Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 169239
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA), II) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967). III)
REGISTRADA BAJO EL N º 69-S Fo.
Expte. N º 169239 Juzgado Civil y Comercial N°9
En la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de mayo de 2020 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario bajo la modalidad de trabajo en domicilio (art. 1, apartado b.1.1 de la Res. 10/20 y 1, 2 y 4 de la Res. 18/20 ambas de la SCBA), por encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/20 de la SCBA, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ MANZILLA ZAMUDIO ALEXANDER FACUNDO C/ EL LIBERTADOR S.R.L. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 04 de octubre de 2019?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 04 de octubre de 2019 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 12/10/2019.
En lo que aquí interesa destacar, la Sra. Jueza rechazó la demanda promovida por Alexander Facundo Manzilla Zamudio contra El Libertador S.R.L. y desestimó además la citación en garantía de la firma Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Impuso las costas a la accionante en su calidad de parte vencida y difirió la regulación de honorarios.
Para así decidirlo, explicó el marco normativo y conceptual a partir del cual corresponde juzgar la procedencia del reclamo y afirmó que la víctima fue quien causó su propio perjuicio por la falta de uso de casco, omisión que -destacó- configura una violación a las reglas de tránsito vigentes a la época del siniestro.
Luego de citar diversas normativas que juzgó aplicables, afirmó que el casco evita que la cabeza o el rostro se golpeen y lastimen de modo grave, como ocurrió en el accidente que motivó el proceso. De haber usado un casco homologado o en su caso las gafas y antiparras de seguridad -dijo la jueza- el actor no habría experimentado las lesiones que padeció.
Destacó que la acompañante de Manzilla refirió que el actor tenía un casco “sin enganche” y que ello importó una actitud «de grave despreocupación por su vida, sumado ello a que conducía en estado de intoxicación enólica». Agregó que el actor circulaba a una velocidad de entre 40 y 46 kilómetros por hora y que un casco adecuado lo hubiera protegido de los daños sufridos. Por lo demás, explicó las razones por las que el relato de la testigo Rodríguez -quien dio cuenta del cruce en rojo del colectivo- no le resultaba convincente.
II. El recurso de la parte actora.
Manzilla apeló la decisión y fundó su recurso mediante la presentación nº 27597247 del 10/02/2020. Sus agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera:
i) Afirma que la sentencia carece de fundamentos fácticos y jurídicos, impide el reconocimiento de la reparación que pretende el actor y se afecta su derecho a una sentencia justa.
ii) Luego de criticar el fallo por carecer de una fundamentación adecuada y una valoración correcta de las pruebas incorporadas al expediente, explica que la no utilización del caso protectorio solo importa una infracción a la norma de tránsito y que esa conclusión se contradice con lo que dijo la testigo Rodríguez (quien afirmó que el casco lo tenía pero estaba roto el enganche).
iii) Alega que se omitió determinar en qué medida la falta de uso del casco -en caso de ser cierta- incidió en la producción del daño. Entiende irrisorio vincular causalmente la falta de uso de esa protección con la ocurrencia misma del siniestro. Pone de relieve que no hay elementos que indiquen que tal carencia gravitó en la producción del ilícito.
iv) Objeta el modo en que se descartó el testimonio de la Srta. Rodríguez, acompañante de Manzilla en la motocicleta siniestrada. Dice que fue la única persona que estuvo en el lugar y no hay ningún otro elemento de prueba.
v) Reconoce que la intoxicación etílica no está probada de ninguna manera dado que nunca se hizo análisis por una “prueba cierta” y pone de resalto que el cirujano que atendió al actor después del accidente lo encontró lúcido y vigil. A todo evento, exige que se evalúe « cuál pudo haber sido en todo caso la relevancia en el acaecimiento del hecho». Agrega que la pericia mecánica realizada en sede penal da cuenta de los intentos del actor de evadir la colisión, y a la par -dice- de que se encontraba lúcido y atento a las circunstancias de tránsito.
vi) Cuestiona el modo en que la jueza descartó la hipótesis invocada por el actor (esto es, que el colectivo cruzó con señal de semáforo en rojo) y argumenta que la prueba de los eximentes debe ser inequívoca. La culpa de la víctima, como tal, debe ser demostrada en forma clara y convincente, todo lo cual no surge de la sentencia apelada ni de la prueba producida por la demandada y su citada en garantía.
III. Tratamiento del recurso.
III.a. He leído con atención la totalidad de la prueba producida en el expediente y, si bien por motivos parcialmente diversos a los desarrollados en la sentencia, he llegado a la misma conclusión que la colega de primera instancia y por ello considero que la demanda ha sido correctamente desestinamda.
No llega controvertida a esta instancia la mecánica general del siniestro que motiva este pleito: en la madrugada del 15 de julio de 2012 el actor conducía una motocicleta por Avenida Luro de esta ciudad en dirección a calle 180 y al llegar a la intersección con calle 186 colisionó con el lateral de un ómnibus línea 563-B propiedad de la demandada, que circulaba por esta última arteria (v. fs. 30/vta y 76/vta).
La controversia radica en las características particulares de la mecánica de la colisión (sobre todo, quién tenía autorización lumínica para circular) y la admisibilidad de la eximente de responsabilidad que la citada en garantía invocó en la etapa postulatoria.
Evaluaré estos aspectos por separado.
III.a.1. Las partes se achacaron recíprocamente haber cruzado con el semáforo en rojo aunque sobre este punto ninguna prueba convincente se ha producido en el expediente.
Coincido con la magistrada en que el relato de la testigo Rodríguez es inverosímil y no es apto para formar convicción sobre el modo en que ocurrió el siniestro. Más allá de estar comprendida en las generales de la ley -amiga confesa del accionante y acompañante en la motocicleta al momento del accidente- sus dichos distan de ser convincentes y sus respuestas lucen preparadas y poco espontáneas (indicio de ello es que la deponente aclarara circunstancias que las preguntas que se le formulan siquiera menciona; v.gr. que el actor tenía casco o que el colectivo no tenía luz habilitante -v. respuestas tercera y quinta-). Su narrativa, en lo que al estado del semáforo refiere, resulta inverosímil y dista de ser creíble (art. 384 del CPCCBA).
Nada se ha probado entonces sobre quién tenía autorización para cruzar la encrucijada y no es posible verificar ninguna de las versiones que presentaron las partes. De todas formas, el hecho de que este punto se mantenga como una incógnita no significa que deba considerarse verdadera la hipótesis esbozada por la parte actora, como argumenta la recurrente en su memorial. Aquella incertidumbre probatoria tiene efectos mucho más acotados y solo reafirma el esquema causal presunto por la norma aplicable: esto es, que los daños ocasionados se produjeron por el riesgo o vicio del vehículo propiedad de la demandada (art. 1113 del Código Civil -Ley 340-), con independencia del modo en que uno u otro conductor emprendió el cruce en términos de habilitación lumínica.
III.a.2. Definido lo anterior, cabe determinar si la citada en garantía acreditó una causal que interruptiva total o parcialmente ese nexo de causalidad presunto.
La respuesta, ninguna duda me cabe, es afirmativa.
De la propia prueba que fuera adjuntada al escrito de demanda surge que, al momento del impacto, el actor se encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol . Es cierto que, como alega la recurrente, no figura en la historia clínica un análisis del cual emerja la medición precisa de alcohol en sangre de Manzilla. Pero a los fines de dilucidar el impacto que conducta del víctima tuvo en el devenir causal del siniestro resulta más que suficiente reparar en el parte médico del mismo día del accidente, en el cual los galenos que le realizaron las primeras curaciones detectaron en Manzilla “ aliento en ólico ” y dejaron constancia de que tuvo una actitud hostil con el personal médico que lo asistió. En el parte de cirugía, en horas del mediodía del mismo 15 de julio de 2012, el médico tratante consignó que su estado era de « intoxicación enólica » (fs. 68 y vuelta de la IPP).
El giro es inequívoco y, reitero, torna innecesario contar con el valor exacto de alcohol en sangre. Que los médicos hayan dejado constancia de una «intoxicación» por consumo de bebidas alcohólicas, sumado a la actitud beligerante que tuvo el accionante con los profesionales que intentaban ayudarlo, constituyen indicios más que suficientes a partir de los cuales infiero que se encontraba alcoholizado (lo estaba al momento del control médico en horas del mediodía por lo que debo imaginar, tanto lo estaba más al momento de la colisión, seis horas antes).
Y más allá de cuál haya sido la medida exacta de alcohol en sangre del reclamante al momento de la colisión, o si el nivel era superior al tope establecido en el 48 inc. “a” de la Ley Nacional de Tránsito (que, recordemos, prevé un límite menor a la mitad del que se tolera para conductores de automóviles), lo más importante a destacar es que la intoxicación alcohólica de Manzilla hace presumir su inhabilidad para conducir normal y regularmente la motocicleta con el estándar de cuidado que exige el artículo 39 inc. “b” de la Ley Nacional de Tránsito.
Es decir, al evaluar la estructura causal del siniestro que motiva este litigio debo partir de la base de considerar que el actor se encontraba físicamente incapacitado para « circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito » (art. cit.).
Conducir bajo los efectos del alcohol repercute mucho más gravemente en la habilidad de manejo de una motocicleta en comparación con un automóvil y supone un incremento superlativo en la probabilidad consecuente de sufrir un accidente, sobre todo teniendo en cuenta el equilibrio y destreza que exige el formato de rodado, la exposición física del conductor frente a potenciales colisiones y la merma en su capacidad de advertir obstáculos y reaccionar para evitar colisiones.
La Organización Mundial de la Salud enseña que «el menoscabo de las facultades provocado por el consumo de alcohol aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente, tanto para los conductores de vehículos motorizados y los motociclistas como para los peatones, y habitualmente ese consumo es señalado como uno de los factores más importantes que contribuyen a los accidentes de tránsito en los países con un gran número de automotores. Los conductores que han bebido están expuestos a un riesgo de verse envueltos en accidentes mucho mayor que el que corren los conductores que no han consumido bebidas alcohólicas, y ese riesgo se incrementa con rapidez al aumentar la concentración de alcohol en la sangre» (OMS, “ Beber y conducir: Manual de seguridad vial para decisores y profesionales ”, Washington D.C., 2010, p. 8, disponible en www.who.int).
III.a.3. A la conducción en estado de intoxicación se le suma un segundo problema: la velocidad a la que circulaba el actor.
La pericia mecánica realizada en la instrucción penal da cuenta de que Manzilla conducía a una velocidad de 40 a 46 kilómetros la hora al momento del impacto (fs. 103 de la IPP). Esta velocidad resulta palmariamente excesiva teniendo en cuenta «los riesgos propios de la circulación y las demás circunstancias del tránsito », variables entre las que necesariamente debo incluir al estado de intoxicación del propio conductor (art. 39.b de la LNT).
Quien toma la muy desacertada decisión de subirse alcoholizado a una motocicleta e ingresar a la vía pública [violación directa a la regla del art. 39.a de la LNT: el conductor debe asegurarse de que él mismo está en condiciones de manejar] no puede pretender adoptar como parámetro a las velocidades máximas que la ley regula para quien se encuentra en perfecto estado para circular, como alega el recurrente en su memorial al enfatizar que conducía a menos 60km/h (límite que la LNT prevé para el tránsito en avenidas). Son las propias limitaciones e inhabilidades físicas para conducir que se desprenden del estado de intoxicación las que determina un límite de velocidad distinto y notoriamente inferior al fijado por la ley (uno que al menos le permita mantener el control del rodado y evitar colisiones como las que motivan este litigio).
Por supuesto que no hay tal cosa como una velocidad “correcta” o “razonable” para conducir bajo los efectos del alcohol. Lo que quiero decir es que Manzilla no solo nunca debió conducir la motocicleta alcoholizado, porque eso naturalmente altera su habilidad para manejar, sino que tampoco debió hacerlo a 40-46 kilómetros en ese particular estado de intoxicación: ello importaba restringir aún más sus de por sí reducidas aptitudes para dominar el rodado y tener espacio de reacción suficiente frente a una interacción con otro vehículo, como finalmente ocurrió al encontrarse con el colectivo de la accionada, no poder frenar a tiempo y embestirlo en su lateral cuando ya había avanzado en el cruce de la calzada.
III.a.4. Pero las irregularidades en el manejo de Manzilla no se agotan allí.
Surge de la prueba producida en la causa que Manzilla tampoco tenía licencia para conducir (art. 13 y sig. de la LNT; v. actas de fs. 49 de la IPP).
He dicho en otra oportunidad -y reitero ahora- que es sumamente censurable la conducta de aquél que decide sustraerse del poder de policía provincial en la asignación de permisos para circular: el agente elude la evaluación de los conocimientos mínimos de las normas de tránsito y de habilidad técnica para conducir un vehículo. Se trata de una actitud torpe y temeraria dado que se asume un riesgo grave para sí mismo; pero también es una actitud sustancialmente egoísta, porque unilateral e ilegítimamente pone en riesgo a terceros (mi voto en causa 163694 -" Ledesma ..."- del 6/9/2017).
Esta Sala tiene dicho que la falta de licencia de conducir solo puede ser ajena a la estructura causal del siniestro en la medida en que se demuestre que el infractor poseía idoneidad suficiente; esto es, las habilidades normales para conducir este tipo de vehículos (c. 161169, -"Ruiz Díaz", del 18/08/2016).
Ninguna idoneidad de conducción puedo siquiera presumir de quien que se sube a una motocicleta junto a un acompañante, sin casco reglamentario, sin seguro, y conduce a más de 40 kilómetros por hora en una avenida en horas de la madrugada, sin luz natural y en un estado de intoxicación enólico.
Esta plétora de circunstancias irregulares no solo han constituido violaciones patentes a las más básicas reglas de tránsito y seguridad vial (con un marcado desinterés por la vida propia y de terceros), sino que además -y aquí lo relevante para dar solución al recurso- conforman una amalgama de eventos que, evaluadas en modo integral y conjunto, dan forma a un comportamiento de la víctima que a mi modo de ver se muestra como la causa única y exclusiva de los daños sufridos , quebrando de ese modo el nexo de causalidad que la ley presume existente entre los perjuicios que dan sustento a la reparación pretendida y el riesgo de la cosa propiedad de la demandada de acuerdo al modo en que acaeció la colisión.
En otras palabras, entiendo que el accidente y los daños que en él se generaron en la persona del actor no pueden ya vincularse causalmente con el riesgoínsito al colectivo, propiedad de la accionada, sino que reconocen como causa adecuada a la inhabilidad de la propia víctima para conducir de modo seguro y con absoluto dominio del rodado, advertir a tiempo la presencia de otro vehículo (en el caso, de gran porte), aminorar su velocidad para asegurarse de no interponerse en su línea de marcha y, eventualmente, realizar maniobras útiles y oportunas para evitar el impacto (arts. 13, 39 y cctes. de la LNT).
Tales limitaciones estuvieron motivadas por su intoxicación enólica (lo que importa, como dije, una reducción sensible de su capacidad de manejo, de maniobra y de evitar colisiones), por su velocidad elevada para el estado de intoxicación en el que se hallaba (lo cual agravaba aquella primigenia inhabilidad motivada por el consumo de alcohol) y por su falta de registro habilitante (que permite presumir -si acaso con lo anterior no fuera suficiente- una ineptitud general para conducir la motocicleta siniestrada).
Entiendo por todo lo dicho que la defensa de eximente de responsabilidad invocada por la compañía aseguradora es procedente y la demanda, a mi modo de ver, ha sido correctamente desestimada (art. 1113 del CC, 7 del CCyC y 375 del CPCCBA).
Por el modo en que se resuelve el recurso, quedan desplazadas -y resultan de innecesario tratamiento- las restantes irregularidades presentes en el comportamiento de la víctima, como la falta de uso de casco reglamentario y la falta de seguro obligatorio (art. 68 de la LNT). La primera de ellas ha tenido un rol determinante no en el acaecimiento del choque sino en la gravedad de las lesiones detalladas en el en apartado VI.1 de la demanda [fs. 32], en tanto que la segunda refleja un incumplimiento más entre tantos otros pero que ningún rol ha tenido en la estructura causal del siniestro (arts. 1113 del CC, 7 del CCyC, 375 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El señor Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA), II) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).
ASÍ LO VOTO
El señor Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA), II) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967). III) NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). Devu élvase
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
LUCAS M. TROBO
AUXILIAR LETRADO
Firmas
Funcionario Firmante: 07/05/2020 12:04:37 - MONTERISI Ricardo Domingo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 07/05/2020 12:10:55 - LOUSTAUNAU Roberto Jose ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 07/05/2020 12:15:58 - TROBO Lucas Mariano ([email protected]) -
Fin de la sentencia