf. SCBA LP B 75315 RSI-519-18 I 17/10/2018).
En esa dirección, se advierte que en la presente causa no se encuentra controvertida la actuación de ninguno de los sujetos públicos mencionados en los arts. 166 de la Carta Magna Bonaerense, y 1 inc. 1 y 2 incs. 2, 3 y 4 de la ley 12.008, ni por consiguiente se ha integrado la relación procesal a su respecto.
Ciertamente, las coactoras Agustina Velado y Luciana Velado han dirigido deliberadamente su acción contra dos particulares (“Instituto Privado de Neuromedicina S.A.” y Silvia Raquel Etcheverry) y sus aseguradoras (“Federación Patronal Seguros S.A.U.” y “Noble Compañía de Seguros S.A.”).
Por ende, toda vez que la controversia se encuentra regida exclusivamente por el derecho privado, no se ve alcanzada por la competencia contencioso administrativa, de acuerdo con lo normado por el art. 4 inc. 1 de la referida ley 12.008.
De tal modo, el requisito contenido en el art. 188 inc. 2 del C.P.C.C. impide que estas actuaciones tramiten conjuntamente con el juicio “Giusso Jerómino y otro/a c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ pretension indemnizatoria”, ante cualquiera de los órganos judiciales involucrados, dada su divergencia por razón de la materia.
Por lo demás, aun existiendo cierto grado de conexidad entre ambos procesos en razón de tratarse del eventual mismo acontecimiento dañoso, tampoco se aprecia un peligro de dictado de sentencias contradictorias, atento al efecto vinculante de las actuaciones penales promovidas con relación a aquél, y que fue ofrecida como prueba en las dos causas (IPP N°06-00-045591-17).
Es que, en principio, en el marco de dicha causa represiva caratulada "Lazaroff Fernando, Velado Agustina,Velado Luciana(victimas)Averiguaciones causales de muerte, incendio,explosion o inundación seguido de muerte", de trámite ante la U.F.I. N°12 Departamental, deberá determinarse previamente la plataforma fáctica común a los expedientes que tramitan ante los fueros contencioso administrativo y civil y comercial, así como las eventuales responsabilidades penales, de acuerdo con lo normado por los arts. 1775, 1776 y 1777 del Código Civil y Comercial.
A su vez, al versar los litigios sobre distintos supuestos damnificados directos (Daniel Horacio Giusso y Daniel Ernesto Velado), la configuración de la responsabilidad habrá analizarse de manera independiente respecto de cada uno de ellos, sin que el resultado de una de las pretensiones pueda condicionar la suerte de la restante.
En consecuencia, resultando improcedente la acumulación de procesos ordenada, corresponde revocar la apelada resolución del 19/06/2026 (arts. 161 incs. 2 y 3 ap. “a”, 163, 166 y 171 Const. Pcia. Bs. As; 1775, 1776 y 1777 Cód. Civ. Com; 4 inc. 1 ley 12.008; 163, 164, 188 inc. 2, 260, 266, 270, 384 y cctes. CPCC).
Respecto a las costas de Alzada, deben imponerse en el orden causado, en virtud de la forma en que se decide y no haber mediado oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68 y 69 CPCC).
POR ELLO, fundamentos expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal de Cámaras Departamental, se revoca la apelada resolución del 19/06/2026. Costas de Alzada en el orden causado. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia