Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64099
En la ciudad de Azul, a los veintinueve días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "SALAZAR ISMAEL OSCAR C/ SUPERCAL S.A. y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Causa Nº 64.099), encontrándose en uso de licencia el Dr. Jorge Mario Galdós al momento de procederse al estudio de la presente causa (Resoluciones SE5732/19 del 5/6/2019 y SE5754 del 7/6/2019), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. LONGOBARDI, Dr. GALDOS y Dr. PERALTA REYES.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación
deducido por los co-demandados María Victoria Romanelli y
Rodolfo Eduardo Seoane?
2da.-¿Es justa la sentencia apelada de fs.387/396vta. y su ampliación de fs. 400?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Juez Doctora LONGOBARDI, dijo:
Al contestar el traslado de la expresión de agravios, el apoderado de la actora, Dr. Héctor Ginés Altamira Gainza, interpuso reposición contra la providencia de fs.407 que ordenó correr traslado a los apelantes de las respectivas expresiones de agravios. Solicitó que se dejara sin efecto el traslado y se tuviera por presentada fuera de término la expresión de agravios de los codemandados Seoane y Romanelli.
Esta petición implica un pedido de deserción del recurso, que debe ser desestimada. En efecto, el peticionante no ha tenido en cuenta que las cédulas electrónicas por las que se corrió traslado a las partes del auto de fs. 407 que ordenaba expresar agravios, fueron libradas el 20/03/2019 (fs. 407vta.), por lo tanto, de conformidad a los dispuesto por el art. 143 inc. 4° párr. 2 y 3 del C.P.C.C. y el art. 7 del Anexo de la Acordada 3845 SCBA, las partes quedaron notificadas el día 22/03/2019, por ser el primer día de nota, y el escrito presentado por el Dr. Alfredo Ignacio Aramburu el 28/03/2019 a las 12:57:28 pm. en representación de los demandados, lo ha sido en término.
Por lo que corresponde rechazar el pedido de deserción del recurso de los codemandados Seoane y Romanelli.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes votó en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Juez Doctora LONGOBARDI, dijo:
I. La sentencia apelada de fs. 387/396, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Ismael Oscar Salazar, únicamente contra los codemandados María Victoria Romanelli y Rodolfo Eduardo Seoane, debiendo estos últimos abonar al actor la suma de $ 284.000, con más los intereses dispuestos en el Considerando VIII de la misma, dentro del plazo de diez días de quedar firme la liquidación respectiva. Por el contrario, rechazó la pretensión respecto de los co-demandados Supercal S.A., Alpajú S.A. y Compañía de Servicios Supertrans S.A., debiendo el actor satisfacer los honorarios del letrado apoderado de estas co-demandadas. Para ello, consideró que el actor –que había edificado con materiales propios en terreno de propiedad de los codemandados Romanelli y Seoane, lindero al terreno que le había sido adjudicado por la Municipalidad-, debía ser considerado poseedor ilegítimo pero de buena fe (art. 2588 Cód. Civil) y por ello el propietario del terreno, en lugar de demoler lo edificado como de hecho ocurrió, debería haberse apropiado de la edificación indemnizándolo con el valor de los materiales y mano de obra, así como los daños y perjuicios que pudieran haberse producido y aún el mayor valor, si éste superara los otros rubros.
La sentencia fue apelada por el actor en presentación electrónica de fecha 9/11/18 y por las codemandadas María Victoria Romanelli y Rodolfo Eduardo Seoane, en presentación electrónica del 14/11/18. Los recursos fueron concedidos a fs.400/401; expresando agravios el apoderado del actor (presentación de fecha 28/3/2019 a las 11:15:39am) y el de los co-demandados María Victoria Romanelli y Rodolfo Eduardo Seoane (28/3/2019 a las 12:57:28pm), siendo respondidos los agravios por el apoderado del actor (8/04/2019 a las 03:18:51pm), al mismo tiempo que dedujo reposición ante este Tribunal, lo que constituyó la Primera Cuestión del presente voto.
II.) En sus agravios, el actor solicita: a) que se haga extensiva la condena a los restantes co-demandados: Alpajú S.A., Supercal S.A. y Supertrans S.A., con fundamento en el art. 2588 del Cód. Civil.; b) se eleven los montos indemnizatorios de los daños concedidos; c) se le conceda el rubro daño psicológico- rechazado en primera instancia-, con sustento en el informe pericial psicológico; d) se eleve asimismo el monto indemnizatorio del daño moral.
A su turno, los co-demandados apelantes Seoane-Romanelli solicitan se deje sin efecto la condena. Luego de analizar el art. 2588 del Cód. Civ. consideran que ese no es el caso de autos. Que los propietarios no fueron quienes demolieron la vivienda; que tampoco hicieron acción u omisión alguna antijurídica y que tampoco hay disposición legal alguna que los obligue a responder. Sintetizan sus agravios en tres aspectos: 1) que la sentencia se basa en disposiciones legales no invocadas por el actor; 2) que no existe acción, omisión, disposición legal, contrato y/o responsabilidad extracontractual alguna por parte de los demandados, que los obligue a responder por los daños reclamados; 3) que se haga lugar al daño moral.
El desarrollo de los principales argumentos de estos agravios de las partes, será realizado a medida que se proceda a analizar la respuesta a los recursos en tratamiento.
III.) Como cuestión previa y dado que la sentencia se basa en los arts. 2587, 2588, 2356 y 2519 del Código Civil derogado, cabe mencionar que los hechos que dieron lugar a esta demanda tuvieron lugar durante la vigencia de aquel cuerpo legal, es decir, con anterioridad al 1° de agosto de 2015; por lo que resultan aplicables aquellas normas (art. 7° del C.C.C.N, Ley 27.077). Sin perjuicio de ello también podemos agregar que en el nuevo régimen vigente no existen disposiciones que modifiquen la interpretación legal efectuada ni la solución del caso, por lo que no se presentan cuestiones de derecho transitorio que abordar. Ello por supuesto, sin perjuicio de que el nuevo Código vigente constituye una importante vía interpretativa de los hechos y de las normas del anterior código velezano, por lo que tales normas deben ser actuadas de conformidad con los preceptos del actual C.C. y C. (art.2), (SCBA, Causa 121.306, ”Loscar....” sent. del 29/02/2019, del voto del Dr. de Lázzari que conformó mayoría; (esta Sala, causas n° 60474, "José, Claudio Fernando...”, del 10/03/16; nº 60346, “Di Tomaso, Graciela...”, del 10/05/16; "Acosta Cier Alejandro...”, del 06/06/16, n°61.655, del 7/3/2017, “Rusconi”, entre otras).
IV.) a) Antes de ingresar en el tratamiento de los agravios, cabe recordar los hechos que dieron origen al reclamo indemnizatorio de estos autos, que fueran analizados por esta Sala al resolver en los autos caratulados "Salazar Ismael Oscar C/ Fal Juan Esteban y Otros S/ Incidente de Redargución de Falsedad", Expte. N°64104. Los mismos hechos fueron analizados con motivo de demanda promovida por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul, autos “Salazar Ismael Oscar / Municipalidad de Olavarría s/ Pretensión Anulatoria”, Expte. n°8486, con sentencia de fecha 13/2/2017 que también se encuentra firme.
De acuerdo a los procesos sobre los que se extiende la cosa juzgada de estas causas, en particular el trámite contencioso administrativo, pueden sintetizarse así los hechos: el Sr. Salazar resultó adjudicatario de un terreno por parte de la Municipalidad de la ciudad de Olavarría, construyendo, en el que creyó que era su terreno, una vivienda por un plan de autoconstrucción. En el mes de junio de 2011 debió ausentarse por razones de salud, pasando unos días en la casa de su hijo, y al regresar encontró que su vivienda había sido demolida y los escombros y todos los muebles y enseres de su casa, arrojados a la basura. Por dichos de sus vecinos supo que la demolición había sido realizada por la empresa Supertrans S.A. Al dirigirse al Municipio para reclamar por su vivienda, tomó conocimiento que por error, había edificado la misma, no en el lote designado como parte de la parcela 2-D de esa manzana, que era el adjudicado, sino en el parte del lote lindero, parcela 2-c, perteneciente a los codemandados Seoane y Romanelli. Luego de serle desadjudicado el terreno-, por parte del Municipio-por surgir que tenía iniciado ante la Casa de Tierras un trámite de escrituración de otro terreno, lo que motivó la promoción de la demanda contra éste, en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se ordenó al Municipio restituirle el terreno, o de no ser ello posible, el valor del terreno (sent. 21/11/2017, Cam. Cont. Administrativa de Mar del Plata).
En autos, el actor manifestó haber demandado a todas las partes involucradas: Seoane y Romanelli, como propietarios y vendedores de la parcela 2-C en la que estuvo edificada la vivienda demolida; Supercal S.A. y Alpajú S.A como adquirentes por boleto de dicho terreno –aunque posteriormente Supertrans cedió sus derechos a Alpajú S.A. que es quien escrituró el terreno a su nombre; y Supertrans S.A. por ser la empresa que efectuó materialmente la demolición de la vivienda. Afirmó en la demanda que accionaba contra todos para que, si alguno tenía en su poder el boleto de compraventa lo agregara, y poder así acreditar la entrega de la posesión a algún otro de los codemandados, para evitar ser condenado (por los daños).
b). Por razones metodológicas abordaré en primer término los agravios de los demandados Seoane y Romanelli, que solicitaron se deje sin efecto la condena en su contra. Recordemos que se agraviaron por considerar que el art. 2588 del Cód. Civ., en que tiene sustento la condena, no es el caso de autos. Que los propietarios no fueron quienes demolieron la vivienda; que tampoco hicieron acción u omisión alguna antijurídica y que tampoco hay disposición legal alguna que los obligue a responder. Se agraviaron en particular porque: 1) la sentencia se basa en disposiciones legales no invocadas por el actor; 2) no existe acción, omisión, disposición legal, contrato y/o responsabilidad extracontractual alguna por parte de los demandados, que los obligue a responder por los daños reclamados; 3) se agravian de la condena por daño moral. Afirma el apelante que es erróneo el encuadre jurídico que la jueza de autos da al caso, pues si bien es cierto que cuando se construye en inmueble ajeno el titular de éste es dueño de las construcciones pero debe una indemnización a quien las realizó, la sentencia hace operar estas disposiciones del Código Civil como si fuese un seguro. Pero argumenta que no se dio el supuesto de hecho indicado, pues el actor reclama daños y perjuicios por la demolición y no por estar su vivienda construida en terreno ajeno; ya que no surge de prueba alguna que los demandados Seoane y Romanelli hubieran demolido la vivienda. Es decir, se los condena sin que haya existido acción u omisión de su parte y tampoco tenían disposición legal alguna que los obligue. Transfieren la responsabilidad del daño ocasionado al actor a quien o quienes destruyeron su vivienda, agregando que de su parte transfirieron el inmueble mediante escritura de compraventa, es decir, hay una sucesión de propietarios y la adquirente también está obligada. Finalmente, se agravian por cuanto la sentencia no determina cual fue la causa del daño, que no fue la obligación legal del propietario del inmueble (que surge del art. 2588) sino la demolición del mismo por terceros.
Comenzando por este último aspecto, surge de la lectura de la sentencia que los Sres. Rodolfo Eduardo Seoane y María Victoria Romanelli han sido condenados como propietarios del inmueble porque la demolición se realizó en el mes de junio de 2011 y la escritura de compraventa celebrada con ALPAJU S.A. tiene fecha 1°de agosto de 2011 (ver demanda a fs.23 y escritura de fs.50/54). Ello desvirtúa los dos restantes argumentos: el primero de ellos, que la condena se basó en disposiciones legales no invocadas por el accionante; cuestión por otra parte inatendible en tanto el juez puede aplicar a los hechos, tal como están planteados en la traba de litis, el derecho que considere aplicable para resolver la cuestión, con prescindencia de las normas legales invocadas por las partes.
En esto consiste el principio “Iuria novit curia” (art. 163 inc. 6° CPCC). Al resolver las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por los codemandados Alpajú S.A:, Supercal S.A. y Supertrans S.A., la Sra. Jueza manifestó que “…como adquirentes del inmueble cuya Parcela es 2c y no 2 d, como indica el actor, no poseen ninguna vinculación con el Sr. Salazar…”. “…surge claramente de la pericia de agrimensura realizada por el Sr. Ruben Sánchez, (ver fs. 295/98) que existía una construcción en la parcela 2c, que no tengo dudas que el Sr. Salazar construyó su vivienda en la parcela equivocada (a él se le dio la parcela 2d y él construyó su casa en la 2c -propiedad de los codemandados Seoane y Romanelli)…”.
“De ello se sigue una consecuencia jurídica de relevancia para este caso: todo lo sembrado, plantado o edificado en un inmueble tiene carácter accesorio de éste, de tal modo que pertenece al dueño del suelo (doctr. art. 2315 y conc. del Código Civil), sin perjuicio de los problemas que se pueden presentar entre el dueño de la tierra y el dueño de los materiales, semillas o plantas, a los que el Código Civil da respuesta en los arts. 2587 y sig. (conf. Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales", 5ª edición actualizada por Delfina Borda, T. I, págs. 290 y 291; Beatriz Arean, comentario a los arts. 2587/2589 en "Código Civil…" de Bueres-Highton, T. 5-A págs. 578 y sig., esp. pág. 580; esta Sala, causa n° 59.195, "Natalle", del 18.09.2014)…” (consid.
IV, fs.393/393vta.). “…la excepción de falta de legitimación pasiva de los codemandados ALPAJU SA y Compañía Supertrans SA, la que debe prosperar; toda vez que poseen la calidad de terceros respecto de la relación que sí existió entre el titular anterior del predio Romanelli y Seoane y el Sr. Salazar.- Los codemandados referidos, son adquirentes a título oneroso del predio de 14 has, el cual poseía una construcción (léase casa de Salazar), pero que el hecho que por testigos se tenga por acreditado que fueron máquinas de la empresa Supertrans SA y/o de los Spinella (como refieren los testigos) las que derrumbaron la casa de Salazar no los alcanza para tener que responder por el hecho en sí…” (consid.
V, fs.394).
Por otro lado, el apelante se limita a manifestar que no existe prueba alguna de que hayan sido los propietarios -es decir, ellos mismos- quienes realizaron la demolición, intentando derivar la responsabilidad hacia los adquirentes. Pese a ello, ante lo irrefutable de la fecha de enajenación (ver informe de dominio de fs.13/15), y estando probada la demolición por la pericia de agrimensura (fs. 295/298), el razonamiento de la sentenciante al enmarcar el caso en el art. 2588 del Cód. Civil y hacer responsable al propietario del inmueble -que está facultado para adueñarse de lo construido en su terreno indemnizando al propietario pero no a demolerlo-, resulta una derivación lógica de los hechos probados y del derecho vigente (art. 166 inc. 5° y 6° CPCC).
c) En cuanto al agravio sobre la procedencia del daño moral, el hecho de que Salazar haya sido poseedor ilegítimo –aunque de buena fe-, no desmerece la obligatoriedad de satisfacer el daño moral, pues las conductas de las partes no pueden compensarse como si se tratase de sumas de dinero. El apelante no expresa ninguna crítica lógica y razonada contra los argumentos de la sentencia, para desvirtuar el acogimiento del daño moral, por lo que su recurso-en este aspecto- debe considerase inadmisible (art. 260 C.P.C.C.).
Corresponde en consecuencia y así lo propongo, rechazar el recurso de los codemandados Romanelli y Seoane, confirmando la condena de los mismos a reparar los daños ocasionados.
V.) Los agravios del accionante.
a) Como se dijo, el actor Salazar cuestionó, en parte, la sentencia que le concedió la indemnización solicitada. Reclamó ante esta instancia: a) que se haga extensiva la condena a los restantes co-demandados: Alpajú S.A., Supercal S.A. y Supertrans S.A.; b) que se eleven los montos indemnizatorios de los daños concedidos; c) que se conceda el rubro daño psicológico- rechazado en primera instancia; y d)que se eleve asimismo el monto en concepto de daño moral. Pidió también que se computen los intereses desde la fecha de demolición de la vivienda (junio de 2011).
La extensión de condena respecto de Alpajú S.A. y Supercal S.A., se solicita por el hecho que ambos habrían sido adquirentes por boleto de compraventa y poseedores del terreno sobre el que estaba edificada su vivienda, con anterioridad a la fecha de escritura, resultando por tanto responsables de la demolición conjuntamente con Supertrans S.A., que fue la empresa que ejecutó materialmente la misma. Sin perjuicio de algunas expresiones imprecisas que pueden dar lugar a confusión en el considerando V de la sentencia, la escritura de compraventa n° 280 de fecha 1° de agosto de 2011, pasada por ante el Escribano Juan Esteban Fal textualmente indica(fs. 52) que ...”el vendedor cede y transfiere a favor de “Alpaju S.A.”, todos los derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre el inmueble relacionado y vendido habían y tenían, a quien asimismo ratifican en la posesión material y efectiva del inmueble que tiene tomada por la tradición verificada en legal forma, con el mismo totalmente desocupado y sin oposición de terceros.....”. Y más adelante continúa:....”Impuesto el representante de la sociedad adquirente del contenido de la presente escritura de compraventa de inmueble que se otorga a su favor, Manifiesta: a) Que se encuentra en posesión de lo adquirido por haberlo recibido de los vendedores en el día de la fecha y sin oposición de terceros”. Por otra parte, el invocado art. 2588 Cód. Civil, se refiere al “dueño del terreno”, como la persona que puede adueñarse de lo edificado, previa indemnización al tercero dueño de los materiales y la obra.
Por consiguiente, teniendo en cuenta que las manifestaciones de las partes en la escritura pública son oponibles entre las mismas y frente a terceros, en razón de no haber sido impugnadas por falsedad (es este caso, ideológica) ni producido prueba en contrario (art. 296 inc. a., CCCN), lo que no se ha dado en autos, no hay otra interpretación posible que los dueños del terreno, a la fecha que el propio actor indicara como de la demolición (30/06/2011), eran los codemandados Romanelli y Seoane, no resultando posible extender la responsabilidad por el daño reclamado a las restantes codemandadas, por no existir a su respecto obligación jurídica alguna, ya que el precepto del art. 2588 no les alcanza.
Todo ello, sin perjuicio de las relaciones internas que pudieren existir entre las partes vendedora y compradora y de la eventual pretensión de regreso que la vendedora pudiere esgrimir frente a la compradora. Por otra parte, la alegación del actor de que se vio obligado a promover la demanda contra todos los co-demandados para lograr la exhibición de un eventual boleto de compraventa que clarificara el poseedor a la fecha de la demolición, es infundada, en razón de que para esas situaciones expresamente el Código de Procedimiento
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