Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 11012
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada, rechazando el recurso de apelación interpuesto contra la misma.-
Costas de alzada , a los apelantes (Art.68 del C.P.C.C.).-
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
CAUSA MO-11012-2011 R.S.7 /2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Febrero de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "SOSA MARIA FERNANDA C/ EMP. DE TRANSPORTE LA CABAÑA SA LINEA 242 Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ (SUM) ” MO-11012-2011, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: FERRARI-GALLO , manteniéndose tal integración en la Sala sin perjuicio de la nueva composición de la misma (Acuerdo Extraordinario Nro. 814/2017) a tenor de lo establecido en el reglamento interno de este Excelentísimo Tribunal con relación a los expedientes en trámite a la fecha del cambio de autoridades, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI , dijo:
I.-ANTECEDENTES
1. La Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Departamental debe resolver el recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por la Sra. Juez de inicial instancia Dra. MONICA LILIANA PREISZ.-
2. El fallo en crisis hizo lugar a la demanda promovida por Maria Fernanda Sosa, por derecho propio y en representación de sus hijos menores, condenando a “La Cabaña S.A.” y Leonardo Mario Cabral al pago de la suma de $2.000.000 (Pesos dos millones) en las proporciones que infra detallaré, con extensión a su Aseguradora “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros” hasta el límite de la cobertura.-
Son sus agravios: la atribución de responsabilidad, el daño patrimonial valor vida y el daño moral.-
4. Firme el llamado de “autos” se sortea el orden de votación.-
Ahora, y comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que la Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras) y sobre el tema no existen agravios de las partes.-
1. Sostiene la actora que en la segunda quincena del mes de Mayo de 2010.a media mañana, su cónyuge Pablo Martin Verón, fue atropellado por un móvil de la demandada y perdió la vida.-
Narra que circulaba por la calle Libertad de la localidad de Haedo; cuando cruzaba la intersección con El Ceibo, con semáforo en verde que lo habilitaba, fue embestido por un móvil de la Empresa accionada conducido por el demandado Leonardo Cabral.-
Reconocen el hecho pero niegan toda responsabilidad en el mismo; impetran el rechazo de la demanda.-
Sostienen que el motociclista, con total imprudencia y con exceso de velocidad, avanzó sobre el ómnibus embistiéndolo; resalta que la víctima no llevaba colocado el casco protector.-
2. La dilación “sine die” del proceso penal no impide pronunciarse en sede civil; de lo contrario se afectaría el Derecho de Defensa.-
3. Del informe proveniente de sede represiva surge que las actuaciones fueron archivadas.-
4. Se encuentra reconocido el hecho, los vehículos participantes y sus conductores.-
5. Aplica el Art.1113 del C.C.A. en la reforma de la ley 17.711 y no habiendo la demandada probado la responsabilidad de la víctima o de un tercero ajeno, la considera única responsable del evento dañoso.-
6. Fija el daño emergente-valor vida en los siguientes guarismos:
a.- $500.000 (Pesos ochocientos mil) para la cónyuge supérstite.-
b.- $350.000 (Pesos seiscientos mil) para cada uno de los dos hijos.-
7. En concepto de “daño moral” acuerda $300.000(Pesos trescientos mil) a la cónyuge supérstite y $250.000(Pesos doscientos cincuenta mil) a cada uno de los dos hijos.-
Breves consideraciones previas a su tratamiento.-
El principio dispositivo que impera en nuestro proceso civil hace que las partes deban fundar las quejas que demuestren la razón que las asiste.-
Reiteradamente el Tribunal ha establecido que la expresión de agravios debe bastarse a si misma conteniendo la crítica concreta, puntual y total de los eventuales errores “in iudicando”; así lo impone el Art.260 del rito; viene cierto que la Sala tiene al respecto un criterio de elasticidad, privilegiando así el Derecho de Defensa del justiciable; ello sin perjuicio de dinamizar la sanción de deserción del Art.261 en la medida que la critica no exista, o sea manifiestamente insuficiente (causas 44.256, R.S. 230/01 y 45.678,R.S. 380/01).-
Vamos al tratamiento de las quejas.-
1. Se agravian los apelantes por la atribución de responsabilidad determinada por la sentencia.-
El agravio no es de recibo:
a.- La sentencia basó la atribución de responsabilidad en la norma del Art.1113 del CCA en la reforma de la ley 17711.-
Desde esta Sala hemos señalado, y esto va en respuesta a las quejas traídas, que la neutralización de riesgos, basada en una suerte de compensación, carece de todo fundamento legal. Si ambas cosas inciden en el riesgo cada dueño o cada guardián deben afrontar los daños causados a otro, salvo que se demuestre que el accionar de la víctima o de un tercero haya excluido o limitado la responsabilidad de aquellos (causa nro. 59724 R.S. 57/13, entre otras).-
b.- Las apelantes sostienen que existió culpa de la víctima, que excluiría la propia o fuera compartida.-
c.- Al respecto, he de señalar que la prueba exculpatoria debe ser evaluada rigurosamente, no debe quedar el menor atisbo de duda sobre aquella; caso contrario la norma del Art.1113 del C.C.A., de indudable finalidad de protección a la victima, se traduciría en un mero enunciado.-
La aludida prueba debe ser de interpretación restrictiva, clara, concordante e indudable (esta Sala causa 41.900 R.S. 419 sin disidencias de sus entonces integrantes).-
Vamos al caso.-
La Sra. Juez de Grado, como lo señalaba, consideró inacreditada la eximente invocada.-
Y, desde mi punto de vista, la sentencia en este aspecto se ajusta a derecho.-
Viene cierto que no ha podido acreditarse la velocidad de la motocicleta, ni tampoco la del colectivo; pero el perito descarta que alguno de ellos lo hiciera a velocidad excesiva (ver fs. 289vta.).-
Por lo demás, el perito es categórico en cuanto a que el rodado embistente fue el colectivo (ver fs. 289/vta.) que impacta con su frente derecho al lateral de la motocicleta.-
No veo razón ni fundamento para apartarme de los dichos del experto.-
Ahora bien, al oponer la defensa, las apelante sostuvieron que la motocicleta era la embistente; a esta altura, está claro que ello no fue así: el embistente ha sido el colectivo.-
En cuanto a la luz del semáforo, el testigo Diaz es claro en cuanto a que la moto cruzó en verde (ver fs. 228vta.); el testigo Virzi, mientras tanto, no dice haber visto el semáforo en verde para el colectivo, sino que "calcula" que ello fue así (ver fs. 218vta.).-
El testigo es llamado a declarar sobre lo que presenció mediante sus sentidos, no para extraer conclusiones o realizar conjeturas (arts. 384 y 456 del CPCC).-
Entonces, la declaración del primero prevalece sobre la del segundo.-
Amén de ello, coincido con la Sra. Juez de Grado en cuanto a que es mucho mas verosímil, en cuanto a la mecánica de los sucesos, la declaración del primero, respecto de la declaración del segundo; no es razonable, desde mi punto de vista, la razón del dicho de Virzi en cuanto a cómo presenció el momento de la colisión, especialmente teniendo en cuenta el lugar del transporte público en el que se hallaba sentado y lo que él mismo reconoce que venía haciendo (leyendo).-
Y si alguna duda quedara, la restrictividad en la ponderación de los eximentes, me inclina a considerar inacreditado (con este endeble testimonio) el hecho de que la motocicleta hubiera cruzado en rojo.-
Por lo demás, ambos testigos son contestes en la existencia de casco; con lo cual, esta circunstancia que se alegó como eximente (y que ellas debían acreditar, art. 375 del CPCC), también se desvanece.-
Finalmente, y en cuanto a las quejas vinculadas con la causa penal, reparo en que las apelantes consintieron el llamamiento de "autos para sentencia" de primera instancia; por cierto, si consideraban que el expediente no se hallaba en estado y que correspondía requerir la IPP, ese era el momento para solicitarlo (art. 483 del CPCC) y no venir a quejarse del tema recién en la Alzada.-
Ergo: postulo se desestime el agravio que apunta a la modificación o evocación de la atribución de responsabilidad.-
2. Se disconforman las apelantes por el monto que la sentencia acuerda al “valor vida” sosteniendo que el mismo es exagerado; la Sala tiene dicho que “la vida humana tiene un valor económico en función de lo que producía o podía producir a los beneficiarios de tal actividad económica" (causa 39.421 R.S. 198/04).-
Esta Sala ha dicho que el art. 1.084 crea una presunción de daño en favor de las personas allí aludidas; la viuda y los hijos menores de la víctima. Esta presunción es "juris tantum" de modo que puede el demandado demostrar que los reclamantes no sufrieron perjuicio alguno por la muerte del cónyuge y padre respectivamente (causa nro. 39071 R.S. 15/02).-
Y que el art. 1084 del C. Civil se refiere a los mismos conceptos que la jurisprudencia tiene en cuenta cuando fija la cuota alimentaria debida por los padres a los hijos, es decir, debe contemplarse todo aquello que la víctima había constituido para el damnificado como sostén y ayuda, de tal modo que el dañado pueda seguir de ordenada la reparación de la misma situación en que estaba antes de producirse el hecho ilícito (causa nro. 40303 R.S. 74/00).-
Sobre este piso de marcha, no asiste razón a las apelantes.-
No son menester mayores disquisiciones para concluir en el grave deterioro económico sufrido por la cónyuge supérstite ante la perdida de su esposo y con hijos menores para sustentar; así surge de las testimoniales obrantes a fs.14/16 del beneficio de litigar sin gastos acollarado y del informe socio ambiental de fs. 242/9 (arts. 384 y 474 del CPCC).-
En tal sentido, tenemos que el difunto contaba -a la fecha del hecho- con 27 años de edad; la cónyuge tenía 24 años y sus hijos, cinco años y un año y medio respectivamente; sus condiciones socio económicas surgen claras de las constancias precedentes.-
Luego, teniendo en cuenta las expectativas de vida del occiso y su cónyuge (con el consiguiente deber alimentario hacia esta última), como así también el tiempo en el cual necesariamente el mismo debería seguir prestando asistencia tanto a la primera, como a sus hijos, conjugando todo ello con las circunstancias socio económicas ya enunciadas, estimo que los montos fijados ($500.000 para la cónyuge supérstite y $350.000 para cada uno de los dos hijos) no se perfilan en modo alguno elevado.-
Aclaro que la actora consintió la sentencia lo que impide proponer la elevación del monto condenado.-
3. Final agravio es el daño moral que la sentencia tarifó en $300.000 (Pesos trescientos mil) para la cónyuge y $ 250.000 para cada uno de sus dos hijos.-
El daño moral, de carácter resarcitorio y en “re ipsa” cuando es de origen extracontractual (Art. 1078 del C.C.A.) apunta a morigerar los padecimientos espirituales de la víctima en la medida que el bienestar económico puede proporcionar parcelas de bienestar que tornen mas soportable aquellos padecimientos; para dimensionarlo se recurre a la facultad discrecionalínsita en el Art.165 ultimo párrafo del rito; se deben tener en cuenta las concretas circunstancias del caso y las reglas de la sana crítica; estas pueden conceptuarse como proposiciones lógicas, correctas, fundadas en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad (Cfe.Couture Eduardo J. “Las reglas de la sana critica J.A. 71-80.-).-
Esta Sala ha puesto de resalto que la muerte de un padre genera para los hijos un daño moral al afectarlos en sus valores espirituales mas íntimos y preciados (esta Sala en causa 37.190, R.S. 43/98), cuya cuantificación debe ser mayor en el caso de hijos menores (esta Sala en causa 38.393, R.S. 200/98).-
Lo propio sucede con la cónyuge (esta Sala en causa nro. 47.193 R.S. 669/04, entre otras).-
Dicho esto, tengo para mi que las sumas fijadas ($300.000 para la cónyuge y $250.000 para cada hijo) no se perfilan en modo alguno elevadas: las circunstancias del hecho, la muerte del compañero y del padre como fruto de un hecho violento, a tan temprana edad (y con varios años de su vida por delante, tanto para la cónyuge como para los hijos), se perfilan como circunstancias objetivamente aptas como para generar un daño moral de gran entidad.-
Luego, y no mediando agravio tendiente a su elevación, no podré mas que proponer la confirmación de las sumas fijadas.-
El Abate Palermitando Giusseppe Chiovena preconizó en materia de costas la teoría objetiva-resarcitoria; ”objetiva” pues la condena origina su imposición; ”resarcitoria” en tanto el ganancioso recupera los gastos causídicos; el Art.68 del ritual local se nutre de tal teoría.-
Es jurisprudencia consolidada de la SCJBA “que el principio rector genérico consagrado en el Art.68,1er.parrafo del Código Procesal, cuyo fundamento reside. Básicamente, en el hecho objetivo de la derrota y en la correlativa necesidad de resguardar la integridad del derecho que la sentencia reconoce a la parte vencedora y si no hay razones validas para apartarse, debe respetarse pues, en caso contrario, los gastos realizados para obtener ese reconocimiento se traducirán, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado (causa L 84.607 del 27-2-2008).-
Ergo: las costas de la instancia deberán ser soportadas por los apelantes vencidos.-
Tal lo dicho voto por,
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando también por
LA AFIRMATIVA
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI, dijo:
Si el Magistrado que integra el Acuerdo comparte el voto precedente deberá resolverse:
1. Confirmar la sentencia apelada, rechazando el recurso de apelación interpuesto contra la misma.-
ASI LO VOTO
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. FERRARI.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada, rechazando el recurso de apelación interpuesto contra la misma.-
Costas de alzada , a los apelantes (Art.68 del C.P.C.C.).-
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE .-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI
Juez Juez
si////
////gue la firma.-
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia