Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en cuanto exoneró de responsabilidad a la demandada y rechazó la demanda de daños y perjuicios incoada en su contra (arts. 41, 64 inc. 2° de la Ley 24.449; arts. 375, 384, 456 ss. y cdtes. del CPCC; esta Sala, causa nro. 63.589, sent. del 13/3/19 “Mechoni…”), 2) confirmar, dada la forma de apelación, la regulación de honorarios de fs. 378, por la incidencia de fs. 218/219 (arts. arts. 22, 47 y cc. del Decreto-Ley 8904/77), 3) regular los honorarios de la Dra. Josefina Stacul, por su labor en esta instancia y conforme lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 14.967 (SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”) en una suma equivalente a uno con sesenta y tres (1,63) jus arancelarios, y los honorarios del Dr. Miguel Ibarlucía, por su labor en esta instancia, en una suma equivalente a dos con treinta y tres (2,33) jus arancelarios, en con más el aporte legal e I.V.A., si correspondiere.
Causa nº: 2-64025-2018
"CORONEL LUCAS MAXIMILIANO C/ MOLINA PAOLA ESTHER Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 19 días del mes de Septiembre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós para dictar sentencia en los autos caratulados “Coronel, Lucas Maximiliano c/ Molina, Paola Esther y Otros s/ daños y perjuicios c/ Les. o Muerte (Sumario)”, (causa nro. 64.025), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Longobardi- Galdós- Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 347/359?
2da. ¿Es justa la regulación de honorarios de fs. 378?
3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Doctora Longobardi, dijo:
I. En la sentencia dictada en la anterior instancia se rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por Lucas Maximiliano Coronel contra Paola Esther Molina, Adrián Ernesto Tocco y la citada en garantía Segurcoop Cooperativa de Seguros Ltda. Las costas se impusieron al actor vencido y se regularon honorarios.
Para así resolver, el Juez anterior dijo que el accidente de tránsito que motiva el presente juicio aconteció el día 7 de noviembre de 2011 en una intersección de calles sin semáforo, y al momento de su producción se encontraba vigente la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante ley 13.927, que regula las prioridades de paso. Con referencia al sentido de circulación el art. 41 establece que: “…todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta”, y sólo se pierde ante las circunstancias enumeradas en dicho artículo. Expresó que la demandada tenía la prioridad de paso por circular por la derecha del actor, descartando la prueba testimonial producida por el actor, con la cual intentó acreditar que la demandada circulaba a contramano. Destacó la existencia de croquis ilustrativos realizados en la causa penal, conforme los cuales la Sra. Molina conducía por la calle Iraola en sentido reglamentario.
Consideró que el actor tampoco logró acreditar que la accionada circulara a exceso de velocidad, y coincidió con las conclusiones del Fiscal de la I.P.P cuando dispuso el archivo de las actuaciones por no poder determinarse de manera concluyente que, por parte de la demandada, haya existido una maniobra determinante del hecho lesivo, o su conducción haya sido imprudente y/o negligente, además de que contaba con prioridad de paso, siendo la propia víctima quien al mando de su motocicleta embistió al automóvil.
Por lo tanto, dijo, no configurándose ninguna de las causales que permitirían excepcionar la aplicación de la regla general sobre prioridad de paso, corresponde exonerar de responsabilidad a la demandada y rechazar la demanda.
II. La sentencia fue apelada por el actor (fs. 360), y fundada con la expresión de agravios de fecha 9/5/2019. Los fundamentos del recurso fueron contestados por la citada en garantía (cfr. presentación electrónica de fecha 31/05/2019).
El apelante señaló que la demandada no circulaba en forma reglamentaria (sino que lo hacía a contramano), no tenía prioridad de paso y conducía a exceso de velocidad. Dijo que el juez civil no se encuentra vinculado por las conclusiones de la causa penal, de la cual el apelante no pudo ser parte por encontrarse convaleciente.
Expresó que el acta de fs. 1 de la I.P.P nro. 2957 es totalmente refutable, mientras que el croquis ilustrativo de fs. 9 -que fuera realizado por el oficial sub-ayudante Torres- carece de todo valor probatorio y no suma al esclarecimiento de la causa. Lo mismo dijo de la pericia accidentológica de fs. 69/70, que consideró de escaso rigor científico, dado que el experto ni siquiera se trasladó al lugar de los hechos para realizar una inspección ocular.
Denunció la inexistencia de cartelería en la intersección del accidente que indique los sentidos de circulación de las calles, por lo que considera que el personal policial debió: 1) tomar como doble el sentido de circulación de la intersección sin señalizar, o 2) trasladarse hasta la Av. Lunghi donde hay señalización, para constatar el sentido de la calle Iraola –que es contrario al indicado en las actas-. Aseguró que, de haberse constatado dichos extremos, el resultado del pleito le hubiera sido favorable. Adujo que en la sentencia apelada no fueron debidamente valorados los testimonios de los Sres. Aquino.
Manifestó que no haber hecho referencia al sentido de circulación de las calles en el escrito de inicio no obsta a que el juez pueda hacer mérito de dicha circunstancia al sentenciar, sin vulnerar el principio de congruencia, máxime cuanto la cuestión se introdujo al proceso en plena etapa probatoria.
Habiéndose llamado autos para sentencia (fs. 396) y practicado el sorteo de ley (fs. 397), han quedado los autos en condiciones de dictar sentencia.
III. El recurso no es atendible, por las razones que siguen.
a) Recientemente analicé un planteo de similares características al presente, y señalé que: “…más allá de la confusión que pudo generar la defectuosa señalización de la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y Tierra del Fuego -en particular el sentido de circulación de esta última arteria-, la cuestión debió dirimirse mediante oficio librado a la Municipalidad de Olavarría, para que informe el sentido de circulación de la calle Tierra del Fuego el día del accidente de tránsito (22/3/2016), prueba a cargo de quien intenta acreditar el doble sentido de circulación de una calle, que no se produjo en este expediente. Las alegaciones que puedan realizarse sobre el sentido de circulación de una calle –vgr. actas notariales, fotografías, testimonios, etc.- no resultan idóneas para cambiar su sentido de circulación, establecido por el Municipio. Y si constituye un aspecto controvertido en el proceso, la prueba ineludible es el pedido de informe al ente municipal (arts. 375, 384, 394 y sgtes. del CPCC) (esta Sala, causa nro. 63.589, sent. del 13/3/19 “Mechoni…”).
Conforme lo anterior, el sentido de circulación de una calle no depende de la percepción de uno o dos testigos que puedan presentarse al proceso, máxime cuando con tales declaraciones pretende probarse un sentido de circulación distinto al que surge de actuaciones efectuadas por personal policial en una causa penal (fs. 1, 9, inspección ocular de fs. 55 y croquis ilustrativo de fs. 56/56vta., pericia accidentológica de fs. 68/71, I.P.P 2957). El croquis confeccionado por la policía en una causa penal reviste el carácter de instrumento público, así ha sido valorado por la jurisprudencia al señalar que: “…es un instrumento público, en los términos de la ley civil de fondo, el croquis referencial sobre un accidente de tránsito confeccionado por un funcionario público en el ejercicio de una función que le compete” (Cám. Apel. Civ. y Com. Paraná, Sala II, 5/12/80, citado por Areán, Beatriz A. “Juicio por accidentes de tránsito”, Tomo 3, Ed. Hammurabi, 2006, pág. 840, esta Sala, causa nro. 47.727, del 27/12/2005 “Lezcano…”).
Por ello, resulta insuficiente la prueba testimonial ofrecida por el actor para desvirtuar el sentido de circulación de la calle Iraola que surge de las constancias probatorias provenientes de la I.P.P N° 2957. En cualquier caso, la prueba idónea –oficio al Municipio- tendiente a desvirtuar el sentido de circulación que surge de las actuaciones penales se encontraba a cargo del actor y no fue producida (art. 375 del CPCC).
b) El actor afirmó en la demanda que la Sra. Molina conducía a exceso de velocidad (fs. 111vta.), pero no logró luego acreditar tal extremo de su pretensión (cfr. la pericia accidentológica de fs. 69/70 de la I.P.P, que no pudo establecer la velocidad del Ford Focus conducido por la demandada) (arts. 384, 474 del CPCC).
La valoración de los testimonios debe realizarse de conformidad con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza probatoria de las declaraciones (arts. 384, 456 del CPCC). Señala Quadri que “la valoración, apreciación o crítica del testimonio constituye una operación mental cuya finalidad es conocer el valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Con acierto se ha señalado que la prueba testimonial es quizás la más compleja de evaluar para el juzgador, debido a su esencia netamente humana (y por tal falible), las múltiples circunstancias y motivos que pueden llevar a corroborar o disminuir su fuerza probatoria y la cantidad de condicionantes que operan sobre la fuente” (“La prueba en el proceso civil y comercial”, tomo II, Ed. Abeledo-Perrot, 2011, pág. 1189).
Considero que el Juez de grado no desmereció los testimonios de los Sres. Aquino (cfr. audiencia videograbada de fecha 16/12/2015), sino que su declaración no alcanzó para formar la convicción del juez sobre la verdad de los hechos, analizadas conjuntamente con el resto de las constancias probatorias de la causa penal nro. 2957. Adviértase que en el Acta de Procedimiento de fs. 1 se dejó constancia de la inexistencia de testigos presenciales del hecho, el acta fue labrada el mismo día del accidente de tránsito en la esquina del siniestro. Luego el actor presenta siete testigos entre los cuales hay dos que dicen haber presenciado el accidente, aunque no existe registro de ellos en la causa penal –ni siquiera en la declaración del actor en sede penal se hace referencia a testigos presenciales- (22/12/2011, fs. 44/44vta. de la causa penal), aunque sí fueron presentados dos testigos que declararon que, en la fecha del accidente, el actor se encontraba trabajando para la empresa de Matías Rubiale (cfr. fs. 45, 46 de la I.P.P.).
El día 11/07/2012 se dispuso el archivo de la causa penal por “no poder determinarse de manera concluyente que por parte de la conductora del automóvil marca Ford Focus dominio GTM-910, Sra. Paola Esther Molina, haya existido una maniobra determinante del hecho lesivo, su conducción haya sido imprudente o negligente…” (fs. 72, I.P.P). Luego, en el año 2013 el actor ofrece el testimonio de los Sres. Aquino quienes habrían presenciado el hecho, declarando que la demandada venía a contramano y conducía a exceso de velocidad.
Se ha dicho, en jurisprudencia que considero pertinente traer a colación, que: “si se trata de un testigo que no ha prestado declaración en sede penal y que recién lo hace en el proceso civil, cabe analizar cuidadosamente esa circunstancia, pues lo que acontece en la generalidad de los casos es que quien ha presenciado un hecho ilícito con repercusión penal, preste su colaboración, no sólo en la investigación que se realiza en ese fuero, sino también en las actuaciones que se originan en el ámbito civil. Y obviamente, cuando el testimonio aparece con ulterioridad y después de agotada la instrucción sumarial, ello impone una gran circunspección en su evaluación, en miras de verificar si realmente presenció el hecho sobre el cual depone” (CNCiv., Sala J, 12/02/98, J.A. 2000-I, citado por Benavente, María I. en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Elena I. Highton y Beatriz A. Areán (Dir.), tomo 8, Ed. Hammurabi, 2007, pág. 379).
En el mismo sentido, este Tribunal en un reciente pronunciamiento señaló que pierden verosimilitud las declaraciones de un testigo presencial que no fue ni siquiera mencionado en la exposición civil efectuada al día siguiente del sinestro (esta Sala, causa nro. 63.864, del 3/9/2019 “Pagliaro c/ Calvo”).
En la sentencia apelada el magistrado se inclinó por otorgarle mayor valor a las actuaciones realizadas el mismo día del accidente (el 7/11/2011) y al croquis confeccionado en enero de 2012 en la causa penal, por sobre las declaraciones en sede civil de los Sres. Aquino, que datan del 30/08/2016, y destacó la importancia de la prueba pericial, por sobre la testimonial, a los efectos de reconstruir la mecánica del hecho, máxime cuando los testimonios de los hermanos Aquino –quienes manifestaron que la actora conducía a contramano y a exceso de velocidad- aparecen desvinculados del resto de las pruebas, por lo que no merece objeción la valoración de la prueba realizada en el pronunciamiento apelado (arts. 384, 456, ss. y cdtes. del CPCC, esta Sala, causa nro. 63.340, del 15/11/18 “Ruiz c/ Oviedo”.). Siguiendo con el análisis de la prueba testimonial, señala Quadri que “…la mayor parte de las cuestiones relativas a la eficacia convictiva de la prueba testimonial gira en torno a estos conceptos: credibilidad o atendibilidad. Destacamos, de todo comienzo, que no cabe confundir admisibilidad con atendibilidad: la circunstancia de que la prueba de testigos sea admisible no supone forzosamente que las declaraciones sean idóneas para demostrar el hecho controvertido conducente… podemos decir que un testigo es atendible cuando su declaración resulta idónea para crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos a que aquella se refiere” (Quadri, ob. cit. pág. 1195).
Por ello, no puedo compartir la conclusión del apelante conforme a la cual la declaración testimonial de los hermanos Aquino es la prueba de mayor importancia y relevancia para resolver el caso de autos, y que el Juez de grado haya incurrido en arbitrariedad en su valoración, sino todo lo contrario, arbitrario sería otorgarle valor sólo a dichos testimonios descartando la totalidad de las actuaciones contrapuestas provenientes de sede penal (arts. 384, 456, ss. y cdtes. del CPCC, doct. y jurisp. cit.).
A ello cabe añadir el carácter de embistente del actor, quien colisionó a la demandada en la puerta del conductor de su vehículo, el cual no pudo evitar la colisión, hecho que sí encuentro debidamente acreditado (cfr. acta de fs. 10/10vta, fotografías de fs. 12vta., pericia accidentológica de fs. 69/70, sentencia de archivo de la causa penal, fs. 72/72vta., art. 384 del CPCC, doct. y jurisp. cit.).
Por todo ello, siendo contundentes los elementos probatorios respecto de la activa participación del actor en el accidente y la presunción de responsabilidad en su contra, que surge de contar la demandada con la prioridad de paso en la intersección, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto exoneró a esta última de responsabilidad y rechazó la demanda de daños y perjuicios incoada en su contra (arts. 41, 64 inc. 2° de la Ley 24.449; arts. 375, 384, 456 ss. y cdtes. del CPCC; esta Sala, causa nro. 63.589, sent. del 13/3/19 “Mechoni…”).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Doctora Longobardi, dijo:
A fs. 378 fueron regulados los honorarios por la incidencia de fs. 218/219, y la aseguradora apeló los montos fijados por altos (fs. 379). Consecuentemente, atento la importancia, valor y mérito de las tareas que llevaron al dictado de aquella, considerando que la misma carece de contenido económico y conforme lo dispuesto por los arts. 22, 47 y cc. del Decreto-Ley 8904/77 (esta Sala, causa n°62.225 del 22/06/17, “Ward…”, entre otras; Hitters, Juan Manuel – Cairo, Silvina, “Honorarios…”, pág. 540vta. “in fine”), corresponde confirmar, dada la forma de apelación (por altos), la regulación apelada de fs. 378, que fijó los honorarios de los Dres. Matías González Girodo y Miguel Ibarlucía, en las sumas de pesos dos mil quinientos ($2.500) y pesos un mil setecientos cincuenta ($1.750), respectivamente; en ambos casos con más aporte legal e I.V.A., si correspondiere.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA TERCERA CUESTION, la Sra. Jueza Doctora Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto exoneró de responsabilidad a la demandada y rechazó la demanda de daños y perjuicios incoada en su contra (arts. 41, 64 inc. 2° de la Ley 24.449; arts. 375, 384, 456 ss. y cdtes. del CPCC; esta Sala, causa nro. 63.589, sent. del 13/3/19 “Mechoni…”), 2) confirmar, dada la forma de apelación, la regulación de honorarios de fs. 378, por la incidencia de fs. 218/219 (arts. arts. 22, 47 y cc. del Decreto-Ley 8904/77), 3) regular los honorarios de la Dra. Josefina Stacul, por su labor en esta instancia y conforme lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 14.967 (SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”) en una suma equivalente a uno con sesenta y tres (1,63) jus arancelarios, y los honorarios del Dr. Miguel Ibarlucía, por su labor en esta instancia, en una suma equivalente a dos con treinta y tres (2,33) jus arancelarios, en con más el aporte legal e I.V.A., si correspondiere.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 19 Septiembre de 2019. –
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto exoneró de responsabilidad a la demandada y rechazó la demanda de daños y perjuicios incoada en su contra (arts. 41, 64 inc. 2° de la Ley 24.449; arts. 375, 384, 456 ss. y cdtes. del CPCC; esta Sala, causa nro. 63.589, sent. del 13/3/19 “Mechoni…”), 2) confirmar, dada la forma de apelación, la regulación de honorarios de fs. 378, por la incidencia de fs. 218/219 (arts. arts. 22, 47 y cc. del Decreto-Ley 8904/77), 3) regular los honorarios de la Dra. Josefina Stacul, por su labor en esta instancia y conforme lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 14.967 (SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”) en una suma equivalente a uno con sesenta y tres (1,63) jus arancelarios, y los honorarios del Dr. Miguel Ibarlucía, por su labor en esta instancia, en una suma equivalente a dos con treinta y tres (2,33) jus arancelarios, en con más el aporte legal e I.V.A., si correspondiere. Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase al Juzgado de origen.
Fin de la sentencia