Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63864
Causa nº: 2-63864-2018
"PAGLIARO, STELLA MARIS C/ CALVO, OSCAR ANTOLIN Y/U OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARIO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 122 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los cinco días del mes de septiembre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, encontrándose excusada la Dra. María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Pagliaro, Stella Maris c/ Calvo, Oscar Antolín y/u otros s/ Daños y Perjuicios” (causa n° 63.864), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra-¿Es justa la sentencia apelada de fs. 595/609?
2da-¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
I) 1. Vienen las actuaciones a conocimiento de este Tribunal, con motivo de los recursos de apelación planteados por la actora, Stella Maris Pagliaro (escrito electrónico del 23/04/18; impreso a fs. 610), y por el demandado, Oscar Antolín Calvo (fs. 614), contra la sentencia definitiva de fs. 595/609, que hizo lugar a la acción de daños y perjuicios incoada, condenando al demandado, en su carácter de propietario del inmueble, a abonar a la accionante la suma total de $18.067,52, en concepto del daño material por incapacidad psicofísica ($8067,52) y del daño moral ($20.000), que habría sufrido la Sra. Pagliaro al caerse el día 07/11/05 en la vereda del edificio en construcción del demandado, sito en la calle Yrigoyen n° 681 a 685 de la ciudad de Tandil.
Para así resolver, el decisorio apelado comienza por aludir al contenido de los escritos postulatorios, relatando que, conforme el escrito de demanda (fs. 68/71), la caída de la accionante se habría producido a las 11:45 hs, como consecuencia del mal estado de la acera, que, acorde lo por ella afirmado, contaba con pozos, material suelto y desniveles, en razón de que el edificio se encontraba en construcción. Agrega, conforme lo narrado en el escrito inicial, que al ocurrir el hecho la Sra. Pagliaro estaba acompañada por su letrado el Dr. Pasini, dado que venían de declarar en el Juzgado Civil y Comercial n° 2 de Tandil (ubicado en la misma manzana, pero en la esquina opuesta), y se dirigían hacia el lugar donde los esperaba, en su automotor, el esposo de la accionante. Narra además que según lo afirmado por la actora, acudió en su ayuda el Sr. Raúl Alberto Ahumada que transitaba por detrás, y que con él la levantaron y la llevaron hasta el automóvil de su marido, y de allí al Sanatorio Tandil. Seguidamente, la sentencia alude al contenido del escrito de responde de fs. 172/179 vta., destacando, en lo esencial, que el accionado adujo que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado en Yrigoyen n° 677; y que sostuvo que a pesar de las sucesivas roturas y reparaciones efectuadas en la acera por la obra en construcción, y la mala reparación efectuada por empresas de servicios públicos (telefonía digital y la electricidad), y por el municipio, la vereda siempre estuvo en aceptable estado de transitabilidad. Destacó el decisorio que para el demandado las fotografías de febrero de 2006 acompañadas con la demanda, no grafican el estado en que se encontraba la acera a noviembre de 2005, pues los mayores destrozos se produjeron en diciembre de este último año, por la concreción de diferentes eventos en el Salón de los Espejos, perteneciente al Centro Cultural Universitario, ubicado enfrente de la obra.
A continuación, estima el decisorio apelado que resulta aplicable el Código Civil vigente al momento de los hechos, a excepción de la fijación de los montos indemnizatorios que deben sujetarse a lo prescripto por el actual Código Civil y Comercial. En ese marco, tiene por acreditada la versión de los hechos relatada en la demanda, a partir de las declaraciones testimoniales del Dr. Pasini (apoderado de la parte actora hasta la presentación de fs. 231 y vta., presente en los hechos) y del testigo Ahumada (fs. 313 bis), así como las fotografías de fs. 33/40 en cuanto, a su juicio, prueban las irregularidades existentes en la vereda al mes de febrero de 2006. Seguidamente, trae a colación abundante normativa municipal que atribuye responsabilidad al propietario frentista por la construcción y mantenimiento de las aceras, y pone de relieve que el Municipio de Tandil ha dado a publicidad, a los fines de la prevención, educación y concientización, a las obligaciones de los frentistas previstas en la normativa local. Seguidamente, refiere que la doctrina y la jurisprudencia sindican como guardianes de las veredas tanto al Estado como al propietario frentista, siendo el último el obligado a la construcción, mantenimiento, conservación y reparación de la vereda, y el primero el responsable de controlar, en ejercicio de su poder de policía, que esas obligaciones se cumplan. En ese marco, y habiendo reconocido el accionado su carácter de dueño del inmueble al que pertenece la acera, tuvo por configurada su legitimación pasiva. Sostiene que la caída de la actora en la vereda del inmueble de Yrigoyen n° 683, y el esguince de tobillo y fractura de base de 5° MTT del pie derecho, se encuentran respaldadas por la declaración testimonial presencial de fs. 313 y 313 bis (declaraciones del Dr. Pasini y del Sr. Ahumada), las fotografías del estado de la vereda certificadas notarialmente (fs. 34/38), y el dictamen médico de fs. 335/336 que cita los estudios médicos efectuados a la actora al tiempo del hecho. Encuadra la cuestión litigiosa en la responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa del art. 1113 C.C., considerando que la baldosa rota en una vereda en mal estado la convierte en una cosa riesgosa. Estima probado el carácter riesgoso de la vereda rota, como la caída y la relación causal con las lesiones padecidas por la actora, sosteniendo, por el contrario, que la demandada no ha logrado romper el nexo causal probando la alegada culpa de la víctima.
Con respecto a la existencia del daño, refiere que el perito determinó un plazo de inmovilización para desempeñar tareas ambulatorias de cuatro meses, y que posee una incapacidad parcial y permanente del 7% de la VOT, según el baremo de la AACS. Así es que, haciendo hincapié en la omisión del accionado de mantener las veredas en debida forma o, en su caso, de mantener vigilado el lugar y con las medidas de seguridad necesarias, y considerando el deber de precaución y prevención de todo aquel que inicia una obra, entiende no desvirtuada la presunción de responsabilidad objetiva que pesa sobre el demandado. En consecuencia, considerando el salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo de los hechos ($630), y aplicando la fórmula de cálculo de renta constante no perpetua “Méndez”, fija una suma indemnizatoria por incapacidad física de $8.067,52, atendiendo a que la actora no explicitó otras circunstancias particulares relativas a sus ingresos. En lo concerniente al lucro cesante, relata que la actora adujo ser periodista y titular del programa científico cultural "Temas Específicos", y que debió suspender grabaciones previstas para los meses de noviembre y diciembre de 2005 (con Ubaldo Rattin, Roberto Jameson, Intendente de la ciudad de Ayacucho, Centro de ojos Tandil, Ricardo Alvarisqueta, Valdanza), lo que le acarreó una pérdida de ganancias, cuya estimación no efectuó. Por ello es que, tras citar jurisprudencia acerca de que el lucro cesante no puede presumirse, rechaza el daño por ausencia de prueba. Desestima también por falta de prueba el rubro “gastos médicos”. Finalmente, en lo tocante al daño extrapatrimonial, destaca que la actora reclamó el daño moral -sin cuantificarlo- por los dolores padecidos, y por la privación de concurrir a varios eventos sociales allí enumerados (ver fs. 607 vta.). Frente a ello, pondera el especial ritmo de vida que llevaba la accionante acorde a su profesión y los medios sociales donde se desenvolvía, y, considerando la lesión sufrida, la edad de la actora (la sentencia refiere la edad de 61, más acorde el poder de fs. 5/6, la accionante tenía 56 años al momento del hecho), y el padecimiento sufrido, fija una indemnización de $10.000.
2. En su expresión de agravios de fs. 625/631 vta., digitalizada el 14/12/18, la parte demanda sostiene que la sentencia se basó en la declaración testimonial del Dr. Pasini, principal interesado en el resultado del pleito por haber sido abogado de la actora en el presente juicio. Agrega que de las fotos acompañadas por la accionante, incluso muy posteriores al momento del hecho, surge visiblemente la existencia de baldosas viejas, pero no se advierte, a diferencia de lo que declaró el Dr. Pasini, su estado calamitoso, ni piedras, ni pozos, ni hierros sueltos, ni material suelto, ni desniveles de todo tipo, etc. Por otra parte, arguye que si la vereda se hubiera encontrado destrozada, lo normal hubiera sido que el peatón transitara con absoluta precaución, o aún, al advertir tal estado, se bajase a la calzada.
En el caso, resulta evidente a su juicio, que el deterioro alegado no era de tal magnitud, pues si así fuera, nadie es tan poco precavido como para pasar por una vereda tan deteriorada sin evitarla. Curiosamente, agrega, nadie tomó foto de la vereda supuestamente tan deteriorada y llena de cascotes y fierros, para acreditar una realidad que pretende luego demostrarse con la declaración interesada de un testigo inhábil. Sostiene que esa prueba no es válida y reitera su impugnación en la medida en que es utilizada por el decisorio apelado como casi el principal elemento demostrativo de la producción del siniestro. También se alza el recurrente contra la relevancia probatoria otorgada a la declaración del Sr.
Ahumada, invocando para ello su calidad de “camarada” del esposo de la actora, e incluso su carácter de amigo de la accionante (según refiere, acreditada en los autos caratulados “Iglesias Ángela Tecla s/ Sucesión Testamentaria”), y poniendo de relieve que en la exposición de los hechos efectuada en la comisaría por el esposo de la actora al día siguiente del hecho, en ningún momento señaló al Sr. Ahumada como presente en los hechos, pese a la participación activa que luego se le atribuyó en la demanda. Y por el contrario, agrega, los testigos Castillo, Prado y Villar, ignorados en la sentencia, que trabajaban en la construcción al tiempo del accidente, corroboraron que ella se encontraba en estado normal, que la construcción se realizaba luego de la línea municipal, no sobre la vereda, y que cuando sufría algún deterioro, de inmediato procedían a normalizarla o alisarla.
Por otra parte, sostiene que la certificación de las fotografías efectuada por la escribana, sólo dio cuenta de que al 15 de febrero de 2016 la vereda en cuestión se encontraba con manifiestas irregularidades que “dificultarían” el tránsito, lo que, en el mejor de los casos, prueba el estado de la vereda a más de tres meses del accidente, y ni siquiera se advierte el estado calamitoso al que alude la parte actora. Esgrime que tampoco quedaron acreditados los daños, pues la autenticidad de los certificados médicos acompañados fue negada por su parte, y la actora no había ofrecido prueba de reconocimiento para acreditar su fidelidad. Agrega que tampoco está probada la relación de causalidad, pues bien pudo suceder que la actora hubiese tenido otro accidente, considerando incluso que las lesiones fueron constatadas por el perito médico recién el 21/08/12 (siete años después de la caída), sin referir que esas lesiones pudieron ser consecuencias de una caída, y menos aún que ella se produjo en el inmueble de su propiedad.
Subsidiariamente, para el caso de que se evalúe la cuestión desde el punto de vista de la prueba de la interrupción del nexo causal, pretende que se considere que fue acreditado el problema visual que tenía la actora, y que, en todo caso, la prueba de esa interrupción se volvió imposible para su parte, y que, en el peor de los casos, serían absurdo exigirle a su parte prueba, cuando la propia actora no acreditó los presupuestos del art. 1113 y concordantes del Código Civil. Insiste en que las fotos de la vereda demuestran que la caída pudo obedecer al calzado que tuviera la accionante, en confluencia con su falta de óptima visión, tal como resulta de la pericia oftalmológica de autos. Finalmente, cuestiona que se haya fijado una indemnización por daño material cuando de las pruebas de autos surge que la accionante ni siquiera trabajaba.
Subsidiariamente, solicita que se disminuyan los montos indemnizatorios por resultar exagerados con sus intereses a la fecha de la sentencia, y que, eventualmente se aplique la tasa pasiva común que paga el banco en sus operaciones de depósito a treinta días, y no la tasa pasiva digital.
3. A su turno, la parte actora se agravia por escrito electrónico 18/12/18, de que la sentencia apelada haya cuantificado el daño patrimonial por daño psicofísico acorde la fórmula matemática “Méndez”. Considera que esa fórmula arroja un resultado exiguo que no se compadece con la realidad económica actual, ni con los montos indemnizatorios que se vienen otorgando en la materia. Destaca que se aplica esa fórmula con el ingreso existente al momento del hecho, por lo que arroja un resultado contrario a la reparación integral del daño sufrido. Cita doctrina conforme la cual, pese a la modalidad de cuantificación por fórmulas prevista en el Código Civil y Comercial, mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial función correctora para cuantificar daños, así como jurisprudencia de la Suprema Corte y de esta Sala en tal sentido.
Por lo demás, con cita del fallo “Ontiveros” de la Corte Suprema, advierte que el monto otorgado en la sentencia apelada, es notoriamente inferior al total de las prestaciones mínimas contempladas en el sistema especial de reparación de daños derivados de accidentes de trabajo, previstos en las leyes 24.557 y 256.773 y su reglamentación. Se agravia también de la suma de $10.000 determinada para indemnizar el perjuicio extrapatrimonial, por considerar que ella se aparta de sus verdaderos sufrimientos y de los precedentes de esta Sala, ponderando el origen de las lesiones, el período de convalecencia de cuatro meses dictaminado por el experto; el sufrimiento de dolores esporádicos y los tratamientos dolorosos sufridos, así como la edad de 56 años al momento del hecho, y el dictamen psicológico de fs. 260/261 vta. conforme el cual la actora se encontraba destruida psíquica y moralmente.
Finalmente, se agravia del rechazo del rubro lucro cesante, pues considera que, por la índole de su actividad como periodista independiente, la prueba de su monto resulta imposible. Ello así por cuanto los trabajos periodísticos siempre son previos a la ganancia; el periodista independiente se dedica a elaborar y producir a su costo el programa –esencialmente reportajes- que luego los ofrece a las entidades privadas que pagan sus derechos para difundirlos. Remite a los trabajos frustrados a personajes públicos que se mencionaron en el escrito de demanda a fs. 69 vta./70. Sostiene que si bien no existe un parámetro cierto y concreto para determinar esa ganancia perdida, el Juez, de no seguir el monto estimado en la demanda, puede fijar el que considere justo.
4. Por escrito electrónico del 22/02/19 contesta agravios la parte actora. A fs. 640 se llaman autos para sentencia, con lo que, firme esa providencia y practicado el sorteo de rigor (fs. 641) se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
II. En primer término, destaco que conforme lo reglado por el art. 7 del Código Civil y Comercial, la procedencia y medida de la indemnización reclamada en autos, queda sujeta a las previsiones del Código Civil, mientras que la eventual revisión de su “quantum”, quedará sometida a lo previsto por el Código Civil y Comercial. Ello por cuanto acorde lo ha entendido este Tribunal, con cita de autores como Moisset de Espanés y Kemelmajer de Carlucci, los hechos constitutivos de una relación jurídica se rigen y son juzgados por la ley vigente al momento de producirse, mientras que los efectos o consecuencias no consumidos –como es el caso de la cuantificación de los daños- de las relaciones jurídicas constituidas bajo la ley anterior, se rigen por la nueva ley (cf. esta Sala, causas n° 59625, “Braszka, Carlos Jorge y otros....”, del 20/10/15; n° 60094, "Brut, Damián Mario...”, del 15/12/15; n° 61309, "González, Carlos Adrián...”, del 14/02/17, entre otras; en igual sentido, Galdós, Jorge Mario, La responsabilidad civil y el derecho transitorio; La Ley 16/11/2015, 3).
Aclarado lo que antecede, advierto que tal como se entendió en la anterior instancia, el supuesto de responsabilidad implicado en autos encuadra en la responsabilidad objetiva del art. 1113 C.C., 2° párrafo (última parte), que contempla la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa; constituida en el caso, por una vereda a la que se le atribuye mal estado de conservación (cf. fotografías de fs. 34 a 38). El citado art. 1113, 2o párrafo, determina que “en los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder”. Al respecto, el Superior Tribunal Provincial tiene dicho que “quien acciona en función del art. 1113, 2° apartado, 2° párrafo del C.C., debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados” (S.C.B.A. Ac.85.775, “Calderucho”, del 24/3/04; Ac.93.337, “Suñe de Ares”, del 6/9/06; C 101790, “Alegre”, del 29/4/09, entre otros).
En autos, y por las razones que seguidamente expondré, encuentro que asiste razón al demandado en punto a que la sentencia apelada ha tenido por acreditado el hecho (y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar), basándose en las declaraciones de dos testigos inhábiles. En efecto, la sentencia apelada ha considerado la declaración testimonial (fs. 313 y vta.) de quien actuó como apoderado de la actora desde la demanda (ver fs. 68) hasta la presentación de fs. 231 y vta. (en que se presentó como apoderado de la accionante el Dr. Luis Guillermo Bravo Elizondo), así como la declaración testimonial del Sr. Raúl Alberto Ahumada (fs. 313 bis y vta.), íntimamente relacionado con la parte actora. Respecto del primer testigo, resulta evidente la escasa idoneidad probatoria que puede atribuírsele en los términos del art. 456 CPCC, pues, naturalmente, se encuentra personal y directamente interesado en el éxito de la demanda incoada (cf. SCBA, B 62461, “Romero, Juan...”, del 23/11/2016). Incluso, el mismo decisorio apelado señaló con acierto que “respecto del testimonio de Pasini no puedo desconocer el sustancial conflicto de intereses que abraza al mismo, toda vez que más allá de reconocer una “obligación moral” de decir la verdad, lo cierto es que la ley exige valorar de forma prudente los testimonios cuando, como en el caso, incluso está en juego el resultado patrimonial del propio testigo (y la diferencia importante entre ganar o perder un juicio” (ver fs. 599). De modo que a mi juicio, su declaración testimonial tiene escaso valor probatorio; lo que no importa afirmar (como pareciera sugerirlo la parte actora en su contestación de agravios; escrito electrónico del 22/02/19), que un ab
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