Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 14777
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada, a los apelantes (art. 68 del C.P.C.C).-
“ CABRERA PEDRO MARTIN Y OTRO/A C/PONCE JESUS SAMUEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS AUTOM C/LES O MUERTE (EXC.ESTADO) ”
Causa Nº MO-14777-2010 R.S.316/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 27 de Diciembre de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "CABRERA PEDRO MARTIN Y OTRO/A C/PONCE JESUS SAMUEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS AUTOM C/LES O MUERTE (EXC.ESTADO) " , Causa N º MO-14777-2010 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Juez de Grado a fs. 173/vta. resolvió declarar la caducidad de la instancia con costas a la actora.-
Contra tal forma de decidir se alzó la parte actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 184 y se fundó con el memorial presentado electrónicamente (código de referencia 246200440014377575), replicado -también electrónicamente- con el escrito código de referencia 236400440014446372.-
La actora se agravia de la resolución en crisis la cual decretó la caducidad de la instancia esgrimiendo fundamentos a los que, en homenaje a la brevedad, me remito.-
A fs. 191vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
2. Dicho esto y planteado como viene el recurso, considero necesario comenzar realizando una breve introducción conceptual sobre la caducidad de instancia, la cual sabemos que se encuentra legislada en nuestra Provincia de Buenos Aires por los arts. 310 y cc del C.P.C.C.-
La caducidad de la instancia, que es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica.-
Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure".-
Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.-
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso".-
El tema se emparenta también con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).-
E incluso con el derecho a ser juzgado en plazo razonable (art. 15 Const. Pcial.), siendo la caducidad de instancia un mecanismo idóneo para resguardar la plena vigencia de este derecho en contextos dispositivos, cuando las partes (especialmente la actora) se desinteresa del impulso del proceso.-
Ahora bien.-
Es menester para un prolijo estudio del tema poner de resalto la letra del art. 315 del cuerpo normativo procedimental (según Ley 12.357), en tanto el mismo establece que " La petición... se sustanciará previa intimación a las partes para que en el término de cinco (5) días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la instancia "; en el caso de caducidad de oficio, el art. 316 remite a la aludida intimación.-
La intimación se realiza a efectos de que la parte conminada realice dos actos, por un lado, manifestar su deseo de continuar adelante con el proceso y, por otro, impulsar el proceso en forma adecuada, esto es, producir actividad útil a los fines de su prosecución.-
Bajo esta linea analicemos lo ocurrido en autos.-
Lo primero que tenemos que abordar es el planteo recursivo vinculado con la intimación del art. 315 y su notificación a la co actora.-
Aquí cabe decir que si bien es cierto que en la cédula obrante a fs. 103/4 no se la mencionó, no menos cierto es que dicha co actora se presentó a fs. 101, procurando cumplir la intimación y suscribiendo dicho escrito .-
En el escrito, se menciona expresamente la intimación.-
Aquí, es claro que la presentación de fs. 101 trasunta el conocimiento efectivo por parte de la co actora acerca de dicha intimación; por lo cual, debe tenérsela por tácitamente notificada de la misma.-
Mal puede venir, ahora, a protestar en base a que no se la notificó cuando, insisto, es la co actora firmante del escrito de fs. 101 en el cual se cumplía con la intimación.-
Con lo cual, el planteo vinculado con la falta de anoticiamiento no prospera.-
Por lo demás, en los agravios se habla de la actividad procesal desarrollada anterior y posteriormente al decreto de caducidad.-
En cuanto a la previa, lo cierto es que el último acto impulsorio que tenemos plasmado es el proveído de fs. 172, de fecha 6 de Abril de 2018 .-
Dejo en claro, aquí, que -en los términos del art. 311 del CPCC- lo que se computa es la fecha en que el acto tiene lugar; es decir lo que se toma es la data de la resolución y no la de su firmeza.-
Por lo demás, del expediente no surge de ninguna manera toda la situación que relata la parte actora en lo referente al dejado de una cédula a confronte y su observación.-
Amén de lo cual, y en cuanto a las diligencias extrajudiciales que refiere, se ha dicho que las mismas carecen de efecto interruptivo (causa nro. 43151 R.S. 87/00); obviamente, en la medida en que dichas diligencias no hubieran sido ordenadas en el proceso, cosa que aquí no sucedió.-
De este modo, tenemos que -al tiempo de dictarse el auto apelado- ya había transcurrido el plazo trimestral de caducidad de instancia, desde la última actividad procesal impulsoria.-
Queda por referirme a la actividad procesal posterior al decreto.-
Y, al respecto, desde esta Sala se ha considerado que la actuación posterior a la caducidad de instancia no puede considerarse (causa nro. 44.280, R.S. 192/2013); independientemente del anoticiamiento o no de la resolución, lo relevante es que la actuación que pretenda sostenerse como impulsoria sea anterior al decreto y no posterior al mismo. Porque la posterior, es actividad efectuada cuando la caducidad ya se decretó.-
De este modo, entiendo que el decreto de caducidad de instancia se ajusta totalmente a derecho.-
A lo que agrego que, a mi modo de ver, no es incorrecta la reflexión de la Sra. Juez de Grado en cuanto al irrazonable tiempo de duración de este proceso; en el cual, durante casi ocho años (fue iniciado en Abril de 2010, ver fs. 47vta.) no se llegó siquiera a notificar el traslado de demanda al accionado.-
No dejo de considerar las dificultades que en tal sentido puede haber tenido la parte actora; pero, insisto, no es un plazo de algunos meses, o de pocos años, sino ocho años de trámite sin poder notificar siquiera el traslado de demanda .-
A lo que se suma, incluso, el hecho de que el lapso entre muchos actos procesales ha sido de uno, dos o mas meses para actuaciones bien simples (solo por citar alguno confrontar -entre otros- fs. 83 y 84, fs. 87 y 88, 89 y 89vta., fs. 152 y 153, fs. 155 y 155vta., fs. 166 y 170), siendo ello lo que -en correlato con el problema para dar con el domicilio del demandado- termina alongando, irrazonablemente , los tiempos de la tramitación.-
Luego, cuando en tal contexto transcurre el lapso completo de caducidad (incluso luego de haber mediado intimación en los términos del art. 315 del CPCC), no es incorrecto que el juzgado la decrete.-
Por lo demás, lo así expuesto diluye también la atendibilidad de las quejas vinculadas con el criterio restrictivo de apreciación; dicho criterio entra en juego para situaciones de (objetiva) duda, y no para casos en los que -insisto- luego de ocho años no se llega siquiera a realizar el traslado de demanda; cuando la tramitación nos enfrenta a actuaciones periódicas y bien espaciadas, que terminan generando la analizada dilación.-
Diré, finalmente, en cuanto a la imposición de costas que en los términos del art. 68 del CPCC, resultando la actora objetivamente vencida, bien le han sido impuestas las costas procesales.-
Por ello, y si mi propuesta es compartida, se deberá confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Con costas a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada, a los apelantes (art. 68 del C.P.C.C).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia