Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 118097
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 203/207 vta. es justo (arts. 168, 171 de la Constitución Provincial; 3, 1068, 1069, 1086, 1109, 1113 y ccds. del C.Civil; 7 del C. C. y C. N.; 68, 69, 71, 163, 164, 260, 261, 266, 272, 330, 375, 384, 385, 395 y ccds. del C. Proc.; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Confirmar en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios el decisorio apelado de fs. 203/207 vta.. II) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento la inexistencia de contradicción. III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
En la ciudad de La Plata, a los veinte días del mes de Marzo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “LINAS JORGE JUAN C/ BOIS LUCIANO ENRIQUE Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)", (causa nº 118097), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 203/207 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En el decisorio aludido el Juez de la anterior instancia, rechazó la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Jorge Juan Linas contra Luciano Enrique Bois, eximiendo de responsabilidad por el accidente a “Caja de Seguros SA”, con costas al actor.
El reclamante apeló dicho pronunciamiento, expresando agravios a fs. 228/233 vta., los que no merecieran réplica de la contraria.
II. En prieta síntesis, el quejoso se agravia del fallo porque sostiene, que quien es reconocido responsable del evento dañoso concluye, procesalmente como la parte victoriosa de la litis.
Al respecto alega que, si bien es cierto el iudex a quo, sostuvo en su decisorio que la parte demandada y citada en garantía debían acreditar alguna eximente de responsabilidad para liberarse de la que surgía del evento, renglones más abajo afirmó que “…no obstante lo discurrido en punto a la mecánica del hecho, ante la falta de prueba del daño, la demanda no puede ser acogida…” cuando entiende dicha conclusión es parcial y equívoca, ya que el daño moral requerido en la demanda como rubro indemnizatorio, va más allá de la existencia o no de lesiones y a su criterio no debió ser rechazado.
Ya que si el a quo aplicó al ítem el viejo Código Civil, cita jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil que –considera- desvirtúa la premisa en torno a que dicho daño debe ser probado, y, aclara, que cuando dejó la apreciación al criterio del a quo, lo hizo a los efectos de la imparcialidad, “…PARA QUE EL JUEZ EN BASE A LA ACTIVIDAD DEL ACTOR ACREDITADA DEBIDAMENTE EN AUTOS…” (231 segundo párrafo).
El segundo agravio se encuentra encaminado a cuestionar el rechazo del daño peticionado por privación de uso, pues si bien va de la mano del daño ocasionado por el demandado, el a quo reduce su análisis alegando que su reclamo “…no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado…”(ver fs. 231 vta.), citando doctrina y jurisprudencia que avala su postura.
También se queja porque sostiene, el demandado –responsable del hecho dañoso- ha sido resarcido del daño resultante por la aseguradora, ya que los autos caratulados “Bois, Luciano Enrique c/ Linas Jorge Juan s/ daños y perjuicios” y acumulados a los presentes (ver fs. 71), los mismos concluyeron con un acuerdo, en donde la aseguradora cubrió materialmente el daño supuestamente sufrido; con lo cual el demandado, respecto de quien se ha demostrado su responsabilidad en el hecho, no sólo ha sido indemnizado por la aseguradora, sino que además, resulta victorioso en la litis, pues ha evitado todo tipo de costas.
Al respecto entiende que si bien en autos existe una orfandad probatoria de ambas partes, pareciera que el haber desistido de la prueba pericial ha sido su espada de Damocles, cuando el alongado paso del tiempo fue lo que lo impulsó a reparar el automotor y existen otras constancias que acreditan el daño reclamado.
III. Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículo 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".
El caso de autos atañe a un hecho acaecido durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento del hecho en las circunstancias aludidas (esta Sala causa 118.698, RSD 124/15 e.o.).
Ahora bien, como el iudex a quo tuvo por acreditada la existencia material del accidente como así la responsabilidad que en el mismo le correspondía al demandado, quien no había producido prueba alguna tendiente a demostrar la interrupción del nexo causal (ver fs. 206 segundo párrafo), ello en función de la doctrina que dimana del art. 1113 del C.Civil, los agravios del actor se encaminan a cuestionar aquello afirmado en torno a que “…Sin perjuicio de lo manifestado con relación a la mecánica del accidente de tránsito objeto del proceso, cabe señalar que, para que exista la obligación de reparar deben concurrir: una conducta antijurídica, un factor de atribución, la producción de un daño y la relación de causalidad entre el hecho prohibido y el daño(…).Es decir el daño es un elemento de la responsabilidad. Nada debe repararse si el daño no se ha producido…” (ver 206 in fine), para culminar sosteniendo que “…En el caso de autos, habiendo sido cuestionados por el demandado y la aseguradora citada en garantía tanto la procedencia como los importes de los rubros reclamados POR EL actor (ver escrito de fs. 57/67 vta. cap. VII), aquel no produjo prueba alguna para acreditar los daños invocados (ver la citada certificación de prueba de fs. 197/197 vta., PARTE ACTORA)…” (ver fs. 206 vta.).
Ahora bien, siendo doctrina de nuestro Superior Tribunal provincial que cuando el art. 1113 de C.C. establece que el dueño o el guardián son responsables del daño que derive del riesgo o vicio de la cosa, toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad el riesgo creado. Y así la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de esa cosa y el daño ( SCBA Ac. 81747 del 17/12/2003; C.103794 del 31/5/2017; e.o.; esta Sala causas B-71.291 RSD 205/91; 117306, RSD 113/14).
Así, y como sólo es resarcible el daño causado por el hecho que se atribuya al responsable, es el actor quien soporta el “onus probandi”, estándose en el supuesto, ante la aplicación del principio de que la carga de la prueba de los hechos constitutivos del derecho invocado corresponde a quien lo hace valer (Zabala de González, Resarcimiento de Daños T. 3, págs. 178/181 2da. Reimpresión, citado a pie de página a Allemi López Cabar y Brebbia; esta sala causa B-89.369, RSD 145/98).
Lo anteriormente expuesto, desvanece en parte, los intentos recursivos del accionante pues, como se verá en lo que sigue, siendo el daño un elemento de la responsabilidad objetiva que sienta dicha norma y recayendo sobre quien reclamaba, la prueba de dicho elemento, la orfandad probatoria en torno a aquellos perjuicios cuya indemnización solicitara el Sr. Linas en su demanda –costo de la reparación del automotor y desvalorización del rodado, privación de uso y daño moral- impide tutelar los agravios esbozados en torno al decisorio recurrido.
A mayor abundamiento, es del caso destacar que el actor reclamó dentro de un acápite denominado “DAÑO EMERGENTE”, la cantidad de $ 31.448,41 por el costo de la reparación de su vehículo, haciendo alusión a un “presupuesto tentativo” adjuntado, afirmó que el rodado había sufrido una desvalorización de $ 9000 pues el impacto se localizó en partes estructurales del mismo y que, como el tiempo de reparación había sido estimado por los talleres donde habían tasado los arreglos, en aproximadamente un mes, requirió $ 7200 por los gastos de traslado en que incurrió para dirigirse a su consultorio odontológico tanto en la ciudad de La Plata como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver fs. 29 y vta.).
Respecto de dichos ítems, es menester señalar que, el presupuesto glosado a fs. 5 –emitido casi un año después de acaecido el suceso y en el que no se contempla ni el lapso de tiempo que demandaría la reparación presupuestada, ni tampoco la eventual desvalorización sufrida por el rodado- no fue reconocido en cuanto a su autenticidad (ver fs. 162 y fs. 197), con lo cual, resulta de toda lógica afirmar que, al desistirse de la prueba específicamente idónea para acreditar dichos perjuicios –la prueba pericial de ingeniero mecánico-, dicha acción, lejos de constituirse en la “espada de Damocles” para el actor –tal lo que afirma en su recurso (ver fs. 233)-; determina -en coincidencia con lo expuesto por el iudex a quo- que exista una orfandad probatoria en torno a un elemento esencial de la responsabilidad objetiva que aquí se juzga, el daño (ver fs. 206 y vta.).
Párrafo aparte merece la indemnización requerida a fs. 29 acápite c), en cuanto a gastos de traslado por privación de uso, pues a contrario de lo afirmado por el recurrente, es doctrina de nuestro Superior Tribunal provincial que, la privación de uso de un automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ya que no constituye un supuesto de daño in re ipsa, por lo que quien reclama por este rubro debe probar efectivamente que esa privación le ocasionó un perjuicio (S.C.B.A. Ac. 44.760 del 2/8/1994; esta Sala causa B-79.730 R.S.D. 90/95; B-82.239 R.S.D. 29/96; B-88.119 R.S.D. 139/98; 122822, RSD 198/18; e.o.).
En ese andarivel ha de verse que, conforme a la doctrina que deriva del aludido precedente de la Casación Provincial no es válido acudir en estos supuestos a la mera valoración "presuncional" del perjuicio, por lo cual ha de traerse a la contienda la prueba de los concretos deméritos económicos (arts. 330, 375 del CPCC; SCBA. Acuerdo antes citado).
Y, en la especie, al no encontrarse probado ni tan siquiera indiciariamente, que el rodado se vio dañado producto del accidente que motiva el proceso; la mera suposición que el demandante debiera realizar desembolsos en otros medios de movilidad para sustituir el rodado propio durante su compostura y poder así afrontar determinadas obligaciones de índole personal o familiar, no permite presumir lisa y llanamente que aquellas erogaciones existieron, ni tampoco es aceptable colegir que realmente se produjo una frustración al no poder utilizar el vehículo con que habitualmente se contaba, sino que lo decisivo, en cambio es invocar y probar en forma objetiva y circunstanciada el perjuicio cierto y concreto que esa situación forzosa de indisponibilidad transitoria del rodado pudo acarrear a quien se dice afectado, que es cosa distinta (esta Sala, causa 123.788 ya citada).
Mal que le pese al reclamante ninguna prueba concreta anexó del daño material sufrido en su vehículo, y frente a la inexistencia de dicha prueba, ilógico resulta afirmar que durante el tiempo que insumió su reparación, el demandante se vio obligado a recurrir a taxis, remises y/o microómnibus para desplegar su actividad profesional; pues, si no probó el daño sufrido en su rodado, mucho menos puede reclamar el eventual perjuicio económico que hubiera sufrido frente a dicho daño no probado.
Tal conclusión permanece incólume frente al aparente presupuesto que surge del dorso de la tarjeta anexada a fs. 6, pues el mismo no obra reconocido (ver fs. 197) y, si bien es cierto a fs.166 se informa cuál es su profesión y dónde la ejerce, dicho dato, frente a la orfandad probatoria en torno al eventual daño emergente sufrido por el vehículo de su propiedad, resulta insuficiente a los fines pretendidos, ya que del mismo no puede inferirse el gasto en reclamo (arts. 163 inc. 5º, 375, 384, 385, 395 del C.P.C.; arts. 1068, 1069 del C. Civil).
En definitiva, la orfandad probatoria apuntada, impide tutelar el eventual perjuicio que su reparación hubiera ocasionado en el patrimonio del actor, perjuicio que además no se encuentra concreta y certeramente probado; circunstancia que, a su vez, impide acudir al ejercicio discrecional de la cuantificación del perjuicio pues el mismo no está acreditado.
Idéntica suerte debe correr el agravio dirigido a cuestionar la desestimatoria del agravio moral peticionado, ya que tratándose el caso bajo análisis de un accidente de tránsito donde se reclaman sólo daños materiales, si se sostiene que el accionar de la demandada ha generado un menoscabo a la tranquilidad y paz espiritual, es carga del peticionante la acreditación del modo en que tal afectación se ha producido. Pues, en tales casos, la justificación del hecho dañoso si bien no permite presumir la afectación espiritual, tampoco la excluye, pero para que ella sea indemnizada es necesario acercar al Juez elementos suficientes para que se haga manifiesto el dolor moral sufrido (esta Sala causas 118.185 RSD-94-15; 123247 RSD 98/18; e.o.).
En autos, aún cuando la cuantificación del agravio moral que se dice haber padecido ha sido dejada en manos del a quo, es lo cierto que la actividad profesional acreditada de odontólogo (ver fs. 166), resulta insuficiente a los fines pretendidos (ver fs. 231), pues tener una profesión cuyo ejercicio demande el uso de un vehículo que en apariencia fue dañado en el siniestro vial, no es un elemento que patentice un menoscabo a la paz y tranquilidad de espíritu.
En definitiva y siendo carga del peticionante que recurre a la jurisdicción en procura de un resarcimiento, la demostración, no sólo del daño sufrido, sino de la relación de causalidad existente entre éste y la actuación de la cosa portadora de vicio o riesgo (arts. 375 del C.P.C., 1109, 1113 del Código Civil), en la medida que dichos elementos -perjuicio y nexo causal-, constituyen presupuestos centrales de la responsabilidad civil, pues el art. 1067 prevé que "…No habrá ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiere daño causado..." y según el art. 1068 "…Habrá daño siempre que se "causare" a otro algún perjuicio…"; ambas disposiciones suponen, entonces, como carga de quien esgrime su pretensión, la necesidad de justificar la concurrencia de tales elementos ya que de no ocurrir ello, la demanda habrá de ser rechazada; forzoso es concluir en la desestimatoria de los agravios en tratamiento, lo que así dejo propuesto al acuerdo de mi distinguido colega de Sala (arts. 260, 261, 266, 272, 330, 375, 384, 385, 395 y cc. del CPCC).
Tal conclusión no resulta contradictoria ni irrazonable, aún teniendo en cuenta el acuerdo al que se hubiere alcanzado en la causa caratulada “BOIS, Luciano Enrique c/ LINAS, Jorge Juan s/ Daños y Perjuicios", pues el rechazo de la demanda que contiene el fallo en crisis obedece a una carga incumplida por quien recurre, esto es, la de acreditar uno de los elementos sobre los que elaborara su pretensión.
Tampoco corresponde viabilizar la queja expuesta en torno a la imposición en costas que el fallo recurrido contiene pues, las costas se imponen con prescindencia de la buena o mala fe del vencido o de su mucha o poca razón, simplemente atendiéndose al principio objetivo de la derrota, consagrado por la ley adjetiva (art.68 del C.P.C.C) y tal es lo que acontece en el supuesto bajo análisis en dónde, rechazada la demanda por la orfandad probatoria en torno a uno de los elementos de la responsabilidad objetiva que sienta el art. 1113 del C.Civil, las costas del proceso fueron impuestas a quien resultara perdidoso en su reclamo (ver fs. 207 y vta.; art. 68 del CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos el doctor SOTO votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
Atendiendo al acuerdo alcanzado corresponde y así lo propongo: I) Confirmar en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios, el decisorio apelado de fs. 203/207 vta. 279/293. II) Las costas de Alzada se imponen ene l orden causado frente a la inexistencia de contradicción (art. 68, 69, 71 del C. Proc.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que exista la de primera instancia.
ASI LO VOTO.
El doctor SOTO adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 20 de marzo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 203/207 vta. es justo (arts. 168, 171 de la Constitución Provincial; 3, 1068, 1069, 1086, 1109, 1113 y ccds. del C.Civil; 7 del C. C. y C. N.; 68, 69, 71, 163, 164, 260, 261, 266, 272, 330, 375, 384, 385, 395 y ccds. del C. Proc.; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Confirmar en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios el decisorio apelado de fs. 203/207 vta.. II) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento la inexistencia de contradicción. III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia