Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 49432
"GOIA IVANA MARIA C/ BARBOSA FERNANDO MARTIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-49432-2017 R.S. 69/2020
Con fecha 23 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "GOIA IVANA MARIA C/ BARBOSA FERNANDO MARTIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , Causa N º MO-49432-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 6 Departamental a fs. 164/171vta. dictó sentencia haciendo lugar a la demanda promovida por Ivana Maria Goia contra Fernando Martin Barbosa por daños y perjuicios, condenando a los demandados a abonar al actor la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCE CON 54/100 ($ 1.371.012,54) con más los intereses detallados en el apartado V de la aludida resolución desde la fecha del evento (21 de abril de 2017) hasta el efectivo pago en el plazo de diez días de quedar firme o ejecutoriada la presente y bajo apercibimiento de ejecución. Asimismo, impuso las costas a la parte demandada quien resulta vencida; haciendo extensiva la condena y las costas a la citada en garantía ESCUDO SEGUROS S.A. dentro de los límites de la cobertura contratada con su asegurado (art. 118 de la ley 17.418).
2. Contra tal forma de decidir se alzaron la parte actora y la demandada y citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación (los mismos datan del 26/4/2019 (actora) y 18/06/2019 (demandada)); los que fueron concedidos libremente y se fundaron con las expresiones de agravios cuyas referencias son 247600416015781873 -actora- y 242100416015883434 -la demandada y citada en garantia-. Esta última ha sido replicada el día 18/09/2019.-
3. A fs. 190vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora se agravia del rechazo del rubro lucro cesante por parte del sentenciante de grado en la resolución en crisis.
Por otro lado, la demandada y citada en garantía ataca la atribución de responsabilidad como así también los montos otorgados para los distintos rubros indemnizatorios y la tasa de interés aplicada en autos.-
A los términos de cada fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
Y así -antes que nada- debemos señalar que el caso debe juzgarse a la luz de las nuevas previsiones del CCyCN.-
Ello así en base a lo dispuesto por el art. 7 del nuevo Código que determina (con una redacción que -en lo que interesa al presente- es casi idéntica a la del art. 3 del ordenamiento derogado) que “ a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo ”.-
La aplicación inmediata de la ley es el principio consagrado en la primera cláusula del artículo, en función del cual las leyes se aplican a las nuevas situaciones o relaciones jurídicas que se creen a partir de la vigencia de la ley y a las consecuencias que se produzcan en el futuro de relaciones o situaciones jurídicas ya existentes al momento de vigencia de la ley. Señalando la doctrina que en estos casos no hay retroactividad ya que la nueva ley solo afecta a las consecuencias que se produzcan en el futuro (cfe. FERREIRA RUBIO, Delia M., en AA.VV. Código Civil Comentado , BUERES, Alberto (dir.) –HIGHTON, Elena (coord), T 1, ps. 10/11).-
Por todo ello es que el presente caso debe resolverse con apoyatura en la normativa vigente al momento del hecho que se denuncia como dañoso (21 DE ABRIL DE 2017).-
a) La responsabilidad
Ahora bien, por razones de orden metodológico, debo comenzar por este punto.-
Pero, antes que nada, es necesario ponderar la solvencia técnica de la fundamentación recursiva traída.-
Y en orden a dar respuesta a la cuestión planteada es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuna que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa ns 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa ns 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa ns 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5s, pto. c), del Cód. Procesal; Causa ns 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación sobre este tema en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.), quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5s ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
En este sentido, y si vamos a la sentencia apelada (fs. 164/171), vemos que la misma, luego de dar sólidos fundamentos jurídicos y teniendo por acreditado el hecho, señala que no se había demostrado la eximente invocada por la demandada y citada en garantía; al efecto, se dedica a enumerar y analizar diversos elementos de convicción allegados al proceso, definiendo -consecuentemente- la responsabilidad de la parte demandada.-
Frente a ello, la demandada y citada en garantía traen una serie de generalidades, argumentan que la actora bajó a la vereda abruptamente, que esta última no pudo probar la mecánica del hecho y no dicen absolutamente nada mas.-
Solo reitera lo dicho para desacreditar la pericia.-
Es evidente, así, la insolvencia argumental de su expresión de agravios en el punto.-
Por ello, y no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC, deberá declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada y citada en garantía en lo que se refiere a la atribución de responsabilidad.-
Zanjada esta cuestión, puedo continuar con los restantes planteamientos traídos.-
b) Lucro cesante
La parte actora se disconforma con el pronunciamiento, en tanto desestima su reclamo en concepto de lucro cesante. En este sentido y en lo medular arguye que, contrariamente a lo decidido, sí se encuentra acreditada la pérdida de ganancia afirmada. Así alude a que antes del accidente trabajaba como profesora de yoga dando clases en dos clubes donde obtenía una ganancia mensual de aproximadamente $5760, lo cual dejó de percibir desde el momento del accidente.-
Debo decir al respecto que este rubro procede cuando se deja de percibir, ganar u obtener un rendimiento económico según el curso ordinario de las cosas o según las circunstancias particulares, pero no basadas en meras abstracciones o en simples conjeturas. Vale decir, la ganancia o utilidad de que se vio privado el acreedor a raíz del acto ilícito la pérdida de enriquecimiento o por las ganancias que ha dejado de percibir el damnificado (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ºº, 124259 RSD-13-19 fallo del 07/02/2019).-
Conforme establece el artículo 1738 del Código Civil y Comercial, la indemnización comprende además “ el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención ”.-
Rige en la especie el parámetro de razonabilidad, dado por el curso natural y ordinario de las cosas, conforme a la previsibilidad de las consecuencias (art. 1726, C.C. y C.; conf. Jorge Mario Galdós, “Código Civil y Comercial de la Nación…”; Ricardo Luis Lorenzetti (Director), T VIII, p. 484, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2015).-
Por cierto, quien alega haber sufrido un daño, debe acreditarlo (art. 375 del CPCC) y, en el caso, mas allá de la afirmación testimonial aludida en los agravios, no veo que se haya demostrado, objetivamente, la existencia de un lapso temporal durante el cual no hubiera podido desarrollar su actividad específica.-
Es decir, no ha probado (como hubiera sido esperable) el lapso de incapacidad transitoria impeditivo de sus labores, aspecto sobre el cual debió haberse expedido el perito actuante.-
Por lo demás, tampoco es abundante la prueba en cuanto a cuales eran las características de su actividad y los ingresos obtenidos por ella.-
Cabe señalar, finalmente, que lo atinente a los eventuales menoscabos de carácter permanente, es decir los tocantes a las secuelas definitivas y sus eventuales repercusiones económicas, no se abordan en el ámbito de este rubro, sino en el de la incapacidad, en los términos del art. 1746 del CCyCN.-
Luego, y por lo que llevo dicho, entiendo que bien ha hecho el Sr. Juez de Grado al desestimar este rubro.-
c) Incapacidad psicofísica
Primeramente debo decir que para, un prolijo estudio de estos obrados, abordaré en forma individual el daño físico y el daño psíquico; luego, y siguiendo el temperamento del fallo apelado, el resultante de las diversas cuestiones traídas arrojará el numero final que corresponda establecer en este rubro.-
Comienzo por el aspecto físico del menoscabo.-
El agravio lo trae la demandada y citada en garantía.-
Pretenden que el rubro sea rechazado por cuanto el sentenciante se baso en la pericia médica la cual, a entender de los quejosos, no acreditó las secuelas incapacitantes ni determinó la relación de causalidad entre el accidente y las lesiones sufridas por la actora.-
Es necesario recordar entonces -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccs. del CCyCN).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficie
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