Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 124696
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en virtud de las consideraciones que anteceden se revoca la resolución de fs. 55 y vta. Costas de ambas instancias al doctor Pagura (arts. 68, 69 del C.P.C.C.).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXIV
Causa N° 124696; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 5 - LA PLATA
DE FRANCESCO PILAR Y OTRO/A C/GONZALEZ PABLO MARCELO S/DAÑOS Y PERJUICIOS AUTOM.C/LES O MUERTE(EXC.ESTADO)(99)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 18 de Diciembre de 2018
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación articulado a fs. 56 por la parte actora, contra la resolución de fs. 55 y vta. en cuanto declaró la caducidad de instancia, imponiendo las costas al accionante. A fs. 59/60 luce el respectivo memorial de agravios, el cual mereció réplica del Mediador Prejudicial, Guillermo Aníbal Pagura (v. escrito electrónico de fecha 24/9/18).
II. En prieta síntesis, se muestra disconforme el recurrente por cuanto estima que el doctor Pagura carece de legitimación procesal para requerir la caducidad de instancia, pues este último fue mediador en la etapa previa obligatoria, no pudiendo ser considerado parte en las actuaciones. Asimismo, refiere que la eventual caducidad de instancia no es requisito para que el mediador ejerza su único derecho relacionado al cobro de sus honorarios.
Por otro lado, explica que para que pueda ser declarada de oficio la mentada caducidad, debe haberse verificado el vencimiento de los plazos procesales, pero antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento. Así, indica que de las constancias de autos surge la realización con fecha 13 de agosto de actos impulsorios que vedan la declaración de oficio (fs. 59/60).
III. En el caso, el doctor Pagura requirió se intime a la parte actora a impulsar las actuaciones y/o denunciar si se arribó a algún acuerdo con la/s accionada/s y/o manifieste su voluntad de desistir de la presente acción, todo ello bajo el apercibimiento que el juez a quo dispusiera. Ello así, con la intención de lograr percibir sus honorarios por la tarea desempeñada (fs. 44/46).
En virtud de ello, el iudex a quo intimó al actor para que, en el término de cinco días, manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia (fs. 47).
Luego, se presentaron Pilar De Francesco y Cecilia Andrea Ramirez –parte actora en las presentes actuaciones-, devolviendo sin diligenciar una cédula de traslado de la citada en garantía. En atención a ello, denunciaron un nuevo domicilio de QBE Seguros La Buenos Aires, requiriendo se libre nueva cédula de notificación. Finalmente, solicitaron se libre oficio al Juzgado Federal con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires a efectos de que informe el domicilio del demandado Pablo Marcelo González (fs. 51).
En ese entender, la juez de la instancia de origen tuvo presente el domicilio denunciado, disponiendo librar nueva cédula a los mismos fines y términos que la anterior. A su vez, hizo saber que las cédulas y oficios firmados por los profesionales autorizados podrían ser librados en Mesa de Entradas por los letrados sin necesidad de pasar dichas piezas a confronte (fs. 52).
Con posterioridad a ello, el doctor Pagura requirió que vuelva a letra el expediente, con el objeto de compulsarlo al efecto de verificar si la intimación a activar fue debidamente notificada y, en caso de afirmativo, solicitar se decrete la caducidad de instancia (v. escrito electrónico de fecha 22/6/18).
Al advertir que la actora se encontraba debidamente notificada de la intimación a activar el proceso y, entendiendo que no se realizó actividad útil alguna, el doctor Pagura peticionó se decrete la caducidad de instancia, regulándose los honorarios profesionales a su favor (v. escrito electrónico de fecha 3/8/18).
Previo a proveer lo solicitado, la juez de la instancia originaria decidió dar traslado a la accionante de lo solicitado en el escrito electrónico, presentado por el doctor Pagura, por el plazo de cinco días (fs. 54 y vta.).
Ya el 13 de Agosto de 2018, luce en el reverso de fs. 54 una nota firmada por el letrado Fernando Francesco, la cual da cuenta de que en dicha fecha se libró oficio al Juzgado Federal con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires y a la citada en garantía (fs. 54 y vta.).
En esa misma fecha, el mentado letrado, mediante presentación electrónica, constituyó domicilio electrónico; se notificó de la presentación del mediador, requiriendo su rechazo con costas; señaló que el Mediador Prejudicial carecía de legitimación para requerir la caducidad de instancia y, finalmente, indicó que procedió a la realización de actos conducentes a la prosecución del proceso (escrito electrónico de fecha 13/8/18).
En ese entender, la iudicante de grado consideró que la bilateralización ordenada con fecha 8 de agosto de 2018 tenía como único fin garantizar el derecho de defensa de los accionantes, dándoles la posibilidad de defenderse y estimar lo que a derecho consideren, mas en modo alguno habilita a manifestar su intención de instar el proceso y producir actividad útil (fs. 55 y vta.).
Por otro lado, la juez a quo advirtió, independientemente de quién resulte ser el eventual requirente de la caducidad de instancia, la falta de impulso procesal por un plazo mayor a tres meses sin haberse esgrimido razones que justifiquen la imposibilidad de activar el trámite, razón por la cual, declaró la caducidad de instancia, imponiendo las costas a la parte actora, decisión que viene cuestionada por los aquí recurrentes (fs. 55 y fs. 56).
IV. A) Liminarmente, cabe señalar que el artículo 315 del código de rito resulta claro al disponer quién resulta legitimado para solicitar la caducidad de instancia, motivo por el cual, se adelanta, el Mediador Prejudicial no posee legitimación a fin de requerir el mentado acuse.
Acorde señala la primera parte del artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial, “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser solicitada por única vez en primera instancia, por el demandando. En los incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido. En los recursos, por la parte recurrida…” (art. 315, CPCC).
Es que, si bien el mediador tiene derecho a que, culminadas que sean las presentes actuaciones, se regulen sus honorarios definitivos, mal puede arrogarse un derecho que es propio de la parte.
Si bien en un marco disímil a las presentes actuaciones, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se expidió al respecto -en el marco de una queja, desestimándola-, señalando que “…en el caso, el ex letrado de la actora carece de legitimación para interponer por derecho propio el recurso extraordinario deducido contra la sentencia de fs. 147/148 del principal que declaró mal concedido el recurso de apelación, desde que los agravios están dirigidos a cuestionar la caducidad de instancia decretada en autos, tema que afecta a las partes titulares de la relación sustancial debatida en la causa y que, por lo tanto, le es ajena” (conf. SCBA, Ac. 83634, res. del 29/5/2002).
Por otro lado, de así estimarlo, podrá el doctor Pagura requerir se regulen honorarios provisorios por las tareas desempeñadas, debiendo, como se mencionó anteriormente, estar a la espera de la finalización de la presente contienda, a efectos de peticionar la regulación de sus estipendios definitivos (conf. arts. 14 y 17, CN; 27 y 28, decreto 2.530/10).
En síntesis, el derecho a la regulación y percepción de los honorarios del mediador no permite peticionar sobre la vigencia de la acción principal, de la cual es titular la parte y no el profesional que intervino en la mediación prejudicial.
B) Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso de autos, luego de corrido el traslado del acuse de caducidad de instancia -requerido por el doctor Pagura- (fs. 55 y vta.), se advierte que el letrado patrocinante de los actores, con fecha 13 agosto de 2018, dejó una nota en el reverso de fs. 54, en la cual se dejó constancia que se libró oficio al Juzgado Federal con competencia electoral y a la citada en garantía (v. fs. 54 vta.).
Si bien la nota allí dejada carece de transcendencia, por no estar refrendada por un funcionario del juzgado para dar fe de la misma, lo cierto es que en esa misma fecha el letrado presentó un escrito electrónico, en el cual constituyó domicilio electrónico, cuestionó la legitimidad procesal del doctor Pagura para requerir la caducidad de instancia y, finalmente, manifestó que efectuó actos conducentes a la prosecución del proceso (v. escrito electrónico del 13/8/18).
Consecuentemente, siendo que el día 13 de Agosto de 2018 el proceso fue impulsado por la parte actora, la resolución de fs. 55 y vta. no deviene ajustada a derecho y debe ser revocada.
Lo expuesto, se condice con lo señalado por nuestro Superior Tribunal provincial, por cuanto la perención debe estimarse como una medida excepcional y, por lo tanto de aplicación restrictiva, por lo cual su interpretación debe ser estricta y ordenada a mantener la vitalidad del proceso (conf. SCBA Ac y Sent. 1985-II-606).
Finalmente, corresponde se impongan las costas de ambas instancias al doctor Pagura, puesto que, más allá de que la caducidad se haya decretado de oficio, el traslado del acuse de perención fue a raíz de su petición, a la vez que controvirtió los agravios de los accionantes (v. escrito electrónico de fecha 24/9/18), resultando perdidoso en la presente incidencia (conf. arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, en virtud de las consideraciones que anteceden se revoca la resolución de fs. 55 y vta. Costas de ambas instancias al doctor Pagura (arts. 68, 69 del C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en el domicilio electrónico constituido a las partes (arg. art. 143, CPCC. según ley 14.142; art. 1 del Anexo I del Reglamento para la notificación por medios electrónicos). DEVUELVASE.
Fin de la sentencia