Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70905
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación del demandado, rechazando, en consecuencia, el recurso del accionante; y revocar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la pretensión resarcitoria objeto de autos, la que, por ende, se rechaza; con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, 2° párr. CPCC).
2Disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo ordenada con fecha 18/4/23; y declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación contra ella planteado por el accionado; con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, 2° párr. CPCC).
3Rechazar en todas sus partes el recurso de apelación planteado por la Dra. M. contra la sanción impuesta en la resolución del 2/6/23, con costas a su parte; revocando la providencia de fecha 26/6/23, en cuanto dejó sin efecto el libramiento del oficio oportunamente ordenado al Colegio de Abogados departamental.
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967). 5)
Causa nº: 2-70905-2023 "M., J. E. C/ Z., P. J. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR AFECTACION A LA DIGNIDAD"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los doce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, celebrando Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/2020), se reúnen los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi, con la presencia del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “M., J. E. c/ Z., P. J. s/ Daños y perjuicios por afectación a la dignidad” (causa n° 70.905). Habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra- ¿Proceden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia definitiva del 14/4/23?
2da- ¿Procede el recurso de apelación planteado por el demandado, contra la resolución del 18/4/2023 que dispuso la medida cautelar de embargo?
3ra- ¿Procede el recurso subsidiario de apelación incoado por la Dra. M. C. M., contra la sanción que le fuera impuesta por resolución del 2/6/23?
4ta- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes dijo:
I. 1. Por demanda del 15/4/21, el abogado J. E. M. accionó contra el Intendente de la ciudad de Pehuajó, P. J. Z., para que se lo condene a abonar la suma de $10.000.000 (más intereses), en concepto del daño extrapatrimonial derivado de las injurias y/o calumnias que habría vertido el demandado, en un video publicado en la red social Facebook.
Relató el actor que el 9/10/2020, luego de conocida una sentencia de la Suprema Corte que admitió una demanda entablada, entre otros, contra el Municipio de Pehuajó (causa C-122768, “García Jorgelina Edith y otro/a c/ Bomberos Voluntarios de Francisco Madero y otro/a s/ Daños y Perj. Resp. Estado (Del/Cuas. Exc. Autom)”, y en la que su parte actúa como apoderado de la parte actora, el Intendente Z. subió un video en su cuenta oficial de Facebook, en el que expresó, según transcripción hecha en la demanda, que:
“Y como siempre apareció un abogado de Pehuajó que es un carancho o como quieran llamarlo, buscó otro carancho que se llama M. que viven de juicios del estado y en perjuicios en este caso de los Pehuajenses…”
… “El abogado carancho, chacal de Pehuajó pertenece a un partido político y este abogado M. de la ciudad de Bolívar es un terrible carancho, esto le saca los recursos a los pehuajenses, esta gente vive de eso, esto es lamentable en época de pandemia, en época de trabajo, que esta gente intente robarle al partido de Pehuajó, algo que es vergonzoso, no me voy a meter con los fallos de la justicia, creo que es totalmente injusto. Al carancho que lo trajo, al carancho de Pehuajó, que lo trajo al chacal, transita nuestras calles de Pehuajó como si fuera un Señor y el carancho M. que está diciendo por todos lados que me ganó un juicio, todavía no ganó nada, todavía nos queda el recurso extraordinario en defensa de los pehuajenses.-
No voy a dejar que estos delincuentes se lleven la plata de los pehuajenses y que Ud. va a tener menos obras por esta gente, quédese tranquilo que yo estoy del lado de la verdad, de la justicia y que todos los días me ocupo de todos, lo que pasa que a veces nos tenemos que encontrar con este gente con título que realmente vive, vive tratando de ganar dinero porque el juicio lo compraron…., quédense tranquilos pehuajenses que la batalla por la dignidad, el trabajo y la verdad nunca se acaba, la batalla conmigo continúa.- Muchas gracias” (sic, demanda del 15/4/21).
Puso de relieve el actor que el demandado lo acusó en una red social de “carancho”, “delincuente”, de “robar dinero”, de “comprar juicios”, de “chacal”; y, en fin, “de “cometer delitos”. Argumentó que esas declaraciones o publicaciones no tuvieron ningún fin altruista, y persiguieron solo su descrédito público. Agregó que el intento del Sr. Z. de menoscabar su imagen, tuvo serias repercusiones en su actividad profesional de abogado, ejercida desde hace casi 30 años, en las localidades de Bolívar, Azul, Trenque Lauquen, Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, La Plata y C.A.B.A.
Hizo amplia referencia a su historia vital y a las variadas actividades que ha desarrollado, dentro y fuera de la esfera profesional; refiriendo a su profesión como su única fuente de sustento económico. En lo más relevante, relató que es afiliado a la UCR desde 1998, que ha sido y es abogado de varias instituciones, como la Sociedad Rural de Bolívar; que ha sido asesor de empresas agropecuarias y concesionarias; profesor de escuela secundaria desde 1992 a 2005; profesor universitario en los años 2006 y 2007; apoderado, asesor legal y Director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Bolívar de 2006 al 2011; Vicepresidente en varios períodos de la Asociación de Abogados de Bolívar; y miembro del Rotary Internacional (al que refiere como muy importante en su vida, y en el que describe una muy activa participación a nivel nacional e internacional). A ello agregó, en cuanto a la actividad comunitaria, que fue miembro de varias instituciones de bien público en la ciudad de Bolívar (Sociedad Rural, SAPAB, Bomberos Voluntarios, Asociación Colombófila, etc.); asesor Jurídico ad honorem de diversos establecimientos educativos (Escuela Agrotécnica de Bolívar y Escuela 1). Añadió que es músico, miembro de dos bandas musicales con una amplia trayectoria y giras internacionales; y que es colombófilo, y actualmente, Vicepresidente del Tribunal de Penas de la Federación Colombófila Argentina. Asimismo, entre otras cuestiones, refirió que tiene su estudio jurídico en la parte trasera del edificio de la “Escribanía Erreca”, que califica como una de las escribanías de más prestigio en Bolívar y la zona. Con todo ello, hizo hincapié en que es una persona que desarrolla una intensa actividad, en todos los órdenes de la vida; que es uno de los abogados más conocidos en la ciudad de Bolívar, habiendo intervenido en asuntos de gran repercusión social, siempre con un intachable comportamiento.
En lo que respecta al accionado Z., destacó que es Intendente de la Ciudad de Pehuajó desde el año 2007; que cuenta con un alto prestigio no sólo en Pehuajó, sino en toda la Provincia de Buenos Aires; que es un peronista y líder político cuya ardua labor política diariamente refleja en su perfil oficial de Facebook. Agregó que su página tiene más de 48.000 seguidores -pese a que Pehuajó tiene 32.000 habitantes-; es decir, concluyó, “se trata de un hombre público con amplia trascendencia e incidencia en el Centro de la Provincia de Buenos Aires y de llegada a los medios provinciales y nacionales en cada una de sus declaraciones.”
Sobre esa base, refirió el dolor e impacto espiritual que le causaron las declaraciones, a él, a su familia, amigos, clientes y conocidos; y añadió que las descalificaciones sufridas (“carancho”, “chacal” “ladrón” “delincuente”, “que vive de juicios del Estado”, “que compra juicios” para enriquecerse con dinero del Estado), fuertemente lesivas de su honor subjetivo y objetivo, derivaron en una seria afectación de su labor profesional, y en un descrédito público, personal y profesional, al sembrar dudas sobre su persona.
Subrayó que todos esos epítetos salieron en todos los medios y redes y en la tapa del diario local. Añadió que ser un abogado “chacal”, es ser un profesional que inventa juicios, que compra voluntades y arma demandas en base a la mendacidad; y que todos relacionan esa expresión con eso; y que, si se si se analiza la causa que ganó en la Suprema Corte, resuelta tras una causa penal previa y nueve años de juicio, es descabellado que se lo haya tratado de esa forma.
Agregó que jamás podrá “limpiar su imagen” frente a la totalidad de las personas que tuvieron acceso a una publicación en Facebook; cuando, como lo acredita con actas notariales, el video se reprodujo 15.000 veces y fue compartido 117 veces, con 92 comentarios y 505 “me gusta”; y que incluso, acorde el funcionamiento de Facebook, la repercusión fue mucho mayor.
Finalmente, invocó como agravantes que el accionado le dijo cosas incluso más graves en la audiencia de mediación (las que no puede reproducir en virtud de la confidencialidad); que al otro día de escuchar su descargo en Radio Mágica no se retractó; que a la fecha de la demanda el video sigue aún publicado; y que el propio accionado conoce lo que implica una afectación al honor, pues inició juicios por tal motivo. Añade que no se puede ignorar que “en teoría los dichos de un Intendente reelecto en tres oportunidades, SON CREIBLES.” (sic demanda).
2. En su contestación de demanda (14/6/21), el Intendente Z.
negó haber incurrido en injuria o calumnia alguna, los antecedentes personales del actor, las afirmaciones relativas a la cantidad de seguidores que su parte posee en las redes sociales, los daños aducidos, las reproducciones, y cualquier circunstancia referida a Facebook, así como la autenticidad de la documental adjunta, “salvo la que resulta de instrumento público”; y otras negativas accesorias. Sin embargo, no negó la existencia del video; ni el contenido a él atribuido conforme la transcripción efectuada en la demanda; ni la correspondencia de los links allí denunciados con el video en cuestión, las entrevistas radiales previas y posteriores efectuadas al accionante, y las notas periodísticas vinculadas a los hechos de autos.
Así es que, sustentó su postura defensiva en que “el actor ha recortado de forma conveniente lo verdaderamente ocurrido para poder justificar la demanda que se obligó a efectuar en sus presentaciones públicas en una radio pehuajense. (...) M. realizó un desarrollo sesgado de los hechos, ocultando, escondiendo, solapando todas sus incursiones y discursos radiales donde claramente fustigaba mi gestión municipal (...) su conducta fue la de un avezado político (...) concretamente so pretexto de informar sobre el estado de la causa judicial, M. se encargaba de criticar mi gestión como Intendente y desacreditarme públicamente.” (sic, contestación de demanda).
A ello añadió que las cuestiones a las que M. refería en todas las entrevistas radiales, resultaban de interés público “porque la condena afecta las arcas municipales en forma significativa, porque me acusó de dejar abandonado a su suerte al pobre joven víctima lastimado en la localidad de Francisco Madero, porque me hace directamente responsable de todo lo ocurrido, atribuyéndome conductas de desidia y abandono, prácticamente me imputó que por culpa del suscripto ahora el Municipio debe afrontar una millonaria condena, entre otras cuestiones.”
Esgrimió que M. “guarda un encono particular hacia el suscripto”, en tanto “somos viejos conocidos de la "arena política", él como dirigente radical de la ciudad de Bolívar -hecho reconocido- y yo como intendente peronista de Pehuajó”. Agrega que M. “fue un alto funcionario político de la Municipalidad de Bolívar durante las gestiones de los intendentes Simón y Erreca entre los años 2006 y 2011, y en ocasión de la campaña electoral de 2011 el suscripto brindó un incondicional apoyo al candidato peronista "Bali" Bucca, quién finalmente resultó electo intendente de Bolívar, circunstancia que dejó sin empleo al ahora actor...”.
A título ejemplificativo, refirió que en declaraciones radiales previas -cuyos links denuncia-, M. había manifestado que “la Municipalidad de Pehuajó se desentendió totalmente”, “que no le dieron ni una aspirina’; “que sus clientes no recibieron nada de la Municipalidad’, “que por desgracia fue absolutamente abandonado por el municipio” (entrevista del 13/12/2016). Que asimismo, con fecha 8/10/20, en otra entrevista radial, “me calificó de obtuso y nuevamente de que la Municipalidad no se hizo cargo de la atención médica, expresando peyorativamente que sólo le dimos unas aspirinas y dos paquetes de papas fritas.”. Agregó que, con fecha 12/2/21 -ya luego del video en cuestión-, expresó que como consecuencia de su conducta, se estaba afectando el patrimonio municipal, “pues le sale mucho más caro a los pehuajenses“.
En ese marco, negó que el Municipio hubiera omitido la atención de Lucio Hernán Rossi (el joven dañado en el juicio de daños en cuyo marco se desató el debate público); y puso de relieve “el interés público que existe en todas las cuestiones que el propio M. incorporó al debate público y también en las que se lo señala involucrado”.
Argumentó que “M. achaca al suscripto la supuesta desidia de la Municipalidad y que la condena es consecuencia directa de mi proceder, imputación que no resulta inocua porque al tratarse el suscripto de un funcionario público, de forma solapada intenta imputarme delitos -incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona, etc.- con el sólo objeto de perjudicar mi imagen pública.” Añadió que la cuestión es de interés público debido a que la condena afecta de forma significativa el patrimonio de la Municipalidad; y a que “desde hace muchos años junto con la Asociación de Abogados de Pehuajó venimos dando una dura batalla a la intervención de los abogados denominados "caranchos", que captan de dependencias públicas asuntos referidos a reclamos patrimoniales -accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, etc.-.”
Refirió en el punto V.4 de su contestación de demanda, que “expresé mi opinión en las cuestiones de interés público involucradas en ejercicio del derecho a réplica establecido en el art. 14.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos -Ley 23054-, proceder también protegido por el artículo 1 de la Ley 26032 (...) En ese sentido, las palabras "ladrón" y "delincuente" fueron emitidas figurativamente toda vez que el juicio repercute sobre el patrimonio del Municipio (...) quedando en claro también que no me estoy refiriendo a la figura penal típica de robo. Las palabras "carancho" y "chacal" fueron dichas en directa alusión a las sospechas deslizadas por el abogado Borgoglio cuando aludió a la forma rara en que el asunto del corso de Madero llegó a manos de M.. (...) Las demás cuestiones referidas como que vive de juicios del Estado, etc. no tienen ninguna connotación particular, y tampoco M. ha explicado por qué lo agravian.”
Finalmente, en lo que importa, agregó que acorde los artículos 109 y 110 del Código Penal, los delitos de calumnias e injurias invocados por el accionante, no pueden configurarse producto de “expresiones referidas a asuntos de interés público”, o “calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.
3. Con fecha 14/4/23 se dictó la sentencia definitiva apelada, que hizo lugar a la demanda, considerando acreditado el daño a la dignidad; y condenando al accionando a abonar al actor la suma de $3.000.000, con más intereses (a una tasa del 6% anual, desde la fecha del hecho hasta la sentencia; y, de allí en adelante, hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires). Impuso las costas al demandado, en su calidad de vencido.
Para así decidir, la sentencia comenzó por efectuar referencia al contenido de los escritos constitutivos del proceso, al derecho a la dignidad (arts. 51 y 52 CCCN), al derecho al honor y a sus dos facetas (la honra o estimación propia, y la fama o estimación ajena); al contenido de las declaraciones imputadas al demandado, y a lo resultante de la prueba producida. En ese sentido, aludió a la certificación del contenido de los enlaces webs efectuada el día 22/4/2021; y refirió que la respuesta al oficio dirigido al Colegio de Abogados (22/6/2022), dejó constancia de que el actor no registraba antecedentes disciplinarios. Sobre esa base, atendiendo a que la demandada refirió de interés público el "cómo" algunas causas llegan a estar patrocinadas por el actor, subrayó que dicha tarea no es propia del Intendente Municipal, sino de los Colegios Departamentales (cf. el art. 19 de la Ley 5177). Agregó que, en todo caso, es ante ellos que el accionado debió denunciar; y que, al menos hasta el momento, los Colegios no han encontrado motivos para sancionar al actor.
Con las respuestas a los oficios del 27/6/2022, 6/7/2022 y 8/8/2022, consideró acreditada la participación del actor en el Rotary Club, su actividad docente, y su participación en la Federación Colombófila Argentina, respectivamente. Tuvo en cuenta las publicaciones periodísticas acompañadas el 6/7/22 por el diario bolivarense La Mañana, donde M. relató cómo repercutieron en su persona las declaraciones del demandado. Con la respuesta al oficio presentada el 1/8/2022 por el Consejo Deliberante de Pehuajó, tuvo por cierta la preocupación y actuación del órgano municipal en relación con las sospechas de que personal policial y hospitalario "...inducirían a los justiciables para que concurran a determinado estudio jurídico para recibir asesoramiento legal...". Aludió a las declaraciones de los testigos Yurno y Choren en cuanto hicieron referencia a las cualidades del actor; y, sobre la base de las antedichas probanzas (referenciadas sin mayor análisis adicional), concluyó que las declaraciones vertidas por el demandado “tienen una entidad suficiente para afectar ambas facetas de la vida del actor”, “en estrecha relación con la acreditada participación social (como abogado, docente, y agrupaciones como el Rotary Club y la Federación Colombófila). Por otro lado, la defensa de la demandada, en cuanto sostiene que el actor critica la gestión municipal, ni la preocupación por la forma en que los letrados captan los clientes, alcanza para conmover y desvirtuar las consecuencias de las declaraciones públicas.” (Consid. V). Finalmente, considerando excesiva la suma de $10.000.000 reclamada en la demanda, cuantificó el daño moral en la de $3.000.000, condenando al accionado a su pago, con más los ya referidos intereses.
II. 1. Contra la reseñada decisión, plantearon recurso de apelación el actor (17/4/23), y el demandado (20/4/23). Concedidos ellos, elevadas las actuaciones a la Alzada, y radicadas en esta Sala, expresaron agravios ambas partes.
En su extensa presentación del 23/8/23, los apoderados del demandado Z., recuerdan en primer término que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de sentencia. Prosiguen formulando un racconto de los escritos postulatorios de ambas partes, e intentan “precisar” algunas parcelas de la oportuna contestación de demanda; argumentando, verbigracia, que en ninguna parte de ella se reconoció el video, ni que el demandado fuera administrador o responsable de la cuenta. Imputan una serie de defectos a las actas notariales de constatación acompañadas en copia con la demanda (Escrituras n° 252 y 254), y las consideran ineficaces; poniendo de relieve, fundamentalmente, que en el Acta n° 252 se certificaron publicaciones posteriores a ella; y que el pendrive con la grabación del video que se refiere en el Acta n° 254, nunca fue acompañado.
Concluyen así que, no obrando en autos el aludido video, no puede considerarse acreditado el hecho dañoso. Cuestionan también la prueba anticipada realizada inaudita parte, argumentando que la certificación de los links de las publicaciones, efectuada en autos el 22/10/21, es inválida, pues no se constató su contenido, sino sólo la identidad de los links. Paralelamente, argumentan que la certificación del link del video efectuada el 13/5/21, tampoco es válida, porque no brinda ningún detalle del contenido del video. Agregan los apoderados del demandado que, en todo caso, se certificó otra cuenta de Facebook, porque no coinciden la fecha de creación referida en la certificación (el 6/9/20) con la fecha de inicio del perfil oficial de Z.
(el 5/9/10); y argumentan que “es en la demanda el único rincón del expediente donde asoma falsa y efímeramente una aparente yuxtaposición de palabras que se autoproclama como hipotética transcripción fidedigna de un supuesto material videográfico. No obstante, tales expresiones vertidas no proceden de las fauces del demandado, pues han sido categóricamente refutadas y negadas por mi representado con énfasis” (ver punto II.4.4). Ya en relación con el contenido decisorio de la sentencia apelada, arguyen que ella carece de fundamentos sólidos, no es derivación razonada del derecho vigente, ni reflejo de las particularidades del caso; resultando absurda y arbitraria, por lo que debe anularse, o, en su defecto, revocarse.
Reiteran que nunca se reconoció el discurso textual invocado en la demanda; y que, a todo evento, deberían haberse analizado las declaraciones desde la perspectiva de la libertad de expresión, la publicidad de los actos gubernamentales, y el ejercicio legítimo del derecho a réplica de quien lleva adelante la gestión municipal (punto III.1). Añaden que el derecho a réplica adquiere mayor relevancia cuando se encuentra en juego la figura de un Intendente que, acosado por un adversario político, se ve sometido a un constante hostigamiento mediático, con el objetivo de socavar su legitimidad y gestión municipal, lo que se torna un tema de interés público. Agregan que la sentencia reproduce frases que únicamente fueron volcadas en la demanda, sin que exista una sola prueba que otorgue certeza a dicho texto, e insisten en que Z. no pronunció tales frases y palabras en el presunto video; y que sólo pronunció -no dicen dónde, ni cuándo- las palabras reconocidas en la contestación de demanda.
Añaden que fue el propio actor el que difundió los supuestos dichos de su parte, colocándose en una situación de víctima con intereses lucrativos. Esgrimen que acreditar la veracidad de la prueba electrónica corresponde a quien la invoca, lo que debe realizarse mediante pericia informática o reconocimiento judicial. Argumentan que, en el caso, el actuario creyó haber tenido a su disposición el perfil de Facebook del demandado, pero no fue así, “sino que fue “engañado” (ver punto III.2.1.b.). Añaden una serie de deficiencias que restarían validez probatoria a la aludida certificación; y cuestionan que esa prueba se haya practicado inaudita parte, concluyendo que resulta nula por falta de observancia de los recaudos del art. 327 CPCC.
Más adelante, en punto a la prueba concretamente valorada en la sentencia, argumentan que las respuestas a los oficios librados al Colegio de Abogados, al Rotary Club, y a la Federación Colombófila, acreditaron que el actor no sufrió perjuicio concreto alguno. Sostienen que la respuesta de la Dirección General de Escuelas, revela que al momento de los hechos el actor no ejercía la docencia, y no desarrollaba tal actividad desde hace más de veinte años. En relación con las publicaciones en las que el actor relató cómo repercutieron en su vida personal las declaraciones imputadas al demandado, refieren que fue el propio M. el que recurrió a los medios de comunicación con el propósito de difundir un video para proponerse como víctima.
Cuestionan la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos Yurno y Choren, argumentando que no acreditan la existencia de comentarios negativos referidos al accionante, ni una merma en su actividad laboral, académica o de negocios; que no percibieron el supuesto video a través de sus sentidos; que el testigo Yurno declaró ser amigo del accionante; y que Choren posee vínculos negociales con el actor. En los párrafos siguientes, cuestionan que el decisorio no haya considerado el interés público derivado de la preocupación del Municipio por la captación ilícita de casos; e insisten en que debió considerarse que el actor es afiliado a la UCR desde 1998, y se desempeñó como apoderado, asesor legal, y Director de Asuntos Legales de Bolívar, durante la gestión de Erreca de la UCR.
Argumentan así, que no está controvertido que ambos son políticos (el actor radical y el demandado peronista); y que la irrupción de los procesos judiciales en el espacio mediático local es poco frecuente. Recuerdan que, como se refirió al contestar demanda, antes de las declaraciones que se le imputan a Z., el accionante había concurrido -el 16/12/16- a una radio de Pehuajó, y realizado diferentes manifestaciones en contra del Municipio. Traen a colación además el contenido de las declaraciones emitidas por el actor con fechas 8/10/20 (un día antes del “supuesto” video), y 12/3/21, ambas invocadas al contestar demanda, concluyendo que “no se trata de un letrado que ejerce la profesión como cualquier abogada o abogado bonaerense.
Su discurso tiene un alto contenido político, ya que es un político y dirigente bolivarense que comparte estudio con un ex Intendente y se ocupó sistemáticamente de emitir opinión sobre la gestión de un Intendente de Pehuajó, en una radio de Pehuajó.” (punto III.3.2).
Recuerdan las cuatro razones por las cuales en la contestación de demanda se refirió que se encontraba comprometido el interés público (imputación al Municipio de no brindar atención médica y asistencia a Lucio Hernán Rossi y abandonarlo a su suerte; solapada imputación al intendente de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona, etc.; afectación del patrimonio de la Municipalidad; y captación ilegal de asuntos por parte de estudios jurídicos y letrados); y argumentan que de esas cuatro cuestiones, sólo se trató la cuarta. Esgrimen que, aunque en el momento del supuesto incidente, M.
no ocupaba un cargo público, lo desempeñó anteriormente, manteniendo un perfil destacado en los medios de comunicación, y una amplia trayectoria en asuntos de carácter social y comunitario. Agregan que acorde la Corte Suprema “el actor resulta ser una figura pública ligada a asuntos de interés público, por lo que, en lo concerniente a dichas cuestiones, cuenta con una protección atenuada del honor’. (Fallos: 310:508).”
Asimismo, recuerdan que en la causa “Montezanti” (SCBA, C119.610, 30/12/2020), el Dr. Soria señaló que “en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público.” Añaden que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH de la OEA, determinó que “la responsabilidad por ofensas contra funcionarios públicos sólo debería incurrirse en casos de “real malicia”; y citan otra jurisprudencia en igual sentido.
Subsidiariamente, para el caso de que se considere reconocido y probado el hecho, argumentan que los daños sufridos se derivarían de la exposición mediática efectuada por el propio M.; poniendo de relieve que, incluso, Z. se enteró de la sentencia dictada por la Suprema Corte por los medios de comunicación; pues, conforme resulta de la MEV, la sentencia le fue notificada el 15/10/20. Se preguntan, entonces, si no es lógica la reacción de un Intendente notificado de una sentencia a través de una FM. Párrafos adelante, añaden que en el marco de cuestiones de interés público, resulta aplicable la doctrina de la real malicia, con lo que, para el hipotético supuesto de que los hechos planteados por M. fueran ciertos, no había conocimiento de su falsedad y, mucho menos, notoria despreocupación. Incluso, agregan, en el propio texto transcripto en la demanda, se advierten frases como “lamentable época de pandemia”, “quédense tranquilos pehuajenses que la batalla por la dignidad y el trabajo y la verdad nunca se acaban” -entre otras-, conforme las cuales, “si aún fueran ciertas esas frases -maquinadas por M. y M.-, lo que más resalta es la preocupación del Intendente Z. por su pueblo.”
A continuación, argumentan que el accionante no acreditó ninguno de los perjuicios que invocó como daño extrapatrimonial; y que la suma de $3.000.000 que se confirió en la sentencia, resulta excesiva en relación con otros antecedentes allí citados, y las particularidades del caso. Se agravian, además, de que el decisorio haya omitido expedirse sobre el planteo de pluspetición introducido al contestar demanda; y cuestionan que se les hayan impuesto las costas; solicitando que, en caso de hacerse lugar al planteo de nulidad, las costas de primera instancia sean impuestas al accionante.
Reiteran la falta de fundamentación de la sentencia apelada, aduciendo que se desconoce el camino lógico adoptado para arribar a la solución. Esgrimen que el decisorio realiza apreciaciones de derecho sin vincularlas al caso concreto; no explica porqué elige unos testigos y descarta otros; o porqué considera unas pruebas y descarta otras; que tampoco refiere ningún razonamiento lógico para determinar el quantum de la reparación; y que adolece de una interpretación previsora, pues el criterio sostenido conduciría a una avalancha de procesos judiciales vinculados a la política. A renglón seguido, se agravian de una serie de actos procesales que consideran de parcialidad manifiesta por parte del sentenciante anterior (punto III.9); esgrimen que a lo largo del proceso el juez ha incurrido en exceso de resguardos al actor, vulnerando su derecho de defensa (punto III.10); reiteran que ha omitido valorar las irregularidades en las actas notariales y la “ausencia” del video en cuestión (punto III.11), y omitido la violación por el actor de la confidencialidad de la mediación (punto III.12). Insisten en la ausencia de fundamentación suficiente en la sentencia apelada (punto III.13); consideran el decisorio intencionalmente arbitrario (punto III.13); y realizan manifestaciones relativas al letrado del accionante, al escribano José Gabriel Erreca -interviniente en autos como testigo-, y a la escribana María Malena Cordeu, otorgante de las actas notariales acompañadas por el accionante (punto IV).
2. A su turno, por escrito del 24/8/23, el accionante se agravia de la suma fijada en concepto de daño moral, por considerarla exigua. Para ello, hace hincapié en la gran repercusión que tuvo el video; en la falta de consideración de la integración de su grupo familiar y de la gran actividad social que realiza (fundamentalmente como participante altamente activo en el Rotary Internacional); y en la falta de ponderación de las declaraciones de los testigos Ponsernau y Erreca, que detallaron su vida laboral, profesional e institucional. Insiste en que “los términos que utilizó el aquí demandado, fueron lapidarios: ladrón, chacal, delincuente, carancho, para generar en el suscripto una mortificación y aflicción, que no es reparada “integralmente” con la sentencia en crisis”.
Argumenta que el monto fijado es insuficiente para reparar integralmente el daño causado (máxime con la devaluación acontecida en nuestro país desde el año 2020); y sostiene que la suma establecida es contraria a precedentes de esta Sala. Refiere que el daño no finalizó, porque hasta hoy se entra en Google y se advierten todas las repercusiones del video -en el cual se lo tilda de carancho, delincuente, chacal, etc.-; lo que quedará en la red “in eternum”, o hasta que los administradores de los sitios lo den de baja.
Seguidamente, se agravia de que no se haya hecho lugar a su pedido de publicación de la sentencia en el muro del demandado. Cuestiona que se haya fijado una tasa de interés del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia; trae a colación precedentes que han actualizado lo requerido en el escrito de inicio -de conformidad con el valor del salario mínimo vital y móvil-; y cita un antecedente de este Tribunal en el que se efectuó la condena a valores actuales, considerando que el actor, en su escrito inicial, había supeditado la suma final reclamada a lo que finalmente resultara de la prueba a producirse en autos.
Corrido el traslado de ley, contestaron agravios tanto la parte demandada (el 20/9/23), como la actora (el 22/9/23). Ordenada vista al Fiscal General, éste manifestó que su oportuna reserva de interés en las actuaciones, estuvo vinculada a la posible implicación de normas del derecho del consumo (lo que finalmente no aconteció); y que el hecho de que las declaraciones efectuadas por el Intendente Z. hayan sido ajenas a la función, y practicadas en nombre propio, excluyen la aplicabilidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 14.442.
Llamados los autos para sentencia; firme esa providencia, y practicado el sorteo de rigor, se encuentran estos obrados en condiciones para su abordaje.
III. Cuestiones Preliminares.
1. El planteo de nulidad del decisorio apelado.
En primer término, corresponde abordar la alegación de los apoderados del demandado, de que la sentencia apelada carece de fundamentos sólidos, no es derivación razonada del derecho vigente, ni reflejo de las particularidades del caso; por lo que resulta absurda y debe anularse. A mi juicio, si bien es cierto que el decisorio impugnado adolece de una fundamentación que cumpla de modo satisfactorio con la exigencia emanada de los arts. 18 de la Constitución Nacional, y 15 y 171 de la Constitución Provincial, no menos cierto es que los argumentos allí otorgados, aun siendo escuetos, no han impedido un acabado ejercicio del derecho de defensa en juicio de la parte accionada; la que, en el curso de las ciento cuarenta y cinco páginas que integran su expresión de agravios, ha cuestionado la decisión que la agravia desde todas las aristas posibles. De modo que no advierto óbice a que la escasez argumental de la sentencia en revisión, sea subsanada en la presente instancia.
Ello considerando además que en materia de nulidades procesales, esta Sala tiene dicho que “la ‘ratio’ última de la declaración de nulidad procesal –incluida la decretada de oficio por el juez- reside en la violación del derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal” (esta Sala, causa n° 40557, “Flores de Fernández, Alicia L...”, del 13/07/99; en igual sentido, causas n° 50726, “Fonseca, Petronila...”, del 19/07/07); y que las nulidades procesales sólo proceden con carácter excepcional, y bajo la “condición esencial de que exista perjuicio” (esta Sala, causas n° 41.467, “Taul, Juan Manuel...”, del 30/08/00; n° 47.212, “Colotto, José Ernesto...”, del 15/04/04; n° 48.954, “Chimenti, María Angélica...”, del 13/09/05; n°57.634, “Arena, Raúl Omar...”, del 16/04/13; nº 67.743, “Álvarez, Avelino y otra c/ El Trincante S.A. y otros/ Daños y Perjuicios”, y nº 67.746, “Álvarez, Avelino y otra c/ El Trincante S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios- Daño colectivo”, sent. única del 11/8/22).
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado, y evaluar, sin más, la procedencia de los recursos de apelación incoados (arts. 253 y 384 CPCC).
2. Inoportunidad de negativas fácticas y cuestionamientos procedimentales.
Las cuestiones objeto de revisión en esta Alzada, son la procedencia de la pretensión indemnizatoria por afectación del derecho al honor, derivada de manifestaciones injuriosas o difamatorias en un video subido a la red social Facebook; y, en caso afirmativo, la procedencia del daño moral y la razonabilidad del monto indemnizatorio fijado en la instancia anterior.
A esos efectos, corresponde en primer término poner de relieve que es inoportuna y vulneratoria de la buena fe y del deber de colaboración de las partes en el proceso (art. 34 inc. 5 d CPCC; art. 1 de las Normas de Ética Profesional), la pretensión de los actuales apoderados del demandado, de desconocer la existencia misma de un video que, pese a los denodados esfuerzos argumentales que ahora efectúan, fue sin dudas reconocido (art 354 inc. 1 CPCC) en las instancias constitutivas del proceso (sobre el “deber moral de contribuir al esclarecimiento de la verdad y colaborar con el órgano jurisdiccional” pueden verse de esta Sala las causas n° 47.191 y 47.192, “Esquerdo y Figueroa Elena Aixa…” y “Esquerdo y Figueroa Sara María…”, sent. única del 4/11/2004; y n° 65090, "Carbone, Manuel Rubén...”, del 6/8/20).
En efecto, en ninguna parcela de su contestación de demanda, el accionado Z. negó la existencia del aludido video; lo que hubiera requerido su negativa específica y categórica (art. 354 inc. 1 CPCC), por constituir ese video la sustancia misma del obrar antijurídico a él atribuido. Tampoco negó el demandado la pertinencia de los links de publicaciones referidos por el accionante en su demanda, o la autenticidad del contenido al que ellos conducen. Pero no sólo que no negó tales extremos -a diferencia de lo argumentado por sus ahora apoderados-, sino que, al contestar demanda, P. J. Z. reconoció expresamente el video en cuestión, e incluso que éste fue subido a su perfil de Facebook. De hecho, al oponer excepción de incompetencia (ver capítulo IV de su escrito de contestación de demanda), expresó que “tampoco hay dudas de que el video en que se basa la demanda se encuentra en el perfil de la red social Facebook del suscripto”. Se observa entonces que sus ahora representantes, recurriendo a argumentos formales y eventualmente atendibles en otro contexto e instancia procesal, están contradiciendo, en forma improcedente, los expresos dichos del demandado al que representan.
Igual de tardía e improcedente, es su pretensión de otorgar un alcance “parcial” al oportuno reconocimiento del video. Ello pues, reitero, en ninguna instancia de la contestación de demanda se negó, ni se refirió y ofreció probar, un contenido total o parcialmente diferente al video de marras (arts. 354 inc. 1 y 2, y 375 CPCC); y tampoco se argumentó, verbigracia, que el accionado hubiera sido víctima de un hackeo de su cuenta de Facebook, o de una “deepfake”, o de algún otro modo de violencia digital (al respecto, puede verse Jorge Mario Galdós, “La prevención del daño en las nuevas tecnologías. La tutela preventiva en las redes sociales”, en Tobías José (Director), “Las nuevas tecnologías y el Derecho”, Academia Nacional de Derecho. Instituto de Derecho Civil. Ed. La Ley 2020).
También son inoportunos los insistentes cuestionamientos que los apoderados introducen en esta instancia, en relación con el valor probatorio de las actas de constatación acompañadas con la demanda (Escrituras n° 253 y 254, de constatación de publicaciones en redes sociales, del 9/10/20 y del 13/10/20, respectivamente). Ello en tanto la cédula electrónica de traslado de demanda, librada el 28/5/21, fue debidamente acompañada de copia digitalizada de las actas en cuestión; y esos cuestionamientos no fueron introducidos al contestar demanda (art. 354 inc. 1 CPCC). Incluso, en esa oportunidad, el accionado reconoció la autenticidad material e ideológica de los instrumentos públicos acompañados por el actor (ver punto III in fine). En este sentido, negó “la autenticidad material e ideológica de toda la documental adjunta por la parte actora, salvo la que resulta en instrumento público”.
Por lo demás, en relación con la alegación de que, en la cédula electrónica de traslado de demanda, no se acompañaron las publicaciones cuya existencia se constató en el acta del 13/10/2020 (Escritura n° 254), lo cierto es que ello tampoco fue motivo de concreto planteo al contestar demanda (allí solo se realizó una mera referencia; ver punto III in fine del escrito de responde). Ello, tal vez, porque las publicaciones en cuestión eran ya conocidas por el demandado; se encontraban disponibles en los links enumerados en la demanda; e, incluso, eran fácilmente accesibles mediante la consulta en la MEV de la documentación adjunta por el actor (escritos del 14/10/20 y 15/4/21). Como sea, esa era la ocasión procesal pertinente para un agravio de la naturaleza en cuestión (arts. 34 inc. 5 d, 136, 149, 169, 170, 354 inc. 1 y 384 CPCC, art. 3 CCCN).
Y por si lo anterior no resultara suficiente, agrego que los extremos sustanciales que en su oportunidad constataron las aludidas actas notariales (la existencia del video subido por el demandado a su portal de Facebook, once publicaciones digitales, y una publicación del Diario “La Mañana”), y que concretamente interesan a la resolución de estos obrados, pueden ser elevados, a tenor de los escritos constitutivos del proceso, a la calidad de hechos no controvertidos (art. 354 inc. 1 CPCC). En consecuencia, reviste carácter abstracto cualquier análisis relativo al valor probatorio de las actas que el actor trajo para acreditar su existencia o autenticidad, y de las certificaciones judiciales del 22/4/21 y 13/5/21, efectuadas en autos al mismo fin (doct. arts. 358, 360, 362, 375 del CPCC).
IV. 1. El contenido del video Ahora sí, corresponde transcribir el contenido del video en cuestión, de una duración de tres minutos y diecisiete segundos, disponible a la fecha en el Facebook de “Radio Fm Laser 91.3 LRI 989 Carlos Tejedor” (acorde el link denunciado en el escrito de demanda), cuya vinculación al caso fue constatada en la instancia anterior por certificación del 22/4/21. Subrayo que, pese a la ausencia de desgrabación en autos del referido video, no encuentro motivos serios y fundados para dudar de su correspondencia y autenticidad, atento la coincidencia con el texto parcialmente transcripto en la demanda; que, reitero, no fue negado por el demandado Z. (art. 3 CCCN; y arts. 354 inc. 1 y 384 CPCC).
En el aludido video, que ostenta incluso la calidad de público y notorio por proceder de un Intendente Municipal, el demandado P. J. Z. expresó: “Buenos días a los pehuajenses, al partido de Pehuajó, les quiero comunicar algo que está saliendo en radios y en redes sociales. Para que lo recuerden, hace unos cuántos años, 10 años, posterior a un corso, ya había terminado, a un corso que se hacía en Madero, que se hacía habitualmente, como tantos otros eventos que se hacen, un chico tuvo un problema, que fue golpeado. La Municipalidad se hizo cargo de todo; tanto es así que los familiares me agradecieron, nos ocupamos de todo, como sabe todo Madero. Y, como siempre, apareció un abogado de Pehuajó, que es un carancho o como quieran llamarlo, buscó otro carancho que se llama M., que viven de juicios del Estado y del perjuicio en este caso de los pehuajenses. Y bueno, en primera instancia ganaron el juicio en contra de Bomberos; después sacan a Bomberos, y en Cámara se los ganamos y nos ganaron en Corte de Provincia. En defensa de los intereses del pueblo de Pehuajó, el partido de Pehuajó, le he indicado a mi asesora letrada que presentemos un recurso extraordinario en Nación, en la Corte de Nación. Si el recurso es bienvenido y el recurso no es rechazado, seguiremos; pero no voy a dejar de dar la pelea por los pehuajenses. El abogado y carancho, chacal, de Pehuajó pertenece a un partido político, y el abogado M. de la ciudad de Bolívar es un terrible carancho. Ésto le saca los recursos a los pehuajenses. Esta gente vive de eso; ésto es lamentable en época de pandemia, en época de trabajo. Que esta gente intente robarle al partido de Pehuajó; algo que es vergonzoso. No me voy a meter con los fallos de la justicia. Creo que es totalmente injusto; no fue un fallo por unanimidad, por eso voy a ir a Nación en defensa de todos ustedes.
Al carancho que lo trajo, al carancho de Pehuajó que lo trajo al chacal, transita nuestras calles de Pehuajó como si fuera un Señor; y el carancho M. que está diciendo por todos lados que me ganó un juicio, todavía no ganó nada, todavía nos queda el recurso extraordinario en defensa de los pehuajenses. Yo no voy a dejar que estos delincuentes se lleven la plata de los pehuajenses, y que usted va a tener menos obras por esta gente, quédese tranquilo que yo estoy del lado de la verdad, de la justicia y que todos los días me ocupo de todos, lo que pasa que a veces nos tenemos que encontrar con esta gente con título que realmente vive, vive tratando de ganar dinero -porque el juicio lo compraron- con la Municipalidad de Pehuajó. Quédense tranquilos pehuajenses que la batalla por la dignidad, por el trabajo y por la verdad nunca se acaba; la batalla, conmigo, continúa. Muchas gracias”.
2. Los derechos fundamentales en conflicto y su relación.
Transcriptas las manifestaciones contenidas en el video, corresponde referir los bienes jurídicos que se encuentran concretamente confrontados en autos. Por un lado, el derecho constitucional de libertad de expresión (arts. 14 y 75 inc. 22 CN; art. 19 DUDH, art. 13 CADH, art. 19 PIDCP) ejercitado por el demandado; y, por el otro, el derecho constitucional al honor del accionante (art. 75 inc. 22 CN; art. 12 DUDH, art. 11 CADH; art. 17 PIDCP; actual art. 52 CCCN). Este último derecho, se habría visto lesionado por los términos “terrible carancho” y “chacal”, con que el demandado Z. calificó específica y concretamente al actor; así como por una serie de expresiones más amplias (“estos delincuentes”; “esta gente intente robarle al partido de Pehuajó”; “esta gente con título que (...) vive tratando de ganar dinero -porque el juicio lo compraron- con la Municipalidad de Pehuajó”), que, en el contexto del discurso, pueden considerarse alusivas a un universo de personas, que según el accionado Z., incluye al actor.
Siguiendo el desarrollo efectuado en la reciente causa “Riffaldi” de este Tribunal, señalo que, con respecto al derecho/garantía de libertad de expresión, y su contracara, el derecho a la información, se ha dicho que comprende “la libertad de emitir opinión y el derecho de dar o recibir informaciones o ideas, sin censura previa o sin injerencia de autoridades. Se la considera como una de las garantías fundamentales de las sociedades democráticas (...) la libertad de prensa se encuentra vinculada a la libertad de expresión en una relación de medio a fin. Esa relación puede sintetizarse diciendo que comprende expresar lo que se piensa (que modernamente implica buscar, recibir y difundir ideas u opiniones sobre cualquier asunto) por cualquier medio audiovisual. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, indica que la ‘libertad de expresión’, en un sentido amplio, es el derecho sustancial de dar-recibir información que asiste a todos los individuos en tanto ‘habitantes’ de un Estado democrático...” (Eduardo Molina Quiroga, Conflicto entre la libertad de expresión y los derechos a la intimidad y al honor, pub. en La Ley, 15/08/19, 4 – t. 2019-D, TR LALEY AR/DOC/2381/2019; cf. cita efectuada por esta Sala en la causa n° 68.360, “Riffaldi, Ángel Alberto...”, del 24/05/23; la negrita es propia). Incluso, como lo destacó esta Sala en la causa “Duba”, en el precedente “Rodríguez”, la Corte Suprema recalcó la importancia de la libertad de expresión como “piedra angular del régimen democrático” (CS, 28/10/2014, “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios”, Fallos 337:1174; y más recientemente CS, 12/9/2017, “Gimbutas, Carloina Valeria...”; citados por esta Sala en la causa n° 62236, “Duba Nicolás...”, del 17/10/17). Asimismo, en la más reciente causa “Pando de Mercado”, resuelta sin disidencia, puso de relieve que “el derecho a la libertad de expresión goza de un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales (Fallos 321:412), entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento de una república democrática (Fallos 320:1272) y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo establecido por nuestra Constitución (Fallos: 340:1364).” (CSJN, Fallos 343:2211, “Pando de Mercado...”, sent. del 22/12/20, Considerando 6).
Por su parte, respecto del derecho al honor, se ha explicado que “goza de un cierto consenso doctrinario la definición propuesta por Adriano de Cupis: es ‘la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros en el sentimiento de la persona misma’. Según esta caracterización, el honor comprendería dos aspectos: la honra o estimación propia (el honor subjetivo) y la fama, reputación o estimación ajena (honor objetivo).” (cf. José W. Tobías, en Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético, 3ª edición actualizada y aumentada, Dir. por Jorge H. Alterini, La Ley, Bs. As, 2019, T. I, págs. 605 y 606; el destacado me pertenece; cf. cita efectuada por esta Sala en la causa n° 68.360, “Riffaldi, Ángel Alberto...”, del 24/05/23).
Conforme las alegaciones contenidas en el escrito inicial, es fundamentalmente esta segunda concepción o aspecto del honor (el honor objetivo), el que habría visto lesionado el accionante, mediante el proceder que cuestiona a la parte demandada. En punto a la relación entre ambos derechos fundamentales (libertad de expresión y derecho al honor), ha señalado Molina Quiroga que “por su propia estructura es inevitable que se produzcan colisiones entre los derechos a la intimidad y al honor y a la libertad de expresión. (...) no es un conflicto entre intereses puramente privados, sino que se enfrentan exigencias que hacen al interés general de la comunidad -acceso a la información, prohibición de censura previa, libertad de expresión- y los imperativos que protegen derechos fundamentales del individuo, los que también conforman el interés público”.
(cf. Eduardo Molina Quiroga, ob. cit.; el resaltado me pertenece; cf. esta Sala, causa cit. n° 68.360, “Riffaldi”). En ese marco, se ha aclarado que “tanto el honor como la imagen y la intimidad no conforman márgenes o contornos externos de la libre expresión. Puede ser que alguno de esos bienes haya sido afectado por noticias periodísticas, pero que no por eso fuere sancionable el informador. Y tal es el caso que acerca de alguien se tocan aspectos de su honorabilidad, identidad o de su vida privada, dándose circunstancias lícitas en que se difunden verdades o noticias verosímiles. Y puede estimarse que son más los casos en que se sobrepasan impunemente esas dos cualidades (verosimilitud y derechos personalísimos no afectados), que aquellos en que la ofensa admite una acción tutelar.” (Santos Cifuentes, Derechos Personalísimos, 3ª ed. act. y amp., Astrea, Bs.
As., 2008, pág. 465; el destacado es propio; cf. esta Sala causa cit. n° 68.360, “Riffaldi”). Por su parte, ha señalado la Suprema Corte que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto en el caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas (sent. de 29-XI-2011, Serie C No. 238), a propósito del análisis del art. 1.071 bis, que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. (...) Con todo, ese Tribunal remarcó que estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad ni convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. (...) Y añadió que "el poder judicial debe tomar en consideración el contexto en el que se realizan las expresiones en asuntos de interés público; el juzgador debe ‘ponderar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás con el valor que tiene en una sociedad democrática el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública' (párr. 66).” (SCBA, causa C. 119.610, “Montezanti, Néstor Luis contra Patrignani, José Dante...”; del voto del Dr.
Soria que hizo mayoría; sent. del 30/12/20; el destacado es propio).
No obstante, como lo ha subrayado la Corte Suprema, “el lugar eminente que sin duda tiene en el régimen republicano la libertad de expresión y que obliga a adoptar particular cautela en cuanto se trate de deducir responsabilidades por su ejercicio, no autoriza a desconocer sin más la protección del citado derecho al honor que también integra el esquema de libertad contemplada y prometida por la Constitución Nacional, ni a pasar por alto su función como restricción o límite legítimo al ejercicio de la citada libertad de expresión’ (CSJN, Fallos 342:1665, "De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios", del 17-X-2019, Cons. 18 del voto del Dr. Maqueda). Por lo demás, agrega Zavala de González que “de manera análoga que en otras lesiones a la dignidad, una causa de justificación en lesiones contra el honor presupone despliegue de una conducta idónea para dañar (en el caso, afectando la honra o el crédito ajeno) pero por algún motivo que autoriza a realizarla. Dicha causa legitimante no priva al proceder de su carácter perjudicial, y ni siquiera del eventual propósito ofensivo, en cuanto el agravio sea instrumentalmente necesario para realizar el fin superior. Por lo tanto, no queda excluida la efectiva lesión al honor, sólo que la conducta es lícita.” (Matilde Zavala de González, Tratado de Daños a las Personas. Daños a la dignidad, Astrea, Bs. As., 2011, T. 1, pág. 275; cf. cita efectuada por esta Sala en la referida causa n° 68.360, “Riffaldi”; la negrita me pertenece).
Semejante reflexión se desprende del voto del Sr. Rosenkrantz que hizo mayoría en la causa “Martínez de Sucre”, en la que destacó que “lo determinante no es si dichas expresiones causan daño, sino si ellas resultan antijurídicas, esto es, si exceden o no el marco constitucional que, a los efectos de promocionar un debate público robusto, protege la expresión de opiniones en materias de interés público.” (CSJN, Fallos: 342:1777, “Martínez de Sucre, Virgilio Juan c/ Martínez, José Carlos s/ daños y perjuicios”, del 29/10/19, Considerando 9).
3. La ponderación como método de resolución del conflicto.
Como lo ha destacado esta Sala en la causa “Riffaldi” que vengo citando, estamos, en el caso, frente a una tipología de conflicto jurídico que ha sido calificada como “difícil” (al respecto, puede verse Ricardo Luis Lorenzetti, La sentencia. Teoría de la decisión judicial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2022, págs. 233 y 246 y ss.). Ello pues, entraña una tensión o contradicción entre derechos fundamentales, ambos con jerarquía constitucional, que no puede resolverse mediante el sólo recurso a reglas y al método deductivo, sino que es menester resolver mediante el llamado juicio de ponderación; que determine, para el caso concreto, cuál de las nomas y principios involucrados debe prevalecer (cf. esta Sala, causa cit. n° 68.360, “Riffaldi”, del 24/05/23).
Cabe agregar en esta ocasión, que tal es el esquema de resolución del conflicto mayormente adoptado por la Corte Suprema en hipótesis como la de autos, de tensión entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Así lo destaca Gil Domínguez, quien concluye que en las causas “de Sanctis” (Fallos 342:1665) y “Martínez de Sucre” (Fallos: 342:1777), la mayoría de la Corte Suprema -en la que el autor sitúa a Maqueda, Lorenzetti y Rosatti- recurre al juicio de ponderación (aunque sea con diferentes entramados argumentales), “para que, a veces, el honor le gane a la libertad de expresión y, otras, la libertad de expresión triunfe ante el honor”. Ello, en contraste con el esquema argumental de la “regla-excepción” (libertad de expresión como regla, derecho al honor como excepción), adoptado por la minoría de la Corte Suprema, en la que el autor ubica las opiniones de Highton de Nolasco y Rosenkrantz (cf. Andrés Gil Domínguez, “Derecho al honor, libertad de expresión y ponderación”, La Ley 26/02/2020, 6- LaLey2020-A, 335).
De ese mismo método hablaba de Lázzari en la Suprema Corte en la causa “Montezanti” antes citada, al destacar que “ante un conflicto de derechos de máxima jerarquía, corresponde una resolución que atienda a los pormenores y circunstancias que surjan de la causa (...) que haga pie en la prudencia, el buen sentido común y la sana crítica. En otras palabras, habrá que ver si los valores: honra y dignidad (...) resultan en el caso, afectados de tal gravedad que justifiquen un recorte del derecho a difundir la información de utilidad general.” Y en ese marco, agregaba luego de Lázzari, “debe tenerse especialmente en cuenta el interés general, consideración que puede traducirse en diversas preguntas. Por ejemplo: lo publicado, presuntamente ofensivo ¿era de utilidad para la sociedad? (...) En particular ¿tal información fue divulgada por simple espíritu de maledicencia, o porque la sociedad podía estar interesada en conocer esas circunstancias? Más preguntas puede ser formuladas para allanar el camino: el autor de los dichos ¿tenía interés legítimo en hacerlos? ¿lo guiaba una animosidad personal? ¿hubo respaldo de lo afirmado? ¿hay prudencia en el medio empleado?...” (del voto del Dr. de Lázzari en la causa citada C 119.610, "Montezanti...”).
4. La exposición pública del actor y el interés público comprometido.
Dicho lo anterior, conviene reparar en que el actor, pese a los argumentos sostenidos por la parte demandada, no puede ser calificado como político o funcionario público. Ello pues sólo fue apoderado, asesor legal y Director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Bolívar entre los años 2006 y 2011; y no existen pruebas de que con posterioridad, y al tiempo de los hechos, ocupara un cargo público o actuara, al menos, como militante político.
Sin embargo, el abogado M. sí puede ser calificado como un personaje o figura pública. Ha recordado la Corte Suprema que tal conceptualización deriva de la ampliación de la doctrina de la real malicia a personas que, sin ser funcionarios públicos, “estaban íntimamente involucradas en la resolución de importantes cuestiones públicas o, por razón de su fama tenían gran influencia en áreas que preocupan, importan o interesan a toda la sociedad” (CSJN, Fallos 334:1722 “Melo”, con cita de “Curtis Publishing Co v. Butts”, 388 US 130; y 418 U.S. 323, 337). Por su parte, ha señalado Zavala de González, “en una de sus acepciones ‘figura pública’ designa a alguien conocido por la generalidad de los miembros de una comunidad y muy expuesto a miradas ajenas, aunque con carácter quizá superficial y efímero: actriz famosa, millonario con gran poderío o ganador de algún premio de azar, entre diversos supuestos. En otro concepto, se trata de una persona cuya actuación posee relevancia comunitaria, aun cuando su círculo sea modesto, como un maestro, intendente de algún pueblo o sacerdote de una parroquia. A despecho de una posible escasez de lazos sociales, la función del agente ‘pesa’ en el grupo donde actúa, sucintando objetivo interés público” (Matilde Zavala de González, Tratado de Daños a las Personas. Daños a la dignidad, ob. cit., T. 1, pág. 357).
En el caso, estimo que la calidad de figura pública resulta de las propias manifestaciones del actor en su demanda, en la que se definió como “uno de los abogados más conocidos en la ciudad de Bolívar”; y refirió una amplia participación en instituciones comunitarias de Bolívar, su calidad de músico “miembro de dos bandas musicales con una amplia trayectoria y giras internacionales”; y su intensa participación en el Rotary Internacional, en cuyo marco refirió haber sido embajador en Brasil y disertado en varias convenciones internacionales de esa Institución (ver punto 5 de la demanda, informe del Rotary Club de Bolívar acompañado del 27/6/22).
Pero además, aun si no se lo considerara figura pública, puede concluirse que el accionante reviste en todo caso la calidad de un particular, que intervino públicamente en el debate social existente en torno a una cuestión de indudable interés público. Estas circunstancias revisten marcada trascendencia a los fines de la dilucidación del caso de autos.
El interés público comprometido, no solo resultaba de los lamentables daños sufridos por un menor de 14 años en el contexto de una arraigada celebración pública local (el festejo de corso realizado en Francisco Madero en el año 2009), sino también de la responsabilidad imputada a una institución tan cara a la sociedad como son los Bomberos Voluntarios. De ello dieron cuenta las manifestaciones del propio accionante, cuando relató en la entrevista otorgada en Radio Mágica el 8/10/20 -disponible a la fecha en el link denunciado en la contestación de demanda-, que el menor accidentado “se tuvo que aguantar la estigmatización del pueble de Madero; que ¡cómo este chico iba a demandar a los Bomberos Voluntarios!..” (min. 6:40 en adelante). A ello cabe adicionar, como causa del interés público, la posible repercusión de la condena -como a la postre ocurrió- en el erario público municipal.
Pues bien, es un hecho no controvertido en autos que en el marco de esa cuestión de interés público local, el accionante otorgó entrevistas en una radio local, informando no sólo el avance de la causa judicial en la que actuaba como patrocinante de la parte actora, sino también opinando públicamente sobre el proceder extrajudicial y judicial adoptado por los Bomberos Voluntarios y la Municipalidad accionados; incursionando así, en un medio de comunicación, en el debate público abierto sobre la cuestión (en el punto 8 aludo al contenido específico de esas declaraciones). Ello lo colocó, como anticipé, en la categoría de particular opinando públicamente sobre una cuestión de interés público local. Por lo demás, debe destacarse que las expresiones del demandado motivo de cuestionamiento, guardan conexión con un aspecto de la vida del accionante especialmente incorporado por él a la esfera pública; esto es, su profesión de abogado, y su calidad de patrocinante en las actuaciones judiciales en cuyo marco, y por cuya razón, se inició el intercambio público de opiniones que culminó en estos actuados.
Siendo ello así, se advierte además que las manifestaciones cuestionadas, no involucran aspectos que puedan considerarse de la vida privada del Sr. M.. Ello es sustancial, pues de otro modo, su calidad de figura pública o de particular interviniente en debates de interés público, resultaría irrelevante para evaluar la responsabilidad del caso (cf. SCJN, Fallos 342:1665, "De Sanctis", del 17-10-2019, Cons. 21; Fallos 343:2211, “Pando de Mercado”, sent. del 22/12/20, Considerando 10, entre otros).
5. El estándar de valoración: necesaria distinción entre la expresión de opiniones o juicios de valor y la afirmación de hechos. Concluido entonces que el accionante reviste la calidad de figura pública, o, cuanto menos, de un particular opinando públicamente sobre una cuestión de interés público; y que las expresiones de autos no se relacionan con aspectos de su vida íntima, recuerdo que el Superior Tribunal nacional, ha sentado con claridad que cuando se trata de expresiones efectuadas respecto de funcionarios o figuras públicas, o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, son dos los estándares de valoración que, según sea el caso, corresponde aplicar. Así, cuando las expresiones vertidas importan la afirmación o imputación de hechos concretos (cuyo carácter erróneo o falso era, o debía ser conocido; cf. CSJN, Fallos 340:1111, “Boston Medical Group S.A.”; 331:1530, “Patito”; 332:2559, “Brugo”; 342:1894, “García”), corresponde aplicar la doctrina de la real malicia. En contraste, cuando lo expresado, en sustancia, fueron opiniones, juicios de valor, o meras hipótesis o conjeturas, corresponde reparar en la “forma” de las palabras empleadas; no su contenido, pues éste es enteramente libre.
Así lo explicó con claridad Lorenzetti en su voto en la ya citada causa “De Sanctis”, al señalar, recogiendo desarrollos previamente consolidados en la Corte Suprema (vgr. en Fallos 321: 2558, “Amarilla, Juan H....”, del 29/9/98; Fallos: 335:2150, "Quantín, Norberto Julio c. Benedetti, Jorge Enrique...”, del 30/10/2012; Fallos 336:1148, "Canicoba Corral, Rodolfo Arístides...” del 14/08/2013; y Fallos 337:991, "Irigoyen, Juan Carlos Hipólito c. Fundación Wallenberg y otro...”, del 05/08/2014), que “cuando se trata de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, resulta decisivo precisar si aquellas se refieren a expresiones en las que prima la afirmación de hechos (aseveraciones fácticas) o si, por el contrario, se está en presencia de otras en las que prevalecen las ideas, las opiniones, los juicios críticos o de valor, las conjeturas y aun las hipótesis (Fallos: 331:1530). Ello, por cuanto conforme a una sólida doctrina elaborada por este Tribunal, esta distinción permite determinar el estándar que deberá emplearse para establecer la existencia de una eventual responsabilidad civil. En efecto, en el supuesto de los hechos, el análisis de la justificación de la lesión causada a derechos personalísimos debe realizarse sobre la base de la doctrina de la “real malicia”; en tanto que respecto de las ideas, opiniones, juicios de valor, juicios hipotéticos o conjeturas, dado que por su condición abstracta no es posible predicar de ellos verdad o falsedad, no se aplica dicha doctrina, sino que solo corresponde tomar como objeto de reproche jurídico la utilización de palabras inadecuadas, esto es, la forma de la expresión y no su contenido, dado que este, en cuanto opinión, es absolutamente libre.” (CSJN, del voto del Dr. Lorenzetti en la causa en Fallos 342:1665, "De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios", del 17-X-2019, Cons. 19 y 20).
En igual sentido se expidió recientemente la Corte Suprema en la causa “Brieger”, al hacer suyo el Dictamen del Procurador General, quien señaló que “en relación con el enjuiciamiento de opiniones, ideas o juicios de valor, la Corte Suprema expuso que solo la forma de la expresión, y no su contenido, es pasible de reproche, pues la opinión es absolutamente libre (Fallos: 321:2558, "Amarilla", voto de los jueces Petracchi y Bossert, considerando 13º; Fallos: 335:2150, "Quantín'', considerando 12º).” (CSJN, dictamen del Procurador General, Fallos: 346:467, “Brieger, Pedro Rubén c/ Widder, Sergio Daniel y otro s/ daños y perjuicios”, del 16/5/23).
6. La índole de las expresiones vertidas en el caso concreto:
sustancial existencia de opiniones o juicios de valor.
Acorde la distinción antes apuntada, corresponde determinar entonces cuál es la categoría de las expresiones imputadas al demandado Z.. A mi criterio, ellas poseen, en sustancia, la calidad de opiniones o valoraciones críticas relativas al accionante, al calificarlo específicamente de “chacal” y “terrible carancho”, e incluirlo en una categoría genérica e indeterminada de profesionales del derecho, al que el accionado considera “delincuentes”, que “viven de juicios del Estado”, y “compran juicios”, “robando” con ello los recursos de los pehuajenses. En consecuencia, no mediando la imputación de hechos concretos, el estándar de valoración para la determinación de la responsabilidad, no se ajustará a la doctrina de la real malicia, sino que atenderá a la “forma de la expresión y no su contenido, dado que éste, en cuanto opinión, es absolutamente libre” (cf. voto del Dr. Lorenzetti en la causa citada “De Sanctis”).
No omito que la expresión “el juicio lo compraron”, podría, en particular, aparecer prima facie como imputativa de un hecho, mas considero que su carácter plural y ambiguo, impide elevarla a esa categoría. Ni siquiera es posible determinar si esa expresión alude a un acuerdo previo de cesión de derechos con los actores (acuerdo cuya ilegitimidad no podría pregonarse en abstracto); o a alguna otra conducta reprochable en el ámbito tribunalicio. Esa indeterminación fue incluso puesta de relieve por el propio actor, al ser entrevistado en Radio Mágica con fecha 13/10/20 (entrevista a la fecha disponible en el link denunciado en la demanda; cuya autenticidad, como se dijo, no fue desconocida por el accionado). Lo dicho impide considerar que haya mediado una imputación de un hecho específico al actor, sobre el que pueda predicarse su verdad o falsedad; no superándose, en todo caso, la calidad de una mera conjetura genérica y ambigua.
En similar sentido se expidió la Corte Suprema en la citada causa “Brieger”, al considerar que “las expresiones controvertidas –‘kapo judío’ y ‘cómplice de antisemitas’- no atribuían al actor conductas ilícitas específicas ni constituyen afirmaciones de hecho de las que se pueda predicar la veracidad o falsedad, sino que se trata de juicios de valor que relacionan la postura del actor con una ideología determinada.” (CSJN, dictamen del Procurador General en la causa cit. “Brieger”, del 16/5/23).
En suma, por la sustancial calidad de opiniones, juicios críticos, conjeturas o hipótesis verificados en el presente caso, considero que el estándar de valoración aplicable para la determinación de la responsabilidad, deberá reparar en la forma de la expresión; es decir, las palabras empleadas, y no su contenido (art. 3 CCCN; art. 384 CPCC).
7. La “forma” que deben reunir los juicios de valor para generar responsabilidad según la Corte Suprema.
Ahora sí, habiendo recordado la conceptualización de los derechos fundamentales en juego, y atendido a la relación entre ellos, (punto 2); reparado en las particularidades del juicio de ponderación en conflictos como el de autos (punto 3); determinado el carácter de figura pública del actor, o a todo evento, de particular involucrado, voluntariamente, en una cuestión de interés público (punto 4); referido la necesaria distinción entre la imputación de hechos, y la emisión de opiniones, críticas, juicios de valor, hipótesis o conjeturas, a los efectos de determinar el estándar de valoración de la responsabilidad (punto 5); y determinado que las expresiones motivo de autos encuadran en la segunda categoría (punto 6), corresponde evaluar, en concreto, la responsabilidad del caso.
A esos efectos, recuerdo que el demandado Z. se refirió específicamente al accionante con los términos “terrible carancho” y “chacal”; y, más genéricamente, con las expresiones, “estos delincuentes”, “esta gente intente robarle al partido de Pehuajó” y “esta gente con título que (...) vive tratando de ganar dinero -porque el juicio lo compraron- con la Municipalidad de Pehuajó”.
Pues bien, en relación con la calidad que deben reunir las palabras empleadas para expresar opiniones, juicios de valor, hipótesis o conjeturas, para tornarse en generadoras de responsabilidad, la Corte Suprema expresó en el fallo sin disidencia dictado en la causa “Pando de Mercado...” (Fallos 343:2211, sent. del 22/12/20), “que el criterio de ponderación aplicable a los juicios de valor respecto de la reputación y el honor de terceros, deberá estar dado por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que en forma manifiesta carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan. Ello es así pues no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada (conf. Fallos: 321:2558 “Amarilla”; 335:2150 “Quantín” y 337:921 “Irigoyen”). (...) la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población” (conf. CIDH, causa “Kimel, Eduardo G. c/ República Argentina, sentencia del 2 de mayo de 2008, párrafo 88). Que esta Corte Suprema ha establecido también que en el examen de los términos utilizados para expresar las críticas o juicios de valor no es suficiente la indagación de sus significados literales y aislados, sino que, por el contrario, debe considerarse especialmente la terminología usual en el contexto en el que han sido enunciados, así como el grado de agresividad discursiva propia del medio en cuestión (conf. Fallos: 321:2558 “Amarilla”, voto de los jueces Petracchi y Bossert; 335:2150 “Quantín”). En esta misma línea, se ha resaltado la cautela con que es preciso juzgar las opiniones críticas en cuestiones de interés público, pues la tutela constitucional de que éstas gozan, en su carácter de expresión libre, no se pierde por su animosidad, acritud o injusticia, sino tan solo por la presencia de un dicterio sin justificativo (conf. Fallos: 321:2637 “Cancela”, disidencia del juez Petracchi).” (CSJN, Fallos 343:2211, “Pando de Mercado...”, sent. del 22/12/20).
Y continuó señalando con énfasis, en un voto -como dije- sin disidencia, que “el cariz desagradable, indignante o desmesurado de ciertas expresiones del debate público no podría despojarlas de protección constitucional sin incurrir en criterios que, en última instancia, dependerían de los subjetivos gustos o sensibilidades del tribunal de justicia llamado a ponderarlas. El solo motivo de que esas expresiones puedan resultar ingratas u ofensivas para las personas involucradas, tampoco podría sustraerlas, sin más, de esa protección constitucional. Como ha dicho esta Corte, el criterio estará dado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriantes que carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan (conf. Fallos: 257:308; 321:2558 “Amarilla”, considerandos 7° y 10 del voto de los jueces Petracchi y Bossert; en este sentido ver también mutatis mutandis fallo “Hustler” ya citado, puntos 55 y 56). Por último, debe tenerse presente que la posibilidad de que, al igual que los funcionarios públicos, las personas que tienen un alto reconocimiento por su participación en cuestiones de interés público estén especialmente expuestas a la crítica, incluso ríspida e irritante, respecto de su desempeño en ese ámbito, habilita un debate robusto que es indispensable para el desarrollo de la vida republicana y democrática. Es por ello que la Constitución Nacional protege no solamente la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas, sino también aquellas formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, dureza o causticidad, o que apelan a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, indudablemente molestas para los funcionarios o figuras públicas (conf. doctrina causa CSJ 755/2010 (46-S)/CS1 “Sujarchuk, Ariel Bernardo c/ Warley, Jorge Alberto s/ daños y perjuicios”, sentencia del 1° de agosto de 2013)” (CSJN, Fallos 343:2211, “Pando de Mercado...” sent. del 22/12/20, considerandos 17 y 18, el desatacado es propio).
Asimismo, en la ya reiteradamente citada causa “Brieger”, agregó la Corte Suprema, mediante su remisión al dictamen del Procurador General, que “con particular referencia a la crítica política, (...) corresponde tener especial cautela a fin de eludir la autocensura, por lo que es exigible un alto grado de tolerancia ante la opinión dispar y los exabruptos. Precisó que "el criterio de ponderación deberá estar dado (...) por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que manifiestamente carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan. En otras palabras, no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada" (Fallos: 321:2558, op. cit.; Fallos: 335:2150, op. cit.).
De este modo, la tutela constitucional de las opiniones críticas únicamente se pierde ante el empleo de "voces o locuciones claramente denigrantes y fuera de lugar, cuya prohibición en nada resiente las condiciones que dan base a la amplia discusión acerca de temas sobre los que descansa un interés público, que toda sociedad democrática exige como condición de subsistencia" (Fallos: 321:2558, op. cit.).” (CSJN, dictamen del Procurador General en la causa cit. “Brieger”, del 16/5/23; el destacado es propio). Ello pues, “resulta prioritario adoptar un criterio estricto en la ponderación de los presupuestos exigidos para el nacimiento del deber de reparar, de modo de evitar que la fuerza paralizadora y disuasiva derivada de la eventual obligación de resarcir, termine conspirando contra la formación de una opinión pública vigorosa (conf. doctrina de Fallos: 319:3085).” (CSJN, Fallos: 342:1777, “Martínez de Sucre”, del 29/10/19, del voto del Dr.
Rosatti; la negrita me pertenece). Como se observa, de la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional (que debe seguirse por razones de economía y celeridad procesal; esta Sala, causas n° 47.518, “Irumberri, Héctor Osvaldo...”, del 18/11/2004; n° 60.869, “Rodríguez, Néstor Gabriel...”, del 16/05/16; n° 62445, “M.G. Postal S.R.L....”, del 20/12/17), puede extraerse que, frente a expresiones relativas a asuntos vinculados a la función o al interés público, destinadas a funcionarios, figuras públicas, o particulares interviniendo en debates de interés público, la obligación de responder sólo nace frente a “expresiones estricta e indudablemente injuriantes”, “claramente denigrantes”, o “insultos” que “carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan”; es decir, ante el “dicterio” o “vejación gratuita e injustificada”.
Tan es así, que, sin escatimar en sinonimias cada vez más vehementes, el Máximo Tribunal ha sentado, de modo contundente, que para el nacimiento de la responsabilidad, no basta la existencia de expresiones que “choquen”, “irriten” o “inquieten”; o denoten “animosidad, acritud o injusticia”, o porten un “cariz desagradable, indignante o desmesurado”; o sean “ingratas u ofensivas”; o “formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, dureza o causticidad, o que apelan a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, indudablemente molestas para los funcionarios o figuras públicas”. Ello, en atención al lugar prioritario que la libertad de expresión ocupa en la vida democrática y en aras de evitar la autocensura; y considerando que tales expresiones no podrían ser despojadas de protección constitucional, “sin incurrir en criterios que, en última instancia, dependerían de los subjetivos gustos o sensibilidades del tribunal de justicia llamado a ponderarlas.” (CSJN, Fallos 343:2211, “Pando de Mercado...”, sent. del 22/12/20).
Por lo demás, como surge de la opinión del Máximo Tribunal nacional, para valorar la antijuridicidad de las palabras empleadas, debe atenderse a los términos de uso común en el rubro de que se trate, así como al contexto en que fueron emitidas. A esto último me dedico en el apartado siguiente.
8. El contexto en que se emitieron los dichos del demandado, y su relación con el sentido crítico del discurso.
En primer término, considero relevante destacar que el intercambio público de opiniones que protagonizaron las partes de autos, se produjo a raíz de las manifestaciones públicas que inicialmente realizó el accionante en una radio local (Radio Mágica FM 99.5, de Pehuajó), en dos oportunidades previas a las expresiones del Intendente accionado, en relación con una causa judicial de daños y perjuicios por lesiones, en la que se había demandado a los Bomberos Voluntarios de Francisco Madero y a la Municipalidad que encabeza el accionado. En efecto, como he podido constatar a partir de los links mencionados en la contestación de demanda (ap. V. 1), cuya autenticidad no fue oportunamente negada por el accionante y que a la fecha se encuentran aún disponibles, en el video de la entrevista radial -subido a YouTube por accionante M. expresó que “lo lamentable de ésto, es que tanto la institución -en referencia a los Bomberos Voluntarios de Francisco Maderocomo la Municipalidad de Pehuajó -que, por acción u omisión, habiendo o no decreto de autorización del corso, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, está obligada a velar por la seguridad en todo evento público-, se desentendieron totalmente, no le dieron ni una aspirina a este chico, desconocen el hecho, desconocieron absolutamente todo (...) la Municipalidad dijo que no tenían nada que ver” (ver minuto 3:20 en adelante).
Asimismo, refiriéndose a la familia del joven lesionado, expresó que “han vendido los bienes que tenían para poderse atender en los mejores lugares porque no recibieron nada, nada de nada, ni de la Municipalidad ni de los Bomberos, recibieron nada más que negación (...). En vez de ayudar a la familia, ponerse del lado de ellos, desde hace 7-8 años lo único que hicieron fue negar, siendo que a todas luces es evidente que son responsables del daño; tanto ellos como la Municipalidad de Pehuajó, que era la encargada de dar seguridad. No había un seguro, porque si hubiera habido, la compañía de seguro hubiera pagado los daños; no lo había, no hubo normas seguridad” (ver minuto 5:30 en adelante). Y en esa línea, a la pregunta de si hubiera correspondido contar con un seguro, el Dr. M. respondió “Sí, yo creo que sí (...) he sido letrado apoderado de la Municipalidad de Bolívar durante la gestión anterior; y realmente, cuando el Intendente me consultaba, cada vez que hacíamos un evento grande (...) éramos bastante, bastante cuidadosos” (ver minuto 12.11 y siguientes). Finalmente, concluyó, “por desgracia consideramos que fue absolutamente abandonado por las autoridades de Bomberos y por las autoridades de Pehuajó.” (ver minuto 14:40 en adelante).
Por su parte, en el video de la entrevista radial, también subido a (conforme el link oportunamente denunciado por la parte demandada, no desconocido por la actora), pude constatar que, en lo que importa, el accionante expresó que “también he litigado contra la Municipalidad de Daireaux (...), que también por ser obtusos los intendentes, o por ser tan, tan encerrados en la verdad que creen que tienen, no...no...cortan ésto de plano (...). Acá tenemos un chico que hace once años lo dejaron a la buena de Dios; le dieron un par de aspirinas y dos paquetes de papas fritas y ya está; arreglátela! (...) si uno lee la sentencia se da cuenta el calibre de espanto que causa porque la Municipalidad en realidad está para curar a los vecinos. Una ayuda importante, de fuste, no hubiera sido significativo para el bolsillo de la Municipalidad; ahora si va a tener (...) que hacer un desembolso importante porque son daños y perjuicios de tantos años de desidia” (minuto 6:20 en adelante). Luego, agregó que “por mi parte, espero que la Municipalidad entre en razones; piense que hay un chico que hace once años que pasó las de Caín (minuto 9:15 y ss.); y que “me extrañó siempre la actitud hacia Lucio” (minuto 12.30).
Como puede advertirse, las manifestaciones del accionante transcriptas en los párrafos que anteceden, si bien revistieron siempre adecuada prudencia en cuanto a su forma, fueron portadoras de un contenido altamente crítico a la gestión municipal del demandado, en relación con la causa judicial involucrada. En efecto, el mencionado imputó a la Municipalidad -y, en consecuencia, indirectamente, a su Intendente- haber “abandonado absolutamente” y “a la buena de Dios”, a un joven de 14 años lesionado cerebralmente, lo que importa sugerir, cuanto menos, un incumplimiento de deberes y una considerable insensibilidad social para con un adolescente local. Asimismo, calificó de “obtuso” al intendente accionado, atribuyéndole directa e indirectamente un proceder negligente al “no cortar esto de plano”; y sugirió un proceder despectivo e inhumano de los Bomberos y la Municipalidad, al referir que “le dieron aspirinas y dos paquetes de papas fritas y ya está; arreglátela!”. Asimismo, sugirió incumplimiento de los deberes de los funcionarios municipales (entre los que cabe incluir a su Intendente), al referir que “la Municipalidad está para curar a los vecinos”; y refirió negligencia y desidia en el cumplimiento de la función, al expresar que “una ayuda de fuste hubiera sido significativa para él; ahora sí va a tener (...) que hacer un desembolso importante porque son daños y perjuicios de tantos años de desidia”.
Negligencia, desidia y sin razón (en directo perjuicio del patrimonio municipal; es decir de “los pehuajenses”); y presunto incumplimiento de los deberes municipales, abandono, insensibilidad e indiferencia (en perjuicio de un joven lesionado de 14 años y su familia), son todos calificativos que sin duda se desprenden, expresa o implícitamente, de las expresiones previamente efectuadas por el accionante; y no es posible prescindir de ello, como contexto sustancial en cuyo marco el Intendente accionado, formuló las expresiones objeto de cuestionamiento en autos. Es que no es posible omitir que esas expresiones pudieron afectar la reputación política del Intendente Municipal y su gestión -sin que ello implique sostener que fueron ilegítimas-; y es razonable presumir que, como él mismo lo sostuvo al contestar demanda, hayan motivado en él un ánimo defensivo. Fue precisamente tal ánimo, el que lo condujo, en ejercicio de su propia libertad de expresión, a difundir su versión sobre el proceder municipal, y a defender su gestión y el erario público, opinando -aun con desmesura e inconvenientes conjeturas- sobre el accionante, y sobre el modus operandi que, a su parecer, venían adoptando algunos abogados. Se advierte, entonces, como sustrato fundamental, un evidente propósito defensivo; y una reacción motivada en las duras críticas que el demandante había previamente efectuado, de modo público, al proceder de la Municipalidad, y más puntualmente, a la postura del Intendente accionado en lo concerniente a la causa judicial en cuestión.
Por otra parte, de la interpretación integral de los dichos del demandado, se desprende, pese a los excesos, un interés ajeno a la mera y gratuita ofensa al actor, representado por la intención de resguardar los intereses económicos de los pehuajenses, mediante la protección del erario municipal. Las expresiones del Intendente permiten advertir que, con acierto o no, consideraba injustamente afectadas las arcas municipales. Y en relación con esto último, cobra relevancia la acreditada preocupación que la Municipalidad venía demostrando respecto de determinadas prácticas concertadas con abogados, que dieron origen al expediente administrativo n° 408512934/H/11, en el que la Asociación de Abogados de Pehuajó denunció operatorias entre la Comisaría de Pehuajó y dependencias policiales de los pueblos del partido, y operatorias realizadas con enfermeras del Hospital Municipal de Pehuajó; ambas “para inducir a los justiciables a concurrir a determinado estudio jurídico” (ver copias de las actuaciones acompañadas por escrito del 1/8/22). Esa acreditada preocupación, debe ser ponderada, a su vez, en el contexto de una causa judicial iniciada contra la Municipalidad, con el asesoramiento de un profesional que no ejercía su profesión de modo habitual en Pehuajó; y que, además, para el Intendente -con razón o no- había conducido a una condena injusta a la Municipalidad.
Tampoco puede pasar inadvertido que el caso judicial que desató el debate, generó opiniones públicas controvertidas, incluso en el propio poder judicial, pues la responsabilidad del Municipio fue admitida en primera instancia, considerada inexistente en Alzada; y admitida con disidencias en el ámbito de la Suprema Corte (ver SCBA 122.768, “García, Jorgelina Edith y otro c/ Bomberos Voluntarios de Francisco Madero y otro/a s/ Daños y Perjuicios”, del 2/10/20).
9. Colofón.
Conforme lo hasta aquí dicho, cabe concluir que la “forma” de los dichos críticos del Intendente accionado, si bien debió ser más mesurada, no alcanza la suficiente gravedad que exige una “vejación gratuita o injustificada” en el criterio del Máximo Tribunal nacional; guardando, además, relación con un contexto previo relevante (críticas previas del accionante, hipótesis de responsabilidad Municipal socialmente controvertida, y acreditada preocupación por determinadas prácticas de abogados); y manteniendo suficiente “relación directa con el sentido crítico del discurso”.
Así es que, en las específicas circunstancias del caso, entiendo que corresponde otorgar preeminencia al derecho del Intendente accionado de expresarse -y defenderse- libremente;
considerando además que, como lo puso de resalto la Corte Suprema en la causa citada “Brieger”, “el actor se expuso voluntariamente al escrutinio público de sus ideas, al participar de forma activa en debates sobre temas de interés público, a la par que dispone de un acceso significativamente amplio a los medios de comunicación, y por lo tanto, de la posibilidad de expresar su punto de vista sobre el asunto y refutar expresiones agraviantes” (CSJN, dictamen del Procurador General en Fallos: 346:467, causa cit. “Brieger”, del 16/5/23).
En efecto, como resulta de la respuesta al oficio presentada el 6/7/22 por el diario La Mañana de Bolívar, ello es lo que realizó el accionante el 10 de octubre de 2020 (al otro día del video de autos; lo que denota su carácter de figura pública, con amplias posibilidades de respuesta), cuando accedió a la publicación en la plataforma en papel del referido diario, de una amplia nota -a página completa y con anticipo en portada-, en la que efectuó su oportuno descargo; nota que también fue publicada en la plataforma digital del diario. Incluso, tiempo después, el demandante también ejercitó una eficiente refutación en las entrevistas radiales del 13/10/20 y 12/3/21 que brindó a Radio Mágica FM 99.5 de Pehuajó (a la fecha disponibles en los links indicados por las partes; no desconocidos por la contraria), en las que tuvo amplia oportunidad de contradecir públicamente todos los dichos y calificaciones previas del Intendente; entrevistas que además fueron reflejadas en el resumen que la radio escribió en su portal digital, y perpetuadas mediante su suba a YouTube.
Por todo lo dicho, propongo hacer lugar al recurso de apelación del demandado, rechazando, en consecuencia, el recurso del accionante; y revocar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la pretensión resarcitoria objeto de autos; la que, por ende, se rechaza (arts. 1, 2, 3, 5, 7, y 52 CCCN; arts. 14 y 75 inc. 22 CN; arts. 12 y 19 DUDH, arts. 11 y 13 CADH, arts. 17 y 19 PIDCP; arts. 35 inc. 5 d, 136, 149, 169, 170, 253, 354 incs. 1 y 2, 358, 360, 362, 375 y 384 CPCC; art. 1 de las Normas de Ética Profesional).
10. Costas No obstante, en lo que atañe a las costas, y pese a la propuesta decisoria efectuada, entiendo que cabe excepcionar el principio objetivo de la derrota, imponiéndolas, en ambas instancias, en el orden causado (art. 68, 2° párr. CPCC). Ello desde que, a modo de lo entendido por la Sala I de esta Cámara en un conflicto entre derechos de igual naturaleza a los de autos, las particularidades y complejidad del caso, “pudieron crear la convicción en el actor de su obrar conforme a derecho”; advirtiéndose la oportuna existencia, prima facie, de una “razonable causa” para requerir la apertura de la jurisdicción (cf. esta Cámara, Sala I, causa n° 69921, "Erreca José Gabriel c/ Bucca Eduardo Lujan s/ Daños y perjuicios por afectación a la dignidad", sent. del 17/8/23).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo ordenada con fecha 18/4/23; y declarar, en consecuencia, abstracto el tratamiento del recurso de apelación contra ella planteado por el demandado; imponiendo las costas de ambas instancias en el orden causado, por las mismas razones que las aludidas en la cuestión anterior (art. 68, 2° párr. CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos. A LA TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
1. Por la resolución del 2/6/23 dictada en la instancia anterior, se aplicó a la Dra. M. C. M. una sanción de apercibimiento, exhortándola “a mantener el respeto, la consideración y el decoro que corresponde guardar en el desempeño de la profesión, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 35 inc. 3ero del CPCC.”. Asimismo, se ordenó librar oficio al Colegio de Abogados Departamental, para que por su intermedio lo haga llegar al Colegio Departamental correspondiente (Mercedes), a los fines que estime corresponder (cf. arts. 74 y ccs. de la Ley 5177; arts. 1, 2, 19 y 21 de las Normas de Ética Profesional, y el art. 58 CPCC).
Ello por considerar que, del escrito firmado por la letrada del demandado, “surgen expresiones que resultan inadecuadas y altamente agraviantes, conducta que no se condice el honor y la dignidad que deben regir la vida profesional de los letrados.” En ese marco, agregó el magistrado que “en sus expresiones verbales o escritas, el abogado debe usar la moderación y energía adecuadas”; que “en la crítica del fallo o de los actos de un magistrado, y en las contestaciones y réplicas dirigidas al colega adversario, debe mantener el máximo de respeto, absteniéndose de toda expresión violenta o agraviante (art. 19 de las Normas de Ética Profesional dictadas por Colegio de Abogados Provincial)”; y que “es deber de los abogados guardar a los magistrados el respeto y la consideración que corresponden a su función social (art. 21 mismo cuerpo).”
2. Contra la referida resolución, la Dra. M. C. M. interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (4/6/23).
En el aludido escrito, dijo que la citada resolución violenta la igualdad de trato, dado que en otras actuaciones en las que el letrado del actor -el Dr. M.-, usó expresiones inadecuadas, no se lo sancionó o apercibió; ni se ordenó poner en privado su escrito. Sostuvo que la resolución en crisis no solo le impuso un llamado de atención, sino que también ordenó informar tal circunstancia al Colegio de Abogados, a diferencia del sólo llamado de atención que impuso contra el otro letrado patrocinante del demandado: el Dr. Ojeda Martínez. Agregó que fue la única presentación que realizó en estas actuaciones, por lo que ella fue de carácter excepcional; y subrayó una serie de circunstancias (su calidad de mujer joven, y de activa militante kirchnerista), como causantes de la desigualdad de trato sufrida. Asimismo, puso de relieve que la resolución cuestionada fue tomada 44 minutos antes de que el Juez se excusara; razón que la torna sospechosa de parcialidad. Agregó que el escrito presentado no representa su estilo, pero que debía respetar el del accionado. Por otra parte, solicitó se evalúen sus argumentos con perspectiva de género; y peticionó que se dejen sin efecto las sanciones, así como también el oficio al Colegio de Abogados Departamental. Subsidiariamente, requirió que la sanción se restrinja al llamado de atención.
3. Previa excusación, por resolución del 2/6/23, del Sr. Juez interviniente hasta el momento, el nuevo Magistrado actuante, titular de Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 de esa ciudad, dictó la resolución del 26/6/23, por la que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Dra. M., concedió el recurso de apelación planteado en subsidio, y dejó sin efecto el libramiento del oficio al Colegio de Abogados Departamental, dado el carácter suspensivo de la apelación concedida.
Para así decidir, tuvo en cuenta que la disposición del Magistrado previniente implicó el uso de facultades disciplinarias atribuidas por el ordenamiento procesal (art. 35), y por los arts. 74 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 5827. Puso de relieve que ella importa “una potestad disciplinaria inherente al ejercicio de la jurisdicción para mantener el orden y el decoro en el trámite de los juicios (...). Su ejercicio traduce la lógica consecuencia de las atribuciones legales que poseen los magistrados para dirigir los casos sometidos a su decisión, ya que la concesión de un poder lleva implícita la facultad de utilizar los medios para lograr su efectividad”. Agregó que “por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la apreciación de los hechos, escritos o expresiones, susceptibles de originar sanciones, queda librada al sensato criterio de quien la impone.” Concluyó que, en consecuencia, es evidente que “la evaluación de la entidad de la sanción y su eventual revocación por contrario juicio queda librada a la potestad del mismo juez que la impuso, que fue el que indagó en sus íntimos pareceres para valorar el acto o expresión que consideró agraviante.”
Por ello, considerando que en el caso no se trata de la reposición a resolver por el mismo juez que emitió la sanción, y que su parte carece de “la aprehensión subjetiva de las motivaciones que llevaron al juzgador a hacer uso de dichas facultades”, estimó conveniente rechazar el recurso de reposición, y conceder el de apelación planteado en subsidio, para que esta Alzada revise la cuestión.
4. Adelanto que, a mi juicio, el recurso de apelación articulado no puede prosperar.
En primer término, en lo tocante a la orden de colocar el escrito en “privado” (lo que hace las veces de orden de testar), destaco que, como lo refiere Quadri, la doctrina ha entendido que la orden de testar prevista en el inciso 1° del art. 35, no reviste la calidad de una sanción propiamente dicha (Quadri, Gabriel H., El esquema sancionatorio en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (cuarta parte), APBA 2012-12, 1338, TR LALEY AR/DOC/10112/2012, con cita de Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado, T. 1, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2006, p. 112.). Asimismo, agrega Quadri en el artículo recién citado, que “lo propio han dicho nuestros tribunales: sólo las correcciones disciplinarias a que se refiere el inc. 3, art. 35, Código Procesal, revisten el carácter de sanción propiamente dicha; en cambio, la orden de testar palabras consideradas ofensivas o injuriosas o la de excluir de las audiencias a quienes perturban su curso (art. 35, incs. 1 y 2, Código Procesal Civil) constituyen facultades privativas del juez o tribunal, que no alcanzan el grado de una sanción disciplinaria” (Quadri, Gabriel H, ob. cit., con referencia a Cám. 2ª Civ. y Com. de La Plata, Sala 2ª, sent. del 21/3/1995, "Daniele, Rita M. v. Gelos, Mario N. s/ec. hip. inc. rec. de apel. ded.", Juba, sumario B300281).
Por su parte, en lo tocante a la sanción de apercibimiento que fijó la resolución apelada, las críticas de la recurrente no pueden ser de recibo, habida cuenta de que la presentación del 31/5/23 (22:19:48) que firmó y avaló, en su calidad de abogada patrocinante del demandado Z., se encuentra colmada de descalificaciones fuertemente ofensivas al Magistrado; decididamente impropias del respeto y decoro con que las partes -y con más razón sus asesores letrados- deben dirigirse a la Magistratura. Se advierten, a mi juicio, términos vulneratorios del deber previsto en el art. 58 del Código Procesal, y de los deberes emanados de los artículos 13 inc. III, 19, 21 y 32 inc. 1 de las Normas de Ética Profesional.
En ese marco, tengo para mí que la índole de la sanción procesal impuesta (la de menor entidad prevista en el art. 74 de la Ley 5827), de ningún modo luce excesiva a la luz de las indecorosas expresiones que se advierten en la presentación bajo análisis. Todos y cada uno de los argumentos que ensaya la letrada, en la pretensión de hacer aparecer la sanción impuesta como excesiva, prejuiciosa, o portadora de indebida parcialidad, se desmoronan con rapidez, a poco que se repara en lo extremo e inadecuado de los términos empleados, con su patrocinio, en la presentación causante de la sanción.
Finalmente, en relación con las críticas a la orden del Magistrado de que se remita copia de las actuaciones al Colegio de Abogados, va de suyo que -a diferencia de lo pretendido por la apelante-, ello no constituye una sanción procesal adicional por un mismo hecho, sino el cumplimiento del deber de comunicación impuesto a los Magistrados por el art. 74 de La Ley 5177. Ese deber, se encuentra previsto no sólo para las sanciones procesales que se hayan dispuesto (art. 74 inc. c), sino también para toda infracción profesional que hayan comprobado en el marco de sus expedientes (art. 74 inc. b). Por lo demás, ni siquiera puede considerarse esa comunicación constitutiva de concreto agravio en los términos del art. 260 CPCC, puesto que las actuaciones fueron remitidas al Colegio “a sus efectos”; y, en todo caso, tendrá allí la apelante la posibilidad de ejercitar su oportuna defensa; y de acudir, eventualmente, a las vías impugnativas correspondientes.
Conforme lo dicho, propongo al acuerdo rechazar en todas sus partes el recurso de apelación planteado por la Dra. M. contra la sanción impuesta en la resolución del 2/6/23, con costas a su parte; revocando la providencia dictada en la instancia anterior con fecha 26/6/23, en cuanto dejó sin efecto el libramiento del oficio oportunamente ordenado al Colegio de Abogados departamental (arts. 51 y 52 CCCN; arts. 35, 58 y 384 CPCC; arts. 13 inc. III, 19, 21 y 32 inc. 1 de las Normas de Ética Profesional; art. 74 de la Ley 5827 y art. 74 de La Ley 5177).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos. A LA CUARTA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación del demandado, rechazando, en consecuencia, el recurso del accionante; y revocar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la pretensión resarcitoria objeto de autos, la que, por ende, se rechaza; con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, 2° párr. CPCC). 2) Disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo ordenada con fecha 18/4/23; y declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación contra ella planteado por el accionado; con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, 2° párr. CPCC). 3) Rechazar en todas sus partes el recurso de apelación planteado por la Dra. M. contra la sanción impuesta en la resolución del 2/6/23, con costas a su parte; revocando la providencia de fecha 26/6/23, en cuanto dejó sin efecto el libramiento del oficio oportunamente ordenado al Colegio de Abogados departamental. 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967). 5) Se hace constar que, por Secretaría, y a fin de salvaguardar la prueba de autos, se procedió a grabar y reservar en CD el contenido de los videos de fechas 13/12/16, 8/10/20, 9/10/20, 13/10/20 y 12/3/21; a la fecha disponibles en los links denunciados por las partes.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 12 de diciembre de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) Hacer lugar al recurso de apelación del demandado, rechazando, en consecuencia, el recurso del accionante; y revocar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la pretensión resarcitoria objeto de autos, la que, por ende, se rechaza; con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, 2° párr. CPCC). 2) Disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo ordenada con fecha 18/4/23; y declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación contra ella planteado por el accionado; con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, 2° párr. CPCC). 3) Rechazar en todas sus partes el recurso de apelación planteado por la Dra. M. contra la sanción impuesta en la resolución del 2/6/23, con costas a su parte; revocando la providencia de fecha 26/6/23, en cuanto dejó sin efecto el libramiento del oficio oportunamente ordenado al Colegio de Abogados departamental. 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967). 5) Se hace constar que, por Secretaría, y a fin de salvaguardar la prueba de autos, se procedió a grabar y reservar en CD el contenido de los videos de fechas 13/12/16, 8/10/20, 9/10/20, 13/10/20 y 12/3/21; a la fecha disponibles en los links denunciados por las partes. Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia