Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79314
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 y 2 incs. 2 y 4, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.79.314 "DOMINGUEZ OSCAR MARIO C/ AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Miguel Ángel Buigo promueve demanda contra Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), la firmas Rápido Argentino Microómnibus SA, Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros y/o contra quien resulte civilmente responsable, con miras a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados del siniestro vial que lo tuviera como protagonista el 24 de agosto de 2016 mientras conducía su automotor -marca Peugeot Partner, dominio CLA 299- con rumbo a la ciudad de La Plata.
Narra que, durante dicho trayecto y como consecuencia de una protesta que se estaba llevando a cabo a la altura del peaje de Dock Sud, recibió un fuerte golpe en la parte trasera de un su vehículo por un ómnibus perteneciente a la segunda de las demandadas. En ese orden, añade que, debido al confuso episodio generado por la colisión, los manifestantes lo agredieron tanto a él como a su acompañante, además de causarle daños adicionales a su vehículo (fs. 14/29).
II. La causa se inició en el Juzgado Nacional en lo Civil N°70 de la Capital Federal, cuyo titular declaró admisible la pretensión incoada y corrió traslado de la demanda, entre otras diligencias procesales a las que diera curso (fs. 30/31).
Interesa reseñar que, en su contestación de fs. 128/142, la Fiscalía de Estado -en representación de la primera de la demandadas- opuso excepción de incompetencia en razón de la materia y del territorio, en cuya virtud el juez interviniente, pese a la formulación que expusiera la actora (fs. 188/190) y atendiendo al dictamen fiscal emitido el 13-V-2019, hizo lugar a la defensa articulada por el apoderado estatal -pero solo en lo tocante a la segunda de las excepciones de incompetencia por este último planteadas-. Ello, en la inteligencia de que el caso importaba una materia regida por el derecho público local.
Así entonces, en la consideración de que en el sub lite correspondía que interviniera la justicia provincial -y en particular, la del fuero civil y comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora- tanto por la "...responsabilidad atribuida a la demandada" como por la competencia territorial derivada de la proximidad con el lugar donde había ocurrido el hecho dañoso, ordenó remitir los presentes actuados a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de dicho departamento (fs. 219/220 y vta.).
Recibidos los obrados por el mentado órgano de alzada, este los pasó a la Receptoría General de Expediente departamental para que proceda a efectuar el sorteo entre los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial (v. fs. 232), resultando adjudicado el Juzgado N°1.
Sin embargo, luego de que el titular de dicho organismo jurisdiccional adujera -en orden a lo dictaminado por el agente fiscal y al consecuente desplazamiento competencial del magistrado nacional- un error en la asignación de la causa, los obrados quedaron radicados -sorteo mediante- en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
La magistrada a su cargo, al no advertir ningún error en la radicación de los actuados, le devolvió estos a su par previniente (v. despacho electrónico de fecha 9-VI-2020), quien -en esta oportunidad- decidió declinar su competencia, dado que -estimó- el núcleo central de la litis giraba en torno a "....un reclamo de responsabilidad contra un ente perteneciente de la Provincia de Buenos Aires" (arts. 1, CCA y 166, quinto párr., Const. prov.) -v. resol. electrónica de fecha 30-IX-2020-.
Sobre esa base, dejó planteada una contienda negativa, elevando los obrados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual -tras oír al Procurador Fiscal- los reenvío a este Tribunal por considerar que resultaba "...competente para entender en estas actuaciones a la justicia local de la Provincia de Buenos Aires" (v. primer documento adunado al oficio electrónico de fecha 22-II-2024).
III. Preliminarmente, es pertinente señalar que si bien en autos no se ha configurado estrictamente un conflicto que deba ser atendido por esta Corte en virtud de la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, toda vez que no hubo un pronunciamiento formal por parte de la jueza en lo contencioso administrativo declinando su competencia, razones de economía y celeridad procesal recomiendan una decisión definitiva sobre el órgano competente para conocer y decidir en el asunto.
IV. Dicho eso y dada la forma en que ha quedado planteada la controversia, corresponde primeramente aceptar la declinación efectuada por la Justicia Nacional en lo Civil y declarar la competencia de la jurisdicción local para conocer en estos obrados (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. nac.; doctr. causas B. 72.275, "Flores", resol. de 24-IV-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 75.555, "Ressio", resol. de 7-XI-2018; B. 76.194, "Cavallo", resol. de 30-X-2019; B. 76.494, "Cohello", resol. de 23-XI-2020; B. 77.278, "Rueda", resol. de 15-X-2021; B. 78.709, "Ybarra", resol. de 6-VI-2023 y B. 78.606, "Vivero", resol. de 11-VIII-2023, e.o.; CSJN Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528; causas G. 1113.XLVIII.ORI "Gómez", resol. de 29-IV-2004 y A. 216.XXXVIII.ORI "Agrar SA", sent. de 5-VI-2007).
V. Sentado ello, entonces, cabe adelantar que el caso corresponde a la competencia del fuero contencioso administrativo.
V.1. Si bien en algún supuesto de responsabilidad patrimonial expresamente fundado -como aquí- en normas del estatuto de defensa del consumidor y del usuario -y con anterioridad a la publicación de la ley 14.514 que innovó sobre el punto-, este Tribunal se inclinó por declarar la competencia del fuero en lo civil y comercial (doctr. causa B. 72.317, "Siviero", resol. de 24-IV-2013; conf. art. 4 inc. 1, CCA), en la especie no cabe replicar igual criterio.
Esto es así, en tanto que de la demanda, así como de las demás constancias de la causa, surge claramente que se alega el incumplimiento de los deberes de seguridad que rigen en el marco de la explotación de una autovía por parte de la concesionaria vial de la autoridad pública provincial (doctr. causas B. 72.422, "Pravaz", resol. de 11-IX-2013; B. 75.824, "Pestrin", resol. de 21-VIII-2019; B. 76.962, "Rosso", resol. de 27-V-2021; B. 78.936, "Coronado", resol. de 6-IX-2023; B. 78.680, "Faijoo", resol. 8-XI-2023 y B. 79.169, "Alonso", resol. de 19-IV-2024).
V.2. Al respecto, esta Corte se ha decidido por la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer en las demandas dirigidas contra un concesionario que explota una autopista provincial en virtud de un contrato suscripto con las autoridades locales, cuando se alega que el hecho dañoso se produjo por el presunto incumplimiento de los deberes y obligaciones de seguridad vial establecidas en las reglas que rigen la concesión (doctr. causas B. 69.947, "Fracchia", resol. de 18-III-2009; B. 70.066, "Giuliano", resol. de 17-VI-2009; B. 72.104, "Tarraf", resol. de 19-XI-2012; B. 75.824, B. 76.962, B. 78.936, B. 78.680 y B. 79.169, cits.). Lo anterior, puesto que tales controversias se han considerado -como la norma estatutaria dispone- "regidas por el derecho administrativo" (art. 2 inc. 2, CCA).
En este sentido, el actor atribuye sustancialmente responsabilidad a la concesionaria vial por el incumplimiento de los deberes en materia de seguridad en la circulación, por lo que -como se adelantara- no se advierte que la de autos sea una controversia de aquellas raleadas del fuero contencioso administrativo que prevé el art. 4 inc. 1 del código ritual, no obstante invocarse el sistema legal que tutela a usuarios y consumidores.
Así pues, en tales condiciones, la solución del pleito requiere la aplicación primaria de normas y principios de derecho administrativo, con la consecuente competencia de los órganos especializados en tal materia (arts. 166, último párr., Const. prov.; 1, 2 incs. 2 y 4, CCA y 30, segundo párr., ley 13.133 -texto según ley 14.514-).
VI. Por lo expuesto, independientemente de la óptica con la que habrá de juzgarse a los restantes codemandados, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que siga conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para conocer y decidir en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 y 2 incs. 2 y 4, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo que aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 15:40:59 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:28:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 13:23:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2024 11:42:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2024 12:09:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/09/2024 12:15:37 hs. bajo el número RR-713-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia