Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63113
Causa nº: 2-63113-2018
"LAPPANO, PEDRO SALVADOR Y OTRO/A C/ ROTONDA, ROGELIO ADRIÁN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARIO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 26 días del mes de Febrero del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi , Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós , para dictar sentencia en los autos caratulados: “Lappano, Pedro Salvador y Otr. c/ Rotonda, Rogelio Adrián s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 63.113) , habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dra. Longobardi - Dr. Peralta Reyes .
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
- C U E S T I O N E S -
1ª.- ¿Es justa la sentencia dictada a fs. 772/778 vta.?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
- V O T A C IÓ N -
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós , dijo:
I.- 1.- Pedro Salvador Lappano y Pablo Osvaldo Lappano promovieron demanda de daños y perjuicios, reclamando en concepto de daño moral la suma de $70.000, o la que resulte de la prueba de autos, contra Rogelio Adrián Rotonda. Manifestaron que ambos, y sobre todo el primero de ellos -progenitor de Pablo Osvaldo-, mantuvieron una relación comercial con el demandado consistente en la distribución de ejemplares de diario “El Eco de Tandil”, propiedad del demandado Rotonda. En ese marco, se suscitaron conflictos a raíz del cual concluyó el mencionado vínculo negocial. Tras ello el Sr. Rotonda promovió una denuncia penal contra ambos actores atribuyéndoles el delito de estafa. Se trata de la causa I.P.P. 18.522 “Rotonda, Rogelio Adrián s/ Estafa” que tramitó por ante la U.F.I. nº 2 de Tandil y que concluyó con el archivo de esas actuaciones. En esa causa le imputan a ambos la comisión del delito precitado, sosteniendo el denunciante Rotonda que padre e hijo retuvieron indebidamente dinero que le correspondía, la suma de $11.642,43, percibida por los actores en concepto de pagos realizados por los suscriptores del diario, y que debían restituirle, siempre según la precitada denuncia. Califica de retención indebida la omisión de pagar la suma mencionada ya que sostiene que la deuda alegada por los Lappano era inexistente y que él es el verdadero acreedor por incumplimiento de pago de los denunciados. También el accionado publicó un comunicado, que los actores denominan “panfleto”, dirigido a los suscriptores del diario y difundido televisivamente cuyo contenido los Sres. Lappano consideran ofensivo y difamatorio.
Tramitada la causa, a fs. 772/778 vta., el Sr. Juez de grado dictó sentencia rechazando la demanda interpuesta; previamente desestimó la defensa de prescripción interpuesta por la demandada (cuestión que se encuentra firme por no haber sido objeto de agravio); impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios de los letrados actuantes –por el principal y por la incidencia resuelta a fs. 524/525- y de los peritos intervinientes en autos.
Para así decidir, y a partir –fundamentalmente- de los argumentos utilizados para desestimar la excepción de prescripción, el Juez de grado enmarcó la cuestión en la figura de la acusación calumniosa, con sustento en el art. 1090 del Código Civil. No obstante ello –añadió- que aún en ausencia de dolo puede acudirse a la culpa grave o grosera para tipificar la procedencia del resarcimiento en caso de pretensiones resarcitorias de esta naturaleza. Sostiene que se requiere un plus de conducta negligente o culpable que revele que el denunciante obró sin fundamento alguno y con pleno conocimiento de la inocencia del acusado. Con esa base conceptual afirmó que del propio relato de la actora surge que medió entre las partes una obligación negocial confusa y opinable.
A raíz de ello, el actor entendió –sin que mediara reconocimiento judicial de tal situación- que tenía a su favor “un estado de deuda” que lo habilitó para ejercer un supuesto ejercicio del derecho de retención o compensación sobre pagos que debía efectuar a Rotonda. La sentencia añade que la actora no probó su derecho patrimonial vulnerado porque el informe contable del contador Ricardo H. Carreira; el oficio al Ministerio de Trabajo; la pericial caligráfica de fs. 696/703 y fs. 735/742 sobre la firma atribuida a un tercero (el mencionado contador Ricardo Carreira) resulta improcedente y recae sobre aspectos que no fueron objeto de este juicio. Prosigue sosteniendo que la parte contraria procuró dilucidar la situación negocial, sobre todo con las cartas documento remitidas y el intercambio epistolar entre las partes, y que con esas bases efectuó una denuncia penal que califica como “una conducta antijurídica, dañosa y culpable, a más de causalmente eficiente, pero que de ninguna manera puede desentenderse del contexto expuesto, como para considerar la sinrazón o la carencia absoluta de fundamentos en el demandado de acusación calumniosa” (sic., fs. 777).
Más adelante tuvo en cuenta que la prueba testimonial producida por la actora demostró el sufrimiento que la situación le causó a los actores pero ellos derivaron de sus propias creencias de que la demandada le adeudaba una suma de dinero. Incluso los testigos manifestaron la existencia de “problemas” entre las partes, lo que ratificaron algunos de ellos por haber recibido la comunicación (llamada por la actora “panfleto”) que se acompañó a los diarios que recibían los clientes de la zona cuya distribución tenían los actores. Por todo ello concluyó que no procedía la demanda por no haberse probado que el demandado efectuó infundadamente una denuncia penal contra los actores al señalar al padre y al hijo como sujetos que retuvieron sin derecho montos que le pertenecían al demandado Rotonda.
Argumenta que la denuncia penal se efectuó como estrategia procesal en el marco del conflicto y concluye que no se reunieron los requisitos legales para la procedencia de la demanda.
Contra ese pronunciamiento, a fs. 788 apeló la actora perdidosa, recurso que fue concedido a fs. 789. A fs. 810/816 se glosó la expresión de agravios la que fue respondida a fs. 818/820 vta.
En su escrito de expresión de agravios la parte actora desarrolla cinco quejas. En el que denomina “Agravio I”, cuestiona la valoración que hizo el juez de grado de los hechos y la prueba producida, las que, sostiene, demuestran que el relato de la actora es mucho más claro que el de la demandada y que la prueba pericial contable pone de manifiesto que el accionado efectuó una denuncia calumniosa al no probar los hechos que les imputaba. Añade que la pericia contable tenía por objeto y probó que el actor no le debía nada al demandado, sino que por el contrario los actores eran acreedores de Rotonda quien efectuó culposa y dolosamente la denuncia penal conociendo dicha situación. Afirma que el demandado actuó denunciando falsamente un hecho a sabiendas de que nunca existió ya que los actores procedieron correctamente al ejercitar el derecho de compensación previsto en el art. 818 del Código Civil.
En el denominado “Agravio II” cuestiona la conclusión del juez de que la denuncia penal constituyera una estrategia procesal aceptable; describe el art. 1089 del Código Civil (el que requiere dolo o culpa del denunciante) y afirma que el demandado no probó la verdad de sus imputaciones. De esa manera incurrió por lo menos en ligereza culpable la que autoriza su reclamo. Cita jurisprudencia y afirma que el archivo de las actuaciones penales tiene efectos equiparables a la sentencia absolutoria y que reviste el carácter de cosa juzgada favorable a los actores en sede civil. En el “Agravio III” la parte demandante cuestiona que no se haya valorado adecuadamente la prueba testimonial que acredita el daño moral sufrido por los actores tanto por la denuncia penal efectuada en contra de ambos como por la difusión por parte del Sr.
Rotonda del “panfleto” dirigido a los suscriptores del diario y los anuncios televisivos que hacían público el conflicto existente entre ellos, desprestigiando a los Sres. Lappano. Igualmente afirma que “la denuncia, los panfletos, las publicaciones probadas en autos y no negadas por la contraria” y la prueba pericial contable demuestra que la demandada resultaba deudora de los actores (y no al revés como se alegó en la denuncia penal) y ponen de manifiesto la culpa del demandado, todo lo que torna procedente la pretensión resarcitoria. De ahí concluye que la culpa de Rotonda “se encuentra debidamente probada” ya que la pericia contable y las boletas acompañadas demuestran que “cobró sumas en exceso”, no obstante lo cual incurrió en una conducta negligente y que los difamó lesionando su honor.
Finalmente impugna la valoración del testimonio de Luis Horacio Stupino y pone de relieve las graves repercusiones psicológicas negativas que sufrieron los demandantes como consecuencia de la denuncia penal y de la distribución del panfleto. Así se probó la existencia del daño moral. En el “Agravio IV” sostiene que la sentencia es incongruente porque rechaza la demanda pese al reconocimiento de la existencia de una denuncia penal que concluyó con el archivo de las actuaciones. En este acápite como en los anteriores cita jurisprudencia sobre los presupuestos y requisitos para aplicar el art. 1090 del Código Civil. En el “Agravio V” afirma que se vulneró el principio de congruencia porque la sentencia no atendió “los hechos narrados por las partes, los escritos de constitución del proceso (demanda y contestación), los que fijan y limitan los poderes del juez” (sic., fs. 815 vta.).
Como consecuencia de todo lo expuesto solicitan se revoque la sentencia, con costas a la demandada. A fs. 818/820 el Sr. Rotonda contesta la expresión de agravios sosteniendo –en esencia- que el ilícito civil de los Lappano se configuró cuando continuaron recibiendo fondos de suscripciones una vez concluida la relación comercial sin rendir cuentas. Destaca que ambos procedieron de hecho y por su cuenta a retener dinero que era de él como propietario del diario, y que los actores alegaron unilateralmente que les debía dinero y ejercieron un supuesto derecho de retención. Enfatiza que no medió de su parte ni dolo, ni culpa grave, grosera o maliciosa. Formula otras consideraciones y concluye que no existió conducta antijurídica ni una denuncia calumniosa atribuible a esa parte ya que los hechos se originan con la retención de fondos efectuada por los propios Lappano, quienes debían acreditar el elemento subjetivo del demandado en su actuación en sede penal.
Formula luego otras consideraciones y solicita la confirmación de la sentencia.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación (cf. fs. 828 y fs. 829 respectivamente) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- El agravio es fundado por lo que corresponde revocar la sentencia y admitir la pretensión resacitoria de los Sres. Pedro Salvador Lappano y su hijo Pablo Osvaldo Lappano contra Rogelio Adrián Rotonda.
Los hechos precedentes a la denuncia penal considerada calumniosa (arts. 1089 y 1090 CC y art. 1771 CCCN) son los siguientes: resulta admitido por las partes que el Sr. Salvador Lappano, primero, y luego (a partir del año 2004) en forma conjunta con su hijo Pablo Osvaldo tenían una relación contractual con el demandado, que se inició en el mes de Mayo de 1996, consistente en la distribución por parte de los primeros de cierta cantidad de ejemplares, y en las zonas especificadas, del diario propiedad del demandado, “El Eco de Tandil” (en su carácter de “concesionarios”), a cambio de una retribución consistente en el pago a Rotonda del 80% del valor de todos los diarios entregados por la empresa para su distribución. Ello se desprende del contrato originario glosado y del que autorizaba a Pedro Salvador a actuar como vendedor autónomo de diarios (causa penal fs. 9/10, causa I.P.P. 18.522, “Rotonda, Rogelio Adrián s/ Estafa” que tramitó por ante la U.F.I. nº 2 de Tandil; fs. 4/7 del escrito de demanda; fs. 9 contrato del 30/6/2002)”. Dicha relación negocial -sucintamente expuesta- cesó a partir del 31 de Marzo de 2005, según nota manuscrita remitida al demandado por el actor, con fecha 20 de Octubre de 2004 y que Rotonda agregó a fs. 11 de la causa penal. Más tarde, el 4 de Abril de 2005, en la carta documento de fs. 11 Rotonda se refiere a la rescisión del contrato “a partir del día de la fecha”.
Ahora bien, las razones de las desavenencias contractuales no han sido dilucidadas por ninguna sentencia judicial porque pese a las profundas diferencias entre las partes sobre las razones invocadas por ambas, ninguna de ellas manifestó haber promovido algún juicio civil tendiente al reconocimiento de sus derechos patrimoniales. Los actores alegan que en Agosto del año 2004 comprobaron errores en la facturación y en los montos que debía abonarle el demandado por sus trabajos de distribución de los ejemplares del diario, error que se remonta al año 1994 y que arrojaba a su favor un saldo de $ 19.710,29. Afirman que plantearon a Rotonda dicha circunstancia quién rechazó el reclamo esgrimiendo que no se trataba de error en la liquidación y facturación sino que las diferencias correspondían a que al precio de venta de los diarios se aplicaba el IVA, existiendo distintas contingencias porque en algunos períodos la actividad estaba exenta y luego fue gravada aplicándose un porcentual especial. Los actores persisten en su postura en que el descuento efectuado era improcedente porque la actividad estaba exenta por lo que, ante la negativa del accionado, expresaron que ejercieron el derecho de compensación que los habilita el art. 818 CC reteniendo las sumas cobradas en exceso, a partir de la fecha en la que se verificó el error a Diciembre de 2004 -en la que detectó la equivocación el referido error-, quedando incluso sumas para percibir, aún en el período posterior al mes de Marzo de 2005. En suma: alega que las sumas fueron retenidas legítimamente y obedecían a pagos adeudos, incluso reconocidos por Rotonda, quien en el resumen de Marzo de 2005- siempre según los dichos de los actores- reconoció la suma de $ 2.734,77 cuando les intimó el pago de $ 11.642,43, lo que supone efectuar la deducción de aquél importe (conf. cartas documentos y sus respondes interpelándose recíprocamente a pagar de fs. 29/39 de la causa penal). A fs. 32 con fecha 15 de Marzo de 2005 luce el reclamo del demando por $ 11.642,43.
Antes de proseguir con el relato fáctico aclaro que en esa interpelación extrajudicial Rotonda reclama $ 11.642,43, en la certificación contable agregada en la causa penal la deuda informada es de $ 17.270,94 y que el monto alegado por los actores es de $ 19.710,29 (fs. 458 vta).
Por su lado, el demandado en su escrito de contestación negando esos hechos y manifestando ser acreedor de los $ 11.642,43 citados (es decir la suma no coincide con la certificación contable que él mismo presentó en la justicia penal) sostiene que no le debe nada a los actores y que ellos procedieron ilícitamente a retener sin causa dicho importe. Agrega que resulta improcedente la compensación y que el ilícito civil se configuró por la retención indebida de sumas que le pertenecían. El accionado asienta su postura defensista en la existencia de una deuda derivada de la omisión de pago (el 80 % del valor de los diarios entregados para su distribución) y al igual que en sede penal, cuando formula la denuncia por estafa contra los Sres. Lappano, omite referirse al argumento aducido por los demandantes relativo a la liquidación errónea por el cómputo del IVA.
En conclusión: a partir del reconocimiento recíproco y de la admisión procesal de la frustración del vínculo contractual, lo cierto es que cada parte atribuye a la otra el incumplimiento: la actora dice ser acreedora de $ 19.710,29, suma que afirma retuvo legítimamente de los pagos pendientes que debía efectuar a Rotonda, ejercitando su derecho a compensar. Por su lado la demandada sostiene en este juicio civil que ella es acreedora de la suma de $ 11.642,43, monto coincidente con el esgrimido en la causa penal como ilegítimamente retenido, aunque acompañando una certificación notarial que arroja como saldo la suma de $ 17.270,94 al 6 de Abril de 2005. Ninguna de las dos partes interpuso ninguna pretensión de incumplimiento contractual para procurar el reconocimiento judicial de sus derechos, particularmente la demandada que frente a la situación consolidada por los actores de retener la suma que dice es ilícita, directamente el 11 de Octubre de 2005 promovió la denuncia penal por estafa.
2. Si bien el objeto litigioso radica en determinar si media afectación al honor de los actores a partir de la denuncia penal formulada por el demandado y aquí no se discute cuál de las partes es deudora o acreedora, no puede prescindirse de emplazar la denuncia penal en el contexto fáctico en el que se sucedieron los hechos que motivaron el requerimiento penal. De ahí la necesidad de efectuar un análisis suficiente para apreciar la entidad y razonabilidad del proceder del denunciante y verificar si se concurre el elemento subjetivo que exige el art. 1090 CC.
En el señalado marco, y retomando el relato, las partes se intercambiaron cinco cartas documentos entre los meses de Marzo a Abril de 2005, atribuyéndose en todas ellas incumplimientos recíprocos, pretendiendo cada una percibir la suma que se afirma le adeuda el otro. Es importante destacar que el demandado siempre individualizó el monto $ 11.642,43 pero nunca especificó cómo arribó al monto y tampoco -ni en este expediente ni en la causa civil- detalló o indicó el procedimiento contable y matemático sobre cuya base sostiene dicha cuantificación. Rotonda, en todas las oportunidades, manifestó e interpeló afirmando que la retención era ilegítima y que su crédito derivaba de la omisión de los Lappano de pagar el 80% de los ejemplares de los diarios entregados, considerando que el contrato se rescindió y calificando de ilícita aquella conducta, anticipando la eventual promoción de la denuncia penal por estafa (conf. expte. penal fs. 32/39; estos autos fs. 10/12).
Los actores tampoco detallaron y fundaron de modo claro cómo procedieron a calcular la deuda, los períodos computados, el error detectado, su origen y circunstancias, máxime que afirman que las diferencias se remontan al año 1994 y llegan hasta el 2004.
Lo expuesto revela claramente que ninguna de las partes demostró de modo documentado y circunstanciado el título sobre el que fundan sus derechos patrimoniales derivados del incumplimiento del contrato, limitándose ambas a acompañar las facturas y recibos y restante documentación (conf. fs. 1/ 176 y 400/456 y fs. 12/ 28 de la causa penal), pero de las que no puede inferirse con certeza y de modo incontrastable, sin intervención técnica de un profesional que explique y describa las operaciones técnicas pertinentes, los montos finales. La planilla que acompaña la actora a fs. 168, suscripta por el contador Ricardo Carreira, sobre cuya firma se practicó prueba pericial caligráfica y que la actora denomina “informe contable”, carece de toda precisión y no sirve. Por su lado, la demandada acompañó en la causa penal a fs. 9 una certificación contable de saldo deudor de cuenta corriente en la que el contador Manuel A. Grandio informó la deuda de $ 17.250,94, al 6 de Abril de 2005, cotejando “la documentación respaldatoria de los movimientos contables asentados en la cuenta corriente nº 1797 de Osvaldo P. Lappano (facturas, notas de débito y crédito, recibos de pago)” (fs. cit. causa penal). Con la declaración testimonial del contador Grandio en estos aut
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