Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78680
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.680 "FAIJOO WALTER JAVIER C/ AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. El señor Walter Javier Faijoo demandó a Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), Mostacchi SA, Facundo Barrancos de Lucía, Patricio Daniel Barrancos, Néstor Oscar Podrecca y Juan Carlos Loubet, a fin de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados del siniestro vial que lo tuviera como víctima, acontecido el 23 de enero de 2020 a la altura del kilómetro 333 de la ruta 2.
Relata que durante la madrugada de ese día se encontraba conduciendo la ambulancia de larga distancia en la que trabajaba, cuando chocó accidentalmente con un camión volcado sobre el carril por el que se desplazaba. Dicho vehículo había colisionado instantes antes con el cuerpo de un bovino que yacía sin vida luego de haber sido embestido por una camioneta.
Afirma que, como consecuencia del siniestro, sufrió múltiples fracturas por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en reiteradas oportunidades. Sostiene que las secuelas que padece -muchas de ellas limitativas de su motricidad- le impiden llevar adelante una vida normal, tal como la que tenía antes del infortunio (v. escrito electrónico de fecha 23-XII-2022).
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Necochea, cuyo magistrado suplente se declaró incompetente tras reputar, conforme lo narrado por el demandante en su escrito postulatorio (v. apdo. I), que el accidente en cuestión había ocurrido en Mar del Plata y que ninguno de los demandados tenía domicilio en su jurisdicción territorial.
Al así decidir, remitió los autos al juzgado en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata que se encontrara en turno (véase resol. electrónica de 26-XII-2022). De este modo y luego de que el reclamante ampliara su demanda, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 departamental.
Sin embargo, la jueza a su cargo declinó la competencia que le fuera endilgada, en el entendimiento de que, al ser uno de los codemandados AUBASA y dado el tenor de lo peticionado (reparación pecuniaria), la controversia encuadraba en los supuestos de los incs. 2 y 4 del art. 2 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 y sus reformas).
Por consiguiente y reforzando su postura con cita en precedentes de este Tribunal, giró los actuados a la Receptoría General de Expedientes para que procediera a su sorteo entre los juzgados del fuero contencioso administrativo (v. pase electrónico de fecha 7-II-2023).
Agraviado por esto último, el actor dedujo recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la magistrada en lo civil y comercial, quien, merituando el temperamento competencial que había adoptado en la litis, le notificó a aquél que su requerimiento recursivo debía ser interpuesto "...ante el juez que resulte competente" (ver despacho electrónico de fecha 27-II-2023).
De ahí que el expediente se radicara -finalmente- ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 de aquel departamento judicial.
Así las cosas, el titular del órgano, luego de ordenar recaratular las actuaciones y disponer -con arreglo a lo preceptuado en el art. 188 del Código Procesal Civil y Comercial- su acumulación con otra causa que concernía a los mismos hechos litigiosos y que también le había sido remitida por la preactuante (v. proveído electrónico de fecha 14-III-2023), rehusó pronunciarse respecto de la competencia atribuida. Esto mismo, dado que se encontraba pendiente de decisión el recurso de reposición oportunamente articulado por el demandante, que imponía "...la intervención del mismo órgano judicial que actuó originalmente".
En atención a tal decisorio, declaró su incompetencia para entender el recurso de reposición interpuesto (independientemente de una "...eventual intervención como magistrado competente"), dejando planteada así una contienda negativa, la que sometió a esta Suprema Corte de Justicia a los fines determinar el órgano que debería conocer y decidir la suerte del aludido remedio (cfr. art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; v. sent. interlocutoria de 23-III-2023).
III. Ante todo es pertinente señalar que si bien en autos no se ha configurado estrictamente un conflicto que deba ser atendido por esta Corte en virtud de la potestad antes referida, toda vez que el desprendimiento del litigio por parte del juez en lo contencioso administrativo se ciñó al recurso planteado por la parte actora, razones de economía y celeridad procesal recomiendan un pronunciamiento definitivo sobre el órgano que ha de conocer en el pleito.
IV. Cabe adelantar que el caso corresponde a la competencia del juez en lo contencioso administrativo.
IV.1. Si bien en algún supuesto de responsabilidad patrimonial expresamente fundado -como aquí- en normas del estatuto de defensa del consumidor y del usuario -y con anterioridad a la publicación de la ley 14.514 que innovó sobre el punto-, este Tribunal se inclinó por declarar la competencia del fuero en lo civil y comercial (doctr. causa B. 72.317, "Siviero", resol. de 24-IV-2013; conf. art. 4 inc. 1, CCA), en la especie no cabe replicar igual criterio.
Ello es así, en tanto que de la demanda surge claramente que se alega el incumplimiento de los deberes de seguridad que rigen en el marco de la explotación de una autovía por parte de la concesionaria vial de la autoridad pública provincial (doctr. causas B. 72.422, "Pravaz", resol. de 11-IX-2013; B. 75.824, "Pestrin", resol. de 21-VIII-2019; B. 76.962, "Rosso", resol. de 27-V-2021 y B. 78.936, "Coronado", resol. de 6-IX-2023).
IV.2. Al respecto, esta Corte se ha decidido por la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer en las demandas dirigidas contra un concesionario que explota una autopista provincial en virtud de un contrato suscripto con las autoridades locales, cuando se alega que el hecho dañoso se produjo por el presunto incumplimiento de los deberes y obligaciones de seguridad vial que rigen la concesión (doctr. causas B. 69.947, "Fracchia", resol. de 18-III-2009; B. 70.066, "Giuliano", resol. de 17-VI-2009; B. 72.104, "Tarraf", resol. de 19-XI-2012; B. 75.824, B. 76.962 y B. 78.936, cits.). Lo anterior, puesto que tales controversias se han considerado -como la norma estatutaria dispone- "regidas por el derecho administrativo" (art. 2 inc. 2, CCA).
En este sentido, el actor atribuye -sustancialmente- responsabilidad a la concesionaria vial por el incumplimiento de los deberes en materia de seguridad en la circulación, por lo que -como se adelantara- no se advierte que la de autos sea una controversia de aquellas raleadas del fuero contencioso administrativo que prevé el art. 4 inc. 1 del código ritual.
Así pues, en tales condiciones, se estima que la solución del caso requerirá de la aplicación primaria de normas y principios de derecho administrativo, aun cuando deba acudirse, para su solución, al método de integración analógica, lo que implica su subsunción en las referidas cláusulas atributivas de competencia (arts. 166, último párr., Const. prov.; 1, 2 incs. 2 y 4, CCA y 30, segundo párr., ley 13.133 -texto según ley 14.514-).
V. Lo que se decide aquí torna abstracto el tratamiento del recurso de reposición deducido por el demandante y la cuestión relativa al juez competente para resolverlo.
VI. Por lo expuesto, independientemente de la óptica con la que habrá de juzgarse a los restantes codemandados, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que siga conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 departamental, como así también, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Necochea.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/10/2023 14:11:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/10/2023 18:32:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2023 11:18:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:28:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:42:34 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/11/2023 09:06:11 hs. bajo el número RR-965-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia