Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125563
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (arts. 278 y 292, CPCC). Con costas.
C. 125.563 "M. M. A. C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las copias acompañadas, el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 5 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de un reclamo de daños y perjuicios promovido por M. Á. M. -en representación de su hijo, menor de edad al momento de interponerse la acción- contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en el que se dictó sentencia admitiendo la pretensión que se encuentra firme, hizo lugar a la impugnación formulada por la parte demandada y dispuso aplicar, a los fines liquidatorios, las pautas de los arts. 9, 13, 16 y 19 de la ley 12.836, sus modificatorias y los respectivos decretos reglamentarios (v. fallo de 2-VII-2019 y resol. de 7-VI-2021).
Apelado dicho pronunciamiento por la accionante, la Sala III de la Cámara de Apelación del fuero departamental revocó parcialmente la decisión y estableció que la tasa de interés prevista en el art. 19 de la ley 12.836 -esto es, el interés promedio de caja de ahorro común publicado por el Banco Central de la República Argentina- debía ser aplicada al crédito incorporado en dicho régimen solamente durante el plazo originalmente previsto para la cancelación total de la deuda fiscal consolidada. Así, señaló que, desde la fecha del hecho hasta el dictado de la ley de consolidación, debían aplicarse las pautas del interés establecido en la sentencia firme; desde allí hasta la de corte/vencimiento, los estipulados por la ley especial y luego, para el período posterior al vencimiento de los bonos, se debería aplicar la tasa determinada en el fallo firme hasta el efectivo pago (resol. de 19-XI-2021).
Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 9-XII-2021) y la Cámara intimó a la recurrente a practicar la liquidación pertinente a fin de poner claridad sobre el valor del agravio, bajo apercibimiento de rechazarse el recurso por falta de un requisito esencial (v. resol. de 23-XII-2021). Luego, denegó la vía impugnativa, destacando que la parte no había dado cumplimiento a la intimación cursada, que la liquidación se solicitó porque el proceso tiene un valor computable que es materia de agravio, concluyendo que no concurrían todas las circunstancias formales necesarias para la concesión del recurso, puntualmente el monto del agravio (v. resol. de 10-II-2022). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de 18-II-2022 y sus archivos adjuntos).
II. Al respecto, cabe observar que, tal como se expusiera en la resolución denegatoria, de conformidad con los planteos expuestos en la vía impugnativa -limitados a cuestionar el período sobre el cual debe aplicarse la tasa de interés prevista en el art. 19 de la ley 12.836- el valor del agravio es de monto determinado y está representado para la recurrente por la diferencia resultante de calcular los intereses según la tasa pretendida por el período que cuestiona y la suma que arroja la aplicación del criterio fijado por el Tribunal de Alzada para igual lapso (v. escrito electrónico de 9-XII-2021 en archivo adjunto a la queja; conf. doctr. causas Ac. 99.880, "Garro,", resol. de 28-V-2008; C. 120.880, "García Lazzarin", resol. de 28-XII-2016; C. 120.296, "Fuentes Benitez", resol. de 29-XI-2017; C. 123.261, "Ramirez", resol. de 19-II-2020; C. 124.026, "Romero", resol. de 23-X-2020; C. 123.414, "Girola", resol. de 9-XI-2021).
Sentado ello, pasando a analizar el cumplimiento del citado recaudo legal, se advierte que, en el recurso directo traído, la legitimada pasiva -tal como lo hiciera al responder el emplazamiento efectuado por la Cámara- se limita a postular que la cuestión debatida no es susceptible de apreciación económica y alega sobre el tópico violación de doctrina de esta Corte (v. punto II.4 del escrito de queja). Así, si bien invoca supuestos de excepción para acceder a la revisión por la vía de inaplicabilidad de ley articulada, no controvierte lo resuelto respecto del carácter determinable del monto del agravio y la carga del impugnante de aportar los elementos necesarios para la acreditación de aquel requisito formal (conf. doctr. causas C. 119.024, "A., C. B.", resol. de 28-V-2014; C. 119.649, "Mena", resol. de 10-VI-2015; C. 123.854, "Soraide", resol. de 6-VII-2020 y C. 125.110, "Paredes", resol. de 18-II-2022).
Por lo demás, no allega tampoco en la queja ningún elemento que permita tener por superada en el caso la limitación establecida en el art. 278 del ordenamiento procesal del fuero -texto según ley 14.141 y Acordada 4.037/2021-, cuyo incumplimiento sustentara la denegatoria en cuestión (conf. doctr. causa C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017).
Sobre la base de tales agravios, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los planteos de excepción expuestos en la queja (conf. doctr. causas Q. 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020 y C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020).
En cuanto a la alegación de violación de doctrina legal que se formula, es del caso recordar que la invocación de un supuesto de excepción en favor de la admisibilidad del recurso con tal fundamento no resulta aplicable en el caso, desde que sólo en el procedimiento laboral rige el art. 55 de la ley 11.653 que contempla expresamente lo apuntado, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (conf. doctr. C. 112.069, "Simmionato", resol. de 1-IX-2010; C. 108.979, "Cacheda" resol. de 11-V-2011; C. 120.593, "Bocanera", resol. de 1-VI-2016 y C. 121.246, "Cinematográfica Madero S.A.", resol. de 5-IV-2017).
Por otra parte, respecto al interés general insinuado a los fines de habilitar la instancia, debe señalarse que, conforme lo ha expresado este Tribual, el supuesto de gravedad institucional se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en este caso, de conformidad con los agravios expuestos, la presencia de una situación de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de interés público, si tal afirmación no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la configuración de aquella circunstancia (conf. CSJN, Fallos: 303:221; conf. doctr. C. 112.809, "Di Franco", resol. de 13-X-2010; C. 113.723, "Verdugo", resol. de 10-VIII-2011; C. 119.135, "Municipalidad de Tandil", resol. de 20-XI-2014; C. 120.938, "Contin", resol. de 22-II-2017), resultando deficientes los motivos brindados por el recurrente, lo que conduce al rechazo de su pretensión para admitir la revisión en el caso con tal fundamento.
Finalmente, tampoco se advierte en estos obrados de acuerdo a los planteos traídos y el contexto reseñado -en principio- la concurrencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la supuesta afectación de garantías constitucionales, de acuerdo a los términos del fallo impugnado y el marco procesal descripto, no se aprecian argumentos suficientes que permitan avizorar la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; causas C. 120.460,"Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 123.704, "Bressan", resol. de 27-VIII-2020 y C. 123.414, cit.).
A lo expuesto se agrega que los precedentes de este Tribunal que se invocan en la queja en los que excepcionalmente se ha admitido la revisión soslayando el mentado recaudo de admisibilidad se refieren a situaciones diversas a la aquí configurada.
En tales condiciones, no se logra demostrar el yerro en la denegatoria aquí cuestionada, imponiéndose el rechazo de la vía de hecho intentada (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (arts. 278 y 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/10/2022 19:30:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2022 09:48:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2022 16:44:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:30:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2022 16:26:46 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2022 13:51:23 hs. bajo el número RR-634-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia