Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63710
En la ciudad de Azul, a los dieciséis días del mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós para dictar sentencia en los autos caratulados: "EYLER MARIO MARCELO c/ LAGOS GABRIELA ALEJANDRA Y OTRO/A s/DAÑOS Y PERJUICIOS"(Causa Nº 63.710), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. LONGOBARDI, Dr. GALDOS y Dr. PERALTA REYES.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs.361/372vta?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Juez Doctora LONGOBARDI, dijo:
I. La sentencia de la anterior instancia, ahora apelada, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Mario Marcelo Eyler y condenó a Gabriela Alejandra Lagos a abonar al primero, dentro de los diez días de quedar firme la liquidación respectiva, la suma de $756.255,17 con más sus intereses y costas, en concepto de indemnización por los daños sufridos por el Sr. Eyler en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Tandil, el día 26 de julio de 2014. Hizo extensiva la condena a Nación Seguros S.A., citada en garantía (art.118 ley de Seguros).
La sentencia fue apelada por ambas partes: la actora a fs.377, recurso concedido a fs. 371, y la demandada y la citada en garantía a fs.375, recurso concedido a fs. 376. Una vez arribado el expediente a esta instancia expresaron agravios: el actor a fs.401/405vta. y los demandados a fs.406/410.
II. Llegan firmes a esta instancia la responsabilidad de la demandada Gabriela Alejandra Lagos en la producción del siniestro, la mecánica del mismo y los daños causados a la víctima, quien a la época del hecho contaba 50 años de edad y se desempeñaba como gerente de banco; habiendo sufrido una lesión en su mano izquierda -fractura expuesta del 3°metacarpiano y traumatismo de miembro superior-; con lesiones definitivas por falta de flexión palmar completa de la misma que le impiden el cierre completo de la mano y la consiguiente limitación para la prensión; asimismo una cicatriz post quirúrgica de 5cm. a nivel dorso de la mano.
La parte actora apeló los montos asignados en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente, indicando como agravios: 1). El error de cálculo en el monto indemnizatorio, al haberse arribado a un resultado erróneo en el porcentual asignado (10,72% de incapacidad), sosteniendo que corresponde un 13%, por la sumatorio de los rubros “Pérdida de función de pinza dominante” (9%) más “cicatriz en zona dorsal de la mano izquierda” (4%). 2). Error en la edad de la víctima al momento del accidente, pues tenía 50 años, según consta en la fotocopia del documento de identidad agregado en la demanda; error que según admite, proviene de la misma demanda, ítem 8.11, en que se consignó que tenía 55 años. 3). Se agravia asimismo por no haberse tomado en el cálculo de la incapacidad, el porcentual de 10% asignado por incapacidad psicológica en la pericia psicológica (aunque, vale aclarar, la sentencia concedió $ 6.000 sobre este rubro, aspecto sobre el que volveré a referirme). 4). Finalmente se agravió del reducido monto asignado por daño moral, solicitando su elevación.
El actor denunció asimismo en su expresión de agravios como hecho nuevo, la modificación, en virtud el proceso inflacionario, de su remuneración; solicitando por ello se oficiase a la entidad bancaria de la que depende, el último sueldo y accesorios. Ello motivó la anterior intervención de esta Sala, en la que se desestimó como hecho nuevo tal circunstancia y la eventual apertura a prueba en esta instancia (fs. 411/412vta.).
La demandada y la citada en garantía, por su parte, consintieron todos los términos de la sentencia, exceptuado el monto de indemnización otorgado por incapacidad física, el cual consideraron excesivo y desproporcionado, solicitando para su cálculo la aplicación de la norma del art. 1086 del Código Civil. Manifestaron que una evaluación cuantitativa del daño no puede ceñirse estrictamente a parámetros rígidos, sino que la suma indemnizatoria debe responder a las circunstancias del caso, sin tener que recurrir a una ecuación matemática, debiendo tomarse en cuenta para ello no solamente las deficiencias físicas, sino cómo se ha manifestado el perjuicio sobre el patrimonio, en el trabajo, afectando sus ingresos. Afirma que el monto de la sentencia se funda únicamente en el grado de incapacidad, sin haberse acreditado que los supuestos padecimientos y secuelas hayan afectado en modo alguno los ingresos futuros del actor.
Encontrándose firme el llamado de autos para sentencia (fs. 419), cumplidos los demás recaudos de ley y practicado el sorteo del orden de votación (fs.421), se encuentran los presentes en condiciones de resolver.
III). Dado que los agravios de ambas partes se refieren exclusivamente a la faz numérica, esto es, a los montos cuantificados en la sentencia, y que los demandados han consentido la misma con la única excepción de la cuantificación por incapacidad física, procederé a analizarlos en el orden en que han sido enumerados por el actor –quien plantea errores de cálculo y montos exiguos-, teniendo en cuenta para el rubro incapacidad física, que habiendo sido apelado por alto y por bajo, este tribunal se encuentra en condiciones de abordar dicho agravio sin limitaciones. Los restantes rubros serán abordados considerando como piso el monto asignado en la sentencia, dado la forma de apelación indicada (sólo por bajos).
Incapacidad física.
Recordemos que el actor, que fue embestido por la demandada al momento en que se aprestaba a subir a su automóvil estacionado sobre la acera derecha, sufrió lesiones en su mano izquierda producidas por el espejo retrovisor del automotor de la demandada. Ello le produjo fractura expuesta del 3°metacarpiano y traumatismo de miembro superior; con lesiones definitivas por falta de flexión palmar completa de la misma que le impiden el cierre completo de la mano y la consiguiente limitación para la prensión; asimismo una cicatriz post quirúrgica de 5cm., a nivel dorso de la mano. El accionante se queja de supuestos errores en las variables utilizadas para el cálculo y en la forma de aplicarse la fórmula. Indica lo que considera errores en las variables: 13% de incapacidad física y no 10,72%; edad: 50 años y no 55 (producto de error en la demanda); no inclusión del 10% de incapacidad psicológica y escasa magnitud del daño moral.
Como sostuvo el juez de la instancia anterior y admitieron las partes, el caso resulta atrapado por la legislación vigente al momento del hecho, es decir, el Código Civil de Vélez Sarsfield, en cuanto a la atribución de responsabilidad y a la existencia y entidad de los daños; quedando en cambio sujeto al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, vigente a partir del 15 de agosto de 2015, en lo que concierne a la cuantificación de dichos daños (art. 7°CCCN). Esta cuestión ya no merece reparos, pues ha sido abundantemente comentada y existe consenso en doctrina y jurisprudencia.
El art. 1746 del CCCN determina que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada.
Esta indemnización procede aún cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado” (lo destacado me pertenece). Me he permitido transcribir íntegramente este artículo, pues el mismo despeja varias de las quejas expresadas por ambas partes en torno a la cuantificación. Qué es lo que corresponde indemnizar: la incapacidad, total o parcial, pero de índole permanente. Para ello, se debe obtener una cifra, un capital que cumpla los parámetros expuestos en la norma. La forma de obtener dicha cifra, con objetividad y sujeción a pautas generales y no individuales para el caso concreto, que dependerían más del voluntarismo del juez que de una sistematización de casos similares que aseguren el parámetro de igualdad ante similares daños, es mediante el uso de fórmulas matemáticas, que para el caso concreto: un capital que se agote al término de la vida útil del sujeto, son las denominadas “formulas de renta constante no perpetua”.
Existen diversas fórmulas, que se venían utilizando desde antes de la sanción del CCCN; en particular en materia de indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales, y que fueron recogidas en diversos fallos de nuestra Corte Suprema (casos “Vuotto” y “Méndez”, a título de ejemplo). Posteriormente se modificaron y adaptaron dichas fórmulas, agregándose otras variables como el porcentual de la tasa de descuento, que contempla el descuento de una tasa de interés puro (que generalmente oscila entre el 2, el 4 o el 6%), por la entrega anticipada de una suma que el damnificado debería percibir a lo largo de toda su vida útil; o la probabilidad (cierta) de incremento futuro de su remuneración.
La fórmula empleada en la sentencia apelada no identifica la utilización de aquella variable (tasa de descuento), que en cambio es de práctica en la fórmula que utiliza este tribunal; lo que no significa, sin embargo, que no haya sido contemplada en la instancia de origen.
Otra cuestión a considerar, es que el art. 1746 sólo contempla las indemnizaciones por incapacidades-totales o parciales- pero permanentes. Veremos la incidencia de este vocablo de la norma al analizar la queja por el porcentual de incapacidad psicológica. Finalmente es de resaltar que la indemnización no cubre únicamente el lucro cesante que produzca la incapacidad, esto es, la pérdida de ingresos reales durante la curación y convalecencia y en la futura actividad laboral de la víctima del daño, sino la pérdida de la aptitud de generar y/o percibir ingresos en el futuro, independientemente de que en la práctica no sufra esta merma .La pérdida del ingreso real o probable esperado, entonces, no es lo que se indemniza a través de esta fórmula (ello dependería de la sola prueba concreta de este daño categorizado como lucro cesante), sino que resulta un parámetro para medir la aptitud concreta de esa persona para producir ingresos en el futuro, tanto sea en el mismo trabajo o si se inicia en otra actividad.
Este tribunal ha dicho que el art. 1746, Código Civil y Comercial, ha traído una innovación sustancial pues prescribe el “deber” de aplicar fórmulas matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. A fines de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica, las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica. Empero, es necesario puntualizar que la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conlleva la aplicación mecánica y automática del resultado numérico al que se arribe; por ende cabe concluir que el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de ponderación ineludible para el juez, pero que en modo alguno excluye la valoración de otros parámetros aconsejados por la sana crítica en su dialéctica relación con las circunstancias del caso (arts. 384 y 474, CPCC de la Provincia de Buenos Aires). Para cuantificar el daño por incapacidad conforme el art. 1746 CCCN resulta ineludible identificar la fórmula empleada y las variables consideradas para su aplicación, pues ello constituye el mecanismo que permite al justiciable y a las instancias judiciales superiores verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos de la exigencia consagrada en los arts. 3 y 1746, Código Civil y Comercial (art. 3, Código Civil y Comercial); (esta Sala, causa n°60.135, “G., Af, vs. Tucci Fabricio Cesar y otro, s/ Daños y Perjuicios” del 29/12/2015).
En este aspecto, no pueden dejar de analizarse los agravios de los demandados en cuanto al elevado monto resultante de la mera aplicación de una fórmula matemática. La doctrina y jurisprudencia admiten que en casos particulares en que las indemnizaciones resultantes del uso de fórmulas matemáticas resulten poco acordes a la realidad social, tanto por elevadas como por exiguas, puedan ser corregidas prudencialmente por el juez, pero a la luz de la sana crítica y expresando sus motivos. Así se explica que la norma admite que su cuantificación sea fijada por aplicación de un criterio matemático , como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial y que en caso de incapacidad permanente la indemnización es procedente aunque la víctima siga trabajando, porque lo que se tutela es la integridad de la persona, su plenitud, aun cuando no desarrolle en concreto tareas remuneradas o productoras de bienes (caso de ancianos, discapacitados, desocupados al momento del hecho, etc.; Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, comentario al art. 1746 CCCN (Dir: Lorenzetti Ricardo Luis, Galdós Jorge M. en Ed. Rubinzal Culzoni, T.VIII ,pg.522/525). Más adelante volveremos sobre este aspecto de la fijación el quantum indemnizatorio y su morigeración.
En cuanto al porcentual de incapacidad asignado, le asiste parcialmente razón al actor que el resultado de las incapacidades determinadas por el perito médico (fs.293/4) ha sido mal sumado, aunque –utilizando el método de la capacidad residual-, tampoco representa un 13% como propicia, sino un 12, 64% (100 % - 9% = 91%; 91% - 4%= 12,64%). No sumaré el 10% de incapacidad psicológica reclamado, pues ella no reviste el carácter de permanente que requiere el art. 1746 CCCN, como se explicará más adelante.
En cuanto a la edad de la víctima, debe admitirse que a la fecha del hecho la víctima tenía 50 años, error no imputable al sentenciante sino a la propia actora (punto 8.11 de la demanda); y una edad de retiro de 65 años. Respecto a los ingresos, resulta admisible el salario considerado en la sentencia de $ 68.000, en cuanto a la tasa de descuento, se utilizará la del 4% anual. Con estos parámetros, y utilizando la siguiente fórmula de renta constante no perpetua:
En la cu
En la cual “A” representa el ingreso anual potencialmente afectado ($94.764,80), “i” la tasa de descuento por año (4%), “n” los períodos productivos restantes (15), y mediante la cual se determina un capital de $ 1.053.631,76, que recogería así los agravios del actor acerca del empleo de fórmulas matemáticas.
Ahora bien, como lo anticipé anteriormente ha señalado en reiteradas oportunidades este Tribunal, el empleo de las fórmulas matemáticas a tenor de lo reglado por el art. 1746 CCCN, no importa que su resultado deba ser seguido de modo mecánico. Ciertamente, ha dicho el Máximo Tribunal local que “para la determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como son aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales de Trabajo. Ello ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza. Pero esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos (conf. mi voto en las causas C. 117.926, "P., M. G.", sent. de 11-II-2015; C. 118.085, "Faúndez", sent. de 8-IV-2015).” (SCBA, causa C 119562, Castelli, María Cecilia, del 17/10/2018).
Por consiguiente, corresponde analizar aquí los agravios de los demandados respecto al monto determinado por este concepto en la instancia de origen, que conforme se acaba de explicitar por el uso de fórmulas matemáticas habituales, y por la corrección efectuada de la edad de la víctima al momento del daño, ha resultado elevada. Para el demandado y la citada en garantía, como se dijo, el monto así resultante sería ”excesivo y desproporcionado”, solicitando para su determinación la aplicación de la norma del art. 1086 del Código Civil. Manifestaron que una evaluación cuantitativa del daño no puede ceñirse estrictamente a parámetros rígidos, sino que la suma indemnizatoria debe responder a las circunstancias del caso, sin tener que recurrir a una ecuación matemática, debiendo tomarse en cuenta para ello no solamente las deficiencias físicas, sino cómo se ha manifestado el perjuicio sobre el patrimonio en el trabajo, afectando sus ingresos. Que el monto de la sentencia se funda únicamente en el grado de incapacidad, sin haberse acreditado que los supuestos padecimientos y secuelas hayan afectado en modo alguno los ingresos futuros del actor.
En igual sentido, ha dicho este Tribunal que para determinar la justicia del monto arrojado por la fórmula matemática aplicada, su resultado debe ser confrontado con los datos de la realidad económica actual, los antecedentes de este Tribunal y, además, el parámetro orientativo general –así considerado por la Corte Suprema en el reciente fallo “Ontiveros, Stella Maris …”, CSJ85/2014, del 10/08/17- proveniente de los montos indemnizatorios mínimos previstos en el sistema de riesgos del trabajo (montos provenientes de la Res. 387/16 de la Sec. de Seg. Social; actualizados acorde el último índice RIPTE informado por esa Secretaría, como lo autoriza la Suprema Corte en la causa L118.532, “Godon, Pablo David …”, del 05/04/17) (esta Sala, causa n° 62051, “Lucio Maria Paula...”, del 03/10/17; en igual sentido, causa n° 61309, "González Carlos Adrián, del 14/02/17, entre otras).
El art. 1086 del Cód. Civil ha sido suplantado por el ya referido art. 1746 CCCN. El concepto de incapacidad sobreviniente comprende en la nueva norma tres aspectos: a) la capacidad laborativa o productiva, o sea la que repercute en la pérdida de ingresos por la afectación a la concreta aptitud productiva o generadora de ingresos, rentas o ganancias específicas. b) la capacidad vital o la aptitud y potencialidad genérica, es decir la que no es estrictamente laboral y recae en la idoneidad intrínseca del sujeto para trabajar o para producir bienes o ingresos; daño éste que puede presumirse. c) el daño a la vida de relación o a la actividad social estrechamente vinculada con la capacidad intrínseca del sujeto. Este último aspecto es discutible, pues algunos autores lo incorporan dentro del daño moral.
Con base en lo anterior, advierto que si bien el daño patrimonial a indemnizar en casos como el de autos está ligado al ingreso económico de la víctima, no puede llegarse al extremo de fijar una indemnización disociada de los parámetros antes indicados y de la realidad económica actual (cf. CSJN, “Bonet, Patricia Gabriela...”, del 26/02/19, con remisión a Fallos: 316:1972; 315:2558), pues ello no solo podría tornar ilusorio el cumplimiento de la condena, sino inequitativo o excesivamente riguroso para la parte deman
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.