Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122868
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"FERNANDEZ FERNANDO FABIAN Y OTROS C/ GIMENEZ RICARDO MARIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
La Plata, 11 de diciembre de 2019.
I. La demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley articulado, en virtud de la extemporaneidad de su presentación (arts. 292, CPCC y Ac. 1.790; v. fs. 283/294 y 131/132 vta., respectivamente).
En el caso, el Juzgado de Primera Instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por Fernando Fabián Fernández, María Luisa Larroza, Rubén Benjamín y Analía Fernández contra Ricardo María Giménez y María Antonia Cumicich, condenando a éstos a abonar a los accionantes la suma que estableció, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada (v. fs. 1/13).
A su turno, la Cámara de Apelación redujo los montos indemnizatorios asignados a cada uno de los actores y limitó la extensión de la condena a la aseguradora, la que deberá responder en la medida del seguro (v. fs. 16/34).
II. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos constitucionales de igualdad, defensa en juicio y debido proceso (arts. 17, 18 y 75 inc. 22 CN y Pacto de San José de Costa Rica; v. fs. 285 y vta., 287/288, 292 vta./293).
II.1. Sostiene que la denegación del recurso extraordinario no contempló ni trató la argumentación de su parte referida a que la Cámara había visto y considerado válido el recurso de inaplicabilidad de ley cuando desestimó el recurso de nulidad que fuera presentado en forma conjunta (v. fs. 287 vta.).
En tal sentido, considera que el fallo de esta Corte le afecta gravemente desde que, a su entender, no se trataron sus argumentos expuestos en relación con los principios de preclusión y convalidación de los actos procesales con los que fundamentó su queja (v. fs. 290 vta.).
II.2. Alega que el planteo del escrito presentado supuestamente fuera de término esta precluido, por cuanto nada se dijo al momento de resolver el recurso de nulidad que fuera presentado en el mismo escrito y que debía cumplir igual plazo que el de inaplicabilidad de ley, razón por la cual el tratamiento de uno validó el tratamiento del otro. Y opina que este Tribunal, al rechazar el recurso de queja, ha ido contra su propia doctrina que dice que los actos procesales que han sido convalidados por la actitud tácita de las partes y la posterior prosecución de las actuaciones quedan firmes por el principio de preclusión procesal (v. fs. 291 vta.).
III. Ordenado el traslado establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 295), el mismo no fue contestado.
IV.1. Al respecto, es preciso recordar que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales y las vinculadas con la interpretación del derecho procesal local (en el sub lite , la extemporaneidad de recurso extraordinario y la aplicación del principio de preclusión), no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530 y 295:54, entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar la queja por denegatoria del carril local, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, cabe tener en cuenta que -según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación- la mentada doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 325:2192; 329:2206, 3761; 330:133, entre otros).
Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493). En ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie. En efecto, el impugnante se limita -en rigor- a reiterar los cuestionamientos que sustentaron el carril local vinculados con la preclusión y convalidación de la admisibilidad del remedio extraordinario local, planteos -estos- que no resultan hábiles para conmover lo expresado en la decisión atacada. Ello pues, le corresponde a esta Corte -de manera exclusiva y excluyente- examinar si concurren los requisitos de admisibilidad del medio extraordinario de impugnación local sometido a su conocimiento (conf. Ac. 34.877, sent. de 8-X-1985, en "Acuerdos y Sentencias", 1985-III-94; L. 32.916, sent. de 11-IX-1984; Ac. 33.429, sent. de 23-X-1984; Ac. 33.661, sent. de 9-IV-1985; entre otras), sin que el trámite desarrollado ante el a quo pueda obstar dicha revisión.
IV.3. Resta indicar, que la mera denuncia de la supuesta vulneración de los derechos constitucionales de igualdad, defensa en juicio y debido proceso (arts. 17, 18 y 75 inc. 22 CN y Pacto de San José de Costa Rica; v. fs. 285 y vta., 287/288, 292 vta./293), no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.500, "Denyszczuk", resol. de 3-V-2018; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia