Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127173
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC), con costas;
2Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 3) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
C. 127.173 "GALLEGO GERMÁN MARCIANO Y OTROS C/ PASSOLS JULIO HÉCTOR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. RESP. PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, en el marco de un reclamo de daños y perjuicios y en lo que interesa destacar, hizo lugar a la demanda promovida por Germán Marciano Gallego y María Cristina Gallarreta contra Julio Héctor Passols -hoy sus sucesores: Pablo A. Passols, Julieta Passols, María Jazmín Passols y María Angélica Ginieis- y Clínica del Oeste S.A. A su vez, en lo que también aquí importa señalar, rechazó la pretensión de los mencionados legitimados activos contra OSPECON y condenó a TPC Compañía de Seguros S.A. a mantener indemne a su asegurado, en la medida de la contratación (v. sentencia de 22-IV-2022).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero departamental desestimó la apelación deducida por los herederos del demandado Julio Héctor Passols, hizo parcialmente lugar al recurso deducido por la parte actora y modificó la decisión en relación a la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios allí indicados (v. sentencia de 5-XII-2022).
Frente a lo así resuelto, los sucesores del accionado Julio Héctor Passols interpusieron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 22-XII-2022), los que fueron concedidos (v. resol. de 3-II-2023 y proveído de 14-III-2024). La firma Clínica del Oeste S.A., por su parte, también dedujo recursos extraordinarios (v. escrito electrónico de 28-XII-2022), los que fueron declarados extemporáneos (v. resol. de 3-II-2022).
Encontrándose vigente el plazo otorgado a la parte demandada para acreditar la concesión del beneficio de litigar sin gastos, los legitimados activos practicaron liquidación (v. escrito electrónico de 24-III-2023). Sustanciada dicha presentación (v. proveído de 3-V-2023), los accionados dedujeron aclaratoria y revocatoria (v. escrito electrónico de 5-V-2023). El magistrado de origen hizo lugar al planteo y, en consecuencia, dejó sin efecto el proveído mediante el que se había corrido traslado de la referida liquidación (v. resol. de 27-VI-2023).
Apelada dicha decisión, el Tribunal de Alzada confirmó el pronunciamiento (v. resol. de 19-IX-2023).
Contra dicho fallo, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 3-X-2023), el que fue denegado con fundamento en la falta de definitividad de la decisión impugnada (v. resol. de 24-X-2023). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 26-X-2023), la que fue agregada a los autos principales (v. proveído de 15-V-2024).
II. Al respecto, en cuanto a la denegatoria cuya revisión se pretende ante esta instancia, cabe señalar que es doctrina reiterada de esta Corte que los recursos extraordinarios sólo proceden contra las sentencias definitivas, correspondiendo relacionar tal concepto con la aptitud de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado y la imposibilidad de renovar la cuestión en otra oportunidad procesal u otro juicio (conf. doctr. causas C. 121.565, "Banco de La Pampa", resol. de 12-VII-2017; C. 121.952, "Dátola", resol. de 7-III-2018; C. 122.806, "Felgueroso", resol. de 3-X-2018; C. 122.910, "Promotora Fiduciaria S.A.", resol. de 4-III-2020; C. 125.859, "Pelaez", resol. de 11-VII-2023 y C. 126.908, "Di Marco", resol. de 2-V-2024).
En el caso, la resolución impugnada, mediante la que se confirmó la decisión de primera instancia que, a su turno, dejó sin efecto el traslado de una liquidación por considerar -en el marco procesal antes reseñado- que la sentencia no se encontraba firme, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 Código Procesal Civil y Comercial, desde que no produce el efecto indicado, sin que se adviertan configurados -en el contexto descripto- motivos suficientes para apartarse de tal criterio (conf. arg. doctr. causas C. 106.622, "Cooperativa de Vivienda Ostende Ltda.", resol. de 23-II-2011; C. 124.331, "Galarza", resol. de 23-XII-2020; C. 125.386, "Gancedo", resol. de 10-VIII-2022).
Por otra parte, corresponde agregar que, no obstante la invocación de afectación de garantías constitucionales y convencionales -en particular, las de debido proceso y plazo razonable (v. escrito electrónico de 26-X-2023, apartados IV y V)-, tampoco se advierte, en principio, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal que denotan que, en el caso, no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (doctr. causas C. 119.450, "Acosta", resol. de 25-XI-2015; C. 124.959, "Bazurco", resol. de 23-IX-2021; C. 125.182, "Tucci", resol. de 15-III-2022 y C. 125.662, "Jaume", resol. de 19-XII-2022)
En virtud de lo expuesto, la vía extraordinaria deducida resulta inadmisible y, en consecuencia, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, cód. cit.).
III. Pasando a considerar el remedio de nulidad otorgado, es oportuno recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas ocasiones, la vía extraordinaria de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; art. 296, CPCC.; conf. doctr. C. 124.505, "Aquino", resol. 24-VIII-2021; C. 126.178, "Ríos", resol. de 29-XII-2022; C. 126.462, "González", resol. de 27-XI-2023 y C. 126.893, "Sánchez", resol. de 5-VI-2024).
En el caso, en la presentación articulada se advierte que no se han expuesto ni tampoco desarrollado agravios apoyados en el contenido normativo de los citados arts. 168 y 171 de la Constitución local (v. escrito electrónico de 22-XII-2022; conf. doctr. causas C. 120.525, "Decunto", resol. de 4-V-2016; C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017; C. 124.880, "González de Montanari", resol. de 29-VI-2021; C. 126.232, "Segovia", resol. de 29-IX-2023).
Así de su lectura se observa que, no obstante denunciarse la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales, las alegaciones efectuadas apuntan, en realidad, a controvertir el acierto jurídico del fallo, expresando la parte recurrente su desacuerdo con el análisis y valoración que la Cámara realizó de las pruebas producidas, introduciendo planteos relativos a la atribución de responsabilidad y a la vulneración del principio de congruencia. Por tanto, luce manifiesto que los argumentos esgrimidos se refieren a presuntos errores de juzgamiento, que no son propios del carril recursivo en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 124.005, "De Luca", resol. de 18-II-2021; C. 124.858, "Herederos y/o sucesores De Salvi", resol. de 24-V-2022; C. 126.199, "Lucero", resol. de 1-VIII-2023; C. 126.233, "Avola", resol. de 29-IX-2023; C. 126.719, "Simonato", resol. de 2-V-2024 y C. 126.789, "La Veglia", resol. de 5-VI-2024).
En tales condiciones, la vía extraordinaria intentada ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 123.725, "Vera", resol. de 11-V-2020; C. 125.158, "Torreta", resol. de 18-XI-2021; C. 126.719 y C. 126.789, cits.).
IV. Abordando el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido por el que se denuncia absurdo, infracción a los arts. 3, 1724, 1725, 1726, 1735, 1736 y 1768 del Código Civil y Comercial; 34 inc. 4, 163, 164, 266, 267, 272, 330, 354, 384, 474 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 2 y concs. de la ley 15.184; 4 y 10 de la ley 23.928 y 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; y transgresión de doctrina legal, se anticipa que éste no puede prosperar, en virtud de su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
IV.1. Ha establecido esta Suprema Corte que determinar la existencia del nexo de causalidad entre el obrar y el daño -en el caso, la deficiente atención alegada- constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en la etapa extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. doctr. causas C. 119.270, "Hoyos", resol. de 4-XI-2015; C. 121.324, "Schwarz", resol. de 28-XII-2016 y C. 121.559, "Villar de Ramúa", resol. de 29-XI-2017), vicio que si bien se esgrime en la especie, no se llega a demostrar (conf. art. 279, CPCC).
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que -a la luz del material fáctico obrante- le permitieran confirmar el fallo de primera instancia y, en consecuencia, atribuir responsabilidad médica al accionado y eximir a la firma OSPECOM (v. págs. 6/15), no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 15/22 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la revisión de las circunstancias fácticas de la causa, la valoración de las probanzas, el obrar del accionado, la decisión profesional, la configuración de la mala praxis y la responsabilidad de la codemandada) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el juzgador anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la atribución de responsabilidad (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Es sabido que para revisar cuestiones de hecho -como en el caso, la determinación de la responsabilidad médica- es indispensable demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que sea la opinión del aquí impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 120.655, "B., C. E.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.526, "Godoy", resol. de 21-VI-2017 y C. 122.230, "Muñoz", resol. de 11-IV-2018).
Lo expuesto, habilita a rechazar este fragmento impugnativo y permite, asimismo, descartar las infracciones legales expresamente indicadas en la pág. 15 del escrito electrónico (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. El mismo déficit portan los agravios vinculados con los montos indemnizatorios (v. págs. 22/24 de la pieza recursiva), por cuanto tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas por ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causas C. 116.620, "Intermedicas S.A.", sent. de 3-XII-2014; C. 117.926, "Almirón", sent. de 11-II-2015 y C. 119.953, "Morinico", resol. de 2-IX-2015), yerro valorativo que no logra demostrarse en este segmento de la protesta, en tanto se exteriorizan puntos de vista diferentes al de los sentenciantes, lo que no alcanza para lograr la modificación requerida (conf. doctr. causas C. 110.599, "B., G.", sent. de 15-X-2014; C. 116.620, cit. y C. 110.319, "S. d. M., M. G.", sent. de 15-IV-2015) y conlleva -sin más- a la desestimación de esta queja (conf. art. 279, CPCC).
IV.3. Igual suerte adversa debe correr la aducida transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 15 del canal impetrado, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de los interesados -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
IV.4. Finalmente, tampoco cabe atender la alegada violación a la doctrina legal que se transcribe a lo largo de la pieza recursiva, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por los impugnantes que conlleva a repeler también este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC), con costas; 2) declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 3) ante la insuficiente fundamentación, rechazar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:22:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:46:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2024 09:33:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:45:30 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 11:41:00 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 13:02:01 hs. bajo el número RR-561-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia