Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125231
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de Mayo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “RINALDI RUBEN DARIO C/ GIMENEZ MARIO OSCAR S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)", (causa nº 125231), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:1ra.
¿Corresponde decretar la caducidad de la segunda instancia ?2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO: I. La Sra. Juez de la etapa precedente elevó estas actuaciones a los fines del tratamiento de la caducidad de la segunda instancia que planteó la letrada de la citada en garantía a fs. 269. Dispuesto el traslado a la parte actora a fs. 281, la petición no ha merecido respuesta. II. Ha dicho esta Sala en otras oportunidades que el auto que concede el recurso de apelación produce la apertura de la segunda instancia y a partir de allí pesa sobre el recurrente la carga de instar el procedimiento realizando los trámites tendientes a que los autos se eleven a la alzada para la decisión de la materia recursiva.
Y si bien el Código Procesal impone al Oficial Primero la obligación de elevar los autos a la Cámara dentro del quinto día de concedido el recurso (art. 251 del C.P.C.C.), ello no exime a la parte interesada de cumplimentar la carga procesal pertinente, ya que aun en ese supuesto debe formular las peticiones tendientes a obtener el cumplimiento de los trámites omitidos (C.S.J.N., "Fallos", 308:703; 310:928; S.C.B.A., "Ac. y Sent.", 1963-II-951; 1963-II-1040 y Ac. 47.274 del 14/III/95).Es que ello tiende a evitar que la apelación se transforme en una dilación del proceso y es precisamente el apelante el interesado en que la sentencia sea revisada por la Cámara, de modo tal que a él le compete colocar las actuaciones en condiciones de ser elevadas al Tribunal de Alzada para el conocimiento del recurso concedido (CNCivil, Sala F., 4/VI/81, J.A. 1982-IV-295; esta Sala, causas A-43.427, reg. int. 81/85; 100.605, reg. sent. 81/03; B-83.998, reg. sent. 260/96; 111.331, reg. sent. 56/09; 115.232, reg. sent. 109/15; 121315 RSD 59/17).
III. Entrando a examinar la procedencia del planteo de caducidad de la segunda instancia realizado, cabe observar que en razón del trámite sumario impuesto al presente madiante providencia de fs. 29 y vta., el plazo previsto por el art. 310 incs. 2 y 3 se encontraba holgadamente cumplido no solo a la fecha, sino además al tiempo en que aquella petición fue realizada. No obsta a ello el lapso en que el expediente se ha encontrado paralizado, puesto que a partir de la concesión del recurso de fs. 243 (fecha 1/07/14) el recurrente se desentendió de tomar las medidas que pudieran colocar a la causa en estado de ser elevada a la Alzada. Ha de verse que, por este mismo sendero, dicho plazo había transcurrido incluso antes de la presentación de fs. 259.
Si bien el artículo 251 del Código Procesal hace pesar sobre el Oficial Primero la elevación de los autos, en el presente caso se advierte una circunstancia que obstaba a la elevación, y es la observación que hizo el juzgado actuante primero a través del proveído firme de fs. 260 y luego por medio del de fs. 264 acerca de los pasos a cumplimentar para lograr la notificación de la sentencia a la parte demandada rebelde, de modo que no resulta de aplicación el artículo 313 inciso 3 del Código Procesal. Luego de la concesión del recurso, el intento de colocar al expediente en condiciones ha sido asumido por la citada en garantía e incluso por un perito psiquiatra -ver fs. 259-, habiendo el apelante asumido una actitud pasiva, dejando transcurrir el plazo previsto por el art. 315 incs. 2 y 3.Conforme a lo que acabo de decir, toda vez que se encontraba a cargo del recurrente activar el proceso, y que desde la fecha de concesión del recurso de apelación, esto es, el 1 de julio de 2014, hasta el acuse de caducidad, el 21 de febrero de 2019 transcurrió el plazo previsto en el artículo 310 incisos 2 y 3 del Código Procesal, corresponde decretar a caducidad de la segunda instancia, y así lo propondré a mi distinguido colega de Sala (arts. 251, 310 inc. 2 y 3, 311, 313 inciso 3, y 315 del Cód.
Procesal). Ello con costas a la parte recurrente en su calidad de vencida (art.68 del Cód. Procesal). Voto por la AFIRMATIVA.Por los mismos fundamentos el doctor SOTO votó en igual sentido.A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO: Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde decretar la caducidad de la segunda instancia. Imponer las costas a la parte recurrente en su calidad de vencida. Las regulaciones de honorarios se practicarán oportunamente.ASÍ LO VOTO. El doctor SOTO adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:S E N T E N C I A La Plata, 30 de Mayo de 2019
CONSIDERANDO: Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que corresponde decretar la caducidad de la segunda instancia (arts: 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 68, 246, 251, 263, 268, 310 inc. 2 y 3, 311, 313 inciso 3, 315 del C.P.C.C. y jurisprudencia citada).POR ELLO: corresponde: I) Decretar la caducidad de la segunda instancia. II) Imponer las costas a la parte recurrente en su calidad de vencida. III) Las regulaciones de honorarios se practicarán oportunamente. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia