Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125618
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC); con costas.
C. 125.618 "GIMÉNEZ YÉSICA BELÉN Y OTRO/A C/ CÓRDOBA SANDRA ELISABETH Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. RESP. PROFESIONAL"
I. Conforme surge de las constancias adjuntadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás rechazó la demanda de daños y perjuicios entablada por Yésica Belén Giménez y Rubén Darío Gómez contra Sandra Elisabeth Córdoba, María Florencia Rodríguez Vulycher, la Fundación de Asistencia Médico Integral y Científica del Sanatorio Metalúrgico de San Nicolás Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, la Obra Social del Personal de la Construcción (O.S.Pe.Con.), y las citadas en garantía Federación Patronal S.A. y TPC Compañía de Seguros S.A. (v. sent. de 17-VI-2021, obrante en archivo adjunto a la queja).
Apelado dicho pronunciamiento por los demandantes, la Cámara del fuero departamental lo confirmó (v. sentencia de 8-II-2022, en archivo adj. a la queja).
Frente a ello, los legitimados activos interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue denegado con fundamento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 8-III-2022). Ello motivó la articulación de una queja ante esta sede (v. escrito electrónico de 21-III-2022; art. 292, CPCC).
II. Al respecto, deviene pertinente destacar en primer lugar que esta Corte ha sostenido que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado, para los actores que cuestionan la desestimación de su reclamo, por las sumas individualmente peticionadas -en concepto de indemnización- en la demanda que fuera rechazada en ambas instancias (conf. causas C. 120.655, "B., C. E. y otros", resol. de 15-XI-2016; C. 121.647, "Cingolani", resol. de 13-IX-2017; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 122.670, "Weigel", resol. de 18-II-2021; C. 123.248, "Balboa", resol. de 19-IV-2021 y C. 122.656, "B. E. B.", resol. de 29-VI-2021).
En el caso, las sumas solicitadas por los accionantes (expresada en un total de $ 1.030.000, de acuerdo a lo mencionado por la Cámara en su resolución denegatoria y no desconocida ni cuestionada por los impugnantes en su recurso de hecho), no alcanzan para ninguno de ellos el mínimo regulado por el art. 278 citado para acceder a su revisión por la vía intentada -de $ 1.777.000, según ley 14.141 y Acordada 4.047/2021, vigente a la fecha de interposición de la misma- (doctr. causas C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 122.699 y C. 122.670, cits.; C. 122.856, "Rodríguez", resol. de 18-II-2021; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021; C. 122.236 "Chaparro", resol. de 4-V-2021; C. 122.656, cit. y C. 125.533, "Arce Paredes", resol. de 10-VIII-2022). Ello, sin que corresponda -tal como se ha resuelto en casos análogos- actualizar dicha suma, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-, cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal (conf. doctr. causas C. 122.757, cit.; C. 123.958, "Ludueña", resol. de 29-VII-2020; C. 123.464, "De la Torre", resol. de 23-IV-2021 y C. 124.505, "Aquino", resol. de 24-VIII-2021).
Asimismo, cabe recordar que en numerosas oportunidades se ha sostenido que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (conf. causas C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018 y C. 125.533, cit.).
Por otra parte, corresponde destacar que los precedentes citados en la queja no resultan de aplicación al caso, toda vez que las circunstancias allí juzgadas difieren de las aquí planteadas.
A lo expuesto se agrega que, en atención a los términos de la decisión atacada y los planteos esgrimidos, no se advierte a simple vista la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que -si bien se invoca la supuesta afectación de principios establecidos en las normas constitucionales-, no se observan, en el marco descripto, argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (conf. doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 119.292, "C., E.", resol. de 3-IX-2014; C. 121.379, "Lopérfido", resol. de 20-IX-2017; C. 121.990, "Lovotti", resol. de 11-IV-2018; C. 122.480, "Pelaez", resol. 20-II-2019).
En consecuencia, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado es inadmisible y se impone el rechazo de la queja a su respecto (arts. 278 y 292, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC); con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:38:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:33:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:57:46 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:53:44 hs. bajo el número RR-20-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia