Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78249
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa y se remitirán las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.78.249 “GENES DELFINO C/ CORRIERI ANTONIO OSCAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. El señor Delfino Genes promovió demanda de daños y perjuicios contra los señores Antonio Oscar Corrieri y Nicolás Alejandro Carrondi, con el objeto de obtener una indemnización por las lesiones que alega haber padecido como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 29 de enero de 2015 en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Catamarca de la localidad de Lanús.
Asimismo, citó en garantía a la Caja de Seguros SA y a Provincia Seguros SA y, posteriormente, amplió su pretensión contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Señala que aquel día se desplazaba como acompañante a bordo del móvil policial RO 19.158, marca Ford, modelo Ranger, dominio NYL-509, conducido por el señor Carrondi, cuando al cambiar el color de verde a amarillo la luz del semáforo fue embestido por un vehículo marca Peugeot, modelo Partner, patente EVL-235, maniobrado por el señor Carrieri.
II. En lo que aquí concierne, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda–Lanús hizo lugar a la excepción de incompetencia interpuesta por el representante del señor Fiscal de Estado y se inhibió de intervenir en el litigio, por considerar que en autos se pretendía hacer efectiva la responsabilidad del Estado provincial por las consecuencias dañosas provocadas por uno de sus agentes (v. resol. de 23-III-2022).
De esta manera, el expediente fue girado al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, cuyo magistrado se rehusó a entender en el asunto al estimar que en el caso se perseguía el cobro de una indemnización por accidente de trabajo, por lo que la controversia se encontraba entonces regida por normas del derecho laboral y expresamente excluida de su ámbito de discernimiento (v. resol. de 19-V-2022).
Fue así que la causa recayó en el Tribunal del Trabajo N°4 de aquel departamento judicial. Sin embargo, sus integrantes no aceptaron la competencia que les fuera endilgada en razón de la materia, fundando su postura en lo previsto en el art. 2 de la ley 11.653 (v. resol. de3-VIII-2022).
De tal modo, plantearon formalmente la contienda negativa y la sometieron ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el tratamiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
Así, la actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso si para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
En consecuencia, el señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Bajo tales premisas, y a tenor de las manifestaciones vertidas por la parte actora en su escrito inaugural, es posible concluir que el móvil policial presuntamente involucrado en el siniestro se encontraba afectado a la realización de los cometidos específicos de seguridad pública establecidos en el art. 20 de la ley 13.482, dando cuenta de un hecho que, llegado el momento, puede ser considerado como generador de responsabilidad estatal por haber ocurrido con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa por parte de uno los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (doctr. causas B. 68.372, “Ramírez”, resol. de 1-II-2006; B. 69.330, "Herrera", resol. de 5-III-2008; B. 70.181, "Selan", resol. de 2-IX-2009; B. 70.708, "López", resol. de 24-II-2010; B. 73.750, "Villalta", resol. de 2-IX-2015; B. 73.820, "Vargas", resol. de 21-X-2015; B. 74.936, "Barrios", resol. de 28-II-2018; B. 75.561, "Piedrabuena", resol. de 13-III-2019; B. 75.866, “Haase”, resol. de 10-VII-2019 y B. 76.194, “Cavallo”, resol. de 30-X-2019).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús el órgano que continúe conociendo en el pleito.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa y se remitirán las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 y al Tribunal del Trabajo N°4, ambos del mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2022 15:53:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2022 17:57:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2022 10:05:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2022 09:57:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2022 10:16:08 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/09/2022 10:19:21 hs. bajo el número RR-1063-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia