Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 34 2006
Expte. n°: 34-2006 SALGADO MIRTA MABEL C/ CORREA ROBERTO JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)
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N° Orden: 105
Libro de Sentencia nº: 60
En la ciudad de Junín, a los 4 días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº 34-2006 caratulada: "SALGADO MIRTA MABEL C/ CORREA ROBERTO JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
I. - En la sentencia única dictada en los exptes. nros. 34/2006, 3901/2006 y 3959/2006 que obra a fs. 488/498vta. del primero, la Sra. Jueza Dra. Panizza, hizo lugar a las demandas que respectivamente entablaron Nain Aaron Vespasiano, Edgardo Oscar Vespasiano-Mabel Graciela Sanchez y Natalia Pamela Criche contra Roberto Javier Correa y Nelly Marta La Preciozo de Correa, condenándolos al pago de las indemnizaciones que fija a valores determinados a la época del accidente (21/11/2004), adicionando intereses desde ese momento hasta el efectivo pago a la tasa pasiva en depósitos a 30 días que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en su modalidad BIP. Hace extensiva las condenas a Liderar Compañía General de Seguros SA, rechazando la defensa de suspensión de cobertura. Impone las costas a los demandados y la citada en garantía, difiriendo la regulación de honorarios profesionales.
El pronunciamiento está referido a un accidente de tránsito ocurrido en el acceso Hipólito Yrigoyen a la ciudad de Chacabuco y calle 14 de Julio, protagonizado por la Minibus Mercedes Benz de los demandados y la motocicleta Yamaha conducida por Facundo Eduardo Vespasiano en la que iba como acompañante la actora Criche, del cual resultó el fallecimiento del primero y lesiones a la segunda.
Apelaron todas las partes (ver fs. 458 expte. 3901/2006, fs. 399 y 417 expte. 3959/2006 y fs. 503 expte. 34/2006)
En sus expresiones de agravios * 1) el Dr. Monaldi en representación de los demandados cuestiona la responsabilidad atribuida, sosteniendo que no está probado que la combi haya intentado un giro en U (afirma que estaba detenida), que la motocicleta iba a elevada velocidad, sin luces de noche (ello en base a las pericias mecánicas y los testimonios de Criche y Flavio García), siendo el vehículo embistente. Por ello se interrumpió el nexo causal y la demanda debe ser rechazada. En subsidio reprocha la tasa de interés dispuesta, entendiendo que hasta la sentencia debe ser del 6% anual (presentación electrónica del 21/12/2018); * 2) la Dra. Pellegrin como apoderada de la aseguradora critica a) el rechazo de suspensión de cobertura por falta de pago.
Afirma que de sus registros no surge el pago correspondiente a la cuota del mes de noviembre. Se interroga a que se correspondería el pago abonado el 23/11 abonado después del siniestro. Descarta que el Sr. Sabanes haya actuado como agente institorio, b) en subsidio la determinación de la responsabilidad total de Correa en la causación del siniestro. Pone de resalto que la víctima fue el agente embistente y que, contrariamente a lo dicho en la sentencia, sin dudas la falta de luces de la moto de noche al impedir su visualización por parte del conductor demandado genera ruptura del nexo causal, c) la valoración en materia de daños, señalando que la falta de casco ha sido el factor determinante de su fallecimiento y en el caso de la Srta.
Criche única causa de la afección estética en rostro, por lo que solicita la disminución de los importes fijados. También se disconforma del cálculo hecho para el niño Nain quien vivía con su abuela materna mientras la víctima lo hacía con sus padres. Respecto del daño moral, además de pedir la reducción de las sumas, señala que conforme el art. 1078 del CCivil aquí aplicable y que se refiere a herederos forzosos como legitimados los padres han sido desplazados por el hijo del fallecido (presentación de fecha 31/1/2019); * 3) el Dr. Sassone por la actora Criche desaprueba a) el 40% por contribución concausal por no utilización del casco reglamentario, que lleva a la sentenciante el porcentaje de incapacidad establecido pericialmente en un 14,5% al 4% por lo que imputó solamente un 0,5% de incapacidad por las lesiones en la cara, b) que no se hayan cuantificado a valores actuales el daño emergente, la incapacidad sobreviniente y el daño moral, estimando exiguas las sumas fijadas, c) el rechazo del daño a la salud por secuelas psíquicas y no haberse admitido gastos futuros para su tratamiento y d) en materia de intereses que no se haya aplicado la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs.
As en sus depósitos a 30 días ( fs. 518/525vta.); * 4) la Srta Arce en representación de su hijo el menor Nain, solicita el incremento de a) lo fijado por valor vida ($120.000 a la fecha del hecho), considerando la misma exigua en función del salario que como empleado de la industria indumentaria percibiría el padre que estima en $23.500 a la fecha del memorial, considerando además que los ingresos tanto en relación de dependencia como en el caso de los autónomos tienden a incrementarse teniendo en cuenta la edad de la víctima (20 años a su fallecimiento) y que debe adicionarse un 10% por valor de actividades productivas no estrictamente laborales y 2) la suma establecida por daño moral ($ 150.000 a la fecha del hecho).
Considera también excesiva en relación a ambas su reducción al 40% por ausencia de casco cuando el fallecimiento no se debió a ello (ver fs. 515/6) y * 5) el Dr. Trotta por los coactores Vespasiano y Sanchez, padres del fallecido, desaprueba la disminución de responsabilidad por falta de casco considerando exagerada también la misma cuando el perito médico expresó "no es posible predecir cuestiones hipotéticas sobre la supervivencia de un accidente de tránsito con politraumatismos". Asimismo cuestiona que se haya reducido la indemnización por valor vida para la madre en función de lo que efectivamente aportaba su hijo conviviente.
Ejercieron sus derecho a réplica los Dres. Trotta (presentaciones de 18/2/2019 y 6/3/2019); Pelegrin (presentación del 2272/2019), la Sra. Arce (a fs. 539 y 540/1) y el Dr. Sassone (fs. 530/533 y 534/537vta.), resistiendo las impugnaciones que formularon las contrarias. El Dr. Sassone pidió además la deserción de los recursos de los demandados y la citada en garantía. Los demandados no contestaron el traslado respectivo ( ver fs. 529).
Tomó intervención el Sr. Asesor de Incapaces, evacuando la vista conferida a través de la presentación del 27/3/2019 (art. 103 CCyCN). Firme el llamado de autos para sentencia de fs.544, se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC)
II. En esa tarea, en primer lugar señalo que no advierto los defectos que la parte actora en expte. 3959/2006 (Srta. Criche) achaca a la fundamentación de los recursos interpuestos por los demandados y la aseguradora, que obste a su tratamiento independientemente de la suerte de ellos; por lo que cabe desestimar el pedido de deserción efectuado (art. 260 del CPCC).
Dicho esto, paso a considerar las distintas críticas no sin antes recordar que la CSJN ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tiene el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), paso a ocuparme de las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto, inclinándome por los medios probatorios que produzcan mayor convicción. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama "jurídicamente relevantes" (su obra "Proceso y derecho procesal", Ed. Aguilar, Madrid, 1960, p. 971, párr. 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei (“La génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", ps. 369 y ss.).
Para mayor claridad expositiva y siguiendo un orden lógico lo hago como sigue:
Encuadrado normativamente el hecho en forma correcta bajo el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo del art. 1113 del Código Civil anterior, innecesario resulta sobreabundar en que demostrada la participación activa de esa cosa, la carga de la prueba de los factores que fracturen total o parcialmente el nexo causal operando como eximentes está a cargo del dueño o guardián que pretenda liberarse.
Se trate de un giro a la izquierda o en U (que sólo difieren por la amplitud de la curva; v. Carlos Tabasso Fundamentos del Tránsito To1 p. 226) , haya estado o no la combi en el momento que fue impactada por la motocicleta transitoriamente detenida o en movimiento (aunque vale señalar que esto último fue razonablemente concluido por el perito Ing. Diaz a fs. 181 vta. expte 34/2006 por la posición final), desplazándose ambos rodados por el Acceso en el mismo sentido, es la fase inicial de la operación de cambio de dirección o de frente la que abrió el nexo causal al interponerse en la trayectoria del zaguero, posicionándose en forma perpendicular al mismo (como lo revela la localización de los daños en la parte de adelante del lateral izquierdo de la combi), sin que se haya acreditado el cumplimiento de los recaudos previos que una conducción prudente exige (art. 53 de la ley 11430 por entonces vigente), en la forma y con la antelación necesaria como para evitar ser colisionado.
Precisamente por esto es que la calidad de embistente mecánico de la motocicleta pierde en la especie toda virtualidad para desvirtuar la imputación fáctica y jurídica del hecho al obrar voluntario del conductor de la minibus, en la medida que no ha demostrado que Vespasiano estuviese en condiciones de detenerse o esquivarla en forma indemne.
Relacionado con ello está que la elevada velocidad atribuida a la motocicleta no fue comprobada por la vía procesalmente idónea en tanto el perito mecánico Diaz expresó "no existen elementos necesarios para su determinación. Fundamentalmente no se han registrado las posiciones finales de la moto y sus tripulantes. Tampoco se aportaron fotografías de la motocicleta, que permitan evaluar sus deformaciones mecánicas" (fs. 182 expte 34/2006). A igual conclusión arribó el perito Degli Esposti en expte 3959/2006 en sus informes de fs. 258 y 263vta. ("no se pueden establecer sus velocidades..."), con lo que no quedó superada la indeterminación también referida en la IPP (fs. 75/6 de la causa en fotocopias acollarada). No alcanza para reputar antirreglamentario el desplazamiento anterior del biciclo las contradictorias declaraciones en este sentido de Criche: a fs. 19 vta. de la IPP "a una velocidad moderada" y a fs. 51vta de la misma causa "más o menos rápido", ni tampoco la del testigo ofertado por la demandada Flavio L. García obrante a fs. 407vta. del expte 34/2006 al decir que "venía bastante ligero".
Para finalizar, el otro fundamento esgrimido tampoco se revela como conducente para torcer la suerte de la responsabilidad única y exclusiva determinada en cabeza de la titular y conductor de la combi. Si bien es cierto que la autoiluminación es un factor importante en lo que hace al principio de ostensibilidad en el tránsito, particularmente durante la nocturnidad, y que conforme especificaciones de la motocicleta agregadas a fs. 46 expte 34/2006 y 122 del expte. 3901/2006 e informe de fs. 27 de IPP puede afirmarse que la misma carecía de luces, considero en función de la planimetría de fs. 39 en cuanto detalla el alumbrado y la pericia accidentológica de fs. 76 que da cuenta que "la visibilidad al momento en que se produjera el hecho era normal" (ambas piezas de la IPP), que el factor exógeno en una vía importante de acceso a la ciudad determina que aquella carencia no sea óbice para ser advertida a través de los espejos retrovisores. Máxime de haberse ubicado correctamente y con la antelación suficiente sobre el eje medio de la calzada para la maniobra que intentaba, con la brecha espacial necesaria para los que circulan por detrás o a la izquierda, precauciones éstas indispensables y especialmente exigibles a un conductor profesional como es Correa (art. 902 del CCivil).
Respecto de la ausencia de casco en el fallecido conductor de la motocicleta y su acompañante, no constituye un elemento causal que deba analizarse para la producción del hecho, sino tal como lo hizo la sentenciante de grado en función de su adecuación en relación a los resultados dañosos. (SCBA Ac 61908 S 15/07/1997; C 111721 S 30/09/2014 )
Por lo hasta aquí dicho, esta parcela del pronunciamiento debe confirmarse, desestimándose los agravios que en este sentido formulan los demandados y la aseguradora.
Señaló la Jueza, sobre la base de las pericias contables de Bentorino y Saenz, que de los registros de la aseguradora figuran 12 pagos, asentándose dos pagos en el mes de octubre de 2004 -los días 4 y 26- sin especificarse su correcta imputación, y que los dos últimos fueron registrados como efectuados con fecha 23/11 y 10/12, sin que se haya asentado que se cobraron en mora. Apunta también que quien figuraba como productor en la Compañía Sr. Sabanés ha declarado estar autorizado a recibir los pagos y que cobró la cuota correspondiente a la póliza.
Está plenamente acreditado que el Sr. Alberto Juan Sabanés se desempeñaba como productor de Liderar Compañía Gral. de Seguros SA. En su declaración testimonial ( ver fs. 406yvta. expte 34/2006) el mismo manifestó estar autorizado para recibir cobros de los premios y para girar quincenalmente a la compañía. También que la póliza a la fecha del accidente estaba paga.
Tal circunstancia se ve corroborada con el recibo n° 110173 (ver una copia a fs. 133 expte 3901/ 2006), con la leyenda "Recibo Oficial. Este es el único que reconocerá la compañia" y membrete de aquella de fecha 1 de noviembre de 2004 por el importe de $112, 16 que reza "vigencia del 14/11/04 al 14/12/04"
Ese importe coincide con la cobranza registrada el 23 de noviembre (ver Anexo II Pericia contable fs. 287vta expte 3901/2006), con lo que doy respuesta al interrogante que formula la apoderada de la aseguradora.
Ello comprueba válidamente un pago efectuado por el demandado a un productor de seguros vinculado a la citada en garantía.
Al respecto, es útil recordar que la Ley 22.400 enuncia entre las funciones de los productores asesores -directos u organizadores- la de cobrar las primas con o sin autorización expresa de la entidad aseguradora (arts. 10 inc. 1º ap. f y g; inc. 2º ap. c).
La diferencia estriba, con relevancia en lo que al pago se refiere, en la consideración de su actuación como mandatario de la aseguradora o del tomador. Sin embargo, sobre el punto debe tenerse en cuenta que no resulta fácil para el tomador conocer y acreditar esa autorización, puesto que resulta ajeno a la relación existente entre una y otro. Entonces, resultan relevantes las exteriorizaciones de conductas recíprocas que hagan presumirla (conf. Héctor M. Soto, "Intermediarios en el contrato de seguro. Régimen Jurídico de los productores asesores", págs. 80/82).
En esta línea, vale remarcar que la relación diaria del productor asesor con las partes del seguro desdibuja su figura legal, haciéndolo aparecer como agente institorio -que reviste el carácter de mandatario del asegurador con facultades para contratar seguros- o como factor del asegurador.
Esto es así porque su tarea de intermediación da lugar esta función aparente, que además es propiciada por la entidad aseguradora para captar la clientela y las primas que obtiene a través del productor.
Ante esta situación, resultan aplicables las normas que regulan los efectos del mandato aparente. Recurriendo a la noción de la apariencia, se protege la seguridad jurídica y la buena fe de quien -empleando la debida diligencia- creyó razonablemente que contrataba con quien tenía representación. Amén de ello, también se concreta el criterio legal de protección al consumidor (arts. 1.198 C.Civil y 4 Ley 24.240). (Conf. Ruben S. Stiglitz, "Derecho de Seguros", Tº I, págs. 308/309 y Gustavo R. Meilij, "Manual de Seguros", págs. 76/77).
En este caso, en mi opinión, están verificadas las circunstancias que tornan razonable la creencia del demandado acerca de que el productor asesor de seguros Sabanés contaba con autorización de Liderar Compañia Gral. de Seguros SA para el cobro de las primas, por lo que el recibo mencionado le es plenamente oponible .
Arribo a esta conclusión, valorando además de los términos en que fuera confeccionado, las fotografías fs. 19 y 20 expte 34/2006, que la citada en garantía no desvirtuó que el Sr. Sabanés contara con la autorización que el mismo refirió y que en los asientos no se registro suspensión/rehabilitación de cobertura ni existe una imputación detallada de los pagos a las cuotas respectivas.
En síntesis, coincido en tener por acreditado un pago válidamente efectuado por los demandados, en fecha anterior a la del accidente, evento que se produjo dentro del período de vigencia iniciado en la fecha de pago (Anexo de la cláusula cobranza de premio, resol. 21600 de S.S.N.).
Y existiendo cobertura al momento de la producción del siniestro, propongo al acuerdo el rechazo de la apelación en tratamiento, manteniendo la extensión de la condena a la aseguradora citada en garantía (arts. 725, 1198 C.C. de Vélez, 7 del nuevo C.C. y C. ; 1, 2, 3, 4 Ley 24.240; 53, 109, 110, 118 Ley 17.418 y 10 Ley 22.400).
1. En la sentencia que llega en revisión, la Sra. Jueza ha cuantificado los distintos daños a la fecha del hecho, tal como expresamente lo consigna, estableciendo como lógica consecuencia una tasa de interés moratorio acorde a tal circunstancia, ya que su cálculo está íntimamente vinculado, particularmente por la incidencia del fenómeno inflacionario (variación extrínseca), a la fecha en que se traducen dinerariamente los distintos rubros (conforme implícitamente fuera reconocido por el plenario de la Cámara Nacional en lo Civil del 20/4/2009 recaído en los autos " Samudio de Martinez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ Daños y Perjuicios" punto 4 y el Superior Provincial en los precedentes "Vera" C 120.536 del 18/04/18, y "Nidera" C. 121.134, del 3/05/18)
Como es sabido, se han sostenido posiciones encontradas en cuanto al momento en que deben ser convertidos monetariamente. Así se ha dicho que corresponde sean cuantificados a la fecha del hecho en que se produjeron los daños vg. Alejandra Abrevaya ("El daño y su cuantificación judicial" p. 385) o al de la sentencia o la más cercana al pago, en este caso con matizaciones vinculadas a los daños definidos y los convertibles vgr. Eduardo Zannoni ("El daño en la responsabilidad civil" Astrea 2a edición p. 264/5) y especialmente Matilde Zavala de Gonzalez ("Resarcimiento de daños" To. 4 p. 484 y ss). El art. 772 del nuevo Código ha fijado una pauta general para las obligaciones de valor, que con cierta amplitud de acuerdo a las circunstancias establece para su conversión en dineraria que "el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda".
El criterio que adoptó la juzgadora, teniendo en cuenta que el accidente ocurrió casi quince (15) años atrás, plantea -en un país con una economía altamente inflacionaria- enormes dificul
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.