Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 171893
Expte. N º 171893 - Juzgado Civil y Comercial N°14
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “MAGLIONE, PAULO Y OT. C/ FARMAWORKS SCS S/ DAÑOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 10 de septiembre de 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 10 de septiembre de 2021, el Sr. Juez titular del Juzgado Civil y Comercial N°14 departamental, Dr. Fernando José Méndez Acosta, dictó sentencia definitiva en la que, por un lado, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada y, por el otro, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Francisco Américo Maglione por sí y en representación de Paulo Maglione contra la firma Farmaworks S.C.S. condenando a esta última abonar $200.000 al Sr. Francisco Américo Maglione, $300.000 al Sr. Paulo Maglione, ambos en concepto daño moral, y una multa a favor de los accionantes de $400.000, todo ello con intereses y costas.
Para así decidirlo, explicó que la demandada postuló dos defensas: la prescripción de la acción por daño punitivo del art. 52 bis de la Ley 24.240 y, por el otro, la de la acción para reclamar daños y perjuicios.
Señalo que al día en que las partes reconocieron que ocurrió el hecho que motiva el diferendo (18 de abril de 2012) regía el art. 50 de la Ley 24.240 según redacción de la Ley 26.361, que establecía que « las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el términos de tres (3) años” y que “ la prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de actuaciones administrativas o judiciales”.
Con la reforma de la Ley 26.994 la redacción de la norma cambió y se indica que el término de 3 años refiere únicamente a la prescripción de las sanciones emergentes de la presente ley . A su vez, limitó el efecto interruptivo de la prescripción a la comisión de nuevas infracciones o al inicio de actuaciones administrativas.
Dijo el juez que la reforma que trajo consigo el Código Civil y Comercial limitó la regulación a las sanciones administrativas, sin regular las acciones judiciales, lo cual hizo renacer viejas discusión es que se creían superadas con la reforma de la ley 26.631. De todos modos, explicó el magistrado que para el caso en estudio la ley disponía que para las acciones judiciales el plazo de prescripción era de 3 años y la promoción de las actuaciones administrativas interrumpía dicho plazo en curso.
Afirmó que si bien es cierto que desde que ocurrió el hecho (18/04/2012) hasta la oportunidad de la interposición de la demanda (22/09/2017) habían transcurrido los tres años regulados en el art. 50 -redacción según ley 26.361-, lo concreto -dijo- es que esa norma en su última parte contemplada el efecto interruptivo del inicio de las actuaciones administrativas.
Evaluó dos trámites administrativos iniciados por el Sr. Maglione. El primero, ante la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la comuna local, tramitó el expediente administrativo 6578/2012 a raíz de la presentación realizada el 22 de mayo de 2012 denunciando conductas o actos discriminatorios e imputándoselos a la demandada en los términos de la Ley 23.529. Abierto a prueba el 15 de noviembre de 2012, el proceso finalizó con un dictamen favorable encuadrando la conducta denunciada en lo dispuesto por la norma citada (acto administrativo del 25 de julio de 2013).
Por otro lado, tramitó el expediente administrativo 29571/12 ante la Dirección General de Protección al Consumidor, donde se arribó el 30 de noviembre de 2016 a un auto de imputación contra la demandada en la que la autoridad municipal reprochó la conducta de la accionada y solicitó al Juez de Faltas una multa.
Explicó el juez que tales actuaciones interrumpieron el curso de la prescripción en los términos del art. 50 de la Ley 24.240. Por ello, considerando que el proceso judicial se inició 14 meses después del dictado del auto de imputación realizado ante la Dirección General de Protección al Consumidor, el curso de los tres años no se habían cumplido, considerando para ello la última actuación que pusiera fin a la más extensa de las vías administrativas iniciadas.
Sobre esa base, juzgó errado el enfoque de la demandada que pretendió concebir como expedita a la vía judicial desde la propuesta conciliatoria que hiciera en abril de 2013 en las oficinas de Defensa del Consumidor.
A renglón seguido, desestimó otro de los argumentos de la accionada consistente en destacar que fue solo Francisco A. Maglione -y no su hijo- quien realizó las actuaciones administrativas y quien, en su caso, puede aprovechar únicamente el efecto interruptivo. Argumentó que los actores son acreedores solidarios y, a la luz de tal enfoque, lo actuado por uno de los coacreedores aprovecha al restante.
En relación a la acción resarcitoria -sobre la cual el demandado también postuló defensa de prescripción- reiteró que las dos actuaciones administrativas culminaron con dos actos administrativos distintos. En ambos casos, las denuncias que las motivaron datan de mayo y abril de 2012 respectivamente, y tuvieron por centro la imputación de la conducta reprochada a la demandada. Refirió el juez que “en ambas actuaciones se introdujo el mismo único hecho que se denuncia” consistente en el incidente ocurrido en el interior del establecimiento comercial de la demandada el 18/04/2012.
Destacó que más allá del marco normativo a cuya luz se instó y tramitó cada expediente administrativo (uno, bajo la Ley Antidiscriminatoria; el otro, bajo la Ley 24.240), no corresponde desdoblar los planteos como si se trataran de supuestos independientes y con plazos de prescripción diferenciados. Por ello, es a partir del 30 de noviembre de 2016 -auto de imputación de la oficina de defensa del consumidor- cuando comenzó a correr el plazo del art. 50 de la LDC.
Agregó que ante la duda debe estarse a la solución más favorable al consumidor y que el trámite administrativo importó una clara manifestación de mantener vivo el derecho.
En cuanto a los hechos que motivan la controversia, explicó que no fue discutido que el 18 de abril de 2012 Francisco Américo Maglione y Paulo Maglione se encontraban en la farmacia ubicada en Avenida Colón 2963 propiedad de la accionada, oportunidad en la que se generó una discusión entre el primero de los mencionados, la cajera y farmacéutica del establecimiento vinculada con la autenticidad del billete con el que se pretendía adquirir un medicamento.
La actora alega —y la demandada niega— que el hecho constituyó un acto de discriminación, representativo de un trato indigno y vejatorio para la parte consumidora.
Expuso que fue acreditado que Paulo Maglione tiene una discapacidad total y permanente por trastorno autista y que el 12 de agosto de 2014 se dictó sentencia de restricción de capacidad de hecho. Agregó que al tiempo de interponer la demanda (el 22 de septiembre de 2017) la representación legal invocada se encontraba cumplida.
Abocado al estudio de la prueba producida, hizo foco en el testimonio del Sr. Nicolás Miranda producido en el trámite administrativo seguido ante la Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, quien señaló que ese día estaba comprando en la farmacia y le llamó la atención dos cosas. El muchacho -refiriéndose al coactor Paulo Maglione- “ tiene un nene alto que tiene una enfermedad y también le llamó la atención cómo una señora (empleada de la farmacia) maltrató al denunciante y se dio cuenta que era por el nene. Describe que el nene es alto y tenía una campera grandota y le pareció agresiva la forma en que el vigilador se le acercó al nene. Y si le consta que lo maltrató al denunciante y este le decía a la señora que revisara el billete y ella ni lo agarró directamente. Esta circunstancia llamó la atención del testigo y esta actitud puede ser que sea causa de la presencia del nene, aunque no lo puede relacionar directamente”.
Citó luego el testimonio de Daniel Alberto Fernandez, quien en el mismo expediente también dijo haber estado presente el día del hecho en la cola, esperando para pagar. Dijo que estaba el actor con su hijo, a quien identificó como un “chico alto y estaba con campera con capucha y tiene expresiones no convencionales ”. Señaló que la persona de vigilancia comenzó a perseguir con la mirada al joven y observarlo de cerca, oportunidad en la que la encargada se arrima hacia la cajera y en el momento en que va a pagar la encargada le indica a la empleada que no le cobre porque el billete es falso. Ello motivó una discusión con el Sr. Maglione sobre la autenticidad del billete y el mal momento que se generó.
Dijo el juez que, pese a que uno solo de los testigos fue ofrecido en sede judicial y luego se desistió, corresponde igual darles pleno valor probatorio considerando que la contraria tuvo la posibilidad de ejercitar allí su derecho de defensa al haber sido citada para resguardar sus derechos.
Expuso por ello que los testimonios de Miranda y Fernández permiten tener acreditados los hechos narrados por la actora, en tanto que los testigos de la demandada estuvieron comprendidos por las generales de la ley por ser empleados de la firma y uno de ellos, cliente que se supone estuvo presente en el momento del hecho, no logró dar precisiones que tornen convincente a su relato (además de que negó un hecho que la propia demandada había reconocido -la presencia de la Policía una vez iniciada la discusión sobre el billete-).
Puso de relieve que la demandada no se presentó a ninguna de las causas administrativas ni produjo prueba pare refutar las alegaciones que conformaban las respectivas denuncias (e.g. acompañar grabaciones del hecho o adjuntar manuales de procedimiento, etc.). Destacó el régimen de colaboración que el art. 53 de la LDC prevé y el modo en que la demandada no prestó la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.
Enfatizó que no se acompañaron imágenes del día del hecho o estándares de seguridad con los que evaluaron el billete cuya autenticidad cuestionaron.
Luego de realizar algunas consideraciones normativas en torno al trato digno y equitativo en las relaciones de consumo y al derecho internacional de los derecho humanos, concluyó que la prueba producida tanto en el ámbito administrativo como en el proceso judicial lo persuade de que la actora ha probado la existencia del hecho denunciado y su encuadre a la luz de lo normado en la Ley 23.529 y 8 bis de la Ley 24.240. La accionada, a su turno, no demostró ninguna eximente o razón para que sea eximida de responsabilidad, motivo por el cual la demanda debía prosperar.
En cuanto a los rubros reclamados, reconoció una indemnización por daño moral ($200.000 para Francisco A. Maglione y $300.000 para Paulo Maglione) y daño punitivo que tarifó en $400.000 a favor de ambos reclamantes.
II. El recurso de la firma Farmawork S.C.S.
La demandada apeló la sentencia el 9 de noviembre de 2021 y fundó su recurso el 15 de diciembre del mismo año. La réplica de los actores fue presentada el 21 de diciembre de 2021.
El extenso memorial de la accionada presenta las siguientes líneas argumentales:
(a) Considera equivocado que el juez haya juzgado aplicable el nuevo Código Civil y Comercial. Entiende que las relaciones jurídicas que hacen al objeto de este proceso quedan regidas por el Código derogado, aclarando que el reclamo formulado por la presunta existencia de un acto de discriminación es de tipo extracontractual y ajena al régimen del consumidor. Destaca las diferencias que uno y otro régimen tiene y el modo en que la perjudica el error que denuncia, incluyendo plazos de prescripción por un reclamo extracontractual (de dos años en el Código velezano), régimen de daño moral y aplicación de la categoría “deuda de valor”.
(b) Cuestiona el rechazo de la excepción de prescripción. Afirma que ninguno de los reclamos administrativos incoados por el Sr. Maglione contiene una intimación de pago o constitución en mora por una suma determinada en concepto de daño moral que permita considerar que tuvieron un efecto suspensivo y/o interruptivo del curso de la prescripción. Tales actuaciones, agrega, no suspenden ni interrumpen el curso de la prescripción para iniciar las acciones judiciales.
Destaca que el Sr. Francisco Maglione actuó por derecho propio y sin representar a su hijo Paulo, a la vez que lo que allí se invocó no es una cuestión vinculada al derecho de consumo sino a una presunta discriminación, por lo que -alega- no es aplicable el art. 50 de la Ley 24.240. Dice que Francisco Maglione carece de legitimación para iniciar esa denuncia porque no es una persona discapacitada, y no invocó ser el representante de su hijo.
Dice que ambos pudieron iniciar su demanda desde el día mismo del hecho, dado que es un reclamo extracontractual y no de consumo. A todo evento, dice que sería desde julio de 2013 -con el dictamen que encuadró la denuncia como acto discriminatorio- que el efecto suspensivo o interruptivo cesó. Paulo Maglione, en cambio, no inició ninguna actuación administrativa y lo actuado por su padre no repercute en el plazo prescriptivo de sus acciones.
Insiste en que los planteos de Francisco Maglione deben ser desdoblados porque la fuente de responsabilidad invocados en una y otra oficina administrativa son distintos: extracontractual y legal en un lado (Ley 23.592) y contractual en el otro (Ley 24.240). Enfatiza que Francisco Maglione no puede reclamar como persona discriminada porque no es discapacitado y Paulo Maglione no puede reclamar como consumidor porque no puede contratar.
(c) Alega que ninguna disposición legal contempla la interrupción del curso de la prescripción por inicio de denuncias administrativas. En ellas no se reclamó un monto determinado en concepto de daños y perjuicios por lo que no pueden equipararse a una constitución en mora (ello sin perjuicio de reiterar que lo actuado por Francisco Maglione no tiene virtualidad para interrumpir la prescripción de la acción de su hijo). Cuestiona que el fallo altere el fundamento o encuadre normativo de la demanda; dice que el dictamen emitido por la Dirección de Protección de los Derechos Humanos no tiene efecto interruptivo dado que refiere a una pretensión extracontractual fundada en la Ley 23.592 a la vez que es irrecurrible y no afecta la esfera de los involucrados, por lo que no es un acto administrativo sino una mera recomendación inidónea para interrumpir o suspender el plazo prescriptivo.
(d) Manifiesta que el art. 50 de la Ley 24.240 invocado en la sentencia refiere a la interrupción de las acciones administrativas tendientes a aplicar sanciones, y no a la acción civil. Aun cuando se considere que el reclamo se funda en un acto discriminatorio, dice, eso no significa que la fuente de responsabilidad en que se funda cada denuncia sea el mismo o que los legitimados activos sean los mismos.
Vuelve a afirmar que el reclamo fundado en la Ley 23.592 es de naturaleza extracontractual y ajeno a la relación de consumo; que la actuación administrativa seguida ante la Dirección General de Protección al Consumidor no interrumpen ni suspenden la acción civil fundada en la discriminación, y, a todo evento, no puede referir al trato discriminatorio dada su distinta fuente de responsabilidad, y tampoco puede interrumpir la prescripción que corría contra Paulo Maglione, dado que no era consumidor.
(e) Objeta que se invoque un proyecto de ley para considerar el modo en que se mantienen en el tiempo los efectos de la causal interruptiva de la prescripción.
(f) Considera que el juez se equivoca al afirmar que los actores son coacreedores solidarios. Alega que el vínculo entre ellos es simplemente mancomunado, por lo que no hay propagación de efectos vinculados a la prescripción. Indica que la solidaridad activa solo puede ser de fuente convencional, y no puede ser establecida por voluntad del juez. Reitera en este punto el argumento con el cual distingue el enfoque normativo de uno y otro reclamo (discriminación y consumo) y cómo ello repercute en los vínculos generados a raíz del hecho denunciado.
(g) Alega que la acción de daños y perjuicios de los actores debió declararse prescripta. Nuevamente destaca -con cita de jurisprudencia de este tribunal- que el reclamo por discriminación es extracontractual y escapa a las previsiones de la Ley 24.240, resultando aplicable un plazo de prescripción de 2 años en lugar de 3. Con ello, también vuelve sobre dos premisas que se replican a lo largo de todo el memorial: que Paulo Maglione no puede contratar y por lo tanto no era consumidor y que Francisco Maglione no era discapacitado y por lo tanto no podía sufrir discriminación. Aun cuando se considere aplicable la Ley 24.240, dice que la acción está igualmente prescripta; máxime considerando que Francisco Maglione actuó por derecho propio y no en representación de su hijo.
(h) Afirma que la acción por daño punitivo también está prescripta. El ilícito denunciado ocurrió el 18 de abril de 2012 y la mediación se promovió el 15 de mayo de 2017, ya superado el plazo de tres años sin causales que interrumpan o suspendan. Aun cuando se considere el efecto interruptivo de las actuaciones administrativas, igualmente están prescriptas.
(i) Argumenta que Paulo Maglione, incapacitado para contratar, no puede ser considerado consumidor. Fue su padre, dice, quien celebró el contrato de compraventa del medicamento para su madre. Paulo Maglione no era el destinatario final del bien adquirido y por lo tanto no integraba la relación de consumo. El incidente gestado por la supuesta falsedad del billete carece de vínculo con la presencia del Sr. Paulo Maglione. Carece por ello de legitimación para reclamar daño moral o ser acreedor de una multa civil.
(j) Cuestiona el modo en que la prueba fue valorada y niega violación al derecho a recibir trato digno a la vez que niega también la existencia de un acto de discriminación. Se queja de que el juez no explicó por qué la conducta de la empresa demandada habría sido discriminatoria o por qué habría sido violatoria de la obligación de tratar a los consumidores en forma digna y equitativa.
Alega que Maglione fue correctamente atendido, que la presencia de Paulo Maglione nada tuvo que ver con la incidencia gestada a raíz de la supuesta falsedad del billete y que no hubo acto de discriminación. Afirma -con vehemencia- que el rechazo de un billete que la cajera percibe como falso es una situación normal en los comercios y nada de ello fue motivado por la presencia de Paulo Maglione.
(k) Se queja del modo en que fueron valorados los testimonios de los Sres. Miranda y Fernández. Dice que esa prueba carece de valor convictivo y no se le permitió a la demandada controlar sus declaraciones. Destaca que los testimonios no fueron producidos en sede judicial y que en el trámite administrativo se presentó sin patrocinio letrado con motivo del principio de informalismo que rige en ese campo.
Enumera debilidades y contradicciones en los relatos de los testigos Miranda y Fernández y afirma que las declaraciones de los deponentes no tienen el valor probatorio que el fallo le asigna. Invoca violación al derecho de defensa por no poder controlar esa prueba producida en otro ámbito.
(l) Entiende equivocada la manera en que el juez valoró los testimonios ofrecidos por la demand
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