Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129263
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129263; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 5 - LA PLATA
PERSIGO LUISA C/WILBERT TACURI LUIS Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJUICIOS AUTOM.C/LESION O MUERTE(EXC.ESTADO) PLAN ORALIDAD
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129263, caratulada: "PERSIGO LUISA C/WILBERT TACURI LUIS Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJUICIOS AUTOM.C/LESION O MUERTE(EXC.ESTADO) PLAN ORALIDAD", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 6 de noviembre de 2019 (fs. 191/201)?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda por daños y perjuicios iniciada por Luisa Persigo contra Luis Tacuri Wilbert; impuso las costas del proceso a la actora vencida (arts. 68 y 77 del C. Procesal) y difirió la regulación de honorarios profesionales hasta tanto adquiera firmeza el decisorio (fs. 191/201).
2 – Contra esta forma de decidir se alza en apelación la actora (presentación electrónica del 25 de noviembre de 2019 invocando el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante CPCC-, debidamente ratificado mediante escrito formato papel del 3 de diciembre de 2019) recurso que, previamente concedido (proveído del 19 de marzo de 2021), fue fundado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica del 12 de abril de 2021). Debidamente sustanciado (proveído de la misma fecha), mereció réplica de la citada en garantía (presentación electrónica del 16 de abril de 2021). Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 21 de abril de 2021).
3 – La apelante se agravia de que la sentencia de grado la haya dejado sin indemnización alguna en su condición de mujer que cuenta solo con su salud para mantenerse económicamente.
Destaca que el demandado, al haber sido declarado rebelde, no desmintió ni desvirtuó ninguno de los extremos denunciados en la demanda, en especial que la actora se trasladaba en el último término de una fila india al cruzar.
Funda sus agravios en su análisis de las pericias practicadas en IPP y esta causa.
Insiste en esta instancia sobre que debe ser indemnizada en virtud a lo dispuesto por las pericias médico pisquiatra y médico traumatológica, además del resto de los rubros peticionados en su demanda.
Por su parte, la citada en garantía -al contestar el traslado conferido-, acusa la insuficiencia del recurso de la contraparte pidiendo su deserción. Subsidiariamente, contesta los agravios planteados por la legitimada activa.
4 – Preliminarmente, corresponde abordar el planteo opuesto por Aseguradora Total Vehicular S.A. en el traslado del memorial de la accionante (presentación electrónica del 16 de abril de 2021).
Al respecto ha de decirse que, analizada la presentación de Luisa Persigo (de fecha 12 de abril de 2021) ésta ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se las evaluó bajo un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del siniestro -24 de mayo de 2013- (arts. 3 CC; 7 CCyC).
6 – Se deprende de los agravios expuestos por la parte actora –a pesar de los marcados déficits argumentales de la pieza mencionada-, que éstos están dirigidos a sostener su disconformidad con la condena de causalidad determinada por la Juez de grado.
No llega debatido a esta instancia que el 24 de mayo de 2013 aproximadamente a las 11.15 horas, se produjo una colisión en la intersección entre la calle 2 y avenida 32 de esta Ciudad, entre la moto marca Zanella 70 cm3 en la que circulaba la accionante y el rodado guiado por el demandado marca Honda Wabe 110 cm3.
Tampoco se encuentra discutido que antes del choque la señora Persigo transitaba por la calle 2 en dirección de 530 hacia 44, mientras que Wilbert Tacuri recorría la Avenida 32 con sentido de circulación de calles 6 a 1.
La discrepancia de la actora se circunscribe entonces a la asignación de la responsabilidad en su acaecimiento.
En este extremo, han de aplicarse los principios de la responsabilidad civil objetiva receptados por el artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del código antes vigente.
De conformidad con los postulados de la teoría del riesgo creado, quien introduce en el medio social en que se desenvuelve, cosas que potencialmente configuran factores de peligro para los demás, debe responder, por esa sola circunstancia, por los daños que las mismas produzcan a terceros, a menos que demuestre que el perjuicio, además de no haber provenido de ese riesgo, reconoce su causa en un hecho ajeno (esta Sala, Causa 102506, RSD 104-2004 sent. del 4/05/2004, 128804 RSD 65-20 sent. del 25 de marzo de 2021, e.o.).
Como ha resuelto esta Sala, en nuestro derecho positivo, además de los factores de imputabilidad subjetiva, el dolo y la culpa, existen factores objetivos, entre los que cabe mencionar al riesgo (Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, 1980, pág. 274). El automóvil en movimiento es una cosa peligrosa, cuya potencialidad de daño ha sido destacada por la doctrina de los autores y la judicial (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 168; Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Madrid, 1979, pág. 413).
Por su parte, en forma reiterada nuestro Superior Tribunal provincial, conformando doctrina judicial, sostuvo que "...cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, debe entendérselo derivado del riesgo de la cosa...", consecuentemente, para que el dueño o guardián puedan eximirse de responsabilidad, no les basta demostrar que de su parte no hubo culpa, sino que deben acreditar que el hecho de la víctima o de un tercero por quien no deban responder, ha interferido en forma total o parcial en la relación de causalidad adecuada, contribuyendo de este modo a la producción del siniestro (art. 1113 del C.C.; SCBA Ac. 38.840 del 14/06/88 y 35.822 del 27/05/87, entre otros; esta Sala, Causas B-78.485, sent. del 01/09/1994, 128804 RSD 65-20 sent. del 25 de marzo de 2021, e.o.).
Y, en este andarivel, reiteradamente ha señalado que los presupuestos necesarios para la procedencia de la indemnización de daños basada en la norma prevista en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil -aplicable al caso según se dijo-, son a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa y d) el carácter de dueño o guardián de los demandados (conf. Ac. 93.337, sent. del 6-IX-2006; C. 97.757, sent. del 22/10/2008).
Por ende, la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad al dueño o guardián el "riesgo creado", prescindiendo, en principio, de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo, pues no interesa si de su parte existe culpa, ni invierte la carga procesal de la prueba. Aun cuando se probase su falta de culpa, ello carecería de incidencia para excluir su responsabilidad porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, 2° párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA, Ac 55257, sent. del 30-8-1994; C 112545, sent. del 12-9-2012; C 105191, sent. del 3-10-2012).
Sentado ello, se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada por el demandado y, en su caso, en qué medida. Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible, de conformidad con las particularidades del hecho y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular.
Este análisis posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada y, en su caso, en qué medida. Ello frente a las particularidades del presente caso, acorde la evidencia producida (arts. 375, 384, CPCC).
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho en este sentido que “Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art.901, Cód. Civ.; conf. Causas C.98.691, sent. de 18/05/2011; C97.827, sent. de 9/04/2010; e.o.). Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 5/04/2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla”. (SCBA causa C 121.608, sent. del 08/08/2018. Juez Pettigiani SD).
Asimismo, resulta central a los fines de determinar la responsabilidad de cada parte en el acaecimiento del hecho ventilado, abordar la cuestión acorde la normativa específica en materia de ordenamiento de tránsito vehicular.
El art. 36 de la Ley 24.449 y sus modificatorias dispone que “en la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales de tránsito y normas legales, en ese orden de prioridad”. Por su parte en el art. 39 de la misma normativa establece “en la vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito”.
Específicamente, el art. 41 establece que “todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: a) la señalización específica en contrario, b) los vehículos ferroviarios, c) los vehículos del servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión, d) los vehículos que circulan por una semiautopista, e) los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, f) las reglas especiales para rotondas, f) cualquier circunstancia cuando se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada, se circule al costado de vías férreas respecto del que sale del paso a nivel, se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía y por último, cuando se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre”.
En ésta dirección, se ha dicho que “dicha norma agudiza la prioridad con que cuenta el vehículo que en una encrucijada arriba a la intersección proviniendo de la derecha, constituyendo una pauta de conducta que tiende a preservar la seguridad en el tránsito vehicular y que genera una presunción de culpa de quien la hubiera infringido, siendo que tal presunción sólo puede ser desvirtuada comprobando que quien arribó a la intersección proveniente de la derecha, por su parte, hubiera infringido otras normas de tránsito y que tal conducta guarde relación de causalidad adecuada con el accidente” (Art. 902 del C.C., esta Sala, causa 99.597, sent. del 27/02/2003, RSD 31/2003;103.351, sent. del 1/03/2005, RSD 25/2005; 106.412, sent. del 19/10/2006, RSD 241/2006, e.o.).
La prioridad de paso es una regla que no tiene en cuenta el anterior o posterior arribo a la intersección y, en este sentido, ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que el entonces vigente artículo 57 de la ley 11.430 –análogo al art. 47 de la ley 24.449 y sus modificaciones aplicable en sede provincial al momento del hecho a partir de la sanción de la ley 13.927- impone al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de ceder el paso al vehículo que se presente a su derecha. Y ello es así sin discriminar quién fue el que llegó primero a ese cruce (SCBA, Ac. 58668, sent. del 11/03/97 y Ac 66334, sent. del 13/05/97, entre otras).
En suma, mediante la prioridad de paso lo que se persigue es establecer mecanismos que brinden cierta seguridad en el tránsito automovilístico, lo que no lleva a soslayar el resto de las particularidades que pudieran darse, como ser, verbigracia excesos de velocidad u otras violaciones a normas de tránsito establecidas en la legislación.
Y esto último, por cuanto en palabras de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la regla derecha antes que izquierda no representa ningún "bill de indemnidad" que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda pues el art. 57 de la ley 11.430 (art. 47 Ley Nacional 24.449 y sus modificatorias) impone al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad, la que rige tanto para el que se aproxima por la derecha como para el que lo hace por la izquierda (conf. Ac. 87.606, sent. del 1-XII-2004) y que si bien es cierto que estas reglas fijan rígidos criterios hermenéuticos, tales pautas deben conjugarse con todas las pruebas del juicio (arts. 384, 456 y 474 CPCC; conf. Ac. 70.193, sent. del 03/05/2000; Ac. 94577, sent. del 09/05/2007).
En este menester, de las pruebas producidas en estas actuaciones surge que era el legitimado pasivo quien contaba con la prioridad de paso establecida por el art. 41 de la ley de tránsito (Ley 24449) y la accionante no logró acreditar ninguna de las excepciones establecidas en el mismo artículo (art. 384, 474 CPCC).
Nótese que en su presentación de inicio denuncia que formaba parte de una “fila india” con otros vehículos que venía circulando y cruzando la avenida 32 en el mismo sentido, pero lo cierto es que no hay prueba ni evidencia alguna que acredite ese extremo, más allá de sus propias manifestaciones reafirmadas a la hora de absolver posiciones (CD fs. 189. Min. 4.50).
Por su parte, las pericias practicadas tanto en estas actuaciones como en la justicia penal (fs. 84/85 IPP 06-00-021503-13, fs. 140 de estas actuaciones) evidencian que era la actora quien debió ceder el paso, no arrojando evidencia o elemento alguno que de cuenta de la existencia de la “fila india” referenciada, ni del exceso de velocidad que acusa la actora.
En efecto, el perito ingeniero Luis Ernesto Wallace dictamina: “Mecánica del hecho FASE PRECEDENTE: En este caso que nos ocupa analizar de acuerdo con la ubicación y sentido de las deformaciones, posiciones finales de los rodados, elementos encontrados en el lugar, se puede arribar que la motocicleta marca Zanella dominio GTJ-202 circulaba por calle 2 con sentido de 530 a 44 por la mano derecha de calle 2 y por la izquierda de la motocicleta, marca Honda WAVE dominio HSH 452, que circulaba por la avenida 32 con sentido de calle 6 hacia 1 es decir con sentido descendente por el centro de la calzada y por la derecha de la motocicleta de la actora. FASE DE CONTACTO: El siniestro ocurre siendo aproximadamente las 11.15 horas del día 24 de mayo de 2013, en la intersección de las calles Avenida 32 y calle 2 de la localidad de Tolosa, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. Analizados los daños de ambas motocicletas no resulta posible determinar las partes que han entrado en contacto” (fs. 140 pericia y adjunto de presentación electrónica).
Sobre la velocidad de los rodados previo al siniestro da cuenta que “De acuerdo a las marcas que dejaron ambas motocicletas en su arrastre sobre la calzada la velocidad de ambos móviles estaba en el orden de los 25 Km/hora” (fs. 140), mientras que el ingeniero Andrés E. Raggio fijó que “La velocidad a la que circulaba la motocicleta que venía por calle 2, la cual según planimetría de fs. 41 dejó un arrastre metálico de 3.5m, era mínimamente de 20 Km/h, en tanto, la velocidad de la motocicleta que habría circulado por la Avenida 32, la cual dejo un arrastre metálico de 6,1 m, era mínimamente de 26 km/h” (fs. 84/85 IPP 06-00-021503-13).
De esta conclusión tengo para mí que ella no cumplió con la diligencia, cuidado y prevención necesarias al momento de circular (art. 39 Ley 24449 antes referida), desentendiéndose de los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias de tránsito y no ha respetado la prioridad de paso a quien circula desde la derecha (art. 41 Ley 24449).
Y en virtud a las normas relativas a la carga de la prueba, corría por su cuenta acreditar que los hechos sucedieron por la culpa de Wilbert Tacuri y la existencia de fila india cruzando por avenida 32, extremo que no se evidencia acreditado (arts. 384, 474 CPCC).
Esta orfandad probatoria no se encuentra suplida por la declaración de rebeldía del demandado siempre que la falta de contestación de la demanda podrá ser estimada como un reconocimiento de la verdad de los hechos expuestos en la demanda. De allí que el Juez no se encuentra obligado aceptar o considerar automáticamente esa verdad. La presunción por rebeldía declarada posee un carácter netamente residual, tornándose operativa solo en caso de duda del judicante. En el mismo sentido, el silencio del accionado rebelde debe interpretarse -en todo caso- como un primer indicio que podrá -o no- ser corroborado por la restante prueba (arts. 60, 354 inc. 1 y 384 CPCC, conf. SCBA C 117091 sentencia del 30/10/2013, Juez Soria SD).
En definitiva, la legitimada activa no ha demostrado de modo alguno la culpa de la contraparte, por lo que el rechazo de los agravios articulados en este punto se imponen, al no advertirse una conducta del demandado que justifique ni siquiera una concurrencia de culpas conforme lo requerido elípticamente en el embate recursivo (arts. 39 y 41 Ley 24449, 375, 384, 474, CPCC; 1109, 1113, CCC).
7 – En virtud a la forma de decidir respecto de la asignación de la responsabilidad en la producción del siniestro, los planteos sobre las indemnizaciones peticionadas por la actora no han de recibir tratamiento, dada la ausencia de responsabilidad del demandado y en consecuencia de obligación de reparar en su cabeza.
8. Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala III causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
9. En tal entendimiento, propicio confirmar el decisorio apelado en todos sus términos. Postulo, asimismo, que las costas en esta instancia sean soportadas por la actora en su calidad de vencida (art. 68 CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
Atento el acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la apelada sentencia del 6 de noviembre de 2019 (fs. 191/201) e imp
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