Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 135383
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora;
2Confirmar, en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, la apelada sentencia de fecha 15/12/2022. Las costas de segunda instancia se imponen a la demandada apelante en su condición de perdidosa.
YAN
En la ciudad de La Plata, a los 05 días del mes de Diciembre de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "VICTOR RUBEN ANTONIO Y OTRO/A C/TALLAFERRO OSVALDO SAUL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.) " (causa: 135383 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia definitiva del 15/12/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo :
I. Antecedentes.
1.1. Sentencia de primera instancia.
Con fecha 15/12/2022 el Sr. Juez de Primera Instancia dictó sentencia donde RESOLVIÓ: 1ro) Admitir la defensa de falta de legitimación pasiva planteada por Osvaldo Saúl Tallaferro y, en consecuencia desestimando la demanda con respecto al mismo; 2do) Hacer lugar parcialmente a la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promovieran Rubén Antonio Víctor y Claudia Marcela Martínez, por sí y en representación de su hijo Maximiliano Víctor contra Magdalena Luján Fernández y Matilde Magdalena Giácomo; 3ro) Condenar a las demandadas a pagarle a los actores la suma de pesos TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 305.654) dentro del plazo de diez días que adquirir firmeza este pronunciamiento; correspondiendo la cantidad de $ 5.654 a Rubén Antonio Víctor y Claudia Marcela Martínez y la de $ 300.000 a Maximiliano Víctor.
Sobre la suma de $ 654 se liquidarán intereses desde el día 9 de mayo de 2.008 hasta el efectivo pago, de acuerdo a la tasa pasiva más alta publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquéllos días que no alcancen a cubrir al lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, y con respecto a la suma de $ 305.000, habrán de calcularse intereses desde el 9 de mayo de 2.008 hasta este pronunciamiento a la tasa pura del seis (6%) anual, y desde allí hasta el efectivo pago se aplicará la tasa de interés pasiva más alta publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquéllos días que no alcancen a cubrir al lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; 4to) No hacer lugar a la actualización monetaria solicitada; 5to.) Desestimar el planteo por plus petición inexcusable formulado por el codemandado Osvaldo Saúl Tallaferro; 6to.) Diferir el tratamiento de la cuestión vinculada con la aplicación de la Ley 24.432 para el momento en que se practiquen las regulaciones de honorarios; 7mo.) Admitir la defensa de exclusión de cobertura opuesta por la aseguradora citada en garantía "San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales" y, por consiguiente, eximiéndose a ésta de responsabilidad por las consecuencias dañosas que se derivan del hecho de autos; 8vo.) Imponer las costas del juicio a las codemandadas Magdalena Luján Fernández y Matilde Magdalena Giácomo, inclusive por las correspondientes a la intervención de la mencionada aseguradora citada en garantía, por resultar sustancial y objetivamente vencidas; imponiéndose en el orden causado las costas generadas por la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Osvaldo Saúl Tallaferro, que fue admitida; 9no.) Postergando en todos los casos las regulaciones de honorarios para la oportunidad en que se practique la liquidación respectiva.
1.2. Recursos. Fundamentación.
1.2.1. La sentencia es apelada por el actor (20/12/2022), quien no expresó agravios, por lo que cabe declarar desierto el recurso interpuesto (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
1.2.2. También recurren la sentencia los demandados Magdalena Luján Fernández y Matilde Magdalena Giacomo (20/12/2022), quienes expresaron agravios con fecha 2/9/2023, los que no fueron contestados.
Dichos codemandados cuestionan la admisión parcial de la demanda.
Concretamente critican la admisión del Daño Moral con base en que el menor que sufrió la caída de la moto contaba con 14 años de edad al momento del evento, que obviamente no podía conducir la motocicleta, no se encontraba habilitado para manejar, además de no llevar puesto el casco protector. Agregan que los padres del menor avalaron con su actitud y permitieron que su hijo menor de edad conduzca por la vía pública un vehículo a sabiendas que no estaba habilitado para ello, otorgando una motocicleta para que el menor recorra las calles de la ciudad, y considera que los propios padres fueron responsables del supuesto sufrimiento espiritual de su hijo, ya que a sabiendas de la imposibilidad de su hijo de conducir igualmente pusieron en sus manos un vehículo para que conduzca.
Ponen de resalto la calidad de embistente físico del conductor de la moto; que el actor no presentaba al momento de examen pericial minusvalía alguna, ni alteraciones anátomo funcionales incapacitantes, ni secuelas traumáticas determinantes de incapacidad física ni psíquica.
En función de ello postulan la desestimación del daño moral.
En cuanto al rubro “Gastos Médicos y Farmacéuticos”, pide que se revoque su admisión, con base que de la prueba de autos surge que Maximiliano Victor siempre fue atendido en el Hospital Público de Lobos. Nunca fue internado. Amen, de ello, aducen que el monto dispuesto no tiene fundamento alguno ya que no existen pruebas de los gastos que manifiestan los actores y no hay parámetros que justifiquen dicho monto.
Con relación al rubro “Indemnización por daños sufridos en la motocicleta”, expresan que no se probó titularidad del vehículo, por lo que considera improcedente el monto indemnizatorio de $ 654, máxime cuando se desconoció el presupuesto.
II. Análisis de los agravios.
2.1. Quantum debeatur.
La recurrente limita sus agravios al monto indemnizatorio, por lo que la responsabilidad atribuida en la sentencia arriba incuestionada en forma idónea (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.2. Daño moral.
2.2.1. El juez de la instancia de origen, luego de resaltar su carácter extrapatrimonial, afirmó su procedencia por más que no se haya comprobado incapacidad, ya que la sola producción del evento dañoso (golpes a raíz de caída de la moto) permiten presumir la lesión en los sentimientos del damnificado, por lo que hace lugar al reclamo por la suma de $ 300.000.
2.2.2. El daño moral o extrapatrimonial debe ser entendido como una lesión en los sentimientos que genera un daño a la integridad espiritual del ser humano -v.gr. afección al honor, dignidad, tranquilidad, seguridad personal, equilibrio psíquico y/o sentimental, y demás perturbaciones emocionales legítimas provocadas por el hecho dañoso-, que repercute en diversas manifestaciones de una persona y se materializan -o tienen aptitud para hacerlo- en dolor -que pueden provocar el hecho dañoso y sus consecuencias-, angustia, tristeza, pérdida del deseo de vivir o seguir adelante, constituyendo una modificación disvaliosa del espíritu indemnizable -razón por la cual no es referible a cualquier perturbación anímica- (arts. 901, 903, 904, 905, 906 y 1078, Código Civil -hoy 1726, 1738 y 1741, C.C.C.N.-), que corresponde presumir en el caso de daños físicos, por tratarse de un daño “in re ipsa”, esto es, que se presume salvo prueba en contrario -que deberá producir el responsable del hecho dañoso (conf. SCBA, Ac. 41.539, 21/11/89; Ac. 62.247, 2/3/99; Ac. 82.369, 23/4/2003)-.
Reiteradamente se ha sostenido, que Las indemnizaciones por daño moral o no patrimonial no deben guardar necesariamente proporcionalidad con el daño material, pues su fijación no está sujeta a reglas fijas y su monto dependerá del hecho generador y sus consecuencias, hallándose sujeto al prudente arbitrio judicial que, frente a la ausencia de prueba concreta, permite acudir a lo que es común y corriente, sumado a las particulares circunstancias de la causa en orden al hecho, repercusión, edad y sexo de la víctima (arts. 1078, Código Civil; 1741, C.C.C.N.; 163, 164, 165 y 384 del C.P.C.C.).
Debe ponderarse el dolor humano como agravio concreto a la persona, y más allá de que se entienda que lo padecido no es susceptible de ser enmendado, es lo cierto que la tarea del juez es realizar "la justicia humana" y con ello no hay enriquecimiento sin causa ni se pone en juego algún tipo de comercialización de los sentimientos. No hay "lucro", porque este concepto viene de sacar ganancia o provechos, y en estos supuestos de lo que se trata es de obtener compensaciones ante un daño consumado; y un beneficio contrapuesto al daño, el único posible para que se procure la igualación de los efectos, dejando con ello en claro el carácter resarcitorio que se asigna al daño moral (conf. Belluscio, Código Civil Anotado, t. 5, pág. 110 citando a pie De página a Mosset Iturraspe; esta Cámara, Sala III, causas B-83.346, RSD. 164/96; y B-79.317 RSD. 49/95; 89.362, RSD. 71/99). Aunque “medir” el “dolor” a los efectos de una reparación es una expresión más presuntuosa que real, dado que se trata de una materia inasible, imposible de apreciar objetivamente, que se instala en una zona intransferible para el ser humano (esta Sala, causa 132.684, 2/2/2023).
Ahora bien, las razones dadas por los apelantes, para desestimar el rubro en análisis, carecen de sustento legal, ya que el hecho de que el sujeto dañado sea un menor de edad no habilitado para conducir no autoriza a conferirle daño alguno y el tema de la responsabilidad arribó firme. La reprochable actitud de los padres, o de uno de ellos, de autorizarlo a conducir un vehículo sin estar habilitado para ello, no constituye en eximente legal alguna ni permiten desestimar el daño extrapatrimonial peticionado (arts. 163, 164, 165, 260, 261 y 384, C.P.C.C.; 901, 903, 904, 905, 906 y 1078, Código Civil).
2.2.3. Conforme a ello, considerando las lesiones padecidas por el menor que da cuenta la pericia médica y las constancias de la causa penal, y haciendo uso del arbitrio judicial, estimo que la suma fijada por daño moral debe ser confirmada (arts. 163, 164, 165, 330, 354 inc. 1, 375, 384 y 474 del Cód. Procesal; arts. 1078, Código Civil; 1, 2 y 7, C.C.C.N.).
2.3. Gastos médicos y farmacéuticos.
2.3.1. El juez de la instancia de origen, pese a la ausencia de prueba concreta de erogación alguna, en función de las lesiones sufridas y la atención en un hospital público, consideró prudente otorgar la suma de $ 5000 a los padres del menor en concepto de gastos de atención médica.
2.3.2. Si bien los “gastos médicos y farmacéuticos” deben probarse a través de los tickets y recibos correspondientes, cuando se trata de gastos menores y urgentes, que se compadecen con la índole de las lesiones sufridas y lo que surge de la prueba pericial, corresponde su admisión, máxime cuando, como es sabido, existen ciertos medicamentos y/o vendas o apósitos que no son cubiertos por los establecimientos asistenciales públicos ni obras sociales., razón por la cual corresponde confirmar el monto otorgado en autos (arts. 163, 164, 165, 375, 384 y 474, C.P.C.C.).
2.4. Daños a la moto (titulado “daño emergente”).
2.4.1. El juez de primera instancia consideró que el boleto de compraventa es insuficiente para acreditar la titularidad de la moto (art. 1, Dec. ley 6852/58), sin perjuicio de que en su condición de poseedora se encuentra legitimada para reclamar una indemnización por los daños sufridos por la motocicleta, y en base a la pericia accidentológica realizada en sede penal, la pericia mecánica efectuada en este juicio y el presupuesto acompañado y reconocido a fs. 152, consideró razonable reconocer la suma de $ 654.
2.4.2. Los agravios de los apelantes se desentienden de los fundamentos vertidos en la sentencia, y estructuran su queja sobre la base que no se probó la titularidad, cuando el importe fue otorgado con base en la calidad de poseedora de la reclamante, por lo que corresponde declarar desierta la queja en este tramo (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor juez doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. juez, Sr. Sosa Aubone dijo :
En atención al acuerdo logrado, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la apelada sentencia definitiva del 15/12/2022, en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de segunda instancia, se impongan a la demandada apelante en su condición de vencida (art. 68, C.P.C.C.).
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO , y demás fundamentos expuestos SE
1. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora; 2) Confirmar, en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, la apelada sentencia de fecha 15/12/2022. Las costas de segunda instancia se imponen a la demandada apelante en su condición de perdidosa. REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia