Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64380
Causa nº: 2-64380-2019
"PASTOR NANCY SUSANA C/ DI MARCO MARIA CECILIA S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 139 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los once días del mes de Octubre de Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi , Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós , para dictar sentencia en los autos caratulados: "PASTOR, NANCY SUSANA C/ DI MARCO, MARÍA CECILIA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (CAUSA N° 64.380), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi .
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Corresponde confirmar la sentencia de fs. 265/273?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós , dijo:
I.- 1.- Nancy Pastor promovió demanda contra María Cecilia Di Marco reclamando el resarcimiento del daño moral y patrimonial derivado de la conducta antijurídica de la demandada quien vulneró sus derechos de propiedad intelectual al plagiar, en dos trabajos académicos, una anterior obra de su autoría, protegida por la ley 11.723. Manifiesta que ambas son docentes de la Universidad Nacional del Centro y que ella es autora del libro “Aportes para una Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires”, publicado por el Departamento de Impresiones y Publicaciones de dicha Universidad, Secretaría de Bienestar y Extensión Universitaria, en Octubre del 1999 (Registrada bajo el nº ISBN 950-658-068-5). Aduce que dicha obra fue objeto de plagio por la demandada en dos trabajos posteriores, en los que copió numerosísimos párrafos completos y otros conceptos de su autoría intelectual, que ella había vertido en su publicación del año 1999, omitiendo Di Marco efectuar las citas y las referencias correspondientes a fines de indicar que le pertenecían a la demandante. La accionada vulneró sus derechos intelectuales, patrimoniales y morales, incurriendo en plagio en dos trabajos, que son los siguientes: 1) tesis de maestría María Cecilia Di Marco titulada “El Proceso de Desarrollo y Diversificación de la Universidad Argentina. El caso de la UNCPBA (1964-1975)”, presentada en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires –año 2002-; y 2) otro artículo de Di Marco titulado “Los Procesos de Gobierno y Gestión en Universidades Regionales Durante el Proceso de Reorganización Nacional. El Caso de la UNCPBA” publicado en el medio digital Revista Argentina de Educación Superior (RAES), correspondiente al Número 4 –abril de 2012-. La actora solicita, además de la reparación patrimonial y moral, la cesación del uso o secuestro del material ilícito, no obstante que con anterioridad había pedido que se ordene a la revista digital RAES el retiro del artículo, informando su invalidez por razones legales o, en su defecto, que se corrijan los párrafos plagiados de la obra con la aclaración –accesible en el mismo link- de que el artículo fue objeto de cambio por razones legales.
La pretensión actora fue resistida por la accionada, quien además opuso excepción de falta de acción y de prescripción. Con relación a esta última, que es la única que subsiste en la actualidad, manifestó que ha operado la prescripción bianual del art. 4037 del Código Civil porque su tesis de maestría fue presentada el 31 de Diciembre de 2002 y el artículo publicado en la revista digital RAES el 30 de Abril de 2012 y en la demanda no existe ninguna referencia expresa a la fecha en que Pastor tomó conocimiento de dichas publicaciones. Por el contrario la actora en su carta documento del 17 de Julio de 2014 manifestó “que he podido observar” (las publicaciones de la demandada). En consecuencia, tomando como acto interruptivo la fecha mencionada precedentemente (17 de Julio de 2014), tanto con relación a la tesis de maestría del año 2002 como a la publicación de la RAES del año 2012, la acción está prescripta por haber transcurrido el plazo bianual mencionado. Añade que Pastor, en su propio escrito de demanda, manifiesta que el artículo de la RAES lleva tres años de publicación en Internet.
Sustanciado el proceso, la sentencia de Primera Instancia consideró configurado el plagio y condenó a María Cecilia Di Marco a abonar a Nancy Pastor la suma de $60.000 en concepto de daño moral, con más los intereses que correrán desde la fecha del traslado de la demanda, “a la tasa pasiva digital que pague el Banco de la Provincia en sus operaciones a través de dicha operatoria” (sic, fs. 273, sentencia de Primera Instancia). Además, ordenó notificar el contenido de la sentencia a la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN y a la revista digital RAES, a los fines de que “evaluando el contenido, lo probado y lo decidido, adopten las medidas que consideren pertinentes, conforme la ley general vigente, y las normas internas que regulan su ámbito científico y académico” (cf. fs. 273 cit., sent. de Primera Instancia). Impuso las costas a la accionada vencida y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad de los arts. 27 inc. a y 51 de la Ley 14.967.
Para así decidir, el fallo de primera instancia se refirió -en primer lugar- a la carga de la prueba recordando la regla de que dicha carga incumbe al actor y el demandado debe acreditar los hechos que invoca en su descargo. Tras ello rechaza la excepción interpuesta como falta de acción porque –contrariamente a lo sostenido por la demandada- la obra de la actora “Aportes para una Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires” figura inscripta en el Registro Nacional de Derecho de Autor. Paso seguido también rechaza la excepción de prescripción sosteniendo que no está vencido el plazo de dos años previsto por el art. 4037 del Código Civil derogado porque en la carta documento del año 2014 la actora describió circunstanciadamente que tuvo conocimiento de la publicación de los trabajos de la demandada dos meses antes del envío de dicha misiva. Acota que si bien las cartas fueron remitidas por correo electrónico, cuya autenticidad fue negada por la demanda, igualmente corresponde tenerlas por acreditadas según las reglas de la sana crítica. Sobre esa base también considera “probado el escenario temporal en el que la actora se anotició de la existencia de los trabajos de la demandada” (sic., fs. 270).
Luego, el juez ingresa en el análisis de la cuestión de fondo, para lo cual considera los dos dictámenes periciales emitidos por los expertos propuestos por cada parte. Así, el dictamen de fs. 240/241 del Dr. Arturo Álvarez Hernández, ofrecido por la demandada, es categórico y asertivo en el sentido en que los dos trabajos Di Marco “se ha servido abundantemente de la publicación de Pastor, Nancy (Documento 1), haciendo pasar como propios extensos pasajes de la publicación de Pastor, que están transcriptos literalmente o levemente modificados, sin estar marcados por comillas (requisito básico cuando se transcribe literalmente) y sin siquiera aclarar con una nota al pie la deuda con dicha fuente …” (sic., fs. 271 vta.).
Añade -además de otras modificaciones en detalles insignificantes – que es grave y reprochable desde el punto de vista de la ética científica “el hecho de que en la bibliografía citada por Di Marco incluya la publicación de Pastor (página 132) y de que Di Marco mencione a Pastor entre las fuentes orales de las que obtuvo información (página 128)” (sic., fs. 271 vta.). Ello no releva de la existencia de plagio lo que demuestra también que ellos fueron hechos a conciencia”. A su vez, el dictamen pericial de fs. 233/235 del Dr. Fernando E. Barba, ofrecido por la actora, efectúa un completo análisis comparativo de los tres trabajos (el de Pastor y los dos de Di Marco) indicando puntualmente en cada uno de ellos cuáles son los párrafos completos de las obras de la actora utilizados por la demandada, los que algunos tienen cambios de palabras, omitiéndose en casi todos efectuar las citas correspondientes.
Sobre la base de ambas pericias el juez concluye que la demandada incurrió en un hecho ilícito, que habilita la procedencia del daño moral. Sostiene que dicho daño se presume a partir de los hechos acreditados y tiene por ciertos los padecimientos espirituales e intranquilidades que sufrió la actora, su sorpresa por encontrarse plagiada por una colega de la misma institución universitaria, todo lo que torna admisible el daño moral, que cuantificó en la suma de $60.000. Dicha suma devengará intereses, los que correrán desde la fecha del traslado de la demanda, “a la tasa pasiva digital que pague el Banco de la Provincia en sus operaciones a través de dicha operatoria” (sic, fs. 273 cit., sentencia de Primera Instancia).
En lo relativo a la reparación de las cuestiones no dinerarias principalmente las vinculadas con la rectificación de los párrafos de las obras impugnadas o las aclaraciones en ellas de que fueron objeto de plagio, el Sr. Juez de Primera Instancia, considerando que la receptora de dichas medidas es la Universidad Nacional del Centro, que es una entidad autárquica y autónoma, dispuso la remisión de copia de la sentencia a dicha institución y a la revista digital RAES, a fines de que evaluando el contenido del fallo adopten las medidas pertinentes, en el marco de la ley general vigente y de las normas que regulan el ámbito científico y académico.
2. Contra ese pronunciamiento, la accionada interpuso recurso de apelación a fs. 313 punto II), expresando agravios a fs. 337/345 vta. (digitalizados el día 07/06/2019), los que fueron contestados por la accionante a fs. 347/355.
3. Los agravios de la demandada se centran en la no admisión de la excepción de prescripción, en primer lugar, y en la procedencia de la pretensión y del resarcimiento, en segundo lugar. En lo relativo al primer punto afirma que Pastor explica las circunstancias que motivaron su reclamo mediante carta documento del año 2014 utilizando como medio para justificar la fecha que tomó conocimiento varios correos electrónicos, cuya autenticidad negó. De ese modo se queja de que se le confirió pleno valor probatorio a esa prueba documental, ya que fue desconocida. Más adelante sostiene que en la carta documento enviada por Pastor, en mayo de 2014, expresa que “he podido observar”, de lo que deduce que ya conocía desde antes y en fecha anterior las publicaciones.
Concluye que el rechazo de la excepción planteada vulnera las reglas de la sana crítica porque confiere valor probatorio a la documentación desconocida (los correos electrónicos). Más adelante puntualiza que la actora debió haber recurrido al procedimiento previsto en el art. 72 y concs. de la ley 11.723 para determinar en el ámbito penal si se configuró la figura del plagio. Un tercer agravio sostiene que el Juez de Primera Instancia incorporó irregularmente prueba no solicitada por la actora cuando en la audiencia de fs. 168, en uso de las facultades de los arts. 34 y 36 del C.P.C., ordenó librar oficio a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para que remita los originales de los trabajos académicos.
Recalca que de esa manera se exceden las facultades judiciales otorgadas por los artículos mencionados. En lo relativo a la configuración del hecho ilícito sostiene que la pericia efectuada por el Dr. Arturo Álvarez Hernández no debe ser considerada ya que vierte manifestaciones subjetivas y carece de rigor científico. Con respecto a la pericia del Dr. Enrique Barba –quien, acota, hizo un pormenorizado estudio- sostiene que se especifican las citas correctamente efectuadas al pie de página y que no pudo el experto determinar cuáles eran las normas legales supuestamente infringidas manifestando no ser experto en derecho dada su condición de doctor en Historia. De allí deduce la inexistencia de normas legales expresas que regulen el régimen de citas de las obras académicas.
Hace alusión a los usos y costumbres, y luego menciona los numerosos tratados internacionales destacando los siguientes: “Tratado de Montevideo sobre propiedad literaria y artística” –adoptado en Montevideo el 25 de Agosto de 1888-; “Convención sobre Propiedad Literaria y Artística”; 4ª Conferencia Internacional Americana. Buenos Aires, 1910 (ratificada por Ley 13.585); “Convención Interamericana sobre derecho de autor de las obras literarias, científicas y artísticas” –también conocida como Convención de Washington, suscripta el 22 de junio de 1946; “Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas” –originario del 9 de septiembre de 1886, y enmendado por última vez el 28 de septiembre de 1979-; “Convenio estableciendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” –adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967-; “Convención universal sobre derechos de autor” –celebrada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952-; y “Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (TODA)” –adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996- (cf. fs. 336/337).
De las citas textuales de buena parte de esa normativa, la demandada apelante arriba a la conclusión de que los estados firmantes de los tratados mencionados son quienes deben dictar la legislación interna para proteger los derechos de autor, existiendo numerosas excepciones en los casos en que las citas se efectúan citas con fines académicos y de manera honrada y en su justa medida, sin que ellos afecten la honorabilidad o el derecho de propiedad del autor. Afirma que no se verifica ningún supuesto de plagio porque no existe “combinación novedosa de elementos preexistentes”, “ni apropiación del esfuerzo intelectual ajeno”, “no se han reproducido, en autos, conceptos contenidos en un artículo publicado por otro como si fueran propios” y “no toda simple frase, renglón o párrafo puede ser plagiado si no se verifica la creación intelectual del plagiado” (sic., fs. 337 vta.).
Prosigue manifestando que existen muchas reglas de estilo de citas (hace referencia a las normas Estilo APA Harvard) pero que no constituyen normas jurídicas porque carecen de poder coercitivo. Concluye diciendo que no se constituyó ningún supuesto de plagio porque lo que importa no es la apropiación de la obra ajena, sino la apropiación de su esencia, la idea fundamental que se transmite, la parte principal de otro trabajo. Y en autos no se verificó ninguno de esos supuestos máxime que en las obras de la demandada se hace referencia a datos históricos y las publicaciones no guardan similitud entre sí. Por ello solicita el rechazo de la demanda y, eventualmente, que se modifique el monto establecido y la notificación a la UNICEN y a la revista RAES.
En su escrito de contestación de agravios de fs. 347/360 la actora solicita se declare desierto el recurso de la actora y subsidiariamente contesta el traslado conferido.
Llamados autos para sentencia (cf. fs. 356) y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación (cf. fs. 357), el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- Inicialmente cabe señalar que debe ser desestimada la pretensión de la actora, deducida en el escrito de contestación de agravios de fs. 347/360, en la que se solicita se declare la deserción del recurso de apelación de la demandada fundado a fs. 333/338. En efecto, dicha pieza procesal cumple acabadamente con los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación toda vez que-más allá de su fundabilidad- resulta formalmente procedente porque contiene, en general, una crítica concreta y razonada de la sentencia recurrida (arts. 260 y 261 C.P.C.). En suma: el recurso de apelación interpuesto por la demandada perdidosa es formalmente admisible, aunque –como se verá más adelante- improcedente por resultar infundado, sin perjuicio de que, como se analizará más adelante, no impugna algunos aspectos puntuales (arts. 260 y 261 C.P.C. cit.). Por lo tanto no es atendible la pretensión de la parte actora en que se declare totalmente desierto el recurso de apelación.
2. El rechazo de la excepción de prescripción de la acción resarcitoria opuesta por la accionada María Cecilia Di Marco debe ser confirmado (art. 4037 y concs. CC).
2.- 1.- Empero, con carácter previo al análisis de dicha cuestión, recuerdo brevemente el objeto litigioso debatido atendiendo a lo resuelto por Primera Instancia: la actora Nancy Pastor es autora de la obra “Aportes para una Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires” (en adelante “Aportes …”) publicado por el Departamento de Impresiones y Publicaciones de dicha Universidad, Secretaría de Bienestar y Extensión Universitaria, en el mes de Octubre del 1999 (Registrada bajo el nº ISBN 950-658-068-5). Por su lado, Di Marco, en dos obras suyas, vulneró los derechos intelectuales de la demandante, infringiendo la ley 11.723 de Propiedad Intelectual y la normativa complementaria, cometiendo un acto antijurídico al haber plagiado aquél trabajo en dos publicaciones de su autoría (arts. 1066, 1067 y concs. Cód. Civil; arts. 1708, 1716, 1717, 1721, 1724, 1725 y concs. CCCN). Los dos trabajos de María Cecilia Di Marco, en los que utilizó ilícitamente material intelectual de la actora, son los siguientes: 1) tesis de maestría “El Proceso de Desarrollo y Diversificación de la Universidad Argentina. El caso de la UNCPBA (1964-1975)” (en adelante “tesis de maestría, o, indistintamente, “El Proceso …”) presentada en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (año 2002); y 2) un artículo titulado “Los Procesos de Gobierno y Gestión en Universidades Regionales Durante el Proceso de Reorganización Nacional. El Caso de la UNCPBA” (en adelante “Los procesos de gobierno …” o, indistintamente, artículo de la Revista Digital o de la RAES) publicado en el medio digital Revista Argentina de Educación Superior correspondiente al Número 4 de abril del año 2012.
Retomando lo atinente al rechazo de la excepción de prescripción, en el caso de autos, el cómputo del plazo de inicio debe efectuarse a partir del momento en que el damnificado conoció o pudo conocer la existencia de las publicaciones consideradas plagiantes. En tal sentido explica López Herrera que si bien la regla general en materia de daños y perjuicios es que la prescripción comienza a correr desde la fecha que se produjo el daño, concurren algunos supuestos de excepción (agrego, como el que es objeto de juzgamiento) en los que debe computarse un momento posterior, que corresponde a la fecha de conocimiento del daño. Añade que “el conocimiento que se requiere no es una noticia rigurosa sino una razonable posibilidad de información … La doctrina nacional es pacífica en hacer arrancar excepcionalmente la prescripción desde la fecha del conocimiento del daño salvo que el desconocimiento provenga de una negligencia culpable, porque es recién desde ese momento que el dañado puede actuar ” (conf. López Herrera, Edgardo -Director-, “Tratado de la prescripción liberatoria”, Tomo I, págs. 140/141). Concluye el autor citado adhiriendo a ese criterio y afirma que “nuestra opinión coincide con la de la mayoría de la doctrina nacional: la prescripción de la acción de daños comienza a correr desde que el damnificado conoce el daño, salvo que el desconocimiento proviniere de una negligencia culpable. No puede ser de otra manera, porque quien no conoce ni ha podido conocer por ningún medio razonable a su alcance que ha sido dañado no puede actuar. Es el fundamento mismo de la prescripción el que justifica que sea así” (conf. aut. y ob. cit. preced
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.