Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79170
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Mercedes para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
B.79.170 "MIÑO LAZARO RAMON C/SUCESORES DE BARRERA ERNESTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. El señor Lázaro Ramón Miño demandó a la Municipalidad de Suipacha, Ernesto Barrera -en su condición de titular del automotor Fiat Palio, dominio IKV-333- y a todo aquel que resultare ser propietario o persona civilmente responsable del vehículo marca Mercedes Benz Sprinter, dominio GCS-184, a fin de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados del siniestro vial que lo tuviera como víctima el día 21 de agosto de 2014 cuando era trasladado en una ambulancia perteneciente a un nosocomio de la mencionada localidad bonaerense a la altura del kilómetro 145 de la ruta 5.
Solicita, en ese marco y en los términos del art. 118 de la ley 17.418, se cite en garantía a las compañías Federación Patronal Seguros SA y QBE Seguros (fs. 23/32 y vta.).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Mercedes.
Con posterioridad a que se efectuaran distintos actos procesales -entre los que cabe puntualizar el traslado de la demanda (de fecha 19-VIII-2016), la comparecencia al proceso por parte de la primera de las compañías aseguradoras citadas (de fecha 7-VII-2017), el rechazo al pedido de caducidad de instancia (de fecha 5-XII-2017), el desistimiento respecto del demandado genérico (de fecha 17-IV-2019), la contestación de la demanda efectuada por el municipio (de fecha 29-XI-2019), la declaración de rebeldía en relación al segundo de los demandados (de fecha 26-VIII-2020) y el auto de apertura a prueba (de fecha 29-IX-2023)-, la jueza que por entonces se encontraba subrogando el organismo jurisdiccional decidió, en su primera intervención, declararse incompetente.
Tal determinación se basó en el hecho de que, al ser uno de los demandados el municipio de Suipacha y dado el tenor de lo peticionado (reparación pecuniaria), la controversia encuadraba en el supuesto del art. 2 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo.
Adicionalmente, la magistrada dio cuenta de que, al ser la competencia material de orden público e improrrogable, no podía soslayarse su aplicación aun en el caso de que sea advertida extemporáneamente (v. sent. interlocutoria de fecha 20-XII-2023).
Al así resolver, los actuados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Su titular, no obstante, declinó la competencia que le estaba siendo atribuida al reputar -básicamente- que la declaración de su par remitente había sido extemporánea.
En consecuencia, planteó una contienda negativa de competencia, disponiendo su sometimiento ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 26-XII-2023).
III. Es preciso recordar que esta Corte se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio. En tal sentido, ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 75.702, "Pahl", resol. de 7-III-2019; B. 76.520, “Fernández”, resol. de 23-XI-2020; B. 76.547, “Municipalidad de Monte Hermoso”, resol. de 30-III-2021; B. 77.503, "Castañares", resol. de 3-II-2022; B. 78.931, "Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo Necochea", resol. de 18-IX-2023 y B. 79.016, "Ferro", resol. de 10-XI-2023, e.o.).
IV. En la especie, permitir que la causa cambie de fuero cuando el titular del juzgado civil y comercial corrió traslado de la demanda incoada, le imprimió el trámite del proceso sumario a las actuaciones y ordenó la apertura a prueba -por mencionar solo algunas diligencias relevantes-, conspira contra la observancia de los aludidos principios cardinales y se opone a expresas reglas del ordenamiento adjetivo (conf. arts. 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC).
Tal conclusión no se altera por el hecho de que la magistrada subrogante haya resuelto -como lo hizo- en la primera oportunidad que tuvo desde que se hizo cargo del órgano jurisdiccional ante el cual se encontraba radicada la causa, dado que para ese entonces ya había precluido la posibilidad de que se declarase la incompetencia de la manera en que se lo hizo.
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Mercedes el órgano que continúe conociendo en el presente litigio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Mercedes para seguir conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2024 13:35:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 10:56:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:22:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 12:20:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2024 14:02:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/05/2024 14:08:39 hs. bajo el número RR-317-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia