Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63373
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar en todas sus partes la resolución apelada de fs. 87/88vta. (art. 308 del CPCC; arts. 837, 838, 850 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; 1641, 1642, 1643 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.);
2Dejar sin efecto las regulaciones practicadas a fs. 88vta., 3) sin costas en ninguna de las instancias , dado la forma como se generó y resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 del CPCC). 4) En consecuencia, sigan los autos según su estado a los efectos de practicarse las regulaciones de honorarios conforme el acuerdo alcanzado y realizarse los Aportes de Ley, e IVA en caso de corresponder, con integración de la Tasa y la sobretasa de Justicia.
Causa nº: 2-63373-2018
"(C) VERNA MIRTA NOEMIC/ MESSINEO ENRIQUE FRANCISCO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 142 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 25 días del mes de Septiembre del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Verna, Mirta Noemí c/ Messineo, Enrique Francisco y otro/a s/ Daños y Perjuicios Automotor s/ Lesiones” (causa nro 63.373) , habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes, Longobardi y Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 87/88vta.?
2da.¿Son justas las regulaciones de honorarios de fs. 88vta.?
3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. 1 . Intimadas las partes de oficio a producir actividad útil en el expediente, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia (art. 315 del CPCC) (fs. 82), se agregó un acuerdo transaccional en virtud del cual Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. ofreció abonar a los herederos de la Sra. Mirta Noemí Verna, y éstos aceptaron, en concepto de indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los hechos que motivan estos actuados, la suma total y única de $ 50.000, comprensiva de la totalidad de los daños y perjuicios, daños materiales, daño psicológico, daño psíquico, daño biológico, estético, moral y/o cualquier otro evento dañoso acaecido el día 2 de Octubre de 2010 en la ciudad de Olavarría (Cláusula Tercera).
En dicho convenio los herederos de Mirta Noemí Verna desistieron de la acción y del derecho contra Enrique Francisco Messineo, Sancor Seguros SA y/o quien pudiera ser titular, poseedor, usufructuario y/o civilmente responsable del rodado Suzuki Fun GCC-105, y contra cualquier tercero que pudiera resultar civilmente responsable del hecho que motivó esta litis (Cláusula Sexta) (cfr. convenio transaccional de fs. 85/85vta.).
2. La sentencia apelada decretó la caducidad de la instancia, impuso las costas a la parte actora y reguló los honorarios de la Dra. Beatriz Elizabeth Hurtado en la suma de $ 114.800 y del Dr. Luis Silvano Dours $ 164.000, más aportes e IVA.
Para así resolver expresó la a quo que la actora fue intimada a continuar el proceso, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de la instancia, en tanto el último impulso procesal se había producido con fecha 23/08/2013 y se encontraba vencido el plazo previsto en el art. 310 inc. 3° del ritual. En referencia al acuerdo transaccional dijo que no cumple con lo requerido en la intimación de impulsar el proceso, y en consecuencia corresponde hacer efectivo el apercibimiento allí indicado y decretarse la caducidad de la instancia. Señaló que la presentación de un convenio extrajudicial resulta inoficiosa si no se solicita la homologación del mismo.
3. La sentencia fue apelada por la Dra. Hurtado, letrada de la parte actora, invocando el art. 48 del CPCC (fs. 91). La gestión fue ratificada por sus patrocinados a fs. 108, 109, 110 y 111. Los honorarios regulados fueron apelados por altos por la Dra. Hurtado (fs. 93) y los memoriales de ambos recursos se encuentran agregados a fs. 95/101 y 104/106, habiendo sido contestados por el demandado quien reconoció el convenio celebrado, adhirió a los términos del recurso, y coincidió con la contraparte que con el acuerdo transaccional se puso fin a este pleito (fs. 113).
Se agravian los apelantes de la caducidad de instancia decretada de oficio y de la imposición de las costas en su contra. Consideran vulnerado su derecho de defensa, el debido proceso, y estiman que la sentencia de grado se aparta del ordenamiento, de la doctrina y la jurisprudencia vigentes.
Dijeron que la transacción es un modo anormal de terminación del proceso (art. 308 del CPCC). Sostuvieron que el Código Civil y Comercial dispone que la transacción produce efectos de cosa juzgada, sin necesidad de homologación judicial (arts. 1642 del Cód. Civ. y Com.), y la jurisprudencia ha señalado que no es necesario que la transacción haya sido aprobada y homologada judicialmente, dado que su presentación en el proceso no tiene por objeto su aprobación, sino darle publicidad y determinar el momento a partir del cual el acuerdo es irrevocable. Así, las partes arribaron a un acuerdo transaccional haciéndose concesiones recíprocas y pusieron fin de esta manera al litigio con fecha 18 de Junio de 2014. Adujeron que el acuerdo reúne los requisitos de ley, está hecho por escrito, recae sobre derechos litigiosos y fue presentado en el expediente judicial. Adujeron que si el litigio concluyó por transacción (modo anormal de terminación del proceso), no puede luego concluir por caducidad, porque un proceso no puede finalizar dos veces. No hay forma de producir actividad procesal útil luego de su conclusión.
Alegaron que de haberse solicitado la homologación del convenio, actividad que la a quo presenta como útil, no podría haberse otorgado la misma en tanto la ley 6716 impide aprobar o mandar cumplir transacciones sin haberse pagado los honorarios, aportes y contribuciones (art. 21).
Expresaron que solicitar la homologación de un convenio no es obligatorio para las partes. Reconocieron que sí es un requisito cuando se pretende ejecutar el acuerdo, pero aquí no hubo incumplimiento. Se agraviaron de la imposición de las costas porque en el convenio se pactó que las costas del proceso las soportara Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. (Cláusula novena).
Destacaron el grave perjuicio económico derivado para la parte actora de la sentencia apelada, por los elevados montos de las regulaciones que han perdido toda proporción con los trabajos realizados en el expediente, señalando además que los abogados ya han percibido sus honorarios, de acuerdo a lo pactado.
Cuestionaron el ejercicio de la facultad judicial de decretar la caducidad de instancia de oficio, cuando han sido las partes quienes pusieron fin al proceso, de manera anormal, pero legal, y manifestaron que el proceso tiene como objetivo la resolución de conflictos y el órgano jurisdiccional es quien está llamado a resolverlo. En el caso de autos fueron las partes quienes compusieron el conflicto sin la intervención del órgano jurisdiccional.
A fs. 103 la Dra. Hurtado agregó la factura de cobro de sus honorarios, señalando que la regulación de honorarios practicada a fs. 88vta. deviene improcedente, pues no respetó el límite de la transacción, además de señalar que el elevado monto le causa un perjuicio económico en tanto genera cargas previsionales e impositivas (fs. 104/106).
Resultando definitiva la cuestión, por lo que deberá resolverse con la formalidad del acuerdo (fs. 120) y realizado el sorteo de rigor (fs. 121), se encuentra esta alzada en condiciones de dictar sentencia.
III. El recurso es fundado.
1. La transacción es uno de los modos anormales de terminación del proceso previsto en el código adjetivo (cfr. Título V “Modos anormales de terminación del proceso”, Capítulo III, art. 308 del CPCC).
Las partes han presentado en el expediente un convenio transaccional que compone el litigio (fs. 85/85vta.), cuya confección, términos, validez y cumplimiento no han sido controvertidos (ver la conformidad prestada por Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. en la contestación del memorial, fs. 113). El acuerdo fue suscripto por María Belén Mosquera, Natalia Soledad Mosquera, Francisco Nicolás Mosquera y Rubén Oscar Mosquera, en su carácter de herederos de Mirta Noemí Verna, quien era la parte actora y falleció durante la sustanciación del proceso (cfr. partida de defunción de fs. 56 y declaratoria de herederos de fs. 57/57vta). Todos los firmantes del convenio transaccional eran mayores de edad (cfr. fs. 85vta.), y por la demandada suscribió el acuerdo el apoderado de la Cía. aseguradora Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., con mandato suficiente acreditado en el expediente. Conforme lo antedicho, puede concluirse que si el proceso concluyó por transacción, no puede concluir luego por caducidad de instancia (art. 308 del CPCC).
2. Las partes no están obligadas a homologar los convenios celebrados, máxime cuando no ha sido denunciado su incumplimiento, la aseguradora realizó los pagos comprometidos, y canceló los honorarios y los aportes de la letrada de los actores (Dra. Hurtado) (fs. 103). Se ha sostenido que cuando la transacción se hiciere por documento privado suscrito por las partes que intervienen en el juicio, o por sus apoderados facultados al efecto, no es necesaria la ratificación de las firmas, ni su citación para que las reconozcan, atento que los efectos extintivos se producen con la agregación del convenio al expediente, no siendo necesaria tampoco su homologación (cfr. Fajre, José B. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Elena I. Highton-Beatríz, A. Areán (Dir.), tomo 5, Ed. Hammurabi (2006), pág. 630).
En estas actuaciones el convenio se agregó al expediente (fs. 85/85vta.). Otros tribunales provinciales han resuelto que: “…en el marco de una transacción corresponde distinguir necesariamente entre la obligatoriedad del acuerdo por un lado y la ejecutoriedad por el otro. La relación jurídica sobre la que ha versado la transacción tiene, para las partes, eficacia, en el sentido de imperatividad, y de conformidad con lo dispuesto por la ley civil de fondo, los convenios celebrados por las partes tienen para éstas fuerza de ley. Asimismo la posterior homologación judicial solamente habilita su ejecutabilidad, sin que ello importe un requisito de eficacia” (Cám. Civ. y Com. San Nicolás, causa n° 12516, sent. del 12/07/2016 “Figueroa…”, causa n° 11.650, sent. del 12/05/2015 “Hipólito…”) (arts. 837, 838, 850 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; 1641, 1642, 1643 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.; Compagnucci de Caso, Rubén H. “Código Civil y Comercial comentado” Julio César Rivera y Graciela Medina (Dir.), Mariano Esper (Coord.), Tomo IV, Ed. La Ley 2015, pág. 831; Leiva Fernández, Luis F.P “Código Civil y Comercial Comentado”, Jorge H. Alterini (Dir. general), María Valentina Aiceaga, Osvaldo R. Gómez Leo y Luis F.P. Leiva Fernández (Dir. del tomo), tomo VII, Ed. La Ley (2015), págs. 915 y ss.; Frustagli, Sandra A. y Arias, María Paula “Código Civil y Comercial comentado”, Ricardo Luis Lorenzetti (Dir.), Tomo VIII, Ed. Rubinzal-Culzoni (2015), pág. 88).
Por lo expuesto, y habiendo terminado el proceso por transacción corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto decretó la caducidad de instancia (arts. 308, del CPCC; arts. 837, 838, 850 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; 1641, 1642, 1643 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.).
3. Cabe hacer una breve digresión sobre el instituto de la caducidad de instancia, su finalidad, y la Resolución 3694/2012 de la Suprema Corte provincial, en cuanto es citada y utilizada por la Sra. Juez a quo para fundar el pronunciamiento apelado. De la lectura de los considerandos de dicha resolución surge que la caducidad de instancia es un arbitrio instituido para sancionar la inacción de los litigantes morosos y su fundamento es la inactividad. Motivan la utilización de la caducidad el resguardo del buen orden del proceso y la administración de justicia, impidiendo que se acumulen actuaciones abandonadas por las partes, cuestión de trascendental importancia, en la cual se encuentra comprometido el orden público. De este modo el instituto de la caducidad es un remedio al mal de la prolongación indefinida de los juicios, facilitando el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial sometida a una permanente tensión puesta de manifiesto por el incremento de las demandas, el factor tiempo y la exigencia social de que los procesos terminen en un plazo razonable, razones que exigen del poder judicial cada vez mayor celeridad en la prestación del servicio (cfr. Considerandos de la Resolución 3694/2012 de la Suprema Corte provincial).
En este marco, la magistrada de la anterior instancia intimó a las partes a instar un proceso que en apariencia había sido abandonado, ya que no registraba movimiento desde el 15/11/2013 (la intimación es del día 15/3/2018, fs. 82), pero al haberse anoticiado de que el proceso había concluido por transacción, no correspondía el dictado de la resolución que ha llegado apelada a esta instancia.
IV. En virtud de lo expuesto, propicio al acuerdo revocar en todas sus partes la resolución apelada de fs. 87/88vta., dejando sin efecto las regulaciones practicadas a fs. 88vta. (art. 308 del CPCC; arts. 837, 838, 850 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; 1641, 1642, 1643 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.), sin costas en ninguna de las instancias , dado la forma como se generó y resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 del CPCC). En consecuencia, sigan los autos según su estado a los efectos de practicarse las regulaciones de honorarios conforme el acuerdo alcanzado y realizarse los Aportes de Ley, e IVA en caso de corresponder, Tasa y sobretasa de Justicia.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós , adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION , el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
La Dra. Beatríz Elizabeth Hurtado apeló los honorarios regulados a fs. 88vta. por altos (fs. 93). Fundó el recurso con el memorial de fs. 104/106.
Dado la forma como se resolvió la cuestión, revocando en todas sus partes la sentencia apelada, no resulta necesario abordar el tratamiento del recurso contra las regulaciones allí practicadas, quedando las mismas sin efecto.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós , adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTION , el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) revocar en todas sus partes la resolución apelada de fs. 87/88vta. (art. 308 del CPCC; arts. 837, 838, 850 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; 1641, 1642, 1643 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.); 2) dejar sin efecto las regulaciones practicadas a fs. 88vta., 3) sin costas en ninguna de las instancias , dado la forma como se generó y resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 del CPCC). 4) En consecuencia, sigan los autos según su estado a los efectos de practicarse las regulaciones de honorarios conforme el acuerdo alcanzado y realizarse los Aportes de Ley, e IVA en caso de corresponder, con la integración de la Tasa y la sobretasa de Justicia.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós, adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Septiembre de 2018.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) revocar en todas sus partes la resolución apelada de fs. 87/88vta. (art. 308 del CPCC; arts. 837, 838, 850 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; 1641, 1642, 1643 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.); 2) dejar sin efecto las regulaciones practicadas a fs. 88vta., 3) sin costas en ninguna de las instancias , dado la forma como se generó y resuelve la cuestión (arts. 68 y 69 del CPCC). 4) En consecuencia, sigan los autos según su estado a los efectos de practicarse las regulaciones de honorarios conforme el acuerdo alcanzado y realizarse los Aportes de Ley, e IVA en caso de corresponder, con integración de la Tasa y la sobretasa de Justicia. Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia