Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127722
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la base regulatoria establecida en el decisorio del día 27/4/2021 y atento a la importancia del asunto, mérito y eficacia de las tareas desarrolladas se fijan los honorarios de los peritos ingeniero Daniel Omar Vasallo en la suma de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS, de la doctora Chinda Concepción Brandolino en la suma de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS y del doctor Marcelo Jesús Herrera en la suma de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS, modificándose así el decisorio de fecha 27/4/21 (art. 1627, CC).
La Plata, 16 de diciembre de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. La providencia del día 27/4/2021, en cuanto a la base regulatoria establecida para fijar los estipendios de tres peritos y su cuantificación, viene apelada: a) por la citada en garantía “La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda” el 9/5/2021, remedio concedido el 11/5/2021 y fundado el recurso el 13/5/2021, sin réplica de parte interesada, considerándolos altos; b) por el perito Ingeniero Vassallo, por bajos, el 20/5/2021, recurso concedido el 8/6/2021, que fue fundado el 18/6/2021, sin contestación; c) por el perito Médico Psiquiatra, por bajos, el 20/5/2021, que fuera concedido el 8/6/2021 y fundado el 18/6/2021, sin contestación de parte interesada; d) por la perito Médica Legista Brandolino, mediante recurso de revocatoria y apelación interpuesto y fundado el 28/6/2021, que fue concedido el 8/7/2021, habiéndose agraviado de la base regulatoria fijada y el monto de sus honorarios por considerarse bajos, sin que mereciera réplica alguna.
2. Presentada el 12/2/2021 una liquidación al solo efecto regulatorio por parte de la perito Brandolino, quien al monto del acuerdo transaccional celebrado entre las partes el 17/10/2017, aplicó intereses a la tasa activa hasta el día que practica la liquidación (11/02/2021), el Juzgado resuelve:
“…III) Que, en orden a los accesorios que debe adicionarse al monto del acuerdo, se deja establecido que la tasa de interés por el monto devengado entre la fecha de celebración y la presente cuenta, será la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días -tasa pasiva digital -, dejándose establecido que a partir de que el presente adquiera firmeza y hasta el efectivo pago se liquidará la tasa activa más alta que cobra el mismo Banco oficial en sus operaciones de descuento a treinta días.”
Acto seguido, se efectúa el cálculo en forma oficiosa hasta la fecha del resolutorio (27/4/2021), dejando establecido que el monto total por el que se aprueba la liquidación por capital e interés arroja la suma de $ 845.345,88 y en base a practica regulación de los tres peritos nombrados, atento lo ordenado por esta Alzada en la resolución del 22/12/2020.
3. Considera la perito médico Brandolino que no habiendo sido impugnada en término la liquidación presentada al solo efecto regulatorio por las partes obligadas al pago, de conformidad a la decisión de la Alzada del día 22/12/2020, no puede el Juez de oficio dejarla sin efecto y practicar una nueva cuenta, resolviendo aplicar una tasa diferente a la propuesta, disminuyendo con ello considerablemente la base regulatoria, y en consecuencia la regulación de los honorarios de expertos.
Manifiesta que esa decisión judicial vulnera el principio dispositivo que debe regir el proceso civil, argumentando al respecto, concluyendo que es improcedente que la liquidación practicada en tiempo y forma sea impugnada de oficio por el juzgador y no por las partes, por lo que debió ser aprobada como base regulatoria.
Se agravia, también, de la tasa de interés aplicada por el Juzgador de oficio; considerando que es improcedente aplicar la pasiva, puesto que en el caso no se discute el monto de actualización de deuda entre las partes.
Argumenta que la suma que se debe actualizar lo constituye el valor de un acuerdo celebrado y cobrado el 17/10/2017, al solo efecto regulatorio, el que tuvo el efecto de sentencia para las partes, fijando ello un valor monetario determinado que puso fin al proceso.
Indica que las partes no abonaron oportunamente los honorarios de los profesionales, entonces el monto que ahora se discute es la actualización de los valores en juego, al solo efecto del pago de honorarios, por lo que las pautas que deben regir a dicha actualización son las que se aplican a ese tipo de deudas y no de otro tipo. Argumenta al respecto y cita la disposición del artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación, por el carácter alimentario de los emolumentos, dando otros fundamentos.
4. Liminarmente cabe indicar que no se trata de aplicar intereses moratorios o compensatorios para actualizar la base regulatoria (arts. 767, 768 y conc. del CPCC), sino que esta Alzada en su resolución del día 22/12/2020 fue clara en establecer que, en el presente juicio, debían regularse honorarios -para quienes habían alzado su queja- en base a una liquidación con criterio de actualidad, debiendo adicionarse al monto del acuerdo conciliatorio los accesorios que correspondan, devengados entre la fecha de celebración y la cuenta que se presente al solo efecto regulatorio.
También corresponde destacar que en el decisorio se indicó que debían aplicarse “…los accesorios que correspondan…”, sin haberse resuelto nada al respecto, es decir sin delimitar la tasa de interés.
La apelante, sin decisión judicial que la avale (arts. 161, 163 del CPCC), practicó la liquidación pertinente el 12/2/2021, aplicando unilateralmente lo que a su criterio era adecuado al caso, esto es la tasa activa del Banco Provincia (activa de descuento a 30 días).
Sin perjuicio de destacar que la cuenta no recibió impugnación alguna, pues la efectuada por el doctor Lestani en representación a la firma citada en garantía fue declarada extemporánea, ello no importa considerar consentida la misma y menos aún que el Juez no pueda de oficio abordar la cuenta para ver si la misma se ajusta a las pautas establecidas en el pronunciamiento que le da sustento (arts. 161, 163, 501, 557, 589 del CPCC). En este caso, no había decisión previa que dirima cual era la tasa de interés que debía tenerse en cuenta para establecer la base regulatoria, no pudiendo imponerla la perito por el solo hecho de considerar que el monto del acuerdo debía actualizarse con la denominada tasa activa.
Aún, debe señalarse también que los Jueces cuentan con facultades suficientes para revisar los accesorios que se establezcan en una liquidación, no encontrándose atado en modo alguno a la posición que las partes puedan adoptar al respecto en cuanto a una eventual falta de impugnación. Es decir, si pueden revisar el resultado de los accesorios convenidos y/o su capitalización (arg. art. 771 del CCCN), más aún pueden expedirse sobre la fijación judicial de una tasa de interés que aún no ha sido establecida.
5. Señalado ello, se trata indicar cuál es el interés que debe considerarse para actualizar la base al solo efecto regulatorio. El acuerdo celebrado en estas actuaciones a fs. 602/603 puso fin al juicio de daños y perjuicios, no habiéndose convenido en el mismo la aplicación de intereses convencionales sean estos compensatorios y/o moratorios en caso de incumplimiento (arts. 767 y 768 del CPCC).
Conforme ello, la tasa de interés a los efectos de actualizar la base regulatoria debe ser establecida judicialmente y para ello se debe atener a la naturaleza de la acción promovida, es decir entender que se trata de un acuerdo celebrado en el marco de un juicio de daños y perjuicios por un accidente automotor. No se trata de los intereses moratorios que se aplican a los honorarios –como lo sustenta la apelante- pues no se trata de determinar en el caso y con anticipación ese tipo de accesorio moratorio.
Cabe indicar que esta Sala tiene dicho -en términos generales- que los intereses buscan resarcir el perjuicio que al actor le ocasiona el incumplimiento. Sin embargo, la tasa de interés no puede ser considerada como una cláusula de ajuste, ya que su función económica no es la de mantener el poder adquisitivo del capital adeudado. Dicho criterio también debe trasladarse para fijar la base regulatoria de este juicio.
Nuestro Superior Tribunal provincial ha declarado reiteradamente que a partir del 1º de abril de 1991, los intereses moratorios serán exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561, 622, Cód. Civil; conf. causas Ac. 57.803, “Banco de la Provincia de Buenos Aires”, sent. del 17-II-1998; Ac. 72.204, “Quinteros Palacio”, sent. del 15-III-2000; Ac. 68.681, “Mena de Benítez”, sent. del 5-IV-2000; L. 76.276, “Vilchez”, sent. del 2-X-2002; L. 77.248, “Talavera”, sent. del 20-VIII-2003; L. 79.649, “Sandes”, sent. del 14-IV-2004; L. 88.156, “Chamorro”, sent. del 8-IX-2004; L. 87.190, “Saucedo”, sent. del 27-X-2004; L. 79.789, “Olivera”, sent. del 10-VIII-2005; L.80.710, “Rodríguez”, sent. del 7-IX-2005; Ac. 92.667, “Mercado”, sent. del 14-IX-2005; entre otras).
En definitiva, siguiendo la doctrina -mayoritaria- que se reseña, -sin perjuicio de las consideraciones que sobre el particular se pudieran realizar-, se ha sostenido la procedencia de la fijación de los intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días (tasa pasiva, SCBA C. 101.774 “Ponce” y L. 94.446 “Ginossi”). Empero, conforme la causa “Zócaro”, también de nuestro superior Tribunal local, no se vulnera la doctrina legal, antes citada si, al formular una simple ecuación económica -utilizando para ello las distintas variantes que puede ofrecer el aludido tipo de tasa-, se aplica una determinada alícuota por sobre las demás existentes (SCBA, Ac. L-118.615, sent. del 11-3-2015).
A mayor abundamiento, puede adicionarse el aporte que a este tema ha dado la causa "Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios" (SCBA, causa C. 119.176, sent. del 15-VI-2016), en la cual nuestro Superior Tribunal provincial analizó su doctrina legal en vista a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en especial del contenido del artículo referido.
Con un análisis pormenorizado se explicaron los antecedentes sobre el tema, la evolución de las tasas de interés y la interpretación de la doctrina legal, llegando a una postura -si bien por mayoría de fundamentos- en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia.
Tal como se refirió en el voto de la señora Jueza doctora Kogan “…el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. En este contexto, entiendo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768, inc. "c", Cód. cit.), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia.”
“Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", C.C. y C.N.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.)” (SCBA, causa citada). Esta postura es la que logró mayoría y, por consiguiente, es la que se impone como valor de doctrina legal vigente y permite su correlación con la aplicación de las pautas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
6. Conforme lo expuesto, este criterio debe aplicarse al caso a los efectos de regular los honorarios, para quienes habían alzado oportunamente su queja, en base a una liquidación con criterio de actualidad, debiendo adicionarse al monto del acuerdo conciliatorio los accesorios que estableció el Juez de grado, en tanto no puede modificarse el fallo en perjuicio del propio apelante.
Con este alcance, debe confirmarse la base regulatoria establecida en el resolutorio recurrido.
POR ELLO, por las consideraciones que anteceden, se confirma la base regulatoria establecida en el decisorio del día 27/4/2021 y atento a la importancia del asunto, mérito y eficacia de las tareas desarrolladas se fijan los honorarios de los peritos ingeniero Daniel Omar Vasallo en la suma de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS, de la doctora Chinda Concepción Brandolino en la suma de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS y del doctor Marcelo Jesús Herrera en la suma de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS, modificándose así el decisorio de fecha 27/4/21 (art. 1627, CC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art.10 de la Ac. 4013, modif. por Ac.4039 de la SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia