Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129727
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129727; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº21 - LA PLATA
MERELES BIENVENIDO C/ MAI CAROLINA VERONICA Y OTS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de agosto de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129727, caratulada: "MERELES BIENVENIDO C/ MAI CAROLINA VERONICA Y OTS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 20 de noviembre de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1 – La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Bienvenido Mereles contra Carolina Verónica Mai y Horacio Oscar Grecco, extendiendo la condena a la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A.; condenó a la parte demandada a abonar a la actora dentro del término de diez días de quedar firme la liquidación pertinente la suma de pesos un millón setecientos mil ($1.700.000), con más con más los intereses calculados a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días la que se devengará desde el 2 de enero de 2007 y hasta el momento del efectivo pago; impuso las costas a la parte demandada y difirió la regulación de honorarios hasta la ocasión prevista por el art. 51 ley 14967; finalmente, desestimó el planteo formulado a fs. 198 vta. punto XII (v. sentencia de fecha 20 de noviembre de 2020).
2. Contra esta forma de decidir se alzan en apelación la codemandada Mai y la citada en garantía (presentación electrónica del 24 de noviembre de 2020), recurso que fue concedido libremente (proveído de fecha 2 de diciembre de 2020) y oportunamente fundado en esta instancia (presentaciones electrónicas del 8 y 9 de junio de 2021). Corrido el pertinente traslado (proveído de fecha 9 de junio de 2021) recibió la réplica del actor (presentación electrónica del 14 de junio de 2021). Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 16 de junio de 2021).
3. Los apelantes se agravian por el acogimiento de la demanda, calificando de errónea la aplicación de la ley y de equivocada la valoración de la prueba rendida por parte de la sentencia de grado.
Hacen pie en lo que consideran una equivocada valoración de las pericias al desestimar la practicada en autos por el Ingeniero Gallardo.
Entienden que ese rechazo no resulta fundado, pues la pericia debe vertebrarse sobre los antecedentes de la causa penal, toda vez que el perito Gallardo no ha visto el hecho, ni ha constatado la existencia de los rastros, pero ellos surgen de aquellas actuaciones, las que a su vez no fueron descalificadas como prueba por ninguna de las partes, ni se ha planteado la nulidad de su contenido.
Agregan que, si bien resulta indiscutible que el dictamen pericial no es vinculante para el Juez, dicha decisión debe encontrarse debidamente fundamentada, con conclusiones o elementos acreditados y con una crítica rigurosa, razonada y razonable que demuestre indubitadamente el error en el que ha caído el perito, no en meras suposiciones, en este caso contrarias a toda lógica y todo conocimiento científico.
Califican de suposición sin fundamento la conclusión del Juez cuando alega que ningún profesional tuvo en cuenta las copiosas lluvias en el lugar y las consecuencias que podría haber generado en los rastros hallados en la ruta.
Concluyen que la posibilidad insinuada carece de toda evidencia, pues aún si se considerara que la lluvia hubiera sido torrencial, existen distintos factores para generar un desplazamiento de los restos, como sería el peso y la forma de los mismos y tampoco podría conocer su sentido de desplazamiento, dado que no conoce si existe pendiente en la ruta o si ella es plana.
Adunan que ninguna de las partes ha introducido ese tipo de consideraciones, es decir que la actora nunca sostuvo que por las condiciones climáticas los restos de la colisión podrían haber sido desplazados, por el contrario, ofreció la causa penal como prueba sin realizar salvedad alguna, siendo el razonamiento del sentenciante -además de infundado-, contrario a los hechos reconocidos por las partes.
Se disconforman del valor que la sentencia le otorga a la rebeldía y a la confesión ficta de los demandados.
Concluyen que se ha producido un absurdo valorativo, atento que el criterio del Juez de grado ha caído en el error grave y manifiesto que conduce a una conclusión inconciliable con las constancias de la causa.
Ponen especial énfasis en que existen dos pericias que se contraponen totalmente a la decisión tomada, las que son dejadas de lado por una suposición carente de todo fundamento y errada al punto de caer en el absurdo.
Como corolario de las quejas relativas a la asignación de responsabilidad, alegan que su parte ha demostrado cual ha sido la causa fuente de la producción del hecho, que ha sido el accionar de la propia víctima.
De modo subsidiario ponen en crisis los montos indemnizatorios dispuestos por la sentencia apelada por considerarla injustificada (no se han acreditado los ingresos del fallecido, ni la circunstancia que podría iniciar una vida propia a la que volcar sus ingresos), sobrepasando la “posibilidad de ayuda”.
En lo tocante a la indemnización por daño moral la consideran exagerada.
Respecto de los intereses aplicados, se duelen de su fijación en la tasa pasiva más alta (BIP) por considerar que se corre el peligro de un enriquecimiento sin causa.
Además, dan cuenta que con la fijación de intereses no se intentará corregir la depreciación monetaria o subsanar los efectos de la crisis económica, ni tampoco se establecerán tasas tan excesivas o tan escasas que la función de los intereses quede desnaturalizada.
Finalizan destacando que en este punto se viola la ley y jurisprudencia de la Suprema Corte al establecer montos con criterio de actualidad más la tasa BIP ya que no cabe duda que pese a que no se haya expresado claramente, el monto fijado lo ha sido considerando valores actuales al momento de la sentencia.
4. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento (arts. 3, CC; 7, CCCN).
5 – Llega firme a esta instancia la existencia del hecho con las condiciones de tiempo y lugar detallados en la sentencia apelada, discrepando las partes en lo relativo a la asignación de la responsabilidad en su producción.
Es decir, ambos contendientes concuerdan en que el día 2 de enero del año 2007 aproximadamente a las 23 horas se produjo la colisión entre dos camiones que circulaban por la Ruta Nacional 12 (emplazada de norte a sur en la Provincia de Misiones) a la altura del kilómetro 1542,4 en inmediaciones de la localidad de El Dorado. Coinciden asimismo en que instantes previos al choque, el rodado Scania dominio SLS 982 con semirremolque Astivia dominio FVE 320 conducido por el demandado Horacio Oscar Grecco se desplazaba por el carril oeste con dirección norte a sur, mientras que el vehículo marca Scania dominio TPF 920 conducido por Reinaldo Mereles –hijo del aquí demandante- hacía lo propio por el carril este con sentido sur a norte.
Sobre esas circunstancias, luego de desarrollada la etapa probatoria, la sentencia apelada otorga la culpabilidad en el desencadenamiento del luctuoso hecho al accionado Horacio Oscar Grecco. En su fundamentación, el Juez de grado resalta que los dictámenes técnicos producidos –pericias mecánicas en sede penal y en este proceso- no evaluaron la existencia de copiosas lluvias momentos antes y después del acaecimiento del accidente concluyendo que ese fenómeno “bien pudo cambiar la localización de los restos del impacto” y que “pudo alterar –en buena medida- el asiento de los restos del choque examinado”. Asimismo, agrega que tanto la declaración de rebeldía de ambos accionados como la confesión ficta de Grecco generan una presunción de verdad de los hechos narrados por el actor a partir de la presunción generada por la incontestación.
En palabras de sentenciante: “ante los pródromos de la causa penal evaluada y la incuria, con el reconocimiento pleno de responsabilidad de Grecco en su absolución de posiciones en rebeldía (fs.442 conf. pliego fs.431, art. 415 CPCC), su incontestación de demanda, como el de la propietaria del camión conducido por aquél, esto es Scania T113H dominio SLS982 y acoplado térmico Astivia dominio FVE320 afeblecen las facetas técnicas colectadas en la causa penal anexa y abonan el progreso de la demanda por propia incuria de donde emerge el reconocimiento por voluntad exclusiva de las citadas responsabilidades, de tal modo surge el acogimiento de la acción por daños y perjuicios” (v. sentencia de fecha 20 de noviembre de 2020).
De conformidad con los lineamientos generales propuestos por el decisorio apelado, el examen de la causa ha de emprenderse desde la perspectiva de los principios de la responsabilidad objetiva que la anterior legislación civil receptaba en el artículo 1113, segundo párrafo, última parte.
Conforme a los postulados de la teoría del riesgo creado, quien introduce en el medio social en que se desenvuelve cosas que potencialmente configuren factores de peligro para los demás, debe responder, por esa sola circunstancia, por los daños que las mismas produzcan a terceros, a menos que demuestre que el perjuicio, además de no haber provenido de ese riesgo, reconoce su causa en un hecho ajeno (esta Sala causas 102.506, sent. del 4/05/2004, RSD-104/2004; 118600, sent. del 8/09/2015, RSD-19/2015, entre otros).
En esa directriz, en la responsabilidad derivada de la actuación por el hecho de una cosa que presenta riesgo o vicio, es donde la teoría del riesgo creado constituye el principio rector en el tema, debiendo el dueño o guardián de la cosa responder por los perjuicios causados independientemente que haya mediado o no culpa de su parte, a menos que acredite que el comportamiento de la víctima o de un tercero por el que no debe responder, excluyó total o parcialmente esa responsabilidad de tipo objetiva endilgada por la norma de aplicación.
De ahí que la víctima de un daño causado por una cosa riesgosa no tenga que probar si existe culpa en el dueño o guardián de la misma, ya que le basta con demostrar la relación de causalidad entre el daño sufrido y aquélla, cuya titularidad o guarda atribuye al que reclama.
A fin de aplicar este criterio al supuesto que nos ocupa se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante el análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada y, en su caso, en qué medida. Ello frente a las particularidades del presente caso, acorde la evidencia producida (arts. 375, 384, CPCC).
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho en este sentido que “Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art.901, Cód. Civ.; conf. Causas C.98.691, sent. de 18/05/2011; C97.827, sent. de 9/04/2010; e.o.). Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 5/04/2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla”. (SCBA causa C 121.608, sent. del 08/08/2018. Juez Pettigiani SD).
En este ejercicio -adelanto- que encuentro que la sentencia de grado adolece de una evidente falta de argumentación y que sus conclusiones no se condicen con las pruebas producidas en estas actuaciones.
Primeramente, he de evaluar la pericia mecánica practicada en la causa penal (expte. 04, folio 118, año 2007 en trámite por ante el Juzgado de Instrucción N° de El Dorado, Provincia de Misiones) que “…destaca como elemento de interés fundamental en la presente causa el sentido de circulación de ambos rodados protagonistas, la ubicación de marcas de fricciones bajo relieve sobre el carril oeste de la Ruta Nacional 12, carril de circulación de Norte a Sur, la zona de impacto de cada rodado y las características de los daños materiales. Cabe mencionar que a pocos metros al Sur de las marcas de fricciones halladas sobre el carril oeste se registra sobre el eje central de la calzada una marca de neumático con proyección hacia el oeste y manchas de aceite con proyección hacia el este, además de concentración de fragmentos de vidrios y accesorios sobre la banquina asfáltica oeste, conformando una concentración indiciaria agrupados sobre el carril oeste de la Ruta Nacional 12, evidenciando que el CAMIÓN MARCA SCANIA R112H 4X2 S 46, DOMINIO TPF-920 TIPO CHASIS CON CABINA avanzó sobre el carril oeste, carril de circulación del CAMIÓN MARCA SCANIA T113H 4X2 TL CHASIS CON CABINA, DOMINIO SLS-982 Y SEMIRREMOLQUE MARCA ASTIVIA DOMINIO FVE-320.
Conforme las consideraciones realizadas es posible inferir que la causalidad siniestral del presente accidente de tránsito, deriva de la actitud conductiva de quien guiaba el CAMION MARCA SCANIA R112H 4X2 S46 DOMINIO TPF-920 TIPO CHASIS CON CABINA, al circular y avanzar sobre el carril oeste de la Ruta Nacional 12, creando el riesgo y afectando la circulación del CAMION MARCA SCANIA T113H 4X2 TL CHJASIS CON CABINA DOMINIO SLS-982 Y SEMIRREMOLQUE MARCA ASTIVIA DOMINIO FVE-320 que en la oportunidad circulaba por el carril oeste de la Ruta Nacional 12 con dirección y sentido norte a sur” (fs. 129/132 causa penal referida). En el mismo informe el perito actuante “se encuentra en condiciones de afirmar … que la causalidad siniestral del presente accidente de tránsito deriva de la actitud conductiva de quien guiaba el camión marca Scania R11 2H 4x2 TL dominio TPF-920 tipo chasis con cabina, al circular y avanzar sobre el carril oeste de la ruta Nacional 12, creando el riesgo y afectando la circulación del camión marca Scania T113H 4x2 TL chasis con cabina dominio SLS-982 y semirremolque marca Astivia dominio FVE-320 que en la oportunidad circulaba por el carril oeste de la Ruta Nacional 12 con dirección y sentido Norte Sur” (v. pericia fs. 129/132, causa referida).
A su turno, el dictamen técnico evacuado en esta sede por el Ingeniero Mecánico Daniel Adrián Gallardo da cuenta que “analizada la documentación mencionada con anterioridad este perito considera razonable que el accidente se haya producido de la siguiente manera: el día martes 2 de enero de 2007 alrededor de las 23.30 horas existiendo condiciones climáticas desfavorables (llovía y el asfalto se encontraba mojado) y con una visibilidad muy reducida por la nocturnidad (la zona contaba con poca iluminación artificial), el equipo conducido por el Sr. Horacio Oscar Grecco, compuesto por el tractos marca Scania modelo t113 H 4x2 C 42 Tt, año de fabricación 1994, patente SLS-982, color azul con franjas amarillas, el cual arrastraba al semirremolque tipo isotérmico o frigorífico, de tres ejes duales, marca Astivia, modelo AS3, año 2006, dominio FVE-320, color blanco, se desplazaba por la Ruta Nacional n°12 de la localidad de El Dorado (provincia de Misiones) con sentido norte-sur (Puesto Iguazú-Posadas) y al llegar a la altura del kilómetro 1542,400 imprevistamente por razones que se desconocen es embestido por el camión tipo playo marca Scania modelo R112 H 4x2 S46, año de fabricación 1985, patente TPF-920, color naranja, conducido por el señor Reinaldo Mereles, quien circulaba con sentido contrario sur-norte (Posadas-Puerto Iguazú).
El lugar del impacto se localiza sobre el carril de circulación del equipo del Sr. Grecco” (fs. 484/487 punto “a”); “Teniendo en cuenta la dirección y el sentido de circulación de los móviles previo al impacto, la localización de los daños sufridos por ambos rodados como consecuencia exclusiva del contacto entre ellos y la proyección y orientación de las deformaciones correspondientes a los mencionados daños, se determina la aplicación del principio físico de la acción y reacción que el camión Scania dominio TPF-920 cumple el rol de vehículo activo o embistente físico mecánico, mientras que el equipo del Sr. Grecco reviste el rol de vehículo pasivo o embestido físico mecánico” (punto “a” fs. referidas).
Luego agrega que “A juicio del suscripto y en base a los daños sufridos por los rodados los cuales fueron citados y fotografiados en la causa penal, el camión Scania del Sr. Mereles embiste con su parte frontal izquierda a la parte frontal izquierda del tractor Scania del Sr. Greco. Dicho golpe se produce en el carril de circulación de éste último, o sea en el sentido Puerto Iguazú-Posadas” (punto “b” fs. referidas) y que “…se puede determinar dado el lugar donde se produce dicho contacto, que el Scania del Sr. Mereles circulaba levemente inclinado cuando golpea al otro rodado, ya que se encontraron sobre el pavimento (Carril norte-sur) entre otras pruebas marcas de fricción bajo relieve proyectadas en forma diagonal” (punto “c” fs. referidas).
Esta conclusión es reiterada en el punto “d” del mismo informe.
Vale aclarar que ante las impugnaciones del actor (fs. 489/493 y 505) el experto reafirma sus conclusiones (fs. 496/497).
Llegado a este punto, no resulta ocioso recordar que nuestra jurisprudencia ha dicho en reiteradas oportunidades que al apreciar los dictámenes los jueces ejercen facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 5/07/1996; Ac. 61475, sent. del 3/03/1998). Aun así, las reglas de la sana crítica indican que para apartarse de un dictamen pericial suficientemente fundado es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109550, sent. del 22/07/2008; 115511, sent. del 26/03/2013, e.o.).
Es en este ejercicio que, contrariamente a lo concluido por el Juez de grado, encuentro que los dictámenes referidos cuentan con un grado de detalle y justificación técnica que no arrojan motivo alguno para apartarse de sus conclusiones, las que dan cuenta de la responsabilidad del occiso Reinaldo Mereles en la producción del accidente (arts. 384, 474 CPCC).
Véase además que el alcance que el decisorio apelado le otorga al fenómeno climatológico imperante al momento del choque y en momentos posteriores, no encuentra su correlato en la prueba rendida y menos aún en una explicación –al menos
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.