Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130918
Sentencia Definitiva
Causa N° 130918; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 5 - LA PLATA
ACCASTELLO GONZALEZ LUCAS C/ESCUDO SEGUROS SA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOOS AUTOM C/LES.O MUERTE(EXC.ESTADO) PLAN ORALIDAD
En la ciudad de La Plata, a los dieciséis días del mes de Marzo de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130918, caratulada: "ACCASTELLO GONZALEZ LUCAS C/ESCUDO SEGUROS SA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOOS AUTOM C/LES.O MUERTE(EXC.ESTADO) PLAN ORALIDAD", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Procede declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora con fecha 7 de octubre de 2021?
2a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 30 de septiembre de 2021?
3a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
Contra la sentencia de primera instancia dictada con fecha 30 de septiembre de 2021 interpone recurso de apelación la parte actora, mediante su presentación electrónica de fecha 7 de octubre del mismo año, el que fue concedido libremente en el proveído de fecha 14 del mismo mes y año.
Advirtiéndose en este acto que la accionante no ha cumplido temporalmente con su carga de expresar agravios, no obstante lo ordenado con fecha 2 de diciembre de 2021, que fuera debidamente notificado por medios electrónicos en la misma fecha, corresponde declarar desierto el recurso (arts. 40, 135, 143, 155, 261 y concs. del CPCC.; 3 y 5 del Anexo Unico "Reglamento para la notificación por medios electrónicos"; SCBA., Ac. 3540/2011).
Voto por la AFIRMATIVA
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
.1- La sentencia dictada en la instancia de origen en fecha 30 de septiembre de 2021 hizo lugar a la demanda iniciada por Lucas Accastello Gonzalez contra Armando Méndez Gutiérrez y Anabela Solange Pardo; condenó a éstos a abonarle en el plazo de 10 días de quedar firme el decisorio, la suma de Pesos un millón veintiséis mil ($ 1.026.000) con más un interes compensatorio calculado desde la fecha del hecho y hasta el día de firma de la sentencia a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a plazo fijo a treinta días, más un interés moratorio conforme la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires sustentada en las causas “Vera” y “Nidera” a calcularse a una tasa pura del 6% anual desde el hecho dañoso, hasta la fecha del fallo y de allí en adelante y hasta el efectivo pago se calcularán intereses a la tasa la pasiva digital en cuando tasa pasiva más alta, que surge de las causas del Máximo Tribunal Provincial; impuso las costas de la acción a los demandados y citada en garantía en su condición de vencidos e hizo extensiva la condena a “Escudo Seguros S.A.” quien deberá responder en la medida del seguro contratado; finalmente, difirió la regulación de honorarios hasta la oportunidad prevista en el art. 51 de la ley 14967.
2– Esta forma de decidir viene apelada -como ya se dijo- por la parte actora (presentación electrónica del 7 de octubre de 2021) y por el demandado y citada en garantía (presentación electrónica del 1 de octubre de 2021). Luego de que ambos recursos se concedieran libremente (proveídos de fecha 14 y 5 de octubre de 2021 respectivamente) los accionados fundaron el suyo mediante presentación electrónica del 21 de diciembre de 2021, mientras que el actor no hizo lo propio en tiempo y forma, circunstancia que generó la deserción del recurso planteada en la primera cuestión de la presente resolución; corrido el pertinente traslado (proveído del 22 de diciembre de 2021), la expresión de agravios de la parte accionada no recibió réplica. Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 4 de febrero de 2022).
3– Se agravia el demandado por la responsabilidad que se le atribuye en el siniestro, calificando como arbitraria y absurda la apreciación de la prueba.
Alega que era él quien contaba con la prioridad de paso y que la moto embiste el lateral del auto, circunstancias que define como probadas, al igual que el exceso de velocidad del motovehículo.
Se disconforma del monto otorgado por daño físico e incapacidad sobreviniente por elevado y carente de razonamiento, al igual que la tarifación del daño moral.
Respecto de los gastos farmacéuticos y de traslado se duele de su procedencia como rubro y cuantificación, considerando que no hubo prueba fehaciente rendida al respecto.
Finalmente, pone en crisis la tasa de interés allí fijada, argumentado que se dispuso la aplicación de la tasa pasiva BIP en clara infracción a la doctrina legal de la SCBA que establece la tasa pura del 6% cuando se valúa con criterio de actualidad.
4– Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del (arts. 3, CC; 7, CCCN).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 234).
Por lo tanto, para el caso de abordar el tratamiento de los rubros indemnizatorios cuyos montos se han debatido, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala causas 121.394, sent. del 1/6/2017; 124.349, sent. del 19/02/2019 e.o.).
5. A fin de mantener un orden metodológico en el desarrollo del recurso, he de abordar inicialmente los agravios relativos a la asignación de responsabilidad en la producción del siniestro.
En este sentido, dable es destacar que ambas partes concuerdan en la existencia del hecho y sus características de tiempo y lugar, mas no logran acordar respecto de la culpa en su desencadenamiento.
En efecto, son contestes en señalar que el evento dañoso se produjo el día 5 de marzo de 2015 a las 23:40 hs. aproximadamente en la intersección entre las calles 125 (por la que circulaba previamente el actor en su motovehículo) y 77 (arteria por la que transitaba el Chevrolet Corsa del demandado).
A fin de dilucidar la responsabilidad que cupo a las partes, han de aplicarse los principios de la responsabilidad civil objetiva receptados por el artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del código antes vigente, en virtud a -como se dijo en el apartado anterior- la fecha de producido el hecho dañoso.
De conformidad con los postulados de la teoría del riesgo creado, quien introduce en el medio social en que se desenvuelve, cosas que potencialmente configuran factores de peligro para los demás, debe responder, por esa sola circunstancia, por los daños que las mismas produzcan a terceros, a menos que demuestre que el perjuicio, además de no haber provenido de ese riesgo, reconoce su causa en un hecho ajeno (esta Sala, Causas 102506, RSD 104/2004, sent. del 4/05/2004, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e.o.).
Como ha resuelto esta Sala, en nuestro derecho positivo, además de los factores de imputabilidad subjetiva, el dolo y la culpa, existen factores objetivos, entre los que cabe mencionar al riesgo (Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, 1980, pág. 274). El automóvil en movimiento es una cosa peligrosa, cuya potencialidad de daño ha sido destacada por la doctrina de los autores y la judicial (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 168; Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Madrid, 1979, pág. 413, esta Sala causas citadas).
Por su parte, en forma reiterada nuestro Superior Tribunal provincial, conformando doctrina judicial, sostuvo que "...cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, debe entendérselo derivado del riesgo de la cosa...", consecuentemente, para que el dueño o guardián puedan eximirse de responsabilidad, no les basta demostrar que de su parte no hubo culpa, sino que deben acreditar que el hecho de la víctima o de un tercero por quien no deban responder, ha interferido en forma total o parcial en la relación de causalidad adecuada, contribuyendo de este modo a la producción del siniestro (art. 1113 del C.C.; SCBA Ac. 38.840 del 14/06/88 y 35.822 del 27/05/87, entre otros; esta Sala, Causa B-78.485, sent. del 1/09/1994, 127048, RSD 58/2020, sent. del 27/04/2020, e.o.).
Y, en este andarivel, reiteradamente ha señalado que los presupuestos necesarios para la procedencia de la indemnización de daños basada en la norma prevista en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil -aplicable al caso según se dijo-, son a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa y d) el carácter de dueño o guardián de los demandados (conf. SCBA Ac. 93.337, sent. del 6/09/2006; C. 97.757, sent. del 22/10/2008).
Por ende, la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad al dueño o guardián el "riesgo creado", prescindiendo, en principio, de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo, pues no interesa si de su parte existe culpa, ni invierte la carga procesal de la prueba. Aun cuando se probase su falta de culpa, ello carecería de incidencia para excluir su responsabilidad porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, 2° párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA, Ac 55257, sent. del 30/08/1994; C 112545, sent. del 12/09/2012; C 105191, sent. del 3/10/2012).
En estos términos, se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada por el demandado y, en su caso, en qué medida o por el contrario si resulta probada la responsabilidad objetiva del demandado. Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible, de conformidad con las particularidades del hecho y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular (arts. 375, 384, CPCC).
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho en este sentido que “Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las costas (art.901, Cód. Civ.; conf. Causas C.98.691, sent. de 18/05/2011; C97.827, sent. de 9/04/2010; e.o.). Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 5/04/2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla”. (SCBA causa C 121.608, sent. del 08/08/2018. Juez Pettigiani SD).
En este menester, se evidencia de la causa penal acollarada al presente como prueba -IPP 06-00-008928-15/00- que el accidente se produjo en el medio de la calzada entre las dos arterias (v. croquis de fs. 6 y planimetría fs. 42, causa referida).
En las mismas actuaciones, el informe técnico mecánico efectuado por Héctor L. Ramimez constata en el vehículo en el que circulaba el accionado: “Lateral derecho: puerta delantera con hundimiento sector medio e impronta de neumático, las misma desplazada de derecha a izquierda , con roces, rotura y desprendimiento de cristal de la ventanilla; puerta trasera con rotura y hundimiento sector medio inferior, con roces y hundimiento sector medio posterior, la misma desplazada de derecha a izquierda con rotura y desprendimiento de cristal de ventanilla, techo sector medio con roces, hundimiento, signos de fricción; parante inicial de puerta delantera hundimiento sector medio; panel trasero con hundimiento, signos de fricción sector superior inicial; rueda trasera con signos de fricción sobre su neumático. Parte Frontal: no se observan daños”, mientras que de la moto del legitimado activo: “Lateral derecho no se observaron daños. Parte frontal: barrales desplazados de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha; guardabarros con rotura sector inicial medio; óptica con rotura de acrílico; desprendimiento de luz de giro izquierda, la misma sostenida de sus cables; deformación de manubrio, el mismo desplazado desde izquierda a derecha; tanque de combustible con hundimiento y desprendimiento de pintura sector posterior sobre lateral derecho, signos de limadura, sector medio sobre lateral izquierdo” (v. fs. 37/38 causa penal referida).
Por su parte, la labor pericial en aquella sede, practicada por la Técnica Superior en Accidentología Vial Nancy Patricia Quiroga y anexada a fs. 81/85 de la IPP dictamina que “…Es factible inferir que: el automóvil Chevrolet Corsa conducido por Méndez Gutiérrez Armando circulaba por la 77 en sentido cardinal hacia el sudoeste cuando al arribar al sector central de la intersección es impactado en su lateral derecho, sector medio por la motocicleta. Esta última unidad Honda Titán conducida por Acastello González Lucas acompañado por Lencina Carlos circulaba por la calle 125 hacia el sudoeste cuando al arribar a la intersección impacta con su parte frontal contra el lateral derecho, sector inicial del automóvil…”. Agrega que “Teniendo en cuenta los sentidos de circulación de las unidades y la ubicación, dirección y sentido de los daños que presentaron las mismas, se infiere que: el automóvil Chevrolet Corsa…. Reviste el carácter de embestido físico mecánico; mientras que la Motocicleta Honda CG 150cc Titán… reviste el carácter de embestidor físico mecánico”.
Y luego de realizar los cálculos matemáticos de rigor determina “la velocidad mínima del Chevrolet Corsa… 42,39 km/h… de la Motocicleta Honda CG 150 ccTitán… 41.42 km/h”.
Analizando las constancias probatorias en este proceso, encuentro que el experto Ingeniero mecánico Alberto Aníbal Granero, concuerda en lo medular con las velocidades mínimas desarrolladas por su colega en sede represiva (el Chevrolet Corsa 42.37 km/h y la Honda Titán Moto 41.40 km/h, conforme punto “D” de presentación electrónica de fecha 29 de junio de 2018), mientras que sobre la mecánica del hecho describe: “De acuerdo a los elementos técnicos obrantes en la causa el día 5 de marzo de 2015 aproximadamente a las 23:40 hs. en momentos en el moto vehículo marca Honda modelo CG 150 ESD Titan dominio 349HWQ conducido por el Sr. Lucas Gonzalez Accastello circulaba sobre la calle 125 con sentido de dirección de calle 76 a calle 78 al llegar a la intersección con la calle 77 de Berisso colisiona con su frente de marcha el lateral derecho del vehículo marca Chevrolet modelo Corsa Classic 4 ptas. GLS 1.4N dominio IFP336 conducido por el Sr. Armando Mendez Gutierrez el que circulaba sobre la calle 77 con sentido de dirección de calle 126 a 124” (repuesta “A”, presentación electrónica referida).
Aduna el perito que “De acuerdo a la mecánica del accidente, los daños observados en los rodados y el sentido de las deformaciones se puede determinar que la moto vehículo marca HONDA modelo Titan reviste el rol físico mecánico de embistente y el vehículo marca Chevrolet modelo Corsa el de embestido” (respuesta “B” de presentación electrónica referida).
Ahora bien, las constataciones y marco probatorio hasta aquí expuestos deben conjugarse con las normas relativas al ordenamiento vehicular. Allí, la Ley de Tránsito y su modificatorias (en adelante ley 24.449) en su art. 36 dispone que “en la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales de tránsito y normas legales, en ese orden de prioridad”, mientras que el art. 39 da cuenta que los conductores deben “en la vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito”.
Específicamente en lo relativo a la prioridad de paso, el art. 41 de la misma normativa establece que “todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: a) la señalización específica en contrario, b) los vehículos ferroviarios, c) los vehículos del servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión, d) los vehículos que circulan por una semiautopista, e) los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, f) las reglas especiales para rotondas, f) cualquier circunstancia cuando se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada, se circule al costado de vías férreas respecto del que sale del paso a nivel, se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía y por último, cuando se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre”.
Esta Sala ha dicho, con distintas integraciones, que esta pauta legal agudiza la prioridad con que cuenta el vehículo que en una encrucijada arriba a la intersección proviniendo de la derecha, constituyendo una pauta de conducta que tiende a preservar la seguridad en el tránsito vehicular y que genera una presunción de culpa de quien la hubiera infringido, siendo que tal presunción sólo puede ser desvirtuada comprobando que quien arribó a la intersección proveniente de la derecha, por su parte, hubiera infringido otras normas de tránsito y que tal conducta guarde relación de causalidad adecuada con el accidente (Art. 902 del CC., esta Sala, causa 99.597, sent. del 27/02/2003, RSD 31/2003; 106.412, sent. del 19/10/2006, RSD 241/2006; 12784, sent. del 22/09/2020 RSD 162/20, e.o.).
Esta regla no tiene en cuenta el anterior o posterior arribo a la intersección y, en este sentido, ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que el entonces vigente artículo 57 de la ley 11.430 –análogo al art. 47 de la ley 24.449 y sus modificaciones aplicable en sede provincial al momento del hecho a partir de la sanción de la ley 13.927- impone al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de ceder el paso al vehículo que se presente a su derecha. Y ello es así sin discriminar quién fue el que llegó primero a ese cruce (SCBA, Ac. 58668, sent. del 11/03/97 y Ac 66334, sent. del 13/05/97, entre otras; esta Sala causas referidas).
En suma, mediante la prioridad de paso lo que se persigue es establecer mecanismos que brinden cierta seguridad en el tránsito automovilístico, lo que no lleva a soslayar el resto de las particularidades que pudieran darse, como ser, verbigracia excesos de velocidad u otras violaciones a normas de tránsito esta
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